CTA Capital – Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma

El sábado 21 de septiembre se inauguró el Contrasalón Nacional de Artes Visuales que la agrupación Facio Hebequer (nucleamiento interno de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos), XYLON Argentina Sociedad de Grabadores y la CTAA Capital, organizaron para recuperar el espíritu de lo que supo ser el gran Salón Nacional de Artes Visuales, como política de Estado.

* Por Matías Levin

Néstor Portillo, integrante de la Facio Hebequer y parte del equipo de organización del Contrasalón, aseguró que la convocatoria fue un éxito rotundo, tanto en cantidad de obras en exposición como en participación de artistas y público en general. “Verdaderamente sentimos que hemos recuperado la fecha histórica de inauguración del Salón Nacional, que siempre fue el 21 de septiembre. La verdad es que estamos muy felices, muy contentos, porque no solo se alcanzó un muy buen nivel de participación, sino que además toda la jornada transcurrió en un clima hermoso de encuentro”, relató Portillo.

La convocatoria de hecho superó ampliamente lo esperado: Hubo casi 300 asistentes solo en la inauguración, mientras que si hablamos de números, la estructura del Salón Nacional ronda las 180 obras, y el Contrasalón organizado en CTAA logró la participación de 122 obras. Hecho que debería hacer que algunas autoridades replanteen sus políticas y abran un poco más el juego.

“Además -continúa Portillo – el evento sirvió para vincular mucho más a nuestros colegas con la CTAA Capital y con los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Cultura de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Cultura). Y fruto de las charlas que se dieron, discusiones en clave política más bien, quedó claro que la salida es con todos: nosotros los artistas, la CTA y los trabajadores de la cultura. Y eso como muestra de la unidad más amplia en todos los sentidos que la sociedad necesita, para salir de este laberinto pavoroso en que nos metió el gobierno del Pro y Cambiemos”.

“Desde este espacio estamos convencidos que solo así, con la unidad de la clase trabajadora, avanzaremos en la conciencia gremial de nuestros colegas y en los objetivos que nos proponemos: un nuevo Salón Nacional de Artes Visuales y un Estatuto Profesional del Artista Plástico, como herramienta indispensable para sacar el arte del mecenazgo y los circuitos endogámicos a los que solo una parte de los artistas y la sociedad accede, con todo lo que ello implica: los recursos, el trabajo, pero también la mirada, el relato, la crítica y el sentido de la actividad artística”.

El Contrasalón Nacional de Artes Visuales permanecerá abierto al público hasta el sábado 28 de septiembre, en el histórico edificio de la CTAA Capital en Avenida Independencia 766. La entrada es libre y gratuita.

La Biblioteca Popular Infantil «Con Ternura Venceremos» de la Casa Cultural Pepa Noia participará el próximo domingo 29 de septiembre -en conjunto con otras organizaciones e instituciones amigas- de la 16° Edición de la Feria de Juegos, organizada por Creactivar Redes Comunitarias, bajo el lema “El juego es un derecho de todes”.

La Feria de Juegos funcionará de 15 a 19 horas en la Escuela Primaria Común N° 21 Hipólito Vieytes, ubicada en Perú 946, San Telmo. La Biblioteca Popular Infantil “Con Ternura Venceremos” participará del evento en el Aula 5, de 15 a 18 horas. Allí presentará su obra de teatro y títeres “Otra Caperucita Roja”

“Esta una propuesta libre y gratuita pensada para que todes, sin importar la edad, compartamos un domingo diferente disfrutando de cuentos, juegos, música, magia, arte, merienda, cine y talleres con temas de interés comunitario para el barrio. Todos los años planteamos un eje temático. Ya pasaron “la selva” y “el carnaval” entre otros. En tiempos de adversidad, donde algunes insisten y piensan que nos pueden contar otra historia que no es la realidad, creemos necesario rescatar las formas en las que las comunidades contamos nuestras verdades.Por eso elegimos “los cuentos” como el eje de este año. Porque con historias reflexionamos sobre nuestro pasado, accionamos sobre nuestro presente y transformamos nuestro futuro. Revalorizamos las formas de contar historias para seguir peleando por el derecho a la Educación, a la Salud, a la Vivienda digna y al Juego. Jugando podemos imaginar otras realidades, fomentar la creatividad y el encuentro”, expresan desde Creactivar Redes Comunitarias.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace años se habla de la urbanización de las villas y de la inclusión de los vecinos que viven en ellas como una meta que el Gobierno porteño nunca alcanza, aunque siempre la promete. De hecho, se han realizado algunas obras públicas que quienes habitan y transitan los barrios más populares y populosos de la Ciudad denuncian como mero maquillaje, oportunismo político o negocio de amigos del poder, haciendo notar también la durabilidad de las obras, su constancia, finalización o real utilidad para los barrios.

* Por Matías Levin

La unilateralidad en la toma de desiciones, la falta de escucha a los problemas reales que denuncian los vecinos, los efectos nocivos sobre la vida y cotidianeidad de esas familias, son algunas de las realidades que se intentan modificar desde las organizaciones de los barrios a través de un proyecto de ley para garantizar una serie de derechos mínimos para las villas de la Ciudad.

El pasado jueves 19 de septiembre -convocado por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), PIUBAMAS y CTAA Capital- en el marco del Seminario de Servicios Públicos y Barrios Populares, se llevó a cabo la primera Jornada de Discusión del proyecto de Ley De Derechos Mínimos para los procesos de urbanización de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con Eva Koutsovitis, integrante del Frente de Organizaciones Salvador Herrera (FOSH) en la CTA Autónoma Capital y Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniría de la UBA, la especialista explicó que esta propuesta “se viene gestando desde hace mucho tiempo de manera colectiva desde las organizacines sociales, territoriales y desde las diferentes mesas de urbanización en cada barrio, donde se viene observando que los procesos de urbanización e integración sociourbana que se están llevando adelante presentan dificultades, no logran ser exitosos y no presentan un mismo estandar para todos los barrios”.

“Ante este panorama” -asegura Koutsovitis- “nos pareció oportuno desde la Cátedra incorporar una serie de derechos que inicialmente no habían sido contamplados en otros proyectos y para lo cual fuimos recopilando distintas propuestas y le fuimos dando forma de un proyecto de ley que establece pisos mínimos o presupuestos mínimos para poder garantizar la inclusión social y la integración urbana en estos procesos, evitando asimetrías entre las diferentes leyes particulares que tienen los barrios y también respecto a las particularidades que cada uno de estos procesos involucran”.

La CLIC, tiene entre sus objetivos construir espacios de intercambio de los distintos saberes, articular la universidad pública con los distintos sectores populares, generar ámbitos donde todos los saberes tengan el mismo valor, y para ello viene trabajando junto a las organizaciones sociales para intentar resolver el problema de la falta de agua potable, saneamiento cloacal, accesibilidad a otros servicios públicos y otras problemáticas de los barrios populares en su conjunto, buscando la integración social y urbana al resto de la Ciudad.

Este proyecto surge a partir de la observación de las fallas del sistema que se viene implementando y las diferencias que se observan en las intervenciones en cada barrio, dado que las leyes que se han ido sancionando durante la gestión del macrismo no son equivalentes y por lo tanto establecen distintos tipos de derechos.

Al respecto, Koutsovitis afirma que «actualmente hay un borrador de ley para el barrio Ramón Carrillo en el cual hemos podido incorporar la paridad de género en el porcentaje de mano de obra local que se contrate en el marco del proceso de urbanización. Ese artículo no está presente en el resto de las leyes que se fueron sancionando. A su vez, hay antescedentes en los que sí existe alguna contemplación al respecto, como en la ley del barrio Rodrigo Bueno, pero que no establece paridad sino un cupo, un porcentaje de esos puestos de trabajo para las mujeres. En el resto de las leyes ni siquiera se menciona la incorporación de las mujeres como protagonistas activas en estos procesos. O sea, se fue creciendo en los niveles de participación, en la discución y la acción, pero las leyes que se habían sancionado quedaron obsoletas en este sentido, ya que ninguna establece o incorpora perspectivas de género y para nosotros es fundamental ya que en estos barrios el 85 por ciento de los hogares son sostenidos por mujeres».

La realidad es elocuente: Si observamos el porcentaje de mano de obra que debe contratarse en el marco de estos procesos de intervención en los barrios, no contempla ningún porcentaje. Recién la que se sancionó para el playón de Fraga y Rodrigo Bueno (en marzo de 2017), incorpora un 20 por ciento de contratación de mano de obra local. Luego se sanciona la ley Nacional de Urbanización de Barrios Populares que establece que se debe contratar el 25 por ciento de la mano de obra local pero aún así no contempla género. «Por eso – interviene Koutsovitis – lo que estamos planteando es un piso de igualdad de derechos, que como mínimo incorpore ese 25 por ciento de mano de obra local y dentro de ese porcentaje la paridad de géneros».

Para la CLIC la dimensión del trabajo no ha sido incorporada en ninguna de las leyes que se han sancionado y es clave a la hora de entender la integración social y la incorporación con perspectiva de inclusión. En ese sentido, aseguran que hay muchos trabajos que se deben reconocer: todos los trabajos comunitarios que en general llevan adelante las mujeres, como son las promotoras de espacio público o de salud, las veedoras y veedores de obras de infraestructura y otras.
Como ejemplo de ello, la especialista cita que junto con la CTAA Capital y otras organizaciones se ha dictado un curso en la propia Facultad de Ingeniería de la UBA para formar más de 150 referentes comunitarios como veedores y veedoras de obras de infraestructura que esta nueva ley debe incorporar para garantizar el ejercicio de ese derecho ciudadano al control de las obras de infraestructura.

“Hay muchas dimensiones que no han sido tenidas en cuenta”, postula Koutsovitis, “en particular las que tienen que ver con el trabajo como perspectiva de inclusión e integración que para nosotros es clave. Pero otro de los aspectos que no han sido tenidos en cuenta en leyes anteriores tiene que ver con los servicios públicos, ya que estos procesos van generando progresivamente la formalización de la conexión a esos servicios. Pero entonces ¿Qué pasa con esas familias que se conectan formalmente a los servicios públicos y que no cuentan con un sistema de tarifa especial? Lo que estamos proponiendo en este borrador de proyecto de ley, es que haya un período de eximición del pago de los servicios públicos de diez años que, además, tiene caracter compensatorio ya que quien hoy vive en un barrio popular no puede elegir conectarse o no formalmente a un servicio público: el acceso le es denegado ya que el propio Estado no lleva adelante las obras para que exista siquiera esa posibilidad.”

“Por otro lado, pero en el mismo sentido, las familias que son relocalizadas en el marco de estos procesos de urbanización y se mudan a otras viviendas deben afrontar de un momento a otro una serie de gastos que incluyen, no solo el pago de servicios, sino el pago de las cuotas de esa nueva vivienda y el mantenimiento de los espacios y servicios comunes, lo que comporta un shock económico que muchas veces no tiene correlato con los ingresos familiares y va generando en realidad un proceso de expulsión oculto vajo el titulo de urbanización con inclusión”, explica la compañera.

Quien además agrega: “Otra cuestión que no fue tenida en cuenta en leyes anteriores tiene que ver con los pequeños emprendimientos productivos y económicos que tienen las familias, que no son contemplados en las relocalizaciones. Por ejemplo, aquellas familias que tenian un taller, un comercio u otro tipo de emprendimiento productivo en una parte de su vivienda, al momento de ser relocalizadas pierden toda esa infraestructura propia, limitando su economía. En ese sentido estamos proponiendo que se incorporen distintos mecanismos para poder garantizar ese tipo de ingresos en las familias. En el caso de la villa 20, en la marco de la Mesa Técnica de Gestión Participativa, se está evaluando implementar un polo textil en donde las familias del barrio tendrían prioridad. Eso a su vez habría que acompañarlo desde la Legislatura de la Ciudad con una ley de «Compre Social» que hace muchos años venimos impulsando desde las organizaciónes para que la producción resultante de estos emprendimientos, tenga un destino, que el Estado compre esta producción o le de prioridad y no siempre sea un negocio con los privados. Por todo esto, decimos que la dimensión del trabajo y del desarrollo productivo de las economías familiares en estos procesos son clave, porque de lo contrario, sin trabajo, sin sustento ni acceso a derechos básicos, no hay integración urbana posible.”

Este borrador de proyecto de ley intenta incorporar todos estos derechos, pero también contiene capítulos como diagnóstico integral, protección histórica, inejecutabilidad e inembargabilidad de viviendas, administración de nuevos consorcios gratuita, prohibición de desalojos forzozos, programas de fortalecimiento de las economias familiares y mucho más.

Todo lo discutido y evaluado en la jornada del jueves 19 durante los talleres y la posterior audiencia ciudadana junto a los y las referentes sociales de los distintos barrios, legisladores, funcionarios y candidatos, se agregará a este borrador para conformar el proyecto de ley definitivo que se presentará en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ya que resulta clave tener una ley de presupuestos mínimos que garantice un conjunto de derechos que van acordes al paradigma de lo que tiene que ver con el Derecho al Buen Vivir en la Ciudad, que esta planteado en el capítulo 1 de esta propuesta.

La agrupación Facio Hebequer, nucleamiento interno de la SAAP (Sociedad Argentina de Artistas Plásticos), XILON Argentina Sociedad de Grabadores y la CTAACapital, inaugurarán este sábado 21 de septiembre a las 12 del mediodía en la sede de la Central porteña -Avenida Independencia 766- el Contrasalón Nacional de Artes Visuales 2019. Sobre este tema habló Adrián Pandolfo, artista plástico dentro de la Facio Hebequer.

– ¿Cómo nace la idea del Contrasalón Nacional de Artes Visuales?

Ya en el año 2017 participamos junto a lo que fue el No Avalamos, como una estrategia para discutir con el Secretario de Cultura lo que es nuestro Salón Nacional y también encaminarnos hacia el Estatuto del Artista Plástico. Con respecto al No Avalamos, si bien se hizo la jornada de protesta frente a la casa del bicentenario en la inauguración del salón de la edición del año 2018, después fue quedando en la nada, entonces sentimos que teníamos la obligación de tomar el reclamo, darle continuidad y corporizarlo en algún acto para este año.

Entonces, pensamos en hacer algo creativo donde nos pudiéramos encontrar y celebrar nuestra fecha, que es el 21, día del artista plástico y día en que se inauguró el Salón Nacional. Lo que decidimos hacer es este Contrasalón Nacional, por un verdadero Salón Nacional democrático, inclusivo y federal. De este modo, lanzamos la convocatoria desde la CTAA Capital en conjunto con los compañeros de Xylon Argentina y nuestra agrupación Facio Hebequer. El Contrasalón ya es un hecho , se encuentra instalado.

– El 21 de septiembre es la Inauguración del Contrasalón ¿Cómo fueron estos meses previos de campaña de difusión y organización?

Fuimos priorizando en conjunto con los colegas y compañeros de la CTAA Capital. Queremos destacar a la Central, debido a que nos abrió las puertas y nos hemos sentido respaldados, porque han tomado una decisión política de darle el lugar que verdaderamente merece este Contrasalón.

La difusión se dio con el resto de los distintos hacedores de todo el país como para que supieran y pudieran dejar su obra y participar de lejos en esto. La convocatoria ha superado ampliamente lo que nosotros esperábamos; si hablamos de algunos números , la estructura del Salón Nacional ronda alrededor de las 180 obras, nosotros hemos logrado la participación de más de 130 obras en nuestro Contrasalón . Por lo que resulta importante destacar que estos funcionarios de Cultura puedan reflexionar y abrir el dialogo, porque está siendo visible que algo no está funcionando bien.

Nosotros por lo tanto insistimos en esto de que puedan tener una apertura al diálogo, a pesar de que ya se estarían yendo, será importante crecer, en el sentido de instalarnos como una opción para poder hablar con los nuevos funcionarios que vengan y pensar qué Salón Nacional nos merecemos todos y cómo se puede construir una política cultural por lo menos en las artes plásticas visuales más democráticas e inclusivas y que podamos ir en camino a un estatuto del artista plástico visual.

– ¿Cuáles son las expectativas que tienen respecto a esta semana que va a estar abierto el Contrasalón Nacional en CTAA Capital?

Son muchas las expectativas que tenemos, creemos que es importante que podamos trabajar con los vecinos, con las escuelas, con todos los que integran este colectivo social, en quien de alguna manera nosotros nos reflejamos y trabajamos en nuestras obras.

Vamos a estar dispuestos a acompañar a todos quienes quieran visitarnos, van a estar compañeros que van a charlar sobre las obras, algunos realizadores; tenemos la intención de que cada uno pueda también exponer su opinión, lo que piensa, cree, lo que sienten en cuanto lo que son nuestras artes plásticas.

Esta Central ha creado un centro para poder exponer. Ciento treinta obras es un número significativo y las está albergando este local de Avenida Independencia 766.

– ¿Se puede hablar de un déficit de soberanía artística hablando desde lo territorial?

El Salón Nacional tuvo distintos momentos en todo su recorrido, tiene más de 100 años y en un momento llegó a ser una verdadera fiesta donde su mayor auge lo pudo alcanzar en los años del primer Gobierno de Perón, quien entregaba en persona los premios y le daba un lugar de Estado a la producción. El salón recorría todo el país, e itineraba durante todo un año, incluso artistas premiados o integrantes del jurado acompañaban a distintas ciudades el salón, se hacían charlas, capacitaciones, los catálogos eran verdaderamente libros.

En las últimas ediciones del Salón, su duración fue de seis meses y había un número mayor a 500 obras de selección. Hoy nos encontramos con un Salón de apenas 180 obras, con una duración de no más de 30 días y solo en Capital Federal, muy acotado. Ya con el anterior Director Nacional de Artes Visuales, que ocupo su lugar durante 10, nosotros venimos reclamando. El salón cada año era recortado y derivo en lo que tenemos ahora, un salón desvirtuado, más para el show, que para la necesidad de difundir que pasa en nuestro pensamiento visual, que nuevas cosas se están produciendo, en que se está trabajando y que además pueda tener esta referencia, que no pierda su perfil federal de poder involucrar a todo el conjunto que integra este país.

La muestra podrá visitarse desde este 21 de septiembre hasta el sábado 28, de lunes a sábados de 9 a 20 horas Los esperamos, que sea una fiesta y vamos a seguir trabajando en este sentido, con estas autoridades actuales y con las que vengan.

Las últimas medidas económicas hieren de muerte el sistema jubilatorio y vuelven a allanar el camino al negocio de las AFJP. A continuación se difunde un comunicado la Secretaría de Previsión Social de la CTAA Capital.

«Las últimas medidas económicas del gobierno, además de tardías e insuficientes ante la magnitud de la crisis actual, implican un nuevo ataque a los recursos previsionales, y consecuentemente, al ya flaco bolsillo de los trabajadores jubilados. Solo nuestra presencia en las calles puede garantizar que esta situación pudiera revertirse.»

El sistema previsional bajo ataque con las últimas medidas económicas

La tercera experiencia neoliberal en la historia cercana de la Argentina parece estar llegando a su fin. Como en las anteriores de las Juntas militares y Martínez de Hoz y la de Menem, De la Rua y Cavallo, la presencia constante del pueblo, sobre todo de los trabajadores en las calles fue un factor determinante para que la aventura de rapiña del capital concentrado, no se extendiese por más tiempo. En esta etapa, las jornadas de lucha del 14 y 18 de diciembre de 2017 en contra de la reforma previsional, principalmente frente al Congreso Nacional y que comenzó a extenderse por las calles del país el 18 a la noche en el marco de una feroz represión policial y de las fuerzas de seguridad, marcó el principio del fin del gobierno de Macri. La reforma previsional pasó con la ayuda de legisladores y gobernadores de provincia cuyos nombres la memoria popular recordará, pero no pasó la reforma tributaria, ni la reforma laboral, ni la segunda etapa de la reforma previsional, ni tantas otras cuestiones que estaban en la agenda dictada por el FMI a mediados de 2017.

En esta batalla donde el pueblo y en especial los trabajadores tuvimos tantas pérdidas, los trabajadores jubilados nos vimos afectados aún por los «daños colaterales» de la reforma jubilatoria que, a pesar de marcar el hito que obturó ulteriores avances legislativos, entró ella misma en vigencia, haciendo perder muchos puntos con relación al propio deterioro del salario en general y condenando a los – pocos – nuevos jubilados a un haber inicial destrozado por la modificación en el índice de cálculo.

Cuando el régimen en retirada, después de ver la voluntad popular expresada en las elecciones primarias, intentó tirar un paliativo monetario a algunos sectores del trabajo, omitió a los trabajadores jubilados – largamente los que fuimos más afectados por el deterioro salarial – con el argumento dicho de costado a media voz, de que «total cobran el aumento del 12,22 % de septiembre», es decir unos $50 más por día para el 70 % de jubilados que cobran el haber mínimo. A unos pocos de ellos, los que no se jubilaron por «moratoria», les corresponde el «privilegio» de tener además un extra de $30 diarios durante dos meses dado la relación de su salario con el «mínimo, vital y móvil» (quedan excluidos aquellos que después de haber trabajado toda una vida «en negro» o sin remuneración igual hicieron los aportes correspondientes; se los trata como a «jubilados de segunda»).

Con respecto a las últimas medidas dominicales del gobierno, los medios y las redes enfatizan su (tardío) efecto sobre el control cambiario y la fuga de capitales. Pero en el DNU del domingo 1° de septiembre, encontramos otro golpe para los jubilados y que tiene que ver con el desfinanciamiento del ANSES y de «PAMI». En efecto en el artículo 5° del DNU 609/19, se habilita a los «tenedores de la deuda pública» afectados por el default / reperfilado, a usar esos papelitos – que posiblemente pierdan todo su valor – para la «cancelación de» sus obligaciones con el sistema previsional. Es decir, otro paso para comprometer aún más el futuro de todo el sistema jubilatorio argentino.

Dejar esta etapa nefasta y marchar hacia una sociedad más igualitaria y solidaria, implica el sostenimiento y resarcimiento hacia los más débiles, entre los que nos encontramos sin duda los trabajadores jubilados. Esto peticionamos hoy y sabemos que, por más voluntad que pongan los futuros gobernantes, continuar en las calles junto con el conjunto de los trabajadores como lo venimos haciendo, es el reaseguro para que las intenciones y proyectos puedan ser conducidos hacia su concreción.

Secretaría de Previsión Social
CTAA Capital

En la mañana de hoy los compañeros y compañeras de la Central porteña, junto a otras organizaciones sociales, se concentraron en el Obelisco y realizaron una radio abierta para explicar los motivos por los cuales exigían que las y los legisladores trataran y aprobaran el proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria para la CABA. Después, se movilizaron desde ahí hasta las puertas de la Legislatura para hacer oír su reclamo, pero a pesar de la multitud congregada, los legisladores decidieron no sancionar la Ley.

* Por Valeria Garay

“Venimos a plantear que se sancione la Ley de Emergencia Alimentaria en la Ciudad de Buenos Aires, porque en este país que está hecho de pan sigue habiendo hambre en nuestras familias. En el distrito más rico del país se han duplicado la indigencia, se ha multiplicado la pobreza, así que exigimos un tratamiento inmediato de la Ley; exigimos a todo el arco político que trate esta ley para poder asegurar un plato de comida arriba de la mesa de cada familia trabajadora. También estamos planteando la reapertura de paritarias y un bono para paliar esta situación para todos los trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires”, expresó Pablo Spataro, secretario General de la CTAA Capital desde el Obelisco, antes de comenzar a marchar.

Por su parte, Walter Córdoba, de Barrios de Pie, explicó: “Entendemos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es una isla, que la política del Gobierno Nacional influyó fuerte en la pobreza. Hay necesidad en los comedores comunitarios y entendemos que la pobreza aumentó en la Ciudad. Es importante que se apoye la ley de emergencia alimentaria y poder atender la situación de los que menos tienen”.

Al término de la radio abierta, las compañeras y compañeros de la la CTAA Capital y del resto de las organizaciones sociales, se encolumnaron detrás de una gran bandera que decía Por una Ley de Emergencia Alimentaria, para marchar por Diagonal Sur hacia la Legislatura porteña.

Al llegar, mientras una multitud se acomodaba en la esquina de Diagonal Sur y Perú -la puerta de Legislatura estaba vallada- adentro, en el recinto, el bloque oficialista insistía en afirmar que “la Ciudad no está en emergencia alimentaria”. A diferencia de lo votado en el Congreso de la Nación, la Legislatura votó en contra del proyecto de ley por 37 votos negativos, contra 18 afirmativos.

«Lamentamos que el Gobierno de Larreta se haya negado a darle tratamiento a la Ley de Emergencia Alimentaria», expresó el secretario General de la CTAA Capital, Pablo Spataro, desde las inmediaciones de la Legislatura porteña, dado el despliegue policial y vallado en el lugar que impidió a las organizaciones acercarse. «Es muy gravosa la situación que está viviendo nuestro pueblo. Creemos que lo que se ha sancionado de manera unánime en el Congreso de la Nación y abrazada por todo el arco partidario tiene que poder expresarse también en la Ciudad», concluyó el compañero.

“Valen más los intereses de los sectores concentrados de la economía. Le dijeron “no” al reclamo popular. Es por eso que no se trató sobre tablas, se votó y no se pudo alcanzar los votos necesarios para que se trate el proyecto de ley de emergencia alimentaria en la Ciudad de Buenos Aires. No importa compañeros, nosotros vamos a intentar instalar nuestra agenda social. Esto lo hacemos en el día a día, en lo cotidiano, en los comedores, los merenderos, las cooperativas y en nuestras asambleas. Esto lo único que hace es reforzar nuestra convicción, nuestros pensamientos, defender nuestros derechos y seguramente esto lo vamos a ir cambiando con unidad, con organización, con lucha y con la fuerza de todos y de todas”, expresó Walter Córdoba.

A su turno, Luciano “Tano” Nardulli, dijo: “Necesitamos que se resuelva ya el problema del hambre. Los legisladores de Cambiemos, de Macri y Larreta, no quisieron votar y se fueron. Nosotros sí vamos a votar para que se vayan Macri, que se vaya Larreta y que se vayan estos tipos que están legislando a espaldas del pueblo de la Ciudad.”

La CTAA Capital repudia el desalojo ordenado por parte del Gobierno de la Ciudad para este miércoles 18 de septiembre de las 106 familias que viven desde hace 10 años en la Casa Santa Cruz, en el barrio porteño de Parque Patricios.

En un contexto de crisis autoinflingida por el propio Gobierno, tanto nacional como local; en medio de la emergencia habitacional, alimentaria y social que ni Larreta ni Macri quieren aceptar, se ordena el desalojo de más de cien familias en pos del negocio y la especulación inmobiliaria.

La CTAA Capital expresa su solidaridad y apoyo a la lucha de las familias de la Casa Santa Cruz, cuyas propuestas jamás fueron escuchadas por autoridad alguna, más preocupados por los negocios que por el bien común.

Este fin de semana el SiTEBA realizó una reunión nacional en el local de la CTA Capital. Participaron de la misma representantes de SiTEBA de diferentes provincias del país, junto a dirigentes del ámbito nacional y de C.A.B.A. de CTAA. Los compañeros y compañeras ratificaron, en dicho encuentro, su denuncia sobre la negativa de la Secretaría de Trabajo a cumplir con lo que resolvió la Justicia.

El pasado 21 de agosto la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, notificó al ex Ministerio de Trabajo, hoy devenido en Secretaría, que en un plazo de diez días debía otorgar la inscripción a SiTEBA, resuelta por la Justicia en el año 2018. Dicha inscripción estaba siendo tramitada desde el año 2011.

Hasta el día de hoy la Secretaría de Trabajo hizo caso omiso a dicha resolución de la Justicia. “Está claro que a pesar de los cambios de gobierno, cambio de ministros y cambio de rango a Secretaria, la burocracia sindical (en este caso de la bancaria) en complicidad de los funcionarios de turno, niegan la libertad y democracia sindical garantizada por la Constitución Nacional, al extremo de incumplir hasta los mandatos judiciales. A la vista está la complicidad absoluta de la burocracia sindical, con el poder político y financiero, con el único propósito de mantener un modelo que sólo perjudica a los trabajadores quitándole derecho a elegir su forma de organizarse y sus auténticos representantes”, expresaron los compañero y compañeras de SiTEBA, quienes además agregaron: “Seguiremos insistiendo en el plano jurídico y gremial hasta que se cumpla con la legalidad y la legitimidad que reclaman los trabajadores del sector financiero que no se sienten representados por la burocracia histórica y optan por un sindicato federal, plural y democrático.”

Fuente: SiTEBA