Documento político de la CTA Autónoma – Capital Federal | El proceso de creciente mercantilización de la ciudad de Buenos Aires consolida un modelo caracterizado por la privatización de lo público, el aumento de la construcción sin planificación urbana y la desregulación, falta de control y favores políticos para beneficio de los negocios privados.
Como consecuencia de
todo esto, la desigualdad en la Ciudad se profundiza día
a día. El corte transversal que produce la
Av. Rivadavia no sólo se observa en que los ingresos de aquellxs que
viven hacia la zona norte casi duplican a los que se perciben en la
zona sur, sino también
en el ejercicio pleno de los derechos a la salud, la educación, la
vivienda, los espacios públicos y la seguridad. Pareciera que hemos
naturalizado que -como en una paleta de colores- la calidad de vida
se degrade a medida que nos acercamos al Riachuelo.
Las políticas
urbanas neoliberales refuerzan la segregación social y espacial,
porque estos rasgos son propios del funcionamiento del mercado. En
esta misma lógica, la mercantilización de los servicios ya ha sido
superada por la mercantilización de los derechos y de los espacios
comunes: salud y educación de calidad están reservadas para quienes
puedan pagarlo a través
de pre-pagas y colegios privados. Quienes no, sufren los constantes
recortes presupuestarios que ocurren en los hospitales, CeSACs,
jardines y escuelas públicas. La iniciativa del 5×1 para unificar 5
hospitales en el predio del Hospital Muñiz es un ejemplo de esto,
tal como las cada vez más insuficientes viandas de alimentos lo
son en el ámbito de la educación.
Los espacios verdes
son entregados para emprendimientos privados gastronómicos o
cubiertos por cemento en favor de las empresas que lucran con la obra
pública. La plaza, el pasto y el aire puro han pasado a ser un lujo
en Buenos Aires. A pesar de que hoy la Ciudad dispone tan sólo de 6
mts2 de espacios verdes
por habitante (cuando la OMS recomienda de 10 a 15 mts2), en
diciembre de 2018 se aprobó un nuevo Código Urbanístico -a pesar
de la oposición de todas las asambleas vecinales de la ciudad-, el
cual profundizará
la escasez actual ya que proyecta una Buenos Aires de 6 millones de
personas pero no planifica la construcción de pulmones de
naturaleza.
Hoy más que nunca,
los trabajadores y trabajadoras somos víctimas de un proceso de
“expulsión de clase”, ya que está claro que los sectores
populares no están habilitados a vivir en la ciudad sino sólo
a servir como mano de obra. Somos quienes
reproducimos diariamente la riqueza de esta ciudad y quienes la
sostenemos, pero no somos quienes discutimos su proyección en el
tiempo, su planificación ni la distribución de esa riqueza.
Mientras la
construcción de edificios ha crecido exponencialmente desde 2004, lo
que no crece es la posibilidad de acceder a la vivienda digna, segura
y de calidad y más de un tercio de la población de la Ciudad está
condenada a perder la mitad de sus salarios en alquileres (tanto
formales, como informales). Al mismo tiempo que la propiedad
inmobiliaria se concentra en manos de capitales especulativos que
“ahorran” en ladrillos, se hacinan cientos de miles de
trabajadorxs en villas y asentamientos y otrxs miles deben mudarse al
conurbano por no poder cubrir siquiera un alquiler allí. El proceso
territorial del neoliberalismo urbano complementa a las políticas de
precarización laboral, despidos, topes salariales e inflación que
integran la ofensiva del capital contra la clase trabajadora.
Las políticas de
mercantilización y sacrificio del suelo son la columna vertebral del
desarrollo urbano de la ciudad de Buenos Aires, contribuyendo al
saqueo, la dependencia y la creciente desigualdad de nuestro país,
pudiendo ubicar todo esto en igualdad de condiciones con la
depredación del suelo, los recursos naturales y la destrucción de
la naturaleza que las mineras, las petroleras o las empresas sojeras
desarrollan en todo nuestro territorio con el objetivo de maximizar
sus ganancias.
A la ciudad para pocxs, debemos responder con mayor organización
La CTA Autónoma de
Capital Federal tiene desarrollo en todo el territorio de la ciudad,
debido a la diversidad de áreas en las que actúa. Por ese motivo,
creemos que es posible afirmar que somos un espacio político con el
derecho y la capacidad de ser un interlocutor válido ante el poder
estatal para representar los intereses de la clase trabajadora.
No le huimos al
debate político, sino que lo fomentamos para ampliar la
organización. Del intercambio de ideas y razonamientos, surgen
propuestas enriquecidas porque la discusión
que se abre es cómo construir una Buenos Aires alternativa, digna de
ser vivida, pensada desde y para las mayorías populares. Garantizar
el Derecho a la Ciudad, desde la profundización de la democracia
real y participativa para la construcción
de poder popular. Al poder económico que
ostenta una minoría y con el cual planifica y se apropia de los
recursos y espacios de la Ciudad, se le debe contraponer un poder
democrático que ponga freno y altere la correlación de fuerzas en
favor de una redistribución equitativa de los mismos.
En un contexto de
elecciones, asumimos el desafío de dar un salto cualitativo en
nuestra organización y hemos convocado a nuestra militancia para
debatir fraternalmente y desde las diversas identidades partidarias e
ideológicas que nos cruzan. Desde la autonomía y la democracia, nos
reconocemos como un espacio de discusión política en donde podemos
encontrarnos quienes queremos defender y ampliar los derechos de la
clase trabajadora. Por eso, nuestro horizonte fue el de construir una
propuesta política que sintetice las necesidades y anhelos de la
clase para vivir dignamente en la ciudad de Buenos Aires.
Apostamos al
gobierno de cercanía y la implementación del presupuesto
participativo, a la construcción y participación en las asambleas
barriales que luchan contra la especulación inmobiliaria y la
pérdida de
espacios públicos. Creemos necesario profundizar la organización de
lxs trabajadorxs para la defensa de aquellos derechos que garanticen
una calidad de vida digna y pensar las ciudades como espacios de
convivencia e interacción, de construcción colectiva para un
desarrollo humano en armonía con la naturaleza. En esta línea,
presentamos a continuación, encarnando las mejores tradiciones del
movimiento social y sindical argentino, las Propuestas Para el Buen
Vivir en la Ciudad. Lo hacemos desde una impronta sin duda
preliminar, sobre la cual estamos dispuestos y dispuestas a construir
canales de articulación con otras organizaciones para poder
llevarlos adelante, con la convicción de que la profundización del
debate participativo y fraterno nos permitirá enriquecer las mismas.
El país y el contexto social en el que debe estar inserta la Ciudad
Toda discusión
sobre lo que ocurre en un distrito en particular, exige definir el
escenario en que se enmarca, el cual comprende sin duda a las
cuestiones sociales y del contexto nacional. Esto es doblemente
necesario cuando el distrito del que se trata es la Ciudad de Buenos
Aires, sede de los tres poderes nacionales, caja de resonancia de las
disputas sociales que envuelven al país todo y distrito con el mayor
presupuesto de la Argentina. Todo esto se reflejó en los debates
entre compañeros y compañeras, donde se estableció que:
La CTA-A Capital
propugna la Nacionalización de los Servicios Públicos con control
de lxs trabajadorxs. A su vez, exige la detención del
desfinanciamiento del Estado (Fondo de Garantía y Sustentabilidad,
aportes patronales, evasión de empresarios), así como la revisión
y discusión sobre el sistema impositivo y la Ley de entidades
financieras vigente, para asegurar el rol social de la banca pública.
Con respecto al
trabajo y la política salarial, deberán garantizarse paritarias
libres sin techo y establecerse el Salario Mínimo, Vital y Móvil
igual a la Canasta Básica oficial para todos los trabajadores y
trabajadoras. Al mismo tiempo, exigimos la suspensión de todos los
despidos, tanto en el ámbito público como privado.
Se hace además
imprescindible la defensa de la Soberanía Nacional, tanto en materia
territorial como industrial e intelectual. Por eso, reivindicamos la
integridad del suelo argentino, exigimos la reactivación de la
Industria Nacional y la protección y fomento a la comunidad
científico-técnica nacional.
Por último,
rechazamos la deuda externa por ser ilegítima e ilegal y exigimos la
suspensión de su pago hasta tanto no se realice una auditoría que
determine qué corresponde pagar y qué no. La deuda es con la clase
trabajadora, que se desangra día a día mientras un sector minúsculo
de la sociedad se lleva las riquezas al exterior.
El Trabajo en la Ciudad
A pesar de ser la
única Central de trabajadores y trabajadoras con ámbito exclusivo
en la Ciudad, la CTA-A Capital no cuenta actualmente con un
interlocutor estatal válido en su ámbito de actuación, como sucede
en cualquier jurisdicción de los gobiernos provinciales. Por este
motivo, reclamamos imperativamente la creación de ámbitos de debate
para los temas de la Central, en la Subsecretaría de Trabajo de la
Ciudad.
A fines de 2018 casi
el 8% de la población de la ciudad de Buenos Aires se encontraba
desocupada. Al mismo tiempo, el 72% de los puestos laborales giraban
en torno a la producción de servicios. Por supuesto, la masa laboral
que se desempeña en estos sectores no es exclusiva de la ciudad sino
que se compone también por decenas de miles de trabajadores y
trabajadoras que ingresan diariamente para producir aquí las
increíbles riquezas que caracterizan a Buenos Aires.
Por este motivo,
creemos que es necesario proteger las fuentes laborales existentes
teniendo en especial consideración la profundización del control de
las condiciones de salud, higiene y seguridad en los espacios de
trabajo -porque trabajar no debe ser un peligro- y diseñar políticas
para la generación de empleos dignos y de calidad de cara al futuro,
principalmente en el rubro de los servicios, así como la
contratación de cooperativas.
En este marco,
proponemos el desarrollo de políticas públicas contra el empleo no
registrado y a favor de la regularización del trabajo ambulante,
porque trabajar no es un delito y debe ponerse fin a la
criminalización de la venta ambulante. Para lxs trabajadorxs con
Salario Social se debe aprovechar la
formación ya realizada para puestos de trabajo formales, apoyar y no
obstaculizar los emprendimientos y proyectos autogestionados, así
como reconocer formalmente a las Tareas Comunitarias.
Al mismo tiempo, es imperioso regular la llamada «economía de
plataformas» para ponerle un límite al nuevo modelo laboral de
precarización que pretende instalarse en nuestro país.
Garantizar el reconocimiento salarial y
la capacitación del trabajo que miles de mujeres desarrollan
diariamente en cada barrio, en tareas comunitarias. Lo que se
disfraza como “amor” o “solidaridad» en el trabajo de
cuidado en merenderos, comedores, refugios para mujeres, lesbianas,
trans, travestis y no binaries y otros espacios, en realidad es
trabajo no pago.
Como un tema
particular, pero no por ello menos importante, exigimos el
reconocimiento de lxs Licenciadxs en Enfermería, en Bioimágenes, en
Biotecnología y en Instrumentación Quirúrgica como Profesionales
de la Salud.
Implementar políticas que garanticen
el derecho al trabajo de las Personas con Discapacidad, así como el
cumplimiento de la normativa que establece un cupo laboral del 5% en
el sector público.
Implementar definitivamente las
licencias con perspectiva de Género para toda la planta de
trabajadorxs del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, a partir de
esto, desplegarlo hacia el sector privado.
Por último,
sostenemos que es posible combatir el hambre que golpea a los
sectores sociales más vulnerables, mediante la actualización de los
Salarios Sociales Complementarios y la creación del Salario
Previsional Complementario -destinado a adultxs mayores-, hasta
alcanzar el costo de la Canasta Básica
Alimentaria medida por la Dirección
General de Estadísticas y Censos de la Ciudad.
El hábitat en la Ciudad
Partimos de
considerar el derecho a la vivienda como un derecho humano ya que es
imposible desarrollarse en sociedad plenamente sin disponer de un
techo. La vivienda debe ser considerada como un bien social y no como
una mercancía o el ahorro de los ricos. Para esto, se vuelve
imprescindible contar con un Ministerio de la Vivienda en la ciudad
de Buenos Aires.
Casi la mitad de las
familias alquila la propiedad en la que habita por lo tanto deben
impulsarse políticas en protección de lxs inquilinxs y para que la
adquisición de una vivienda no sea un imposible sino un objetivo
alcanzable para las familias trabajadoras. En este marco, es
necesario regular con mayor precisión el mercado inmobiliario y
rediscutir la Ley de Alquileres vigente, extendiendo la duración de
los contratos para evitar la amargura de tener que buscar casa cada
dos años y ampliando las garantías del Banco Ciudad también para
lxs trabajadorxs informales. Al mismo tiempo, implementar la
separación entre el Impuesto Inmobiliario y el ABL, de manera tal
que lxs inquilinxs no se vean obligadxs a pagar un impuesto
correspondiente a lxs dueñxs y que, en los hechos, nunca es
reintegrado.
Cuando decimos que
la vivienda no es una mercancía, es porque en la ciudad de Buenos
Aires existen miles de inmuebles vacíos mientras la población en
las villas crece a cada minuto y cientos de familias son amenazadas
con el desalojo. Ante esta situación, priorizamos el derecho de las
personas, por eso decimos que hay que frenar los desalojos y crear un
impuesto a las viviendas ociosas, de manera tal que se vuelquen al
mercado inmobiliario. Así, más viviendas estarán disponibles y
permitirán la disminución de los valores siderales que se pagan hoy
por alquileres. Con el dinero recaudado por este impuesto es posible
financiar políticas destinadas al acceso a la primera vivienda o la
implementación de viviendas transitorias para población en
situación de calle.
Llevar adelante las
obras públicas de adecuación del espacio público necesarias para
garantizar la circulación y accesibilidad a edificios e
instituciones, así como a los diversos medios de transporte
existentes. Esto también debe aplicarse en lo que refiere a las
viviendas, asegurando la disponibilidad de casas y albergues
accesibles.
En los últimos
años, Buenos Aires sufre un proceso de remate de sus tierras
públicas. Bajo la excusa de obtener recursos para obras, lo que en
realidad se esconde es la entrega de lo público -de todos- a las
empresas privadas de construcción, que son las mismas que luego
tienen edificios vacíos mientras las familias se apiñan en
habitaciones de 5×5 mts. Por esto, sostenemos que es urgente
suspender la venta de tierras públicas y llevar adelante una
auditoría de las tierras entregadas en concesión en las últimas
dos décadas. A su vez, impulsar una política de adquisición de
tierras e inmuebles por parte del Estado, para recuperar así la
riqueza colectiva que se ha perdido en este tiempo.
Cientos de miles de
personas habitan las villas y asentamientos de nuestra ciudad, las
cuales crecen día a día. Los discursos de urbanización de estos
barrios populares
están pensados desde el negocio de la obra pública y no desde las
verdaderas necesidades y derechos de quienes viven en ellos. Por eso,
creemos que todo proceso de urbanización debe realizarse con
participación genuina y control ciudadano de las obras, por ejemplo
incorporando a veedorxs comunitarixs en las obras públicas
garantizando la paridad de género en su contratación.
Con menos de 6 mts2
de espacios verdes por habitante y mientras avanza el cemento como
una marea, el derecho a disfrutar del aire puro y los espacios de
ocio ha sido dejado de lado por parte del gobierno. Por eso,
proponemos la implementación de una política
de puesta en valor, adquisición y
protección de los
espacios verdes
públicos en la ciudad.
A este combo de
tierra para empresas y déficit de viviendas y espacios públicos,
debemos agregarle la insuficiente red de infraestructura de servicios
públicos de agua, cloacas, gas y electricidad. Este problema agobia
fuertemente en los barrios populares y se agrava mientras las torres
de edificios siguen construyéndose en terrenos con conexiones
residenciales. Todo esto se complementa con el nuevo Código
Urbanístico, que proyecta una Buenos Aires para 6 millones de
personas aunque nunca detalla cómo podría ser esto posible. En
realidad, el nuevo Código es el comodín para que las
desarrolladoras inmobiliarias sigan destruyendo la ciudad y
cementando nuestros derechos, por eso es necesario derogar el Código
Urbanístico y discutir nuevamente con la participación plena de la
sociedad.
La Salud en la Ciudad
Reafirmamos que la
salud es un derecho humano, por lo tanto el Estado debe garantizar el
acceso a la salud pública, gratuita y de calidad. Para que esto
ocurra, se vuelve urgente incrementar las partidas presupuestarias
destinadas a los salarios del personal de salud (en todas sus
escalas), los recursos destinados a la incorporación del personal
suficiente para cubrir las necesidades de vacantes que el sistema
exija, así como también los recursos que permitan equipar todos los
efectores de la red de Salud Pública con insumos, medicamentos y
tecnología de punta para elevar la calidad de atención.
Defender la salud
pública en la ciudad implica también rechazar rotundamente la
construcción del Complejo Hospitalario Sur, en donde se concentrarán
cinco hospitales -Muñiz, Curie, Udaondo, IREP y Ferrer- en terrenos
del hospital Muñiz, sólo con el objetivo de vender los terrenos de
los otros cuatro hospitales para emprendimientos inmobiliarios. Con
este Complejo, los cuatro hospitales que se mudan se constituyen en
Institutos de menor jerarquía, lo que implica el cierre inminente de
servicios completos, la pérdida de puestos de trabajo, de categorías
y estructuras que hoy representan condiciones de trabajo
fundamentales para miles de trabajadorxs.
Lo mismo cabe decir
sobre el proyecto de centralizar en un sólo predio a los hospitales
Tobar García, Borda y Moyano, golpeando ferozmente al derecho a la
Salud Mental. Por esto, exigimos la obligatoriedad de la aplicación
de la Ley de Salud Mental y la creación de casas de medio camino
para personas con estas problemáticas.
En nuestras
barriadas, las adicciones están generando un genocidio silencioso
sobre nuestra juventud. Por eso, es urgente el diseño e
implementación de políticas que aborden la problemática de las
adicciones desde los efectores de la Salud Pública, de manera
integral teniendo en cuenta aspectos como contención,
rehabilitación, reinserción laboral y seguimiento.
Proteger
integralmente a la población con discapacidades, generando políticas
para asegurar el real acceso a las prestaciones complementarias
-ayudas económicas, dispositivos de apoyo, contención psicológica,
ortopedia, entre otros- y la ampliación de establecimientos públicos
dedicados a la rehabilitación.
Prevenir es mejor
que curar, por eso deben impulsarse políticas de concientización y
capacitación en los barrios y escuelas sobre enfermedades de
transmisión sexual, como el VIH y la sífilis, teniendo en cuenta
que las estadísticas señalan su constante crecimiento. Plena
vigencia e implementación de la Ley de Educación Sexual, así como
garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y la Interrupción
Legal de Embarazos (ILE).
Como sociedad, nos
debemos una reconceptualización de los cuidados como problema
colectivo y social, sacándolos del espacio privado y familiar para
posicionarlos en la categoría de los Derechos Humanos. Por eso,
sostenemos la necesidad de garantizar el derecho al cuidado y
asistencia de calidad, principalmente para niños, niñas, personas
con discapacidad y adultxs mayores, mediante la capacitación y
reglamentación de esta tarea, implementándolo en todas las comunas
de la Ciudad.
Abordaje integral de
la violencia de género que afecta a mujeres, lesbianas, trans,
travestis y no binaries, para fortalecer a estas personas y
proponerles estrategias que les permitan una vida libre de violencia.
Esto debe complementarse con garantizar los cupos laborales
correspondientes para mujeres, trans, travestis y no binaries.
Implementación de la Ley Micaela (de
capacitación en Género) en todos los ámbitos del Estado y fomentar
su debate para el sector privado. Subsidios a víctimas de violencia,
acceso de manera prioritaria a programas de vivienda que les permitan
salir de hogares donde están en riesgo.
La Educación en la Ciudad
La Educación es el
principal pilar sobre el que se construyen los pueblos emancipados
porque a un pueblo consciente no se lo puede dominar, por este motivo
reafirmamos que debe ser pública, gratuita y de excelencia. En la
mejor administración de los recursos existentes, deben disminuirse
los subsidios a la educación privada y reorientar los mismos hacia
el sistema público de educación.
Para garantizar la
educación a nuestra población es necesario disponer de todas las
vacantes necesarias, en todos los niveles existentes: desde nivel
inicial (45 días), hasta la educación de adultos. Esto significa
destinar los recursos económicos necesarios para la puesta en valor
de las escuelas y jardines existentes, así como para la construcción
de todos los establecimientos educativos que hagan falta. En este
marco, adquirir definitivamente los inmuebles donde hoy funcionan
jardines y escuelas, terminando con el drenaje mensual de recursos
que implica el alquiler actual los mismos.
Así mismo, es
necesario asegurar el acceso efectivo al traslado de vacantes en
escuelas públicas para lxs hijxs de personas que se ven obligadxs a
mudarse por razones de seguridad ante situaciones de violencia de
género.
Más del 10% de la
población de la ciudad dispone de alguna discapacidad. Sin embargo,
sólo una minúscula parte de ellxs participan en la vida política y
ciudadana debido al desconocimiento de las mismas personas respecto
de sus derechos. Por eso se vuelve necesario implementar campañas de
difusión y concientización sobre la temática y los derechos
específicos que permiten alcanzar un plano de igualdad con el resto
de la población.
En torno a la
inclusión educativa de alumnxs con capacidades diferentes, es
necesario eliminar las barreras arquitectónicas en los
establecimientos educativos, garantizar la suficiencia de
profesionales docentes idóneos en discapacidad y actualizar las
adaptaciones curriculares y la tecnología según tipo de
discapacidad. A su vez, ampliar la disponibilidad de Gabinetes de
Orientación Pedagógica en los establecimientos y concurrencia
parcial de maestrxs de apoyo.
Debe limitarse la
proliferación de los Centros de Primera Infancia (CPI), los cuales
no son instituciones educativas sino espacios de contención social
para niños y niñas desde los 45 días, constituidos por
organizaciones de la sociedad civil y financiados por el Estado. En
contraposición, deben mantenerse los Jardines Maternopaternales y de
Infantes existentes, así como crearse nuevos en atención a la
demanda de vacantes en esta franja de edad.
Avanzar en un
proceso de extensión de las jornadas educativas, garantizando la
disponibilidad de vacantes suficientes en Jornada Completa para
aquellas familias que así lo soliciten. Esto implica también la
disponibilidad de Comedores en todos los establecimientos públicos,
garantizando así el acceso a la alimentación a través de viandas
saludables y nutritivas.
Al igual que en el
ámbito de la Salud, se requiere la actualización salarial del
personal docente y auxiliar de la educación, así como el
reconocimiento pleno de la Educación Pública Popular brindada por
los Bachilleratos Populares -con toda su planta de educadorxs.
Porque garantizar la
educación pública implicar asegurar su real acceso, sostenemos la
necesidad de ampliar el Boleto Estudiantil en la ciudad, para todos
los niveles educativos y para el personal docente y auxiliar de la
educación que se desempeña en las instituciones públicas de
educación y los Bachilleratos Populares.
Rechazamos la
implementación de la UNICABA, por ser una política que atenta
contra la diversidad y el pensamiento crítico en la formación
docente, así como también busca generar negocios privados con los
inmuebles donde funcionan los actuales Profesorados. Exigimos su
derogación y la asignación de recursos para la puesta en valor de
sus instalaciones y la adquisición de materiales y tecnología para
brindar una mejor calidad formativa a la comunidad docente.
Los Derechos Humanos en la Ciudad
Habitamos la ciudad
en la cual se han desplegado las peores represiones a las
movilizaciones populares de los últimos años, en una clara
intención de infundir terror, perseguir y criminalizar a aquellxs
que deciden luchar por los derechos de todxs. Rechazamos esta
política represiva, que va atada a un constante crecimiento del
presupuesto destinado a equipar a las fuerzas de seguridad como si
libraran una guerra contra la clase trabajadora. Más presupuesto
para salud y educación, en lugar de balas y gases.
Porque estamos
convencidxs de que no hay mayor crueldad que culpar a nuestrxs hijxs
de los problemas que nosotrxs -personas adultas- generamos y no
sabemos cómo resolver, rechazamos la baja de la imputabilidad. La
delincuencia juvenil es consecuencia de la destrucción de los
hogares por medio de la desocupación, la pobreza y las drogas. A lo
largo de nuestra historia, este tipo de delincuencia disminuyó
cuando se pudieron garantizar los derechos básicos de salud,
educación y alimentación a lxs niñxs y adolescentes.
Somos protagonistas
en la defensa de los Derechos Humanos, impulsando y acompañando los
juicios y las políticas por Memoria, Verdad y Justicia y lo
seguiremos haciendo junto a los organismos de Derechos Humanos.
Estamos convencidxs que sólo aumentando la capacidad de respuesta colectiva de la clase trabajadora, podremos resistir la mercantilización de la vida que nos impone el capitalismo, frenarla y revertirla con un proyecto en unidad que ponga a la ciudad, su presupuesto y su infraestructura, al servicio de la clase trabajadora y los sectores populares.
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, junio de 2019
