A principios de diciembre el fiscal Federal Fabio Canda, de la Fiscalía Nº 8 de la Ciudad de Buenos Aires, produjo un escrito de apelación luego que la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazara en primera instancia una medida cautelar contra la aplicación de glifosato. La misma había sido interpuesta en un proceso judicial colectivo en el que se reclama la reparación del daño ambiental ocasionado por los cultivos trangénicos y los herbicidas asociados en nuestro país.
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En el dictamen de Canda se retoman informes e investigaciones críticos del uso del herbicida elaborados por organismos oficiales y no oficiales tales como la Red de Médicos de Pueblos Fumigados (Reduas), la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA-CTA), la cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) y la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos.
El escrito de Canda retoma también argumentos en defensa del medio ambiente y el derecho a la vida digna emanados de la Constitución Nacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Parte de remarcar que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, declaró a cinco pesticidas, entre ellos el glifosato, como cancerígenos “posibles” o “probables”.
Desde «Notas» dialogamos sobre la importancia de este dictamen del Ministerio Público con Jorge Yabkowski, quien además de ser médico es Presidente de FESPROSA, integrante del Colectivo Andrés Carrasco y Secretario de Salud Laboral de la CTA Autónoma. Yabkowski destacó la repercusión que logró el escrito de Canda en los medios a pesar que estamos ante “una prensa amordazada y comprada por las multinacionales de la producción del paquete de transgénico con agrotóxicos”. En ese sentido, recordó que son “los grandes auspiciantes de La Nación, de Clarín Rural, del Canal Rural, de Radio Continental y de Mitre”.
Sostuvo que se trata de un texto “impecable por la forma y el contenido” que constituye “el primer dictamen claro de un fiscal de la Nación tomando los argumentos nuestros y de otros ambientalistas en el sentido de la peligrosidad para la salud de los agrotóxicos”. “No se puede soslayar la trascendencia de este dictamen”, insistió.
Yabkowski destacó que el mismo se produce en un contexto internacional que es “cada vez más favorable”, particularmente después de la reunión del Tribunal de La Haya contra Monsanto y de la prohibición restringida en Colombia, Holanda o Francia, además de planteos similares en otros países de Europa. Pero aclaró que la diferencia con el conflicto en nuestro país es que la discusión actual “es qué se hace donde el glifosato y la soja no son un actor lateral sino uno central, es decir, Estados Unidos, Brasil, Paraguay y Argentina que producen el 99% de la soja transgénica del mundo”.
El escrito del fiscal Canda retoma estudios que plantean que en nuestro país el uso del glifosato “se ha elevado exponencialmente si se lo compara con otros países”, por lo que Argentina “se ubica en el segundo lugar mundial de mayor utilización de herbicidas por hectárea”. Por esto, Yabkowski consideró que aquí es donde “se juega todo el poder de lobby sobre la Justicia, sobre los medios y sobre los organismos de control”. “Porque no se trata de un vuelto sino de un movimiento central del capital”, concluye.
Del texto surge claramente el vínculo “ineludible” entre organismos genéticamente modificados (OGM),transgénicos, y agrotóxicos, “pues las modificaciones genéticas implementadas sobre aquellas tienen como norte tornarlas resistentes a ciertos herbicidas entre los cuales, en lo que ahora interesa, el glifosato o las sales derivadas del mismo descuellan por su incidencia porcentual”.
El dictamen también resulta inédito en las referencias explícitas a “mayores porcentajes de niños nacidos con malformaciones congénitas y abortos espontáneos en Misiones y Chaco”, además de la “degradación de la capacidad productiva del suelo, contaminación del aire y envenenamiento de los cursos de agua”. Otra referencia importante es al “caso Gabrielli”, del Barrio Ituzaingó de Córdoba, donde un fallo de la Cámara en lo Criminal de la 1° Nominación de la provincia plantea que “los peligros que para el medio ambiente y la salud implican la utilización de agrotóxicos pueden considerarse en la actualidad de nuestro país como de público y notorio”. La resolución judicial cordobesa concluye preguntándose: “Si está demostrada su toxicidad tanto para humanos como para animales, ¿porqué semejante tiempo de espera en su prohibición?”
El texto de Canda pide se haga lugar a una cautelar para la “suspensión provisional de la aplicación de agroquímicos, herbicidas, fitosanitarios, fungicidas y/o cualquier otro paquete químico atado al uso de las semillas transgénicas que contengan glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo”. En caso de que no se aceptase íntegramente el recurso cautelar se plantea que “se ordene al Poder Ejecutivo que disponga la suspensión de las aplicaciones aéreas y de las terrestres a menos de 5 mil metros de las zonas urbanas, asentamientos, escuelas rurales, huertas, ríos, arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua para consumo humano”. El fiscal plantea su intención de avanzar hasta la Corte Suprema si fuera necesario.
En cuanto al recorrido judicial del planteo del fiscal, Yabkowski considera que por el momento es sólo un pedido apelatorio pero que cuando lo aborde la Cámara Contenciosa Administrativa 3 “va a ser aún más trascendente”. Se espera que la Cámara lo trate después de la feria judicial, momento en que “hay una esperanza de que produzca un fallo sobre este dictamen en el primer semestre del año”. “A favor o en contra va a salir algo este año”, concluye el presidente de FESPROSA.
Audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Se da ante los cientos de casos de muertes por la mala utilización de agrotóxicos en la Argentina. La FESPROSA-CTA presentó un escrito con la adhesión de varias organizaciones de la salud y solicitó una audiencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La FESPROSA solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervenga ante los casos de “enfermedades y muertes por agrotóxicos en el país”. La presentación se hizo mediante un escrito y con la anuencia de varias organizaciones de la Salud.
La Federación que conduce Jorge Yabkowsky, solicitó una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las graves consecuencias de enfermedades y muertes relacionadas con el uso de agrotóxicos en Argentina.
Lo hizo mediante un escrito de 38 páginas y con la anuencia de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, la ONG Naturaleza de Derechos, la ONG Centro de Protección a la Naturaleza y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba.
Fuente: www.notas.org.ar; www.sonidogremial.com.ar