La Olla.TV habló con José Rigane, secretario Adjunto de la CTA Nacional, Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA-CTA), sobre el proyecto de Ley de Hidrocarburos que el Gobierno envió al Senado luego de lograr el consenso de los gobernadores de las provincias petroleras.
La iniciativa busca modificar la Ley 17.319, de 1961, con el objetivo de incentivar las inversiones petroleras. Sin embargo, Rigane indica que no se trata de una ley que garantice la soberanía de los argentinos “no sólo sobre sus recursos naturales y energéticos sino que además es una ley que no resuelve el problema del acceso a la energía por parte del conjunto de los usuario de nuestro país”.
“Es una ley que defiende los intereses de los gobernadores de las 10 provincias que tiene petróleo y gas, defiende los intereses del CEO que representa YPF, una YPF que no es integral, estatal y pública, y menos una sociedad de estado. Es una sociedad anónima y por lo tanto lo que se está defendiendo son los intereses y la rentabilidad de cada parte, garantizadas sobre la base de generar las mejores condiciones para que se incorporen los grupos multinacionales a la explotación de los hidrocarburos no convencionales y en particular lo que está en la formación geológica en Neuquén: Vaca Muerta”.
Por otro lado, Rigane recordó que al haberse aprobado en el 2006 la Ley “corta” de hidrocarburos, que transfiere a las provincias petroleras los permisos y las concesiones de explotación de hidrocarburos otorgados en cada distrito y que fue promovida por el kirchnerismo, “se le dio una facultad a las provincias que nunca antes tuvieron”.
De esta manera, indica que si bien las provincias que tienen petróleo “es lógico que tengan intervención en la renta de dichos recursos”, no es lógico que sean ellos los que negocien directamente o establezcan contratos directamente con las empresa petroleras multinacionales, ya que “no hay equiparación de poder para ponerle limite a esa voracidad”.
Asimismo, si bien el proyecto acorta la renta de las provincias petroleras y marca limites como el ’acarreo’ o los impuestos bajo una política hidrocarburífera un poco más federal de la que hoy existe, Rigane señala que el objetivo principal de la nueva ley “sigue siendo seducir al capital privado, principalmente extranjero, para explotar Vaca Muerta y desarrollar los no convencionales en el país. Y para que esto suceda necesitan de un nuevo marco legal que favorezca y otorgue enormes garantías a las grandes corporaciones mundiales de la energía para que inviertan en la Argentina”.
“No es cierto que va a haber control, no es cierto que va a haber resguardo del medio ambiente y menos aún que el fracking como método es una panacea, cuando precisamente es un método de extracción que está cuestionado en más de un lugar en el mundo”.
Rigane explicó la ley lo que establece son pautas, que tienen que ver, por ejemplo, con la ampliación de los años de concesión. En lo convencional era por 25 años, ahora va a ser por 35 y si uno a eso le suma la ampliación, estamos entregando los recursos por 50 o 60 años”.
Así, volvió a enfatizar en que no es una Ley que resguarde los intereses del pueblo. “Mucho mejor sería que se decidiera en un plebiscito, qué tipo de ley quieren los argentinos en función de la explotación del petróleo y sobre todo en particular de los no convencionales”.
“Es un proyecto de ley que trata de habilitar las mejores condiciones para los grupos multinacionales. El ejemplo más claro lo tenemos con Chevron, que fue expulsada de Ecuador y nosotros la recibimos con los brazos abiertos”, dijo y dio otros detalles: “Por otro lado, esta ley lo que trata de resolver es precisamente que la inversión mínima esté en el orden de los 250 millones de dólares, ya con eso se puede comenzar a desarrollar la exploración y la explotación, pero con libre disponibilidad de los recursos y de las divisas a partir del 5to año. Con lo cual se le da una libertad y una posibilidad a los grupos multinacionales que van atentar con nuestra riqueza y sobre todo con la posibilidad cierta de recuperar el autoabastecimiento”.
Finalmente Rigane indicó que “lo primero que habría que impulsar es resolver que YPF sea íntegramente estatal, lo segundo es dejar de exportar petróleo, gas y cualquier tipo de combustible, sobre todo petróleo crudo, y lo tercero es general sobre la base de una política de recuperación del patrimonio nacional a manos del pueblo la integración regional pero sobre la base de los intereses y las necesidades de los pueblos y no de los gobiernos y menos de las empresas multinacionales. En realidad el planteo es consultar al pueblo. Pero hay temor de consultar al pueblo y es el que va a sufrir las consecuencias o beneficios de esta política y de este proyecto de ley”.
Fuente: www.laolla.tv