La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y anuló una decisión que había rechazado el pedido de prohibición de salida del país de tres ex directivos de la empresa Ford imputados en una causa por crímenes de lesa humanidad.
Se trata de Pedro Müller, quien era gerente general de la planta de Pacheco; Guillermo Galárraga (gerente de relaciones laborales) y Héctor Francisco Jesús Sibilla (jefe de seguridad de la Planta) al producirse en marzo de 1976 el golpe de estado cívico-militar. Los tres están acusados de haber entregado a las fuerzas represivas a 24 operarios que fueron secuestrados y torturados.
La Sala II de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Pedro David y Alejandro Slokar, confirmó el pedido de la fiscalía en el marco de la causa que investiga el secuestro y las torturas de 24 obreros de la planta automotriz de la localidad bonaerense de Pacheco en 1976, informó hoy el CIJ, la página de noticias del Poder Judicial de la Nación.
El máximo tribunal penal federal, por mayoría, entendió que resultaba arbitraria la resolución del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que rechazó el pedido del acusador público de prohibir la salida del país de tres imputados en el juicio que está próximo a comenzar.
El fallo de la Casación invocó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual “pesa sobre los magistrados un especial deber de cuidado para neutralizar toda responsabilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación en estos hechos”.
«La finalidad de las medidas precautorias -como las aquí sugeridas- se dirigen a garantizar la efectiva presencia de los imputados en el juicio oral, que cobra aún más virtualidad ante la proximidad de la audiencia de debate”, subrayó.
Los imputados son los ex gerentes de la automotriz Pedro Müller (general), Guillermo Galarraga (de relaciones laborales) y el ex jefe de seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla, todos ellos de la Ford.
Los tres ex directivos de la Ford están procesados por el secuestro y las torturas de 24 obreros de la automotriz en 1976, año en el que funcionó un centro clandestino de detención dentro de la fábrica en Pacheco, norte del Gran Buenos Aires.
En su mayoría, los trabajadores fueron secuestrados en horario laboral e interrogados y en algunos casos torturados en instalaciones de la fábrica, antes de ser trasladados a edificios del circuito represivo del terrorismo de Estado.
La elevación a juicio señaló que los tres son responsables de “haber permitido el acceso a diferentes dependencias de la empresa al personal de las distintas Fuerzas Armadas y/o de seguridad y haberles suministrado información de su conocimiento relativo a los empleados de la compañía de diversos sectores”.