En la Universidad de Buenos Aires no rigen las leyes laborales. Hace unos años, al momento de la sanción de la Ley N° 26.508, que permite a los/as docentes ejercer el derecho a opción de trabajar hasta los 70 años, la UBA fue la única Universidad Pública que desconoció la Ley intentando dejar cesantes a centenares de docentes.
En el acto del miércoles 11 de febrero no había solo indignación en la comunidad académica ante la cesantía de Guillermo Gigliani, Secretario General de AGD Económicas. También había una grata sorpresa entre los más de quinientos concurrentes, ya que ninguno de los participantes recordaba un acto masivo a comienzos de febrero, tan lejos del comienzo de clases. A la par del carácter masivo, la protesta contó con un respaldo muy variado.
Desde ex-estudiantes de la materia dada por el profesor Gigliani y colegas del mismo hasta relevantes entidades internacionales como la SEPLA y la Sociedad de Economía Crítica (SEC) así como la federación nacional de docentes universitarios, CONADU Histórica-CTA. También se hizo presente la FUBA y agrupaciones estudiantiles, entre las que predominaban aquellas que forman parte del Movimiento por Económicas, el BASE de la corriente CAUCE, Desequilibrio, de la Unión de Juventudes Socialistas y SOS de la corriente La Mella.
Como parte de los emotivos discursos, intervinieron el profesor Gigliani; Federico Wahlberg, delegado de AGD-Económicas; Marcelo Ramal, legislador porteño del Partido Obrero en el FIT en la ciudad y profesor de la citada facultad; Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta por la CONADU Histórica y Secretaria Administrativa de la CTA Autónoma; Ileana Celotto, Secretaria General de la AGD-UBA. También dirigieron unas palabras los presidentes de la FUBA.
Terminado el acto, Federico Wahlberg nos recalcaba que “las cesantías son una forma más que tiene la actual conducción del ala derecha de la UCR para liberar fondos salariales y reasignarlos a su gente, reafirmando su poder en la UBA. Pero al mismo tiempo aplican discrecionalmente el método de la cesantía o jubilación compulsiva sobre un secretario general que cuenta con fueros gremiales para continuar en su cargo, y a su vez es un representante de las teorías económicas críticas que gracias a la movilización docente y estudiantil se había ganado un lugar en Facultad de Ciencias Económicas, donde el pensamiento único -neoliberal- implantado en los noventa en esa facultad continúa predominando hasta hoy».
Ese hilo del poder que recorre nuestra sociedad
En Argentina todos los días surgen noticias que muestran importantes núcleos de poder que están por encima de la ley, dominando áreas estratégicas de la sociedad. El caso Nisman y los lazos evidentes entre el núcleo del poder judicial, servicios de inteligencia nacionales y aún extranjeros, son la frutilla de un postre que se expande a vastos sectores del estado y la sociedad civil.
La UBA es sin duda el principal centro de formación científico del país y allí llegan aquellos tentáculos. El vice rector de la misma es Darío Richarte, abogado y ex número 2 de la SIDE bajo la Alianza. Por supuesto no está solo. Más de treinta años de continuidad del mismo sector en la gestión de la UBA tiene claros vasos comunicantes con aquellos núcleos duros en el poder judicial y los servicios de inteligencia. La Facultad de Ciencias Económicas es a su vez el reducto más monolítico de ese poder.
Una arbitrariedad más, que no es una arbitrariedad más
La cesantía del reconocido profesor Guillermo Gigliani parecía ser en el acto del miércoles 11 de febrero la típica gota que rebalsa el vaso. Las autoridades simplemente aseveran una razón: el profesor cumplió 66 años, no es concursado y debe jubilarse. Así lo dice el estatuto de la UBA. Del otro lado, los más de quinientos docentes y estudiantes que participaron del acto señalaron que la ley nacional de jubilación de los profesores universitarios da derecho a elegir si seguir ejerciendo hasta los 70 años. Al igual que se firmó el año pasado un Convenio Colectivo de Trabajo para todos los docentes universitarios del país que establece que todo docente debe contar con el derecho a concurso de ejercer por más de dos años en un cargo. A ninguno de estos derechos tuvo «derecho» el profesor Gigliani. La UBA no les reconoce validez, afirmando que simplemente en dicha institución sólo rige su estatuto y no las leyes nacionales.
Esta suma de derechos denegados se ven coronados por el desconocimiento de sus fueros gremiales.
Un ataque por cuestiones ideológicas
La violación de los derechos laborales de cualquier docente -de cualquier edad- representa una acción repudiable desde todo punto de vista, pero en este caso se agrega el ejercicio de violencia simbólica por lo que representa Gigliani en la Facultad de Ciencias Económicas.
Cuando en la década de los 90’, se reformaron los planes de estudio de dicha casa de estudios -con una clara influencia del Banco Mundial – eliminando contenidos que fueron incorporados a los post-grados arancelados y suprimiendo la pluralidad de corrientes de pensamiento económico, Gigliani era uno de los docentes que encabezó el rechazo a éstas reformas. Desde ese momento, además de ejercer su cargo docente, se abocó durante muchos años a realizar talleres de formación y reflexión con estudiantes y jóvenes docentes sobre contenidos vetados por las autoridades.
Gigliani es un docente que se opuso sistemáticamente al modelo de Facultad que promueven el Rector Barbieri y el Decano Giusti que es el de una casa de estudios con una clara injerencia de grandes firmas multinacionales, consultoras y bancos en los planes de estudios. Gigliani, no solo se opone a este modelo privatista de Universidad, sino que también lucha contra formas mecanicistas de estudio.
La persecución ideológica, algo cotidiano en la FCE-UBA
En la Facultad de Ciencias Económicas, decenas de docentes con pedidos de designaciones o promociones en sus cargos tienen los trámites frenados hace varios años por ser opositores a la gestión de Giusti y antes Barbieri. El año pasado además, las autoridades de dicha casa de estudios cerraron intempestivamente el curso de Crecimiento Económico de Andrés Asiaín, un connotado economista y reconocido opositor a la gestión radical. Otro caso resonante es el de la sistemática reducción de comisiones y número de estudiantes en la Cátedra a cargo de Pablo Fucci de Economía en el CBC en favor de cátedras afines a la gestión de Económicas.
Gigliani, justamente como Secretario General de la AGD-FCE, es uno de los docentes que encabeza las luchas contra estas arbitrariedades.
La persecución sindical y la discriminación ideológica
En el año 2011, la UBA despidió a todos los delegados de la Junta Interna de AGD del Centro Cultural Rojas, que peleaba justamente contra la situación de extrema precariedad laboral es dicho establecimiento. Durante el 2014 fue sumariada arbitrariamente Cecilia Rikap, Secretaria Gremial de AGD-Económicas y también fue cesanteado Octavio Colombo, ex-Secretario General de AGD-FFyL.
En las Facultades de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras, cuyas gestiones son afines al gobierno nacional, también se encuentran altas proporciones de docentes que trabajan sin sueldo, cobertura médica o ART. En los pocos casos en que se realizan concursos, se hacen en forma arbitraria, como el efectuado para quitarle a Juan Iñigo Carrera, un destacado académico marxista, la Cátedra que tenía a cargo y disolver su equipo de trabajo.
Por supuesto, estos casos salen a la luz cuando hay muestras de vitalidad democrática en las Facultades. En otras, la discrecionalidad no es menos común sino más bien menos visible, debido a la ausencia de esas redes de transparencia democrática.
Fuente: www.anred.org