Tras la pregunta ¿De qué lado estás? Entre los subsidios y el Paro, Claudio Lozano (diputado nacional de la CTA y Presidente del bloque Unidad Popular); Tomás Raffo; Horacio Fernández; Jaime Farji; Ariel Pennisi y Bruno Costas integrantes del equipo de discusión del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), analizan la coyuntura en el marco del Paro de este jueves 10 de abril.
Para los autores, «Profundizar o parar el ajuste», los dos elementos centrales del análisis coyuntural son la quita de los subsidios en agua y gas y el anuncio del Paro Nacional del 10 de Abril.
Extractos del informe:
(..) ni Moyano ni Barrionuevo han sido adalides del paro o movilización alguna en los últimos tiempos. Más aún, en el marco de un creciente proceso de conflicto social que atraviesa todo el país (ver ANEXO), estos dirigentes han demorado la convocatoria al paro, dado que la contrapartida política de los mismos (básicamente la estructura del PJ, con sus gobernadores e intendentes) no les brinda aval alguno para convocar a un acto que ponga en tela de juicio la marcha del ajuste. Es más bien lo inverso, es la conflictividad social creciente la que obliga a reticentes dirigentes sindicales a convocar al Paro,
(..) el Paro ya ha sido exitoso y se vuelve problemático para la estrategia del gobierno, que bastó que se anunciara la convocatoria al mismo, para que al día siguiente se destrabara el conflicto docente, que pasó de no contar con financiamiento y amenaza de suspensiones y no pago de los días de paro, a una resolución que, como se verá en el Anexo, supone grandes concesiones por parte del Gobierno. Así el Paro revela su potencia y define su papel, a saber: la de ponerle un límite social y político al Ajuste.
(..) puede decirse que es la potencia del Paro, expresión de la conflictividad vigente, la que incluso empieza a desarmar la estrategia gubernamental y preanuncia modificaciones futuras. En efecto, si el Gobierno pretendía cerrar paritarias en torno del 25% para lograr una reducción salarial de 10% en el marco de una inflación del 35% y de un aumento del 60% en el tipo de cambio, está claro que al empezar a cerrarse paritarias por encima de lo que pretende (cercano 30%), esta estrategia empieza a erosionarse, y le supone al gobierno el desafío de rectificar el rumbo o profundizar el ajuste, lo que no puede producir sino mayor conflictividad. Punto este al que nos remitimos cuando definimos el carácter fuertemente inestable de la coyuntura.
El informe
Dos novedades centrales se han manifestado en la coyuntura, a saber:
a) La quita de los subsidios en agua y gas.
b) El anuncio del Paro Nacional del 10 de Abril.
Sobre ambos queremos presentar las siguientes reflexiones:
a) Sobre la quita de los subsidios
Se trata de una medida que viene a agregar un nuevo paso en la Estrategia del Ajuste que el Gobierno Nacional viene ensayando desde la derrota electoral de Octubre del 2013.
Estrategia que, sucintamente combinó devaluación, con aceleración de precios y consiguiente caída en el poder adquisitivo, más duplicación de la tasa de interés con el objetivo expreso de aumentar la renta financiera en pesos, frenar la corrida cambiaria y achicar el nivel de actividad.
En este sentido, la quita de subsidios es un paso más en la estrategia de ajuste, que se expresa tanto en el plano fiscal (ahorro de entre $5.000 millones y $13.000 millones) como fundamentalmente en el bolsillo de los trabajadores. En efecto, y más allá de las escalas de progresividad en la distribución del mismo, lo cierto es que aplicar un aumento del 100% en 5 meses para la menor escala en gas y 170% en agua mientras se espera que los ingresos aumenten como mucho un 30% en el año, no es sino un nuevo ajuste en el bolsillo de los trabajadores.
Ajuste por reducción de subsidios que se verá amplificado por el aumento en las tarifas. Pretender que las escalas de consumo mínimo reduzcan un 20% su consumo para evitar que le aumenten la tarifa es un disparate, toda vez que se trata ya de consumos mínimos, y al mismo tiempo porque no es sino trasladar el ajuste, ya que lo que no se paga con el bolsillo se lo paga reduciendo el consumo del servicio.
Por otro lado, es signifcativo que se excluya de la reducción del subsidio tanto a la industria como a los productores del gas, y que ello se haga con la excusa de que se pretende sostener el nivel de actividad. Excusa en tanto la industria ya viene cayendo hace 7 meses de manera consecutiva y en tanto la estrategia del ajuste no es sino pretender reducir y no sostener el nivel de actividad (para obtener los saldos exportables que garanticen el pago de deuda). Significativo, porque es en la industria donde se concentran los mayores consumos y los mayores derroches de un recurso sobre el que el Gobierno pretende que se realice un “consumo razonable” pero que mantiene un precio subsidiado y barato, que en tanto fundamental para la rentabilidad de las firmas, transforma lo racional no en consumo medido sino en aprovechamiento desmedido de dicho recurso. Además, a contramano de la explicación oficial, subsidiar a las industrias, en lugar de dar como resultado un comportamiento inversor virtuoso produce el efecto inverso, esto es debilitamiento de la inversión, ya que beneficia a firmas que teniendo posiciones dominantes no encuentran ningún incentivo para destinar sus excedentes en otros emprendimientos, ni siquiera en modificar su matriz de consumo energético.
Dicho en otros términos, si hay un lugar donde la estrategia de “consumo razonable” puede brindar algún resultado es al nivel de las grandes firmas, en tanto son ellas las que más consumen y al mismo tiempo tienen recursos para afrontar el reequipamiento que requiere esta estrategia, pero nada de ello ocurrirá en tanto las mismas están excluidas de la medida. Tras el discurso oficial de que si se reduce el subsidio en las tarifas de las industrias se afecta la competitividad y la productividad de las firmas, se esconde el objetivo expreso de mantener sin alteraciones sus márgenes de rentabilidad.
En efecto, en tanto se trata de firmas con posiciones dominantes y en algunos casos únicos exportadores reducir el subsidio en las mismas debería reducir sus márgenes de beneficios y no competitividad y/o productividad alguna. Situación que dada la debilidad fiscal y el ajuste en curso el Gobierno podría poner en la discusión, pero prefiere mantener sin alteraciones el acuerdo con las mismas.
Por otra parte, el Gobierno tampoco toca los subsidios a las empresas productoras de gas, quienes por vía del Programa Plan Gas I se llevaron U$$ 500 millones en el 2013 y se prevé entre U$S 1.000 y U$S 1.200 millones. Montos que se destinan a pagar gas “nuevo” (en un contexto de caída de la producción de gas) que benefician a apenas 6 firmas (además de YPF), a saber: Total, Pan American Energy; Petrobras, Apache, Pluspetrol y Tecpetrol de Techint.
Por ello, la forma en que se instrumenta la quita de los subsidios, descargando el costo sobre las tarifas de los usuarios, en lugar de hacerlo sobre la renta petrolera, y al exceptuar a las grandes firmas mientras se mantiene incluso los subsidios a los productores del gas, revela una vez más la lógica política del Gobierno Nacional, que pretende presentar como progresista (por las escalas en la quita) y racional (por lo del consumo razonable) una medida (la quita de subsidios) que no es sino regresiva (aumento del 100% como mínimo y excepción a las grande firmas) e irracional (en tanto promueva la no-inversión y el no-cuidado del recurso en las firmas) en pos de sostener la estrategia del ajuste que le demandan las grandes firmas y los acreedores.
b) Sobre el Paro Nacional del 10 de Abril
En su estrategia de sostener el Ajuste el Gobierno pretende ilegitimar la convocatoria al Paro Nacional aduciendo que se trata del “Paro de Massa” y que al mismo tiempo la calidad de los dirigentes que convocan (Moyano y principalmente Barrionuevo) cuestiona la validez de dicha medida.
Conviene señalar que el único punto de contacto en términos reivindicativos que une a Massa con la convocatoria al Paro Nacional es la propuesta de “reducción del mínimo no imponible en ganancias” para los trabajadores; tema que dicho sea de paso en el que Massa no es original pues en él coincide todo el sistema político (incluso afines al gobierno). Se trata de una consigna que si bien representa parte del plexo de demandas con que se convoca al Paro, de modo alguno constituye el núcleo central de reivindicación que permite organizar las demandas de los trabajadores.
En efecto, en un contexto laboral donde sólo el 10% de los trabajadores supera los $15.000 de mínimo no imponible, esta demanda representa el reclamo de una porción minoritaria de la fuerza laboral y no del conjunto de los mismos.
Más allá de cualquier valoración sobre la actual gestión gubernamental, es objetivo que en el marco del proceso de crecimiento vivido los trabajadores y el conjunto de los sectores populares recuperaron participación en la riqueza generada. En efecto, luego de haber caído 10 puntos del PBI en el 2002, se produce una recuperación que alcanza 6 puntos del PBI en el 2007. A partir de ahí se observa un proceso de estabilización hasta el 2011, para volver a caer en los últimos dos años a niveles similares a los vigentes en el 2003.
Es decir que, considerando la masa total que perciben los sectores populares (salarios, jubilaciones y planes) en el 2013 se vuelve a los mismos niveles de participación, y por tanto de desigualdad que se registraban en el 2003 (obviamente en una economía más grande de la de aquel momento). Lo expuesto refleja el cuadro de precariedad y bajos ingresos que definen a la Argentina actual. Un país donde el 51% de su fuerza laboral refleja distintos niveles de precariedad, donde el 75% de los salarios son inferiores a los $6.500 y el 50% de los ocupados perciben ingresos inferiores a los $4.100 y donde el 36% de la población (15 millones) se encuentran en situación de pobreza.
Este es el contexto de una Argentina que en términos sociales “está atada con alambre” y para la cual, el Ajuste explícito puesto en marcha en los últimos meses no hace más que agravar y potenciar la conflictividad social.
Por otro lado, ni Moyano ni Barrionuevo han sido adalides del paro o movilización alguna en los últimos tiempos. Más aún, en el marco de un creciente proceso de conflicto social que atraviesa todo el país, estos dirigentes han demorado la convocatoria al paro, dado que la contrapartida política de los mismos (básicamente la estructura del PJ, con sus gobernadores e intendentes) no les brinda aval alguno para convocar a un acto que ponga en tela de juicio la marcha del ajuste. Es más bien lo inverso, es la conflictividad social creciente la que obliga a reticentes dirigentes sindicales a convocar al Paro, máxime en un contexto donde incluso las propias conducciones sindicales afines al Gobierno Nacional han tenido que encabezar sendos paros y medidas de fuerza contra el ajuste en curso, como lo evidencian los 17 días de huelga de los docentes en la provincia de Buenos Aires (cuyas principales conducciones gremiales son oficialistas).
A tal punto el Paro ya ha sido exitoso y se vuelve problemático para la estrategia del gobierno, que bastó que se anunciara la convocatoria al mismo, para que al día siguiente se destrabara el conflicto docente, que pasó de no contar con financiamiento y amenaza de suspensiones y no pago de los días de paro, a una resolución que, como se verá en el Anexo, supone grandes concesiones por parte del Gobierno. Así el Paro revela su potencia y define su papel, a saber: la de ponerle un límite social y político al Ajuste. Límite que se expresa en un doble aspecto, tanto en términos de manifestar con la mayor legalidad posible el descontento social que esta estrategia conlleva, como también por los efectos que en términos de resolución de conflictos acarrea en la estrategia del gobierno en pos de tratar de quitarle combustible al paro nacional.
En este marco, puede decirse que es la potencia del Paro, expresión de la conflictividad viente, la que incluso empieza a desarmar la estrategia gubernamental y preanuncia modificaciones futuras. En efecto, si el Gobierno pretendía cerrar paritarias en torno del 25% para lograr una reducción salarial de 10% en el marco de una inflación del 35% y de un aumento del 60% en el tipo de cambio, está claro que al empezar a cerrarse paritarias por encima de lo que pretende el Gobierno (cercano 30%) esta estrategia empieza a erosionarse, y le supone al gobierno el desafío de rectificar el rumbo o profundizar el ajuste lo que no puede producir sino mayor conflictividad.
Punto este al que nos remitimos cuando definimos el carácter fuertemente inestable de la coyuntura.
En la práctica, aquellos que impugnan la convocatoria al Paro, lo sepan o no, no hacen sino convalidar la estrategia del Ajuste en curso, tarea para la cual les viene de maravillas asociar dicha medida con dirigentes puntuales (Massa, Barrionuevo y Moyano) sin advertir, que no son los dirigentes los que paran sino los trabajadores, y que al mismo tiempo, esos mismos dirigentes demoraron el paro (Barrionuevo y Moyano) y en algunos casos tienen importantes coincidencias con el Gobierno (como el caso de Massa, quien al igual que el PRO, pudiendo votar en contra, se abstuvieron en el proyecto de compensación de pago a Repsol).
Más aún, el intento de invalidar el Paro Nacional por el cuestionamiento a tal o cual dirigente (ejemplo Barrionuevo) pasa por alto lo que fue la historia y la experiencia concreta de la lucha del Movimiento Obrero en nuestro país. Por lo general, la construcción de una medida de fuerza de alcance nacional requiere de la mayor legalidad posible para que los trabajadores se puedan expresar masivamente con libertad. Esto hace que en las más importantes luchas de nuestra historia siempre han estado presentes dirigentes sobre los que pesaban múltiples cuestionamientos. Así por ejemplo, sería falsear la historia pensar que se hubiera podido realizar el Cordobazo, donde se puede reconocer la figura combativa de Agustín Tosco, sin la participación y convocatoria de aquel que en aquel momento conducía el SMATA (Elpidio Torres). La construcción de condiciones de “unidad de acción”, lo que aporta son las mayores cuotas de legalidad para la expresión de los trabajadores.
Por lo tanto, rechazamos el intento de querer presentar al Paro Nacional subsumido en la interna electoral o del Partido Justicialista. Este es un eje que pretende desplazar la verdadera discusión acerca del orden social que se está imponiendo en la Argentina. Es un eje absolutamente coyuntural, de interés sólo para las clases dirigenciales, que pretende obturar el significado que el Paro adopta como expresión de los trabajadores al evidenciar una conflictividad creciente y heterogénea. Más allá incluso de la discusión en torno a la “unidad de acción”, que concierne al tipo de relación que la CTA (Pablo Micheli) sea capaz de mantener con el sindicalismo tradicional, vivimos una situación anunciada de ajuste que no solo recae sobre la capacidad de consumo de trabajadores formales y precarizados, sino sobre todo un complejo universo popular que mantiene una relación cuerpo a cuerpo con planes sociales, experiencias autogestivas y articulaciones seudoinstitucionales.
El campo popular y las redes del trabajo informal han ingresado en estos años en una nueva tensión con el sistema de dominación. El enjambre de programas de asistencia estatal, las instancias de articulación entre el Estado y diversos actores sociales e incluso las formas de tercerización de las funciones típicamente institucionales en organizaciones de base, no han resultado inocuos. En este marco se dan formas difusas de represión policial y parapolicial, así como de criminalización de la protesta y otras formas de expresión social. Un caso reciente es el de la acusación sufrida por José Luis Calegari, militante (y abogado) del espacio Tierra para Todos y Todas, que va de la difamación a través de carteles callejeros anónimos a la denuncia judicial efectuada en su contra por el intendente de Florencio Varela Julio Pereyra (Frente para la Victoria). A la criminalización de la lucha por la tierra se sumaron funcionarios de Nuevo Encuentro y del Frente Renovador, consolidando así el bloque que por arriba intenta desacreditar y silenciar a las organizaciones (como el Centro de Participación Popular Monseñor Angelelli o el espacio Tierra para Todos y Todas) que trabajan día a día en la recomposición de una trama social privada del acceso a la tierra y amenazada por el accionar de las bandas narco, cómplices de la policía, sectores del aparato judicial y, fundamentalmente, de la clase dirigente de Florencio Varela.
Esas más de 25.000 familias sin acceso a la tierra se vuelven el blanco de distintas formas de represión cuando dejan de ser inteligibles para los poderes o cuando los planes sociales no alcanzan en términos de gobierno del territorio. Forman parte de una pobreza insumisa que no es tolerada por el sistema político vigente.