El viernes 14 de junio los trabajadores brasileños realizaron el primer paro nacional desde que tuvo inicio el gobierno Bolsonaro. Convocado por varias centrales sindicales, el objetivo del paro fue protestar contra la reforma previsional, los ayustes en el presupuesto del área de la educación y reivindicar por más empleo.
* Elaine Amorim1 1 Socióloga brasileña.
Esa huelga general ocurrió en una
coyuntura marcada por varias movilizaciones sociales. Especialmente a
partir del mes de mayo, millares de personas salieron a la calle para
protestar contra la política de ayuste en la educación, propuesta
por el Ministro de la Educación. Si no fuera suficientemente
impactante el congelamiento – por veinte años – de las inversiones
públicas en áreas como la educación y la salud, aprobado durante
la gestión de Michel Temer, el nuevo gobierno realizó un corte de
30% del presupuesto destinado a todo el sistema educativo, incluyendo
desde la educación infantil hasta el posgrado. El impacto de esa
medida llevó trabajadores de la educación, estudiantes y otros
sectores sociales a realizar, el 15 de mayo, una movilización
multitudinaria en todo el país, que se repitió, no con la misma
dimensión, el 30 de mayo.
La lucha en defesa de la educación
parece ter conseguido reunir sectores de diferentes orientaciones
político-ideológicas, que lograran que el gobierno retrocediera,
reponiendo el 21% del corte. Sin embargo, poco después de la primera
manifestación, el propio presidente convocó sus electores a salir a
las calles para defenderlo de la oposición. La movilización de sus
apoyadores, a pesar de no haber sido multitudinaria o contado con la
presencia de todos movimientos de derecha, fue así mismo expresiva,
ocurriendo en 156 ciudades del país. Además de la demonstración de
apoyo al presidente, en algunos lugares los participantes
reivindicaron el cierre del Congreso Nacional, Senado y Suprema
Corte, para que así el gobierno consiga realizar una renovación en
la política.
Al mismo tiempo, la huelga general se
produjo en una coyuntura económica marcada por fuertes
incertidumbres. Los datos del DIEESE (Departamiento Intersindical de
Estadísticas y Estudios Socioeconómicos) indican una desaceleración
de la producción industrial, de las ventas del comercio y una
reducción de los servicios. En relación al mercado de trabajo el
fenómeno más importante sigue siendo el desempleo, que permanece en
niveles altos desde 2016. Para se tener una idea, en el primer
trimestre de 2019 había 13,4 millones de desocupados (12,7%) en
búsqueda activa por un empleo1
y estos números son aún mayores se incluimos los desocupados que
dejaron de buscar trabajo por falta de oportunidades adecuadas; en
ese caso los registros indican una tasa de casi 16% de desocupación2.
Otro aspecto grave es el aumento de la
pobreza y la reducción de la renta de los trabajadores. Para el
economista Waldir Quadros, en el último trimestre de 2018, el 80% de
los trabajadores ocupados, o sea, alrededor de 74 millones de
personas, podrían ser caracterizadas como pobres teniendo en cuenta
sus ingresos promedios: la mitad, o sea, 40%, tenía un ingreso
promedio máximo de R$920,00 reales (alrededor de P$9.800 pesos),
mientras lo de la otra mitad (40%), que para algunos investigadores
correspondería a la clase media baja, su promedio máximo era de
R$1.700 reales (alrededor de P$18.000,00)3.
En los últimos cinco años los
trabajadores de la mayoría de los sectores de actividad sofrieron
pierdas reales de sus sueldos. Ese cuadro podrá agravarse
considerando los efectos del aumento de la informalidad y la
interrupción de la Política de Valorización del Salario Mínimo.
Esa política, considerada una conquista del movimiento sindical
implementada durante el gobierno Lula, tuvo un reflejo positivo en
los sueldos y jubilaciones de los trabajadores, pues reponía las
pierdas inflacionarias y concedía aumento real de acuerdo con el
crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) en al año anterior.
Todos esos aspectos de la coyuntura dan
una idea de cómo las condiciones de vida y trabajo de las clases
trabajadoras vienen siendo impactadas desde que se inició la crisis
económica y política en Brasil. Ese impacto puede ser todavía más
profundizado caso sea aprobada la reforma previsional que se
encuentra en proceso de discusión. Esa reforma es una de las medidas
centrales de la agenda neoliberal y sus defensores la están
presentando a la población como una medida fundamental para promover
el crecimiento económico, la reducción del desempleo y de la
desigualdad social, con base en el argumento de que el sistema
previsional público es deficitario y sería necesario acabar con
privilegios recibidos por una parte de la población. Sin embargo,
varios especialistas tienen contestado la idea del déficit y
propuesto formas de incremento de la receta del sistema que no
perjudiquen a los trabajadores, como por ejemplo, el combate a las
diversas formas de evasión de impuestos por parte de empresas, así
como la realización de una reforma tributaria que tribute a las
grandes fortunas.
De acuerdo con las reglas vigentes en
Brasil el trabajador urbano del sector privado puede jubilarse por
edad o por tiempo de aportes al sistema de seguridad social. En el
caso de la jubilación por edad, es necesario haber aportado por 15
años y alcanzado la edad mínima de 65 años (hombres) o 60 años
(mujeres). El valor de la jubilación es calculado con base en el
promedio de 80% de los mayores sueldos cobrados y los 20% menores son
descartados. Esa es la principal forma por la cual la mayoría de los
brasileños acceden hoy a la jubilación, debido a las dificultades
que enfrentan para comprobar 20 años de aportes, sobretodo se están
expuestos a los trabajos informales y a la alta rotación,
características del mercado de trabajo brasileño. Para
ejemplificar, 56% de los hombres y 74,82% de las mujeres jubilan por
edad, ya que no consiguen aportar más que 5 meses por año4.
A pesar de esos aspectos, la reforma
que está actualmente en discusión (después de haber sido debatida
y alterada parcialmente la propuesta original del gobierno
Bolsonaro), aumentará el tiempo de contribución de los hombres,
pasando de 15 para 20 años de aportes, y la edad mínima femenina
de 60 años para 62 años (manteniendo los 15 años de aportes) para
acceder a 60% del valor parcial de la jubilación; mientras para
acceder al valor integral, o sea, al 100%, será necesario comprobar
40 años de aportes! Además, el cálculo del valor de la jubilación
pasará a considerar el conjunto de los sueldos cobrados por el
trabajador durante su vida laboral, y no sólo los mayores sueldos,
lo que va consecuentemente reducir el valor del beneficio.
Ya la otra forma por la cual es posible
acceder a la jubilación, que consiste en el tiempo de contribución,
o sea, 35 años de aportes (hombres) y 30 años (mujeres), dejará de
existir. Considerando que en Brasil el 34% de los hombres y 45% de
las mujeres de las ciudades empiezan a trabajar antes de la edad de
15 años, la retirada de esa modalidad de acceso a la jubilación y
la imposición a esos trabajadores pobres de cumplir la edad mínima
los llevarán a trabajar muchísimos años más.
Otra medida con serias consecuencias
negativas es la descontitucionalización de los derechos
previsionales, la cual consiste en retirar del ámbito de la
Constitución parámetros de funcionamiento del sistema previsional
para someterlos a legislaciones infraconstitucionales, que pueden ser
alteradas con mucho más facilidad. Eso abrirá la posibilidad a
muchas modificaciones, realizadas de acuerdo con los intereses de
cada gobierno o mismo sin el debate que involucran las alteraciones
en la Constitución, causando mucha inseguridad a los trabajadores en
relación a los beneficios que podrán obtener.
Estas y otras alteraciones propuestas
por la reforma previsional comprometerán el carácter protector y
el acceso a ese derecho social tan fundamental. La reforma pondrá en
riesgo la protección social necesaria para prevenir las
vulnerabilidades características de esa etapa de la vida, que es la
vejes. La posibilidad de la trabajadora y del trabajador disfrutaren
de su propio tiempo, sin las obligaciones y la disciplina que
implican el trabajo cotidiano ejercido durante toda sus vidas, será
postergada para un futuro inalcanzable o, en lo mejor de los casos,
muy distante, cuando ellos ya no tendrán mucho más tiempo de vida y
disposición física.
Del mismo modo, la propuesta de aumento
de la edad mínima de las mujeres desconsidera que ellas trabajan
mucho más horas que los hombres, una vez que ejercen sus actividades
profesionales, el trabajo doméstico y los cuidados de la familia. La
reforma va a contramano de una política que asegure un tratamiento
de género más igualitario, incluso se consideramos que el
empeoramiento de las condiciones de vida en la vejes van a afectar
duplamente a las mujeres, que siempre fueron y siguen siendo las
responsables por el cuidado y acompañamiento de los ancianos, aunque
ellas mismas sean también ancianas y necesiten de cuidados.
Por eso, la convocatoria del recién
paro nacional fue motivada especialmente en defensa del actual
sistema jubilatorio. Los profesores, metalúrgicos, petroleros,
bancarios y trabajadores del sector de transportes fueron las
principales categorías que participaron activamente de las
movilizaciones.
De acuerdo a la nota emitida en coyunto
por diez centrales sindicales que convocaron al paro, entre ellas las
dos principales, CUT (Central Única de los Trabajadores) y Fuerza
Sindical, la movilización atingió 45 millones de trabajadores. Por
la nota no es posible saber cuántos trabajadores adhirieron
efectivamente a la paralización y cuántos no trabajaron por haber
encontrado dificultades para llegar al trabajo debido a la
paralización de los transportes. Esa diferenciación es importante
porque las condiciones desfavorables de la coyuntura actual tienen
efectos sobre las condiciones de lucha. Por ejemplo, en un escenario
de desocupación, el miedo de un despido tiende a dificultar la
movilización y adhesión de los trabajadores, especialmente del
sector privado. De todo modo, la cuantidad estimada por las centrales
coloca esa huelga entre las más grandes ya realizadas en el país. A
título de comparación, hasta entonces la huelga general más grande
de la historia de Brasil ocurrió, en abril de 2017, cuando 35
millones de trabajadores de todos los estados y del Distrito Federal
no trabajaron en protesto contra la reforma laboral presentada por el
gobierno Temer.
Si bien las luchas en defensa de la
educación realizadas semanas antes por varios movimientos sociales
contribuyeron para la construcción de la huelga general del 14 de
junio, contribuyó también la articulación que ocurrió entre las
diez centrales sindicales en la organización de esa paralización.
Cabe destacar que, por primera vez en la historia del sindicalismo
brasileño esas centrales realizaron conjuntamente un acto unificado
en el Día del Trabajador (el 1º de mayo), lanzando, en ese día, la
convocatoria a la huelga. Es importante percibir el significado de
esa articulación, una vez que esas organizaciones sindicales tienen
diferentes posicionamientos político-ideológicos, que se refleten
en las formas de lucha, en su disposición o recusa a negociar junto
al gobierno y en sus proyectos políticos. Para entender esas
diferencias, un buen ejemplo fue el posicionamiento divergente
asumido en el contexto del impeachment, en lo cual algunas centrales
fueron a favor de la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff,
otra parte contra y una, en específico, adoptó el lema de “que se
vayan todos”.
El análisis de las investigadoras
Andréia Galvão y Paula Marcelino nos ayuda a entender esas
articulaciones más recientes en el movimiento sindical brasileño.
Al analizaren el posicionamiento del sindicalismo frente al golpe de
2016, ellas argumentan que el proceso de impeachment dejó el
sindicalismo en la defensiva en relación a las políticas nacionales
y las negociaciones con las empresas. A medida que se ampliaron los
ataques a los derechos de los trabajadores, en el gobierno de Michel
Temer, hubo un cierto “realineamiento” entre las centrales
sindicales. Con eso, ocurrió un aumento de las manifestaciones
sindicales, entre 2016 y 2017, convocadas por casi todas centrales.
Sin embargo, conforme las autoras destacan, “(…) la ausencia de
una estrategia unificada frente al golpe y a las reformas fragilizó
las posibilidades de resistencia sindical5”.
Esa fragilidad puede ser observada en la dificultad que el
sindicalismo encontró para frenar varias reformas. Un ejemplo fue
la huelga nacional de abril de 2017, pues, a pesar de su importancia,
no consiguió impedir la aprobación de la reforma laboral.
Esa dificultad sigue presente en la
coyuntura actual considerando que la aprobación de la reforma
previsional es algo inminente. En ese sentido, Brasil vive un
contexto político y económico bastante difícil, en lo cual las
clases trabajadoras, el movimiento sindical y popular tienen sufrido
pierdas enormes. Sus movilizaciones son fundamentales como formas de
resistencia e intervención en la escena política, como también
para la organización y formación de los trabajadores; sin embargo,
ellas no tienen sido suficientes para impedir el avance de la
destruición de inúmeros derechos sociales y laborales. La
aprobación de la reforma previsional, una vez que se concretice,
significará una gran derrota para los trabajadores, así como
representará un enorme retroceso social, a medida que contribuirá
todavía más para la histórica y estructural desigualdad social que
caracteriza el país. Son muchos los desafíos que el sindicalismo y
los movimientos populares brasileños tienen adelante.
1
IBGE. Desemprego sobe para 12,7% com 13,4 milhões de pessoas em
busca de trabalho. 2019. Disponible en:
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24283-desemprego-sobe-para-12-7-com-13-4-milhoes-de-pessoas-em-busca-de-trabalho>.
Accedido en: 21 jun 2019.
2
DIEESE. A economia brasileira em marcha lenta. Boletim
de Conjuntura, Dieese, São Paulo, n.
18, maio 2019, p. 5-7. Disponible en:
<https://www.dieese.org.br/boletimdeconjuntura/2019/boletimConjuntura018.html>
Accedido en: 21 jun 2019.
3
FACHIN, Patricia. É asustadora a bomba-relógio que temos pela
frente. Entrevista especial com economista Waldir Quadros. 2019.
Disponible en:
<http://www.ihu.unisinos.br/590032-80-dos-trabalhadores-brasileiros-sao-pobres-e-vivem-com-renda-de-ate-1-700-reais-e-assustadora-a-bomba-relogio-que-temos-pela-frente-entrevista-especial-com-waldir-quadros>
Accedido: 15 jun 2019.
4
Piketty, Thomas et al. A quem interessa aumentar a desigualdade?
Valor Econômico. 11
jul. 2019. Disponible en:
<https://www.valor.com.br/opiniao/6339199/quem-interessa-aumentar-desigualdade>.
Accedido en: 11 jul. 2019.
5
GALVÃO, Andréia; MARCELINO, Paula. O sindicalismo brasileiro
diante do golpe. In: Sayonara Grillo
Coutinho Leonardo da Silva; Lilian Balmant Emerique; Thiago Barison.
(Org.). Reformas institucionais de
austeridade, democracia e relações de trabalho.
1ed.São Paulo: LTr, 2018, v. 1, p. 93. Disponible en: <
https://www.researchgate.net/publication/325630864_O_Sindicalismo_Brasileiro_diante_do_Golpe>.
Accedido en: 09 jul. 2019.