Los Institutos de menores, como siguen nombrándose los dispositivos Penales Juveniles–Centros de Régimen Cerrado pasarán al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Decreto 873/2016 del Presidente de la Nación publicado el 20 de julio 2016.
Aunque el decreto no lo plantea, el rumor de que dependerían del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes genera preocupación.
Para abrir el debate, silenciado desde la gestión del Pro conversamos con Gustavo Gallo, abogado egresado de la UBA que se desempeña como Defensor Público de la Defensoría General de la Nación defendiendo chicos infractores a la ley penal menores de 16 años.
–Los rumores hablaban del traspaso, que es correcto y también que pasarían a depender del Consejo de Derechos de Niñas/os y Adolescentes (CDNNyA). Una parte ya sucedió. Respecto de la otra parte…
– Había dos versiones: una que planteaba que podían depender de Justicia de la Ciudad pero Justicia parece que dijo que no de manera terminante entonces la otra versión que cobró fuerza fue que irían al Consejo con el visto bueno de Karina Leguizamón, su actual presidenta en acuerdo con Yael Bendel, autoridad de la Secretaria Nacional de Niñez,Adolescencia y Familia (SENNAF).
Esto sería una aberración jurídica en cuanto al rol que debe desempeñar ese organismo que es de defensa y de articulación de políticas de infancia. Además la ley 114 plantea claramente la des-judicialización de los conflictos y que los pibes deben estar en situación de libertad. Razón por la cual sería terrible que a un organismo de derechos humanos de la niñez vayan institutos de encierro.
Personalmente creo que deberían estar en el ámbito de la Dirección de Niñez en Desarrollo Social o en Justicia y que debieran tener una articulación de los jueces para plantearles que las medidas de internación o privación de libertad, como dice la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 37, deben ser tomada como medida de última ratio…por el más breve tiempo que proceda. Esto, lamentablemente, no sucede así porque los jueces enganchan a los pibes, fundamentalmente a los que la sociedad hace más vulnerables y los encierran.
El más breve tiempo que proceda no se cumple y están en lugares inadecuados. Creo que esta institucionalización, pongan donde la pongan, no va a funcionar porque estos centros son totalmente iatrogénicos para los pibes, no sirven para ningún tipo de resocialización, no sirven para ningún tipo de inclusión dado que no se trabaja con el afuera, solamente se encierra, se margina. Los pibes terminan de perfeccionarse en el delito en estos lugares, se les garantiza educación pero una educación entre rejas que es una educación viciada, claro que está bueno que hagan una educación en el marco de privación de la libertad pero en realidad por el Sistema de Protección de Derechos que plantea la Convención y las directrices de Naciones Unidas deberían desarrollarse mucho más las medidas alternativas a la pena privativa de la libertad para que los pibes puedan incluirse en la comunidad en la cual viven.
Los institutos, actualmente como están no sirven para nada, tienen edificios la mayoría muy antiguos, tiene estructuras de cárcel, de tumba y en esto no hay ningún pibe que pueda hacer ningún proceso de inclusión social, no debiera quedar rastros de este tipo de encierros que data del año 1927 cuando se empezó a pensar en la alcaidía de menores y en los institutos. En las crónicas de la época, el jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires, cuando estaban pensando en abrir estos lugares, en sus discursos hablaba de la grandeza de la patria, de la raza y de cuidar de la cosecha humana, pensamiento positivista que planteaba que los jóvenes que vivían en los inquilinatos, en los suburbios eran futuros delincuentes. Se concebía a la infancia como objeto de protección y no sujetos de derecho, lo que en la práctica viene a cambiar la Convención de Derechos del Niño sancionada en 1989 ratificada por Argentina en el 1990 e incorporada a la Constitución Nacional en el 1994 con la Reforma Constituyente.
-Es ineludible plantear la distancia entre la letra de la ley que plantea un Sistema de Protección Integral que establece medidas alternativas a la privación de la libertad, con la realidad que vemos desde las organizaciones. Un sistema que hace agua…las medidas alternativas o previas de promoción de derechos para evitar que los pibescaigan en los institutos no las vemos y cuando lxs trabajadorxs de niñez piden recursos para sacar a los pibxs del encierro estos no aparecen.
Sí, totalmente. Tardó mucho en sancionarse una Ley de Protección Integral, la Convención se ratificó en los 1990 y recién en el 2005 se sancionó la ley que indudablemente no funciona porque en la Argentina, a los gobernantes de turno –de todos los turnos- les encanta ratificar Tratados Internacionales pero después no los cumplen. Este tiene que ver con cuestiones presupuestarias pero también con cuestiones ideológicas y estas son las peores miserias que provoca el sistema capitalista donde hay una inequitativa distribución de la riqueza y siempre afecta a los sectores más marginados, más vulnerables y en este caso a la franja de la infancia pobre.
La ley de Protección Integral es un avance aunque muchas veces copiamos leyes a instancias de organismos internacionales creando un sistema perverso porque muchos de estos organismos dependen del Banco Mundial, nos plantean el dictado de leyes muy lindas y después nos hace pagar una deuda externa fraudulenta que nos limita presupuestariamente para garantizar los fondos adecuados para poner en funcionamiento el Sistema. Más nuestros propios gobiernos capitalistas de turno, que no hacen nada para garantizar -cuando discuten– presupuesto para la infancia y tampoco presupuesto para los trabajadores. La mayoría de los trabajadores de niñez están precarizados en cuanto a sus salarios. Hay municipios en los que sería ilógico que funcione el Sistema…en Lomas de Zamora tenemos 3 servicios locales, en la Matanza tenemos otros 3 para cubrir a millones de personas. Me parece que acá hay un serio problema institucional y de política pública pero por lo que debemos pelear justamente es para no hacerlos cargo a los pibes de esto también.
Por un lado no les damos las políticas públicas básicas para su normal desarrollo y por otro lado los condenamos encerrándolos. En este marco el tema de la violencia, de la exclusión y del delito, si bien no todos los pobres son delincuentes, está muy emparentado con la pobreza…hay chicos que son expulsados a la calle desde muy corta edad y la única forma de sobrevivencia que tienen es mediante el delito. No hace falta indagar mucho, nos subimos a un subte y vemos con la cara que los mira la población a los chicos cuando van a vender algo, como son expulsados, aún en ese sistema informal de trabajo, entonces como sociedad tenemos responsabilidad cuando un pobre comete un delito para poder sobrevivir en las calles. También estamos atravesados por un tema muy serio que es el tema de las drogas. Los pibes consiguen droga muy barata pero conseguir esta droga barata incluye hacer algunos trabajitos para poderla pagar a quienes distribuyen la droga. Como en otros países, en la Argentina la venta de drogas está asociada a los organismos de seguridad llámese policía, gendarmería y entonces es muy difícil para los pibes salir. Debería replantearse el sistema que garantice mayores presupuestos para poder hacer una verdadera inclusión, no hablo de reinserción porque estos chicos nunca estuvieron incluidos en nada ya nacen con la violencia que ocurre en sus barrios, que ocurre con sus padres con sus hermanas, con sus familias, nacen por el sistema totalmente marginados entonces es muy difícil si no hay una política de mucho trabajo con las familias de acompañamiento. Hay una destrucción de las familias, hay una destrucción del tejido social, las políticas neoliberales han planteado falta de solidaridad entre la propia población. En los lugares más marginales la porción de tierra significa una pelea de pobres contra pobres… si no hay una política de inversión para que los pibes puedan tener garantizada sus necesidades básicas con vivienda digna, con educación, con alimentación en un país muy rico pero en el que la riqueza está distribuida en muy pocas manos y la mayoría está excluido con necesidades básicas insatisfechas. Las Convenciones plantean, por ejemplo, el más alto nivel de salud, el más alto nivel de nutrición pero en realidad nosotros hoy estamos por debajo del nivel más bajo, no del más alto. Es decir ni acceden, esto es un problema, tiene que ver con un problema político de la distribución de la riqueza para generar presupuestos que permitan que se trabaje con los chicos y las familias en un acompañamiento logrando medidas de acción positiva para la verdadera inclusión social. Digo esto porque muchas veces se crean programas de acompañamiento pero en realidad los acompañamos a la pobreza, el Estado debe garantizar programas que sean superadores.
–Lxs trabajadorxs de Niñez muchas veces sentimos que acompañamos a los pibes a más de los mismo todo el tiempo, con los pibes en conflicto con la ley penal es habitual que vuelvan una y otra vez a los institutos. Afuera no hay nada para ellos. Intentamos construir referencias pero la propia precariedad del trabajo hace que la rotación de profesionales sea incesante, con lo cual los pibes siguen en esa soledad y van y vienen por los programas hasta que cumplen 18 años y muchas veces no sabemos más que les pasa.
– Uno de cada 3 pibes que yo defiendo, menores de 16…de 12, 13, 14 y 15…los encontramos en los institutos de mayores y después los encuentro en las cárceles de jóvenes adultos. Uno de cada 3 es muy alta proporción, el sistema no logra insertarlos de ninguna manera.
También tenemos un grave problema con el tráfico de drogas, porque en realidad el sistema capta a los pibes que consumen pero no apunta a los grandes traficantes que están asociados al poder, razón por la cual es una condena segura a seguir en esa situación. Para los pibes es muy difícil salir porque además hay algunos de ellos que empiezan a vender falopa porque les conviene económicamente pero es muy difícil salir de ese submundo porque empiezan a consumir y entonces esto los deja pegados al sistema de explotación del narcotráfico.
-Este sistema de explotación deja a los pibes pegados a los barrios y cada vez circulan menos por la ciudad lo que los hace más invisibles… con fronteras cada vez más delimitadas, con las fuerzas de seguridad regulando las entradas y salidas….los pibxs quedan tirados en los bordes de la villa, los fisuritas quedan en la zona donde están los conteiner de basura…
– Sí, los pibes de la 9 de julio están en la villa 31 ahí en el borde, a la vista de los policías de la seccional 46, de Gendarmería que en realidad parece que cuidan ese estatus quo de venta y de fractura de parte de los pibes. Cuesta mucho poder entrar a entrevistarte con un pibe en esa situación…el sistema es muy peligroso porque hay una asociación ilícita muy manifiesta entre los que venden y las fuerzas de seguridad.
Por ejemplo los pibes en la villa de Barracas, en la 21 tienen enormes problemas para poder salir a trabajar, incluso para ir a estudiar. Son parados constantemente por la Gendarmería, ahí se produce una situación de mucho conflicto. Inclusive hay gente adulta, trabajadores que viven en la villa y que plantean que está bueno porque antes eran víctimas de robos. Entonces por un lado tiene el visto bueno de esa población pero los pibes denuncian que no pueden salir entonces muchos pibes que no pueden salir se mantienen muy en los márgenes, si no hay posibilidad de salir para ir a buscar un laburo, para ir a hacer alguna cosa afuera terminan presos en su propio mundo.
-En algún momento la Niñez ocupó un lugar en la agenda pública gracias a la organización de diversos sectores de la sociedad. Esto fue retrocediendo. La indiferencia social, la estigmatización, el triunfo del discurso del miedo y la seguridad deja a lxs pibxs en el desamparo. La Ciudad de Buenos Aires fue pionera con la ley 114 de Protección de Derechos impulsada por diversos sectores que militaron el eje de la Niñez pero hoy esos colectivos están dispersos y ese acumulado parece haberse perdido.
Sí, totalmente. Hay una sociedad que cree que el tema del delito se soluciona matando a los pibes cuando en realidad son muchos más los delitos por cuestiones económicas de los bancos, de las grandes empresas que el delito que cometen los pibes en la calle, la inseguridad económica es mucho más grave que la inseguridad que vivimos en la calle.
El otro día, acá en pleno Suipacha paran unos pibes que toman algo, toman bastante y ese día uno se levantó se metió en un chino, se llevo una bandeja chiquita de comida y se fue sin pagar, el chino lo salió a correr, se metieron 3 tipos más y el pibe saca una navaja, lastima un poco al chino, aparecen otros 3 forzudos, luego llegaron 4 patrulleros la gente contenta diciendo que hay que dejarlos presos pero en realidad no fueron a robar al negocio, lleno de gente que debería tener una caja llena de plata, el pibe no fue a robar fue a sacar un plato de comida. Ese día se juntaron como 40 personas y solo una señora dijo que no era para tanto, mientras el resto se quejaba de que entran y salen. Pero lo lógico es que salgan porque es una tentativa de hurto, un delito menor, insignificante el delito y la pena por eso entran y salen. Pero no nos horrorizamos tanto cuando el delito lo realizan los grandes empresarios.
–Estamos en un nuevo escenario político y la pregunta es sobre el impacto del cambio de gobierno respecto de los derechos de los pibes.
Como cuestión de fondo, con variables, todos sostienen el sistema capitalista. Pueden ser uno más corruptos que otros pero no se solucionan los problemas de fondo, por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires respecto de los sistemas locales de protección de derechos, Vidal sigue con la misma política que Scioli, es probable que, por una cuestión ideológica vaya a profundizar la política de no generar presupuesto para los sectores más vulnerables, para los chicos. Podemos decir que no teníamos los tarifazos que tenemos ahora pero la corrupción… uno tira los bolsos en un convento y el otro se los lleva a Panamá.
-Durante los gobiernos kirchneristas hubo un estado más presente con un andamiaje de políticas sociales con la que se pensó en los pibes…aunque hay un núcleo, que en general son los pibes con los que nos toca trabajar que no cambiaron sus condiciones estructurales y que se encontraron con un Estado presente en su versión más dura (represiva).
Es cierto que se crearon programas…yo no diría políticas públicas …que le daban aire a determinados sectores aunque no lograban incluir a todos y hay este núcleo duro que estaba en la pobreza y nunca salió de ahí…de todas formas se siguió generando enormes desigualdades… engancha con un tiempo de gobiernos con miradas más puestas en lo social en la región sumado a una situación económica mundial favorable con las exportaciones pero siempre el capital siguió en manos de los mismos y muy mal repartido más allá que haya habido programas de avanzada que sirvieron para algunos sectores de la población …los sectores más vulnerables están siempre excluidos en estos sistemas.
-La última vez que nos vimos fue en el 2013 en la Audiencia Pública en la Cámara de Diputados dando el debate para frenar la baja en la edad de imputabilidad. Éramos menos que otras veces y teníamos en contra que ya habían avanzado con media sanción en el Senado. Las organizaciones estuvimos en la calle, no éramos todos los que deberíamos haber estado pero bueno quedó ahí…
Se va a venir este debate, el Ministro de Justicia Garavano lo incorporó en Justicia 2020 para el año 2017. Se viene la discusión respecto de la sanción de de un Régimen Penal Juvenil y el rumor indica que con baja de edad punible. Más criminalización, menos política pública y con un sistema judicial con una administración de justicia muy mala, muy ineficiente -no solo el penal sino también el civil.
Nosotros tenemos una ley de avanzada como es la Ley Nacional de Salud Mental que plantea que en realidad debiera intervenir la Justicia Civil para los chicos que tienen consumo de drogas y esta ley prácticamente no se aplica porque el sistema judicial, en el fuero civil, tiene otra mirada. Antes captaba y judicializaba por pobreza, por problemas sociales y ahora con la ley 26.061 que deroga las medidas de protección de personas para menores de edad a la que se suma la Ley de Salud Mental ni los capta, los abandona. Estas cuestiones tienen que ver con que hay que discutir qué tipo de administración de justicia tenemos…cuando existieron las muertes en los institutos , por ejemplo el pibe que muere en el Agote ningún juez se hizo cargo que alguien metió al pibe ahí y que el pibe estaba en condiciones de salir y los jueces del tribunal oral no autorizaban esta salida.
En esta situación es falso discutir que bajamos la edad penal, en un sistema como el que tenemos es muy esquizofrénico dado que pretendemos un sistema garantista bajando la edad penal. Hay un principio de no regresividad que indicaría que no tendríamos que regresar a situaciones peor que las que estamos, la ley debiera siempre garantizar estándares más altos, no más bajos. Algunos dicen bajamos la edad penal pero creamos un sistema con mayores garantías.
Se puede crear un sistema con mayores garantías sin bajar la edad penal. Hay patas del sistema que fallan. La de política pública y la de administración de justicia….en una administración de justicia que aplique la ley no se puede encerrar o abrirle proceso a chicos que son no punibles…si son no punibles no debieran tener un proceso tutelar, un proceso de persecución judicial y menos ser privados de su libertad.
Y si queremos marcar diferencias entre gestiones, el año pasado salió una resolución de la SENNAF muy buena a través de Marisa Graham cuando estaba a cargo de la DINAI (Dirección Nacional de Adolescentes Infractores – de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) que plantea que ningún chico menor de 16 años entre en los Centros Cerrados, el problema que tenemos es que, más allá de esto, la Secretaría debería haber avanzado en el Sistema de Protección de Derechos. Entonces siempre tenemos esto, una buena y una mala pero no se solucionan las situaciones de fondo. De todas formas celebro esa resolución.
-Volviendo al CDNNyA, vos trabajaste en la redacción de la ley 114 de Protección de Derechos de Niñas/os y Adolescentes de la CABA, en ese momento imaginaron un Consejo de Derechos con la fuerza suficiente para ser el órgano que garantice la aplicación de dicha ley, sin embargo estamos ante un Consejo debilitado, que no siempre logra garantizar derechos y que aparece con poca autoridad ante los ministerios a los que no parece poder exigirles nada.
La ley 114 tiene un problema muy serio y esto no lo tenía el texto original. Los textos originales quedan recortados según los consensos y no consenso que van logrando. Esa ley, que plantea que el Consejo debe ser autárquico, descentralizado, comete un error en cuanto al estatus jurídico de ese organismo dado que lo pone dependiente del Gobierno de la Ciudad.
La ley en su artículo 5 plantea que el Consejo deberá remover todos los obstáculos para hacer efectivo los derechos de los pibes y el obstáculo más grande lo tenés en tu propio jefe que dice, no destino presupuesto…igualmente el CDNNyA tiene un organismo plenario, que hubiera sido interesante desarrollarlo a fondo pero terminó siendo un lugar que no tiene incidencia en la política pública entonces esto también debilitó sus funciones como organismo articulador. Creo que debiera haber sido un organismo con el estatus jurídico de una Defensoría del Pueblo para niños que no dependa estructuralmente de Jefatura de Gobierno Y eso hubiera garantizado mucho más el tema de la garantía del derecho de los chicos…
En algún momento teníamos un proyecto para cambiar el estatus jurídico del Consejo pero era tanta la presión de los legisladores, fundamentalmente de los legisladores del Pro allá por el 2004/ 2005 que ya tenían cierta fuerza y sobre todo tenían fuerza los socios que había traído Ibarra del radicalismo que realmente eran socios traidores, muchos de ellos hoy los vemos en las filas del Pro que, cuando queríamos avanzar en la naturaleza jurídica, empezar a discutir en el recinto legislativo la autonomía como organismo de la defensa de los derechos humano de los chicos nos dijeron cuidado! Porque en vez de avanzar se le pueden recortar derechos y funciones, era una amenaza y ahí no retiramos. Se podía perder todo.
Volviendo al tema del Consejo en relación a la transferencia de los Institutos, con todo lo que representa esto, no debería suceder porque se trata de un organismo de protección de derechos.
-Venimos de un motín, hay denuncias…
Es un problema muy serio, ya que vamos a transferir habría que pensar en una nueva institucionalidad. Por qué no construimos lugares nuevos para los pibes que sí tienen que estar, porque la Convención plantea la medida de privación de la libertad como última ratio o sea que sí la contempla; con ese parámetro tenemos que tener lugares. Pero tenemos un instituto macro de hace 50 años donde hay cucarachas, que se viene abajo, donde hay un olor a orina estructural que no se puede sacar, que por más que se reconstruya va a seguir teniendo los mismos problemas….
Por qué no pensamos un nueva institucionalización desde lo edilicio, donde se garantice el derecho a la intimidad, donde se garantice que el pibe pueda llegar a hacer un proceso que le permita insertarse socialmente, como medida de última ratio y por el más breve tiempo que proceda en un lugar adecuado y con el personal adecuado porque cambian las leyes pero los cambios de paradigmas tardan…no se puede cambiar las cabezas tan fácilmente y eso también es uno de los problemas.
-En estos Centros Cerrados se plantea el problema de la gobernabilidad que depende fuertemente de los servicios de seguridad.
Siempre el servicio al ser un instituto de seguridad y tener una fuerza tan presente todo el tiempo son un poco los que plantean el ritmo de los institutos. No hay un solo motín, no hay circunstancia en la que no haya una acción u omisión de los servicios de seguridad. Lo grave es que esto puede causar la muerte de pibes y de hecho las genera. En el último año y medio fallecieron 3 chicos. Es grave la situación. Las molestias, reclamos y necesidades de los servicios se trasladan a los pibes.
Los pibes siempre son la excusa que ellos tienen pero son los cuerpos de los pibes los que se ponen en riesgo y les cuesta mucho a los directores poner límites a esto. Los que dirigen la escuela plantean que los custodios deberían estar en los pasillos no en las puertas del aula…por ejemplo organizan un curso sobre derechos humanos y está el custodio ahí y si lo dicen se genera un quilombo descomunal porque después le dan manija a los pibes. Se generan problemas constantemente producto de la insatisfacción de estos adultos que tienen una formación muy penitenciaria y en realidad estamos hablando de chicos infractores a la ley penal pero en desarrollo donde hay que trabajar la inclusión social.
-Organismos de control, quién controla…
Todo está muy manchado con el mismo signo político. Los sistemas de contralor son muy importantes si uno quiere hacer un verdadero siste ma democrático. Si yo te gestiono algo debe haber alguien que controle lo que yo gestiono porque puede haber omisiones, puede haber acciones que no son las correctas…no digo que sean delito ni que sean mal desempeño de funcionario público pueden ser situaciones que en el mismo desarrollo de la tarea….al haber un contralor se puede remediar, se puede denunciar….quien debiera controlar todo esto es el ombudsman de los niños que está tipificado en la ley 26. 061 pero que, por problemas políticos, no se ha designado ninguno. Vamos para 12 años de Ley de Protección Integral y no tenemos quién controle…no tenemos quién diga: no podemos aplicar la ley por falta de presupuesto, no se pueden ubicar en el Consejo los institutos de seguridad porque es un Consejo de Derechos y no un organismo receptor de cuestiones de seguridad, no se puede ser juez y parte tenemos a los pibes en institutos somos los carceleros legales y a su vez somos los que defendemos los derechos de esos chicos contra nosotros mismos.el ombudsman viene a resolver el problema…pero tampoco se ha designado el Defensor del Pueblo Nacional, este es un problema serio. Este gobierno no tiene intención de nombrarlo, el anterior tampoco porque ninguno quiere ser controlado, ni uno ni otros porque este sistema genera corrupción y ninguno quiere controlar esa corrupción.
– ¿Cómo deberíamos organizarnos si queremos recuperar cierta centralidad de la niñez en la agenda, para llegar a un 2017 más armados para dar el debate contra la baja de la edad penal? ¿Cómo imaginas que deberíamos construir la fuerza necesaria en este escenario tan atomizado?
Deberíamos ir generando movimientos sociales que planteén la no regresividad respecto de lo que tenemos y la ampliación de derechos…donde participen muchos y se escuchen muchas voces.
– ¿Cómo salir del debate exclusivo de expertos alejados de las organizaciones, un debate que vuelve a poner como eje el discurso jurídico?
Si hay un profesional que no puede ser experto en políticas sociales solidarias es el abogado; en general a los abogados nos forman para una carrera muy individualista, en general nos forman para mantener el estatus quo, la propiedad privada, me parece que el verdadero experto es el referente del barrio, el que escucha. Por ejemplo cuando yo quiero saber algo sobre un pibe le pregunto a la enfermera y no al médico que es otro de los saberes hegemónicos que no pueden penetrarse, hay que recurrir más a los territorios y en el barrio recorrer, escuchar y estar cerca de las organizaciones. Me parece que en etapas donde se agudizan las situaciones de crisis es necesario tener movimientos sociales dinámicos para no caer en una cuestión estanca, donde todos queremos figurar, lo más importante es poder escuchar todas las voces en un armado lo más circular posible y poder avanzar en este sentido.
La discusión que se viene es muy álgida….varias cosas tenemos que lograr en conjunto …se viene la discusión por el Régimen Penal Juvenil en el que tenemos que defender el no a la baja de la edad para evitar mayor criminalización…tenemos que dar una pelea para lograr mayor presupuesto para desarrollar medidas alternativas al encierro, tenemos que dar una pelea para sensibilizar y capacitar en el marco de los derechos humanos a los jueces y sus equipos con una mirada más garantista de los derechos humanos de los pibes, más social.
Una de las visitas que hice al Instituto de Menores Roca fue con diversas autoridades -jueces, fiscales, funcionarios de organismos de niñez– cuando llegamos al patio y nos mostraban la pileta muchos decían ¡qué bien!, qué bueno como están los chicos acá. Ante estas expresiones les propuse hacer un reality. Qué tal si nos quedamos un mes acá para vivir las bondades de este lugar, muchos se ofendieron. Pienso que para mandar a un chico a un lugar así hay que conocerlo, ver lo angustiante que es comer en un espacio de tumba, lo angustiante que es estudiar en un espacio de tumba, dormir en un espacio de tumba, el peso que tiene estar en una unidad de encierro.
Hace poco unos jueces fueron a una cárcel modelo que se iba a inaugurar y estuvieron encerrados 24 horas solos, sin contar el hacinamiento o sin contar la característica propia de que haya mucha gente en la cárcel y dijeron que el encierro era terrorífico y que, como dicen muchos autores criminológicos, en verdad el encierro es dolor sobre el cuerpo, y esto es algo que deberían tener en cuenta los jueces cuando se planean las penas y dicen le damos 3, le damos 4, 5 años que en la vida de una persona puede llegar a ser muchísimo tiempo. ¿Cuál es el fin de la pena? Deberíamos generar una nueva institucionalidad, ninguno de estos institutos, estén en Nación o estén en la Ciudad, van a funcionar. Habría que implosionarlos si realmente lo que queremos es incluir a las personas que están privadas de la libertad.
Fuente: Clarisa Gambera