El 2 de junio comenzó a debatirse en Diputados el proyecto de ley que envió el gobierno nacional al Congreso dos días antes. La norma busca terminar con la litigiosidad de los jubilados con el Estado, entusiasmar a los evasores con un blanqueo de capitales y congraciarse con las provincias ratificando la devolución de porcentajes retenidos de los fondos de coparticipación federal.
* Por Fabiana Arancibia, Periodista.
La primera instituye el Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados en el marco de declarar la emergencia en materia de litigiosidad previsional por tres años desde la promulgación; crea el Consejo de Sustentabilidad Previsional encargado de elaborar un nuevo proyecto de ley previsional; establece la Pensión Universal para el Adulto Mayor; ratifica los acuerdos firmados con las provincias para eliminar gradualmente la retención del 15% que el Estado Nacional realiza de los fondos coparticipables destinados a obligaciones previsionales y gastos operativos de la ANSeS y define la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer frente al pago de la reparación.
La segunda establece un Régimen de Sinceramiento Fiscal para que voluntariamente se blanqueen tenencias en moneda nacional, extranjera y demás bienes tanto en el país como en el exterior. Según afirma el gobierno, con esta iniciativa busca reunir fondos para que la ANSeS pueda hacer frente al reajuste jubilatorio.
Abordaremos en esta nota los aspectos centrales de la primera parte del proyecto de ley que está en debate de Comisiones en la Cámara de Diputados, donde seguramente tendrá algunas modificaciones.
En primer lugar es necesario dimensionar el universo al que alcanzará la llamada “reparación”. Un tercio del total de jubilados y pensionados (3 de cada 10) sería beneficiado con la aprobación de este proyecto. A partir de allí se pagarán los juicios que hicieron contra el Estado por reajustes de haberes, tanto a los que tengan sentencia firme, a los que aún están en diversas instancias judiciales y también a aquellos que, estando en condiciones de hacerlo, no iniciaron juicio. Además se realizará, a partir de dicho pago en adelante, el reajuste de sus haberes.
Marcos Wollman, Secretario General de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, acercó datos de la organización en una entrevista realizada por Te Digo Más: “El presupuesto de la Nación establece anualmente el dinero disponible para pagar juicios. Para este año tiene asignado 12.000 millones de pesos para 50.000 juicios con sentencia definitiva de la Corte Suprema este año. Se calcula que hay otros 300.000 jubilados con juicios en diversas instancias sin fallos definitivos. Hay además 50.000 casos de fallecidos cuyos derechohabientes están en trámite sucesorio. Luego hay alrededor de 2 millones en condiciones de hacer juicio, o sea que habiendo ya fallos que sentaron jurisprudencia (Badaro, Elliff, Sánchez), y a pesar de la presentación que hizo Eugenio Semino (defensor de la Tercera Edad) acerca de la necesidad de acciones colectivas, no se aceptó su propuesta. Este universo no inició juicio porque los montos no eran significativos, por no tener abogados o por otras muchas razones. Para estos casos plantean (en el proyecto) que cada uno en forma individual, asesorado por un abogado, desista de iniciar juicio, desista a cobrar retroactivo y así le actualizan el haber jubilatorio”.
Wollman se refiere a lo que el proyecto define como “Acuerdo Transaccional” (artículo 6) que deberán firmar los beneficiarios con la ANSeS y que, una vez homologado judicialmente, significará la renuncia a cualquier otro reclamo.
Los beneficios de esta futura ley no alcanzarían a los otros dos tercios, ya que 7 de cada 10 seguirán percibiendo un haber jubilatorio que en casi todos los casos no llega hoy a cubrir ni la mitad de la canasta para el adulto mayor calculada por la Defensoría de la Tercera Edad en 11.000 pesos.
“En este proyecto no están contemplados los trabajadores jubilados que cobran la jubilación mínima ni los que aportaron como cuentapropistas y cobran también la mínima, ni tampoco los que están cobrando la renta por las AFJP que ganan 700 pesos mensuales porque no los incorporaron al sistema nacional de previsión. Tampoco están contempladas las jubilaciones anticipadas de quienes les falta edad para jubilarse pero tienen más de 30 años de aportes”, afirmó Wollman.
El reajuste del haber y las acreencias (diferencias entre el haber reajustado y el haber percibido, incluyendo capital e intereses hasta el efectivo pago) se pagará 50% en una cuota en efectivo y el otro 50% en 12 cuotas trimestrales que serán actualizadas hasta la fecha de cancelación con los mismos incrementos que se otorguen por la ley de movilidad (artículo 6).
El contenido del “Acuerdo Transaccional” diferencia tres situaciones. Los que tienen sentencia firme con anterioridad al 30 de mayo de este año cobrarán las diferencias de haberes desde dos años antes a que se haya notificado la demanda. Quienes hayan iniciado juicio antes del 30 de mayo de este año pero no tengan sentencia firme a esta fecha, cobrarán las diferencias por un máximo de 48 meses de retroactivo. Y para los que no iniciaron juicio, las diferencias le serán abonadas desde su presentación a este Programa (artículo 7).
Los pagos de los retroactivos serán alcanzados con el Impuesto a las Ganancias en la parte del capital, no así sus actualizaciones (artículo 8).
El ingreso efectivo a este Programa de Reparación será definido por la ANSeS (autoridad de aplicación de esta ley) “en orden de prelación según la edad de los beneficiarios” (artículo 9), priorizando a los mayores de 80 años o a aquellos que padezcan alguna enfermedad terminal.
Respecto a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, de carácter vitalicio y no contributivo (no requiere de aportes para su otorgamiento), podrán percibirlas hombres y mujeres de 65 años de edad o más, que no cobren jubilación, ni pensión, ni planes sociales provenientes ni de regímenes de previsión municipal, provincial nacional o internacional. Tampoco podrán acceder quienes estén cobrando el seguro de desempleo. Sí podrán percibirlas quienes estén en relación de dependencia o sean cuentapropistas. El monto a recibir será del 80% del haber mínimo y se abonará con dinero del Tesoro Nacional proveniente del presupuesto (artículo 19).
Para Eugenio Semino, ombusman de la Tercera Edad, esta pensión “es una ratificación de agregar más mínimas, es una moratoria disfrazada de otra cosa”.
El proyecto tiene un extenso capítulo donde aborda el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este fondo es una de las fuentes de financiamiento con que el gobierno nacional plantea hacer frente a los pagos definidos en el proyecto de ley. Para ello se podrán liquidar activos del mismo (artículo 26).
Recordamos que este fondo fue creado cuando se estatizaron las AFJP (administradoras privadas de jubilación que fueron creadas durante el menemismo) con los fondos y acciones que poseían como inversión de los aportes de trabajadores activos. Este fondo se fue incrementando durante el gobierno kirchnerista y en la actualidad ronda los 750.000 millones de pesos. Más del 60% está integrado por acciones, bonos y títulos que el gobierno anterior canjeó por efectivo para cubrir programas sociales y pagar deuda.
“El proyecto prevé obtener los fondos por dos vías, una es el blanqueo que es parte del proyecto. Pero ya están alertando que con lo del blanqueo no va a alcanzar. Entonces, y este es el tema que hay que seguir atentamente viendo a dónde apunta toda esta política general que se está aplicando, es el tema de los fondos de la ANSeS. Se está hablando del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de las acciones privadas (que son parte de ese fondo), de la utilización de los excedentes o sea los intereses producto de la colocación de títulos y plazos fijos. Lo que estamos planteando es que los fondos deben provenir del presupuesto nacional , y fundamentalmente para el aumento de emergencia porque esto va a durar dos años y mientras el jubilado va a seguir percibiendo 4.810 pesos hasta setiembre que se va a actualizar en marzo y que por más aumento que se dé está atrasadísimo. Que todo esto se pague con fondos del Estado nacional y que la ANSeS siga funcionando con los fondos que tiene ahora para mantener la sustentabilidad del sistema y que ANSeS no siga gastando en cosas que no le corresponde”, manifestó Wollman.
Sobre el tema de la financiación también dio su opinión Eugenio Semino, ombusman de la Tercera Edad, durante una entrevista realizada por el programa Los locos de Buenos Aires: “en cuanto a la financiación, el proyecto está planeado y apaisado en dos años para ser pagado con el flujo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad sin ningún peso más. Lo que se hace interactuar son los tiempos administrativos y los judiciales con el financiamiento”. Explicó que con lo que el fondo va generando y que es de libre disponibilidad puede hacerse frente a los pagos anuales producto de la aplicación de esta ley. “La rendición del realizado del Fondo de libre disponibilidad, especialmente de intereses, son 80.000 millones de pesos por año y lo previsto para el primer año de utilización (para la reparación) son 65.000 millones de pesos y el segundo año entre 70.000 y 78.000 millones de pesos”. Sin embargo aclaró: “respecto al Fondo de Garantía yo no estoy de acuerdo en que se toque el capital ni que se lo use para otra cosa. El fondo es para el Sistema (previsional) y del Sistema. Y la intangibilidad se decretó recién el año pasado cuando ya se lo había utilizado para lo que se les dio la gana. Hay que redimensionar el fondo, hay que darle un tratamiento correcto, tiene que haber decisión de los jubilados (sobre) qué hacer con eso”.
Dos miradas sobre el proyecto
“En esta etapa de la vida, pensar en juicios de 8, 10 o 15 años… Por eso han tomado en cuenta que mucha gente puede aceptar recibir algo de lo que corresponde”, reflexionó Wollman. “Esto está bien, hay que hacerlo, es una necesidad”, afirmó y agregó: “pero no debería cubrirse con los recortes que se están planteando. Por otro lado, el tema más importante es de dónde salen los fondos. Porque hasta ahora cuando nosotros reclamamos el 82% móvil la respuesta es que (si lo pagan) se desfinancia el sistema. Cuando planteamos que tiene que haber un aumento de 6.000 pesos, porque la Defensoría de la Tercera Edad estableció que el ingreso mínimo para una persona mayor para poder subsistir son 11.000 pesos y el haber jubilatorio mínimo es de 4.810 de bolsillo hasta setiembre, para poder compensar esta situación ahora nos dicen que este es un problema y que hay que analizar si están los fondos”.
Respecto a mantener la “sustentabilidad del sistema” Wollman explicó que es necesario no solo mantener los fondos sino que además hay que incrementarlos: “hay un 37% de trabajo no registrado y esos son aportes que no se hacen, contribuciones patronales que no se hacen, con todos los riesgos que, además, les trae a los trabajadores. Por otra parte, ¿por qué las transacciones financieras no pagan impuestos? Si pagaran impuestos estas transacciones se podría incorporar al sistema el porcentaje del impuesto a las ganancias. Es por ese lado que se soluciona porque todo lo demás es desfinanciar el sistema”.
Para Semino, “es una medida muy interesante, buena para resolver los problemas de un tercio del sistema de la seguridad social”: “haciendo un racconto histórico, hacia fines de los ‘80, primeros años de los ‘90, se fue conformando y convalidando un estado de litigiosidad permanente con aquel famoso caso de Sixto Chocobar de 1991 por el que tuvimos que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la Corte Suprema de Nazareno fallara y luego falló en detrimento de los jubilados con una quita del 93%. De ahí para acá se inauguró ese perverso darwinismo social donde el sistema se compensaba por muerte de los jubilados. Ahora está la posibilidad del tercio que tiene juicios, o la posibilidad de reclamar por casos análogos, que se les apliquen los reajustes que ya había establecido como doctrina la Corte Suprema en los casos Badaro, Sánchez, Carrizo y Elliff”.
El ombusman realizó su valoración sobre el mecanismo de cobro planteado por el proyecto: “creo que la transacción es buena porque implica cobrar del retroactivo la mitad en efectivo y la otra mitad en 12 cuotas indexadas trimestralmente según la ley de movilidad, que hoy está dando el 33%, que es lo mismo que la tasa bancaria. Y en cuanto se genere la transacción, al mes siguiente hay una recomposición del haber de entre un 35% y 45% que es lo que más le interesa al jubilado”. De todos modos, agregó: “luego están los casi 3 millones de jubilados que cobran la mínima y el millón y medio de no contributivas que se están muriendo de hambre”.
Wollman insistió en que el debate sobre este tema debería tener otra dimensión que es más inmediata y tiene que ver con cómo llegar hoy a fin de mes con un haber mínimo: “no se puede pensar que de acá a setiembre se puede vivir con este haber jubilatorio mínimo de 4.810 pesos y esta base de cálculo para que después te aumente 1.000 pesos más en setiembre. Hay temas cruciales y urgentes como es tener YA una jubilación digna porque, insisto, esto (la aplicación de la ley) va a durar dos años y durante dos años ¿qué pasa? Cuando hablan de una nueva ley o de modificaciones a la ley no hablan de lo que hablamos nosotros, del 82%, de una jubilación mínima que cubra la canasta y un sistema previsional manejado porque quienes son los que deben manejarlo”.
Semino afirmó que deben reformularse varios puntos del proyecto: que el reconocimiento de los retroactivos no tenga el límite de 4 años, que no se cobre impuesto a las ganancias tampoco sobre el capital y que sea parte del proyecto que la jubilación mínima no sea inferior a la canasta del jubilado: “esta es la batalla de fondo porque corregido esto conlleva al 82% móvil y las reivindicaciones históricas de los jubilados”, finalizó.