CTA Capital – Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma

Una delegación de la CTAA Capital compuesta por José “Pepe” Peralta, secretario General Adjunto; Hebe Nely, secretaria Gremial y Nicolás Rodríguez Saá, secretario de Organización de la junta interna de ATE Cultura; junto a Agustina Grimberg, delegada de ATE y Lito López, congresal de la CTA Autónoma, visitaron ayer a las y los trabajadores de maestranza – recientemente afiliados a SITMMA-CTAA- en el Museo Nacional de Bellas Artes, luego de que afrontaran un conflicto con la patronal.

* Por Matías Levin

La empresa Moral S.A. está presente, con más de cien trabajadores, en 24 edificios que albergan museos nacionales bajo la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación. Las y los compañeros que desempeñan tareas en el Museo Nacional de Bellas Artes denuncian falta de ropa de trabajo, paupérrimas condiciones en que deben desempeñarse e irregularidades en la liquidación de haberes. A esto se suma que la empresa incurrió en la falta de pago de sueldos y aguinaldos aduciendo que el Estado Nacional no había realizado los depósitos correspondientes para el pago de dichos haberes, puesto que se encontraba en plena transición, haciendo cargo así a los trabajadores del peso de una supuesta situación de la que fueron convidados de piedra.

Al acudir al sindicato oficial, las y los compañeros denuncian que se encontraron con una postura pro patronal que los dejaba desprotegidos, donde los invitaban a la comprensión y la paciencia para con los empresarios que atravesaban tan complejo momento.

La semilla

Ante semejante situación los trabajadores y trabajadoras de maestranza del Museo Nacional de Bellas Artes se acercaron a SITMMA-CTAA (Sindicato de Trabajadores de Maestranza y Mantenimiento), donde encontraron la contención y la información sobre cómo organizarse para luchar por sus derechos. Tras algunas reuniones, la mayoría de quienes trabajan para dicha firma en los distintos edificios donde prestan servicio decidieron afiliarse al SITMMA-CTAA e iniciar una retención de tareas hasta que la empresa regularizara la situación salarial.

“Es trascendental que las y los trabajadores nos organicemos para conquistar derechos e impedir que las patronales abusen de su poder. Para eso la CTAA Capital siempre brinda su acompañamiento y apuesta a romper con el discurso anti sindical, funcional a las patronales y la burocracia que anida en ciertos sindicatos. El desafío es lograr que las trabajadoras y trabajadores sepan que su futuro depende de ellos y de la organización colectiva. Algo que se empieza a lograr con hechos como éste en el que las y los compañeros decidieron plantarse ante el incumplimiento en los pagos de haberes y lograron que se regularice la situación”, expresó Hebe Nely, secretaria Gremial, al respecto del conflicto.

Ante la presión de la organización sindical finalmente la empresa decidió pagar los salarios adeudados. Hecho que revela una decisión política empresarial tras las excusas para no pagar.
La medida de fuerza no se llevó a cabo pero la organización de los y las trabajadoras no se detendrá: el pliego de reclamos ante la empresa es nutrido y los compañeros ya se preparan para llevar adelante elecciones de delegados y delegadas que realmente representen sus intereses.

En la tarde de ayer se realizó, en el Salón Perón de la Legislatura porteña, la segunda reunión de la mesa de trabajo por la Emergencia Habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. En representación de la CTAA Capital estuvieron presentes José “Pepe” Peralta, Secretario General Adjunto y María Eva Koutsovitis, del Frente de Organizaciones Salvador Herrera (FOSH- CTAA Capital) y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires.

* Por Valeria Garay y Luciana Honigesz

La Coordinadora por la vivienda digna, en la cual participa la CTAA Capital, habilitó un canal de discusión, debate y construcción colectiva de políticas públicas habitacionales, con legisladores y legisladoras opositores a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad. En este contexto se realizó ayer el Segundo Encuentro por la Emergencia Habitacional, en el cual participaron también representantes de distintas organizaciones del campo popular.

Desde la perspectiva de la CTAA Capital, la problemática de la vivienda en la ciudad debe ser abordada de manera integral, ya que el modelo impuesto por el gobierno de Macri y Larreta, es expulsivo por naturaleza. Detener los desalojos es atender la emergencia, pero cambiar la matriz de negocios enquistada en el gobierno de la ciudad por una matriz basada en el derecho al buen vivir (construir vivienda, escuelas, hospitales) es fundamental para encaminar las políticas públicas hacia una ciudad para todos.

María Eva Koutsovitis, explicó que “nuestras organizaciones entienden que una de las mayores desigualdades urbanas tiene que ver con el acceso a los servicios públicos básicos: el agua potable y el saneamiento cloacal. En esta realidad nuestro aporte a este espacio tiene que ver con poder garantizar en igualdad de condiciones y respetando los marcos regulatorios y los marcos normativos, el acceso al agua potable segura y el saneamiento cloacal en el interior de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Este, uno de los distritos más ricos de nuestro país y una de las capitales más importantes de Latino América condena a más de 400.000 porteñas y porteños a no acceder a agua potable segura y saneamiento cloacal”.

La compañera del FOSH-CTAA Capital, además agregó: “En ese contexto elaboramos un borrador de Proyecto de Ley que establece que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá convenir con la empresa prestadora del servicio de agua potable y saneamiento cloacal (AYSA) la prestación de estos servicios hacia el interior de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Entendemos que la desigualdad en el acceso a los servicios públicos constituye una violencia político institucional, ya que no solo condiciona el desarrollo de la vida, sino que además sobre quienes más impacta es sobre las niñas, niños y mujeres”, concluyó María Eva.

Por su parte, Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, dijo: “Es imposible que la Ciudad de Buenos Aires en la situación en la que está no impulse algún tipo de soluciones para las situaciones más extremas como los desalojos, las personas en situación de calle, los inquilinatos y la falta de servicios públicos en los barrios populares. Por todas estas necesidades es que las legisladoras y legisladores convocaron a este espacio donde se desarrolla la segunda instancia de reunión para pensar de forma participativa y de consenso algunas propuestas políticas y un proyecto de ley concreto. La prioridad la tiene principalmente la declaración de la Emergencia Habitacional y la suspensión de desalojos”.

Para finalizar, Claudia Enrich, Coordinadora de la organización Ciudad sin Techo agregó: “En el día de ayer participamos de la segunda reunión en la Legislatura Porteña donde estamos formando una Comisión de Vivienda con la firme intención de hacer una mesa de trabajo entre las organizaciones sociales, instituciones estatales y el mismo Estado, con la idea de modificar y llevar adelante distintas leyes ya existentes para que se garantice el derecho a acceder a una vivienda digna”.

Participaron de este segundo encuentro, además de legisladores y legisladoras, representantes de la Defensoría del Pueblo y de la Auditoría General de la Ciudad, junto a compañeros y compañeras de diversas organizaciones del campo popular que vienen trabajando en la temática.

Trabajadores y trabajadoras del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad Vial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizaron el pasado lunes 6 de enero un corte en Avenida De mayo y Perú contra la persecución política, los despidos y la precarización laboral. En caso de no encontrar una solución a su conflicto convocarán a un paro para la semana entrante.

* Por Valeria Garay

“Desde 2008 los Agentes de Tránsito llevan adelante una tarea esencial para el fomento de la Seguridad Vial y el respeto por las normas de convivencia en nuestra Ciudad. El Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad Vial es uno de los pilares centrales dentro del Plan de Seguridad Vial de la Ciudad. Este equipo tiene cobertura en todo el territorio y su trabajo es clave para alcanzar el compromiso de reducir las víctimas fatales por siniestros viales”, informa a través de su página web el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero a pesar de ser uno de los pilares fundamentales para la seguridad vial, de los 2800 Agentes de Tránsito que conforman el plantel solo 800 pertenecen a la planta permanente y los dos mil restantes son monotributistas que cuentan con contratos de 6 meses a un año que pueden ser rescindidos en cualquier momento, sin justificación alguna.

“Ser monotributista implica que casi ninguna obra social te tome. Yo trabajaba en la grúa, vos vas en una grúa y el trabajador que está ahí no tiene ningún tipo de seguro. Cuando pasó lo de nuestra compañera (Cynthia Choque, trabajadora que perdió la vida desempeñando tareas en un control de tránsito) nosotros reclamamos medidas de seguridad porque es algo que no puede faltar. En los últimos años la presión por la productividad fue muy fuerte, al punto de que te exigían una cantidad mínima de actas, una cantidad de multas y de acarreos. Sufrimos esa presión, el destrato y al no estar dadas las condiciones de seguridad tuvimos todo tipo de problemas de salud. Los últimos meses fueron con suspensiones arbitarias, descuentos, gente a la que no le pagaron”, explicó Silvio Piera, Agente de Tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien trabajó durante 6 años como monotributista y que fue despedido son motivo.

El trabajador explicó que lo que están sufriendo los Agentes de Tránsito es persecución política e ideológica por parte del Gobierno porteño ya que a partir de la muerte de la trabajadora el sector comenzó a organizarse para exigir el fin de la precarización laboral que padecen desde hace más de 10 años.

Para cerrar, Piera anunció la posibilidad de un paro para la semana próxima: “Matías Cremonte, abogado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTAA) nos hizo un recurso de amparo y nos salió una cautelar donde la Jueza ordena al Gobierno de la Ciudad que mejore la situación contractual de los trabajadores y trabajadoras mientras tanto se resuelva el acta paritaria que indica el pase a planta, pero a pesar de esto nos echaron igual. Si el Gobierno sigue con esta postura, la semana que viene ATE-CTAA va a convocar a un paro en la Ciudad”.

Hace meses que las y los habitantes de la ex Villa 31 padecen la falta de suministro de agua en sus viviendas y los cortes de electricidad constantes en sus viviendas. Además, esta semana se sumó la explosión de un transformador de electricidad que produjo el incendio de tres pisos de una vivienda y el corte total de energía en varias manzanas del barrio por 48 horas, en pleno verano.

* Por Valeria Garay

El barrio Carlos Mujica, más conocido como Villa 31 y 31 bis, es un barrio porteño centenario que reúne más de 40 mil habitantes y que atraviesa uno de los procesos de «re-urbanización e integración» más controversiales.

Si bien se han destinado para obras de infraestructura más de 1000 millones de pesos hasta ahora no ha formalizado ninguna conexión de agua y cloaca. Durante octubre, noviembre y diciembre, en el marco del Seminario de Servicios Públicos y Barrios Populares, un equipo de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria relevó el estado de los servicios públicos. El relevamiento, las mediciones de presión y los indicadores sanitarios elaborados evidenciaron la crítica situación sanitaria que atraviesa el barrio.

Este martes 7 de enero por la mañana vecinos y vecinas del barrio notaron que uno de los generadores de Edenor se estaba recalentando y advirtieron a los bomberos. La primera en llegar al lugar fue la dotación de Bomberos Voluntarios de la Villa 31 y luego se sumó la Dotación de Bomberos Voluntarios de la Ciudad. El principal inconveniente que tuvieron fue que los hidrantes no tenían agua, algunos no tenían presión y otros directamente estaban sellados. Como consecuencia de esto, lo que empezó como un recalentamiento terminó siendo un incendio que afectó a tres pisos de una vivienda y la falta de agua y luz en todo el barrio.

Amalia Aima, vecina del Barrio Padre Mujica, integrante del Movimiento de Barrios y Villas Germán Abdala y miembro de la Mesa Ejecutiva de la CTA-A Capital, consultada sobre esta problemática expresó: “Respecto al tema del agua es algo que venimos padeciendo hace mucho tiempo, tuvimos inconvenientes en principio con el tema de la presión, debido a que se hizo una obra troncal sobre las calles Perete y Rodolfo Walsh, que son los dos nuevos ingresos que se construyeron. Y la verdad que en todas las calle internas seguimos estando con las cañerías de hace 20 años con los inconvenientes que eso conlleva, se complica realizar las tareas diarias de lavar, cocinar, sobre todo dentro de los comedores.”

“A la problemática que tenemos con el agua se suma la de la luz, con los transformadores. Hace unos días se quemó uno de ellos, esto es algo que ocurre de manera constante por el incremento de las familias que tenemos. Sumado a esto, las nuevas viviendas que se construyen utilizan energía eléctrica en las cocinas y su consumo es muy alto, por lo que se necesitan mayor cantidad de transformadores, para poder dar a basto con el consumo eléctrico. Esta sobre demanda genera cortes en el barrio y en consecuencia muchas familias quedan sin el suministro, las que tienen bombas no pueden subir agua a los tanques y esto repercute en la vida cotidiana”, agregó Amalia.

Por su parte, Janet Mendieta, vecina del barrio e integrante de la organización Eulogia Ríos de la CTA-A Capital, comentó: “El martes 7 de enero por la mañana se incendió una casa porque abajo hay un transformador de electricidad -que abastece a varias manzanas de la ex Villa 31- que por un recalentamiento explotó. Nosotros denunciamos que habiendo más transformadores alrededor de esa manzana no los están habilitando porque primero quieren poner los medidores en cada casa, obviamente cobrarnos y recién ahí los van a hacer funcionar. De todo eso resultaron heridas dos mujeres y ocho niños, que fueron hospitalizados por inhalar el humo”.

Además, la compañera agregó: “Esta situación se suma a la falta de agua que venimos sufriendo desde hace dos meses, venimos con baja potencia de agua y hay veces que llegamos a estar hasta tres días sin agua. El Gobierno de la Ciudad no nos dice nada y no escuchan nuestros reclamos. Esta no fue la primera vez que ese transformador se recaliente y se quema esa vivienda, el año pasado pasó lo mismo y estuvimos cuatro días sin luz”.

Por último, María Eva Koutsovitis, Ingeniera Hidráulica especializada en hábitat, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y militante del FOSH-CTA , explicó: “Las familias denuncian hace meses la falta de agua y coinciden que, a partir de las obras recientemente realizadas por el Gobierno de la Ciudad, el acceso al servicio empeoró. La desigualdad en el acceso a los servicios básicos constituye un acto de violencia político-institucional, condicionando el desarrollo de la vida y recargando de tareas a las mujeres”.

Con esta frase Fernando Castillo, Secretario General del Sindicato Unido de Costureros y Trabajadores del Vestido (SUCEV-CTA-A), hace un año sintetizaba desde una de las ventanas de la fábrica tomada la situación de las trabajadoras y trabajadores de la que hasta ese momento era la Textil Sport Tech Sociedad Anónima, hoy Cooperativa de Trabajo 8 de Enero.

* Por Valeria Garay

Sport Tech fue una de las grandes empresas textiles proveedoras de Adidas, Puma y Nike en el país. En noviembre de 2018, tras un quiebre fraudulento por parte de la textil, 62 trabajadores y trabajadoras de la planta que la empresa tenía en Luján, Provincia de Buenos Aires, se encontraron la fábrica con las puertas cerradas cuando llegaron a trabajar.

En los primeros días de enero de 2019 los más de 100 trabajadores y trabajadoras de la planta de Villa Linch fueron alertados sobre un posible cierre de la empresa, como el que había sucedido dos meses antes en Luján. Por este motivo y para evitar llegar a sus puestos de trabajo y encontrar la fábrica vacía, a partir del 8 de enero los compañeros y compañeras sostuvieron durante seis meses una permanencia pacífica en la planta que la empresa tenía en el partido de San Martín, a la vez que denunciaron a su dueño -Alberto Enrique- por “quiebra fraudulenta”.

Además de tomar la planta textil, para cuidar las instalaciones y las maquinarias, las y los trabajadores se movilizaron en varias oportunidades -acompañados por la CTA Autónoma Capital, la CTAA Provincia y la CTAA Nacional- hacia la delegación de San Martín de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en reclamo de los salarios adeudados.

“Hace un año atrás estábamos bajo el poderío del gobierno de Mauricio Macri, en ese momento todas las luchas eran derrotadas, aplastadas, tanto estatales como privados todos terminaban en la calle. En ese contexto, un grupo de compañeros y compañeras, la mayoría eran mujeres, mujeres migrantes de Latinoamérica, con total incertidumbre se atrevieron a ocupar una fábrica. Seis meses después, el 28 de junio el Juez dictaminó la entrega de la fábrica, con todo lo que había en su interior a las y los trabajadores”, relata Castillo hoy, al cumplirse un año de la toma de Sport Tech.

Unas semanas después, en los primeros días de febrero, mediante asamblea los trabajadores y trabajadoras organizados en el SUCEV-CTA-A definieron conformar la Cooperativa 8 de Enero, para preservar sus puestos de trabajo. La causa recayó en el juzgado comercial 25 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Juez Horacio Robledo, quien, con algunas dilaciones en los pasos legales para que la Cooperativa textil 8 de Enero se hiciera cargo de la compañía, finalmente el viernes 28 de junio le entregó a las y los trabajadores las llaves de la planta con todo lo que había adentro en la fábrica, desde materia prima, hasta las maquinarias y vehículos.

Los más de 100 trabajadores y trabajadoras de la planta de Villa Linch estuvieron acompañados desde el primer día por el SUCEV-CTAA, así como también por los compañeros y compañeras de la CTA-A Capital.

“A un año del inicio de esta lucha y por el propio devenir del día a día en el trabajo todavía muchos compañeros y compañeras están cayendo sobre todo lo que ocurrió y sobre lo que significa trabajar sin patrón. Tenemos que resolver no sólo lo que hace al trabajo en la línea de producción sino también toda una serie de cuestiones administrativas, logísticas, de ventas, contables y demás que son vitales para la continuidad y el crecimiento de la cooperativa. Pero en eso andamos: contentos y contentas de haber atravesado este primer año, discutiendo y aprendiendo a cada paso y muy agradecidos del apoyo de tantos compañeros y compañeras de la CTA-A, del municipio de San Martín, de distintas organizaciones, de vecinos y vecinas, de trabajadores de otras empresas del barrio. Pero sobre todo seguros de haber tomado la decisión correcta, ya que trabajar sin patrón, a pesar de ser duro, es lo mejor que nos pudo pasar”, concluye Fernando Castillo.

Página/12 | Lorenza se puso a salvo de los golpes de su pareja en casa de una amiga. Cuando llegó el censo para la urbanización de la villa 31 y 31bis no estaba y no fue tenida en cuenta. Como tampoco son tenidas en cuenta las familias con estructuras diversas o con mujeres a cargo. Los mandatos de género operan en este proceso que el gobierno de la Ciudad viene anunciando como un gran logro, con Mc Donalds y bancos en el territorio como signos de civilización, pero que no es más que un sistema de expropiación por medio de la deuda. La propuesta que reciben en el barrio es entregar sus casas a cambio de hipotecas -que se pueden ejecutar a la segunda cuota impaga- sobre departamentos en los que no se puede trabajar y con facturas de servicios asfixiantes. La organización feminista de las vecinas y la resistencia que oponen a que se especule sobre las tierras donde hicieron su casa explica por qué se dicen juntos cuerpos-territorios.

* Por Luci Cavallero y Verónica Gago

“Con la asamblea feminista de la villa nosotras discutimos todo porque discutimos cómo queremos vivir”, dice Graciela Duarte, vecina y militante del Movimiento Popular La Dignidad Corriente Villera, en la villa 31 y 31 bis. Y con esa frase resume también el objetivo de la asamblea feminista que se propuso desenmascarar y resistir el proceso de urbanización en una de las zonas de Buenos Aires más codiciadas por el gobierno metropolitano y el capital inmobiliario.

La derrota electoral del oficialismo en la villa fue estrepitosa. Se sucedieron, entre otras, explicaciones de racismo arquitectónico: según funcionarios, lxs habitantxs no valoran el “cemento alisado” (sic). En poco tiempo desembarcó una sede del Banco Santander y, hace días, un MacDonald’s en los ingresos del barrio, una zona estratégica para la logística portuaria y la especulación del suelo. A su vez, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) proyecta su sede en un “edificio-puente” que uniría la villa con el barrio de Recoleta. Lo que está en juego es mucho: los terrenos de la villa se quieren vender para pagar deuda contraída por la ciudad con organismos internacionales de crédito.

Aquí una crónica del proceso -de agosto a hoy- que permite una lectura feminista de la urbanización, que investiga cómo la urbanización está hecha a base de endeudamiento forzoso, que denuncia cómo se buscan promover desalojos “legales” en base al control financiero del suelo y las viviendas y por qué es la trama feminista la que logra, además, evidenciar los mandatos de género que impulsan el censo y la meritocracia como guerra entre vecines.

Urbanización a través de deuda

Distintas organizaciones comenzaron a reunirse a fines de 2018 para ser parte, justo hace un año, del paro nacional de mujeres que repudió el fallo judicial que absolvió a los femicidas de Lucía Perez. Ese día, recuerdan las vecinas, “paramos todas, hicimos ruidazo en cada puesto de la feria y hablamos de la impunidad”. Las reuniones continuaron para discutir las violencias machistas, que aumentaban al ritmo de la crisis y porque todes valoraban sostener un espacio práctico de transversalidad. En el medio se intensificaron los conflictos por la relocalización compulsiva que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta impuso en ciertas partes del barrio, en un año electoral en el que se buscaban fotos de campaña.

Así fue que se empezó a preparar una convocatoria proponiendo una clave de lectura bien precisa: “Urbanización en clave feminista. Contra el endeudamiento y los mandatos de género”. Los ejes que se problematizaron en la asamblea incluyeron desde un mapeo sobre cómo se resiste en la villa la avanzada del negocio inmobiliario, donde los colectivos feministas tienen un lugar protagónico, hasta cómo se relaciona este proceso con el endeudamiento público y privado y con los mandatos de género que “seleccionan” a les beneficiarixs. Para eso, la discusión de la asamblea se dividió en dos ejes: “Precariedades y deuda” y “Organización territorial feminista”. Todo un programa de acción, toda una cartografía del qué hacer en gramática feminista.

“El movimiento feminista aporta muchísimo a la urbanización porque el barrio ha sido siempre defendido por mujeres. Primero pedimos por la urbanización y ahora estamos pidiendo por una urbanización real. No es lo mismo”, explica estos días Lourdes Martínez, referenta feminista de la organización territorial Eulogia Ríos, que hace parte de la CTA Autónoma de la ciudad. La urbanización propuesta por el gobierno no es “real”, argumentan, porque es un mecanismo encubierto de desalojo. Y esto se debe al modo en que la deuda estructura el proceso mismo.

¿Cómo funciona la deuda como mecanismo oculto de la urbanización?

Las casas nuevas, recién construidas, son entregadas por medio de créditos. Es decir, primero hay que abandonar el terreno y la casa propia, construida con mucho esfuerzo, para pasar a ser “virtual” propietarie de otra vivienda, a la que se accede con un compromiso de pago de una deuda mensual. A la cuota de esos créditos, se suman dos cosas que complican la economía cotidiana aún más: se empiezan a pagar servicios con tarifas dolarizadas porque se pierden las “conexiones” comunitarias y se pierde también la posibilidad, por el diseño mismo de las casas nuevas, de trabajar y/o tener un comercio donde se vive.

Entonces, el mecanismo es completo: hay que abandonar la casa que se tiene en nombre de una casa a la que se accede sólo como endeudada; a eso se suma el despojo de la posibilidad que la vivienda sea lugar de trabajo y, se agrega, un pago de tarifas de servicios e incluso de expensas y gastos de administración que están fuera de los presupuestos de les habitantes de la villa.

Continúa Lourdes: “El sector Bajo Autopista, donde viven 1300 familias, está siendo relocalizado y las viviendas nuevas son descartables, los materiales son descartables. Además, la escritura es muy desfavorable para les vecines. No saben cuánto van a pagar. En la escritura aparece una cláusula que dice que dos meses sin pagar de cuota hipotecaria ya es motivo para remate, lo mismo si se atrasan en servicios públicos”.

Es decir, la escritura ya tiene incorporada la forma “legal” de desalojo ante atrasos de pagos que en una situación económica crítica como la actual tiene altísimas chances de suceder. Además, el incumplimiento es por pago de la hipoteca pero también por falta de pago de los servicios. Es decir: todo pone en riesgo la propiedad de la casa y todo está preparado para producir una situación de desalojo por medios legales, es decir, impulsado y mediado por el mecanismo de la deuda.

“Una de las cosas más graves de este proceso tiene que ver con los montos de los servicios públicos. No hay ninguna protección para vecinos y vecinas, no hay prevista ninguna tarifa social. Además, las viviendas donde están siendo re-localizades no tienen gas, lo que encarece aún más el costo de vida. La suma de los servicios públicos, expensas, impuestos y la cuota del crédito es prácticamente un desalojo. Y si no hay desalojo hay familias muy endeudadas y bajo presión, lo que hace más fácil para los grandes inversores del capital inmobiliario quedarse con los terrenos”, agrega ante la consulta Jonathan Baldivieso del Observatorio por el Derecho a la Ciudad.

Lorena Gómez fue activa en la asamblea, milita en la Corriente Clasista y Combativa y ahora la volvemos a encontrar en tareas organizativas. Ella se define como una “vecina containera”, es decir, de las primeras que se mudaron a las casas-containers. Sabe en carne propia de lo que habla y desmiente incluso la existencia de las famosas escrituras: “Yo hace más de un año que estoy viviendo acá y la escritura no está. Dicen que tenemos que tener un administrador para poder escriturar y un administrador está cotizando fácil 50 mil pesos por mes. Tenemos que pagar la casa, los impuestos, el administrador… Nosotras somos gente humilde y estamos en la lucha. No vamos a permitir que nos rematen porque eso es lo que quieren hacer”, aclara. La “inflación” de gastos en la situación de relocalización (administrador, expensas, servicios) atentan contra la posibilidad de hacer sostenible incluso la hipoteca. “Nos están diciendo: váyanse al conurbano porque acá no pueden vivir”, agrega.

“Desde que hicimos la asamblea feminista estamos más seguras, somos cada día más mujeres y luchadoras. Y seguimos organizadas. No vamos a dejar de luchar para conseguir nuestros objetivos” se planta Maribel Pérez, militante del Movimiento Evita, también capaz de describir al detalle los “trucos” de la urbanización. “Es muy triste lo que hace la Subsecretaría de Integración Social y Urbana, porque nos miente todo el tiempo, pero nosotras ya estamos organizadas, ya sabemos con qué nos quieren engañar. Nos queda claro que no nos quieren ver más en el centro de la ciudad, pero acá vivimos”.

Diagnóstico de asamblea

La asamblea convocada para discutir la urbanización se realizó a fines de agosto en la casa de la Diversidad Trans Villera, donde Martina Pelinco es una de sus anfitrionas, conocida por ser una de las fundadoras del Centro de capacitación y oficios trans travesti villero. La tarde es fría pero el local está repleto, cuelgan banderas de todas las organizaciones, hay micrófono, parlantes y abundan los mates. Convergen organizaciones territoriales, comedores populares, partidos políticos, bachilleratos, colectivos migrantes, colectivos de disidencia sexual, agrupaciones feministas y sindicatos. Esa transversalidad es la que produce parentescos raros, esa transversalidad que el movimiento feminista ha venido cultivando en estos años se actualiza acá y allá como recurso concreto frente a cada situación que exige pensar, decidir, intervenir.

Lo que se denuncia, en primer lugar, es que el proceso se está haciendo a espaldas de las diferentes instancias de organización barrial. La opacidad en los criterios de asignación de las viviendas y la estrategia de negociación unx a unx es la razón de esa manera de proceder. Se denuncia que no se informa el valor de las nuevas viviendas, y que las viviendas ofertadas son de calidad inferior a las que se pretende desalojar para destruir: “Las paredes parecen de plástico, se escucha todo de una casa a la otra, además que obviamente no se pueden agregar habitaciones o seguir construyendo. No tienen ni las conexiones terminadas. ¿Pensarán que no nos damos cuenta?”, agrega una de las vecinas más jóvenes.

Todes coinciden en que se comenzaron a hacer demoliciones sin los permisos necesarios para avanzar. Hay relatos de amedrentamientos para quienes no aceptan la relocalización, y de discriminación hacia migrantes a quienes se les amenaza con la deportación. “Sí, sí, dicen que nos van a denunciar y deportar a las extranjeras que no aceptamos”, explica Lourdes Paxi, de Kullakas del feminismo ancestral.

La estrategia oficial es un combo de abusos, amenazas, demoliciones intempestivas y estrategias de división entre las familias, entre inquilinxs y propietarixs y entre migrantes y argentinxs. “Meten problemas entre nosotras, nos entrevistan por separado, a una le dicen que su hija no quiere aceptar, al dueño de inquilinato lo amenazan con denunciar, y a las inquilinas le dicen que en una semana se van a quedar sin piezas y a nosotras como migrantes todo peor”, agrega.

Las nuevas viviendas no están preparadas para que puedan continuar con las actividades laborales que van desde la carpintería y la mecánica hasta la herrería, la lavandería y los pequeños comercios de venta. “Endeudadxs y sin trabajo: ¿cómo quieren que paguemos? Es evidente que prefieren que no paguemos y quedarse con los títulos de “nuestras” casas”, dice una de las habitantes antiguas del sector Bajo Autopista. También varias cuentan que a quienes resisten se les corta la luz y se les tira basura en la puerta, como modo de presión y hostigamiento.

Pero el avance de la financierización no termina en la titularización de las viviendas en base a deudas; el proyecto que el gobierno aprobó en la Legislatura dispone además la posibilidad de vender los títulos de las deudas hipotecarias a terceros. De esta manera, lxs vecinxs luego de ser “producidxs” como deudorxs de un Banco o un Fondo de Inversión, no tendrán más “opción” que la venta de esas casas y terrenos. Convertirles en supuestos propietaries es la treta: funciona de hecho como momento que posibilita su despojo. El gobierno, a su vez, argumenta que los terrenos “liberados” por los desalojos, serán vendidos para pagar deuda con organismos internacionales de crédito que sirvieron para remodelar partes ricas de la ciudad, conformando así un circuito que liga en un círculo perfecto de violencia, endeudamiento público, endeudamiento privado y expulsiones.

La urbanización es un proceso que se conquistó gracias a la pelea contra la erradicación de la villa. Esto lo relata Eulogia Ríos, wiphala al hombro, mientras cuenta que ella fue desalojada de la villa 31 por Osvaldo Cacciatore, brigadier a cargo de la ciudad en la dictadura militar y promotor de la erradicación de villas para construir autopistas. Eulogia, hoy con 71 años, activa esa memoria de lucha y su nombre bautiza una nueva organización en la villa. Es ella quien traza la continuidad entre erradicación y esta nueva forma de urbanización, un modo más astuto de la erradicación, ya no por medio de topadoras sino de deudas bancarias.

Mandatos de género: el censo que discrimina

“El gobierno de la ciudad está incumpliendo con muchos derechos de las mujeres acá en el barrio. Por ejemplo Lorenza, que estaba sufriendo maltrato por su marido y justo se fue de la casa cuando vinieron a censar y censaron al marido a quien le dieron el título. Desde ese momento surgió la necesidad de tomar el tema desde el espacio feminista, pidiendo un protocolo”, relata Lourdes nuevamente.

“Nosotras queremos los títulos de propiedad a nombre de las mujeres, lesbianas, travestis y trans y los queremos sin deuda”, dicen varias de las militantes como síntesis que surgió de la asamblea. La perspectiva feminista sobre la urbanización no se agota en la denuncia del proceso de titularización en base a deudas, sino que va más allá. También se problematiza y denuncia que los títulos de propiedad que promete el gobierno se otorguen con criterios cis-heterosexistas y que actúen como una forma de re-moralizar las vidas de las mujeres, lesbianas y travestis. De hecho, los títulos se entregan a hombres o a mujeres que viven en familias heterosexuales y con hijxs. Es decir, el modo en que el gobierno contabiliza lxs sujetxs merecedores de una vivienda produce un sistema de castigos para las vidas por fuera de la familia heterosexual.

A las mal llamadas “madres solteras”, que son una mayoría en el barrio, y que son además jefas de hogar, se las relega al final de un orden de merecimientos encabezado por los hombres y por las mujeres de familias heterosexuales con hijxs.

La urbanización de las transnacionales

Estos días la villa 31 y 31 bis volvió a aparecer en los medios, que celebraron la instalación de un local de McDonald’s en uno de los ingresos al barrio (calle Rodolfo Walsh, esquina Gendarmería Nacional), cual bastión civilizatorio. Junto al local del Banco Santander, son presentados como la garantía corporativa de que la urbanización avanza.

“Sí, estamos viendo que en los medios de comunicación ponen de ejemplo el Santander y el McDonald’s, con eso quieren vender que está todo bien. Nos ponen de ejemplo en los medios, promocionan que tenemos un Ministerio de Educación y escuelas modernas, pero en esas escuelas llueve y se rompen cada dos por tres. Ellos dicen que gastaron 800 millones de dólares en el barrio, y si vienen a ver el barrio, acá se nota que esa plata no la pusieron. Usan esa estrategia para vender que la urbanización es exitosa y para que el resto de los vecinxs de la ciudad que están tomados por la meritocracia piensen: ¿qué más quieren estos?”. Parte de la recurrente estrategia oficial incluye catalogar a quienes se quejan como “desagradecides”. “Por eso, a los vecinos de la ciudad les queremos decir: que tenemos derecho a vivir acá aunque no seamos ricos. Lxs vecinxs de la ciudad no saben que el gobierno quiere vender los terrenos, que todxs vamos a ser perjudicadxs y además que sacaron una ley que permite vender nuestra deuda en letras. Nosotrxs tenemos que enfrentarnos al gobierno y también a la estigmatización del resto de lxs vecinxs de la ciudad que piensan que no trabajamos y que queremos vivir gratis”, explica de un tirón Lourdes.

Lesly Rojas, referenta vecinal también de la zona Bajo Autopista, pone la cuestión de la desigualdad tributaria en el centro: “Tenemos entendido que el Santander y el McDonald’s no están pagando servicios y seguro escrituras ya deben tener. Ya se anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo se va a instalar en estos terrenos y va a tener 100 años gratis. Todas estas empresas no van a pagar impuestos ni van a pagar la tierra, ¿por qué nosotrxs sí?”.

Financierización de la vivienda

La villa 31 y 31 bis es un “laboratorio” donde el gobierno de la ciudad ensaya políticas de reconversión urbana. Es también una vidriera que pretende exhibir como éxito de gestión porque allí está en juego de la manera más brutal el avance financiero sobre el suelo y las viviendas. Se trata de una zona estratégica, tanto por estar en el corazón del centro de la ciudad como por bordear espacios logísticos portuarios. “La urbanización de la villa 31 se da en el marco de un plan integral del macrismo de expulsión de los sectores populares y sectores de la clase media y media-baja de la ciudad. Tiene varias aristas: urbanización de las villas para expulsar, gentrificación de la zona sur, reforma del código urbanístico que permite construir departamentos de 19 m2 y hace subir el valor del suelo, desregulación absoluta del mercado de alquileres, venta de tierras públicas, privatización de toda la zona costera y ninguna política de construcción de viviendas” nos dice Gervasio Muñoz, referente de la agrupación Inquilinos Agrupados.

La semana pasada estuvo en Buenos Aires Raquel Rolnik, arquitecta y activista brasileña experta en procesos de urbanización, presentando su libro La guerra de los lugares: La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas. Conocedora de la villa 31 y 31 bis ya que como relatora especial para el Derecho a la vivienda Adecuada de la ONU la ha visitado en varias ocasiones, nos dice: “Las políticas habitacionales se transformaron en un mecanismo de extracción de ingresos, de ganancia financiera y de acumulación de riqueza. Tenemos que tener en cuenta que la creación de un mercado de hipotecas fue uno de los canales importantes para conectar los sistemas domésticos de financiamiento habitacional a los mercados globales”. El papel del Estado es clave en esto, agrega, porque se ocupa de “destrabar activos territoriales, ampliando las fronteras del mercado”, así convierte asentamientos, ocupaciones y terrenos fiscales en nuevas oportunidades de negocio, a través de mecanismos bien concretos de créditos y desalojo.

La resistencia feminista organizada mapea, denuncia y, sobre todo, sigue alerta. “Este gobierno nos endeuda para someternos, porque no soportan que tomemos las riendas. Cuando vienen de la Secretaría te preguntan quiénes toman las decisiones en la casa y si hablamos mucho las mujeres se molestan. Ahí es donde actúa la asamblea feminista, defendiendo a las guerreras”, dice -a modo de manifiesto- otra vez Lourdes. Las guerreras defienden el derecho a la ciudad y están dispuestas a seguir haciéndolo, porque ¡vivas, libres y desendeudadas nos queremos!.

Fuente: Página/12 | www.pagina12.com.ar

El pasado jueves 27 y viernes 28 de diciembre se llevó a cabo la elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas del Sindicato de Trabajadores de la Obra Social Docente (SiTOSPLAD) a nivel nacional. La Lista Naranja, conformada de manera federal y con paridad de género, resultó electa por el 98 por ciento de los votos emitidos, sobre una participación que superó el 62 por ciento del padrón de afiliados y afiliadas que plebiscitó la actual conduccion, encabezada por Alejandro Bassignani y Hebe Nelli, quien es a su vez la secretaria Gremial de CTA-A Capital.

«Ver a cada compañero y compañera eligiendo a sus representantes nos llena de alegría y responsabilidad” – dijo Hebe Nelli y prosiguió – “Realmente nos ayuda a renovar fuerzas a quienes asumimos el compromiso del cargo y no sólo las mieles. El amplio nivel de participación de las y los afiliados de todo el pais en la elección y el amplio margen por el cual eligieron a la Lista Naranja nos indica que vamos por el buen camino y que la democracia sindical es fundamental a la hora de construir un gremio de trabajadores para trabajadores. Ahora que logramos la Personería Gremial tenemos el deber y el desafío de construir una paritaria transparente, de mejorar urgentememte la base salarial y las condiciones de trabajo para las compañeras y compañeros de todo el pais».

Para cerrar, la secretaria Gremial de la Central porteña agregó: «A tan solo un mes de obtenida la Personería Gremial comienza una nueva etapa para el SiTOSPLAD, con nuevos desafíos pero con el mismo compromiso, coherencia y transparencia de siempre en beneficio de los y las trabajadoras de la obra social docente».

El Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, reprimió ayer al pueblo mendocino en lucha por el agua y la vida. En lugar de vetar la modificación de la Ley 7722 de «Prohibición de Sustancias Químicas”, Suárez eligió sostener el negocio y el saqueo de la megaminería contaminante junto a un crisol de partidos políticos y frentes (Cambia Mendoza, Frente de Todos y MASFE).

El pueblo mendocino demostró en esta semana que no está dispuesto a envenenarse para «resolver el hambre». El caso sanjuanino y las resistencias de Esquel, Andalgalá y Famatina son ejemplos de un camino en defensa de la soberanía popular que lxs mendocinxs deciden continuar y por eso desde la CTA Autónoma de Capital Federal acompañamos y celebramos esta voluntad.

Las multinacionales y el modelo estractivista -en complicidad con los gobiernos- atentan contra la soberanía y la vida , pero el Pueblo está dispuesto a defenderla y no habrá balas, ni gases, ni detenciones, ni hostigamientos que frenen esta caravana que llegó desde distintos puntos de Mendoza a la capital provincial para decir que #ElAguaNoSeNegocia porque #ElAguaValeMasQueElOro.

Confiamos en que la resistencia es la clave para evitar la promulgación de una ley tan nefasta y exigimos al gobernador Suárez el veto de la misma.