419472Según pudo saber iProfesional, Telefónica reconoció el error y efectuará la devolución a 600 asalariados. En el gremio advierten que la cifra de afectados podría llegar a 1.500. Denuncia original de Telefónicos de la CTA Autónoma en la Lista Granate Blanca.

Es el caso más grande conocido hasta ahora, que se suma al de Fate, Pirelli y Aluar.

«La compañía ha resuelto recientemente revisar los criterios y, en tu caso particular, hemos determinado que te encuentras alcanzada con el beneficio de dejar de tributar el impuesto a las ganancias. Te pedimos que no reenvíes este mail».

De ese modo, Telefónica le informó días atrás a una empleada que quedaba exenta de pagar el gravamen y que le devolvería los más de $20.000 retenidos debido a una mala interpretación de la normativa impositiva por parte de la compañía.

Lejos de ser una excepción, se trata de uno de los tantos casos que han ido saliendo a la luz en los últimos meses. Tras detectar errores en la liquidación de sus sueldos, muchos asalariados reclamaron a sus empleadores y lograron que les restituyeran los descuentos mal habidos.

Eso fue lo que sucedió en Fate, Pirelli-Firestone y Aluar, compañías en las que en total habían sido alcanzados por error poco menos de 1.000 trabajadores. Ahora iProfesional pudo saber que la misma situación se repitió en el rubro de las telecomunicaciones y que Telefónica anunció que efectuará la devolución correspondiente a 602 personas.

Se trata del caso de mayor magnitud conocido hasta ahora en cuanto a cantidad de asalariados perjudicados dentro de una misma compañía y el primero que se registra en el sector servicios.

El sindicato mayoritario de telefónicos, Foetra, informó el viernes que serán beneficiadas 265 personas bajo su convenio, de la nómina total presentada por la firma. El resto es personal jerárquico de Upjet.

No obstante, los delegados opositores del gremio estiman que la cifra de afectados podría llegar a 1.500 ya que Telefónica, según afirman, sigue sin reconocer otros casos.

La alarma se encendió en abril, cuando los telefónicos de la oposición se asesoraron con el gremio del neumático de Zona Norte (Sutna San Fernando) y se dieron cuenta de que la empresa de capitales españoles había calculado erróneamente la base imponible del gravamen.

La resolución de AFIP de 2013 estableció que para determinar el piso de $15.000 brutos, fijado por decreto, se debían considerar remuneraciones mensuales, normales y habituales, percibidas durante al menos seis meses entre enero y agosto de ese año.

Pero varias empresas incluyeron en la base de cálculo las vacaciones, horas extra y premios, pese a que estos conceptos eran extraordinarios y, por ende, no debían ser considerados.

Debido a esa «confusión», muchos empleados pasaron a integrar el grupo de trabajadores alcanzados por Ganancias, aún cuando su sueldo fijo fuese bajo.

«Yo impulsé este reclamo porque hay una cantidad importante de gente -que es la que menos gana- que sufre descuentos porque hizo muchas horas extras al 50% en mayo del 2013. Cobramos el aguinaldo y parte de un premio», dijo a iProfesional Tomás Devoto, delegado de la agrupación telefónicos de la CTA Autónoma.

A partir del «hallazgo», Devoto recibió decenas de llamadas desde distintos puntos del país, como Mar del Plata, Necochea, La Plata y Rosario.

Pronto, la noticia repercutió en Upjet, el gremio de los técnicos en telefonía, que logró recuperar los aportes de unos 337 trabajadores. Y en las últimas semanas se sumó a la lista Foetra.

Tras rechazar varios reclamos, Telefónica dio un giro en su política y se comprometió a devolver en hasta tres cuotas los montos retenidos por error que, en algunos casos, llegan a los 50.000 pesos.

En un comunicado, Foetra reconoció que el problema de las liquidaciones incorrectas despertó numerosos reclamos en su gremio y señaló que la empresa aceptó revisar sus criterios.

No obstante, advirtió que «la re liquidación anunciada no se efectuó en base a los pedidos de nuestros asesores sino que hubo una rectificación parcial de los criterios utilizados por la empresa» en la que trabajan más de 15.000 personas.

Esta diferencia con la compañía podría disparar nuevas quejas por parte de los telefónicos, que desconfían de la metodología adoptada para subsanar los errores cometidos a la hora de interpretar las resoluciones de la AFIP.

Lo cierto es que los parches en Ganancias han convertido al régimen en un verdadero enigma, a punto tal que los propios trabajadores han tenido que encargarse de detectar sus inconsistencias, incluso antes de las empresas y los agentes del fisco.

El malestar llevó a que hasta los sindicatos oficialistas, como es el caso de Foetra, tocaran un tema espinoso para el Gobierno, como es el impuesto, y reiteraran en los últimos días que «el salario no es ganancia».

¿Por qué hubo errores?

A la hora de encontrar un posible explicación sobre los motivos que pudieron llevar a las empresas a cometer errores al momento de definir a qué empleado le toca pagar o no Ganancias, los especialistas consultados apuntaron al decreto 1242 y a la resolución general 3525.

La primera norma, firmada por Cristina Kirchner, fue la que estableció tres «grupos» distintos de asalariados:

• Los que fueron eximidos del impuesto.

• Aquellos que recibieron un incremento en las deducciones (que fue del 30% para los que se desempeñaban en la región patagónica y del 20% para el resto).

• Quienes no tuvieron ningún beneficio.

El decreto indicaba que, para determinar en qué lugar debía ubicarse a cada empleado, había que tener en cuenta los ingresos obtenidos entre enero y agosto de 2013. Dicho de otra manera: ató a un período determinado la condición de los trabajadores frente al impuesto.

Así, aquellos asalariados que cobraron menos de $15.000 brutos, quedaron librados del pago de Ganancias. Eso, incluso, sin importar cuáles fueran sus remuneraciones a partir de septiembre de 2013 en adelante.

Conocida la norma, los primeros interrogantes salieron a la luz. Por ejemplo, qué conceptos eran los que debían considerarse a la hora de determinar el monto de los sueldos que, en definitiva, iban a ser determinantes a la hora de definir si un empleado era o no alcanzado por el gravamen.

Precisamente, la resolución general 3525 -emitida por la AFIP- intentó traer algunas certezas. Definió que debían considerarse las «las remuneraciones mensuales, normales y habituales, entendiéndose como tales aquellas que correspondan a conceptos que se hayan percibido, como mínimo, durante al menos seis (6) meses».

Asimismo, establecía que «se considerarán los conceptos que se hayan percibido, como mínimo, en el 75% de los meses involucrados».

No obstante, pese a las «buenas intenciones», las aclaraciones no fueron suficientes para evitar los problemas que luego llegaron: miles de empleados reclamando porque les retenían Ganancias, cuando en verdad no correspondía.

¿Por qué? Javier Sabin, socio de Human Capital de EY afirmó que, en algunos casos, fue porque «existió una interpretación errónea de esta última reglamentación, entendiendo que correspondía incluir conceptos que fueron devengados mensualmente, como el bonus anual o la primera cuota del aguinaldo».

Hacia el mismo lugar apunta Analía Saitta, socia de Tax & Legal de KPMG, quién remarcó que «el alcance del concepto ‘remuneración y/o haber bruto mensual devengado’ generó distintas interpretaciones que ha dado lugar a los errores descriptos en los primeros párrafos de la consulta».

Tal es el caso de los empleados telefónicos a quienes les retuvieron el impuesto porque, a la hora de determinar la base imponible, incluyeron conceptos como premios, aguinaldo y vacaciones, entre otros.

Sin embargo, Saitta también señaló que «la dinámica de las relaciones laborales actuales, la dinámica de los conceptos salariales que se abonan a los empleados, la firma de acuerdos con efecto retroactivo pueden complicar la determinación de ‘habitualidad’».

Y agrega un dato más: la cantidad de casos que hay que tener en cuenta a la hora de definir en qué grupo debe incluirse a cada dependiente.

«No es lo mismo efectuar el análisis de la situación de los trabajadores de una empresa de 5 empleados -que puede ser manual- que una que puede llegar a tener más de 8.000 legajos -que necesariamente requiere automatización-«, apuntó.

En el mismo sentido, Sabin señaló que «el procedimiento es engorroso», ya que «implica analizar caso por caso y, por lo general, a través de un procedimiento manual o estandarizado a través de una planilla de cálculo». Y agregó: «Bajo este escenario, muchos empleadores se han equivocado y parametrizado erróneamente a los dependientes».

Maraña fiscal

La problemática que surgió con el decreto 1242 no es exclusiva de las empresas. Por el contrario, el organismo de recaudación también se encuentra ante un verdadero inconveniente cuando se centra en la tarea de controlar al millón de empleados y jubilados que estarían alcanzados por Ganancias.

Al menos así lo explicó un especialista con gran llegada a las oficinas del fisco, que prefirió preservar su identidad, y que señaló a iProfesional que «en una conversación con uno de los agentes de la AFIP, me reconoció que ellos no están pudiendo hacer fiscalizaciones sobre todos los trabajadores».

El experto sostuvo que dicho agente le aclaró que, con las últimas modificaciones, «ya no se pueden hacer cruces de datos certeros, por lo que realizar un seguimiento caso por caso implica un costo demasiado alto como para llevarlo adelante».

«Y esto no es ilógico, si se tiene en cuenta que ni los aplicativos están adaptados a los cambios que introdujo el Gobierno. Cada profesional hizo lo que pudo a la hora de incluir las deducciones que debía computar cada empleado», apuntó el especialista.

Y concluyó: «Además, muchas empresas prefieren no correr riesgos de ser sancionadas por no cumplir con su obligación como agente de retención de Ganancias y entonces les retienen a sus dependientes sin preocuparse demasiado si están cumpliendo exactamente con las normas».

Este puede ser el motivo que explica por qué son las comisiones internas y algunos sindicatos los que sacan a la luz estos casos. Pero también puede ser el indicador de que todavía existen más dependientes a los que les están descontando el impuesto cuando, en realidad, no corresponde.

Fuente: www.iprofesional.com

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