Para la mayoría de las personas, la necesidad de un elemento básico como el agua para garantizar la limpieza y con ella la sanidad de una comunidad, es una verdad de perogrullo, algo que ni siquiera merece mención por su obviedad. Sin embargo, a pesar de haberse educado en los mejores colegios, contar con los mejores especialistas en cada materia, la mayor disponibilidad presupuestaria y la experiencia de más de una década gobernando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dicha necesidad básica se presenta como dicotomía insalvable para la gestión de Horacio Rodriguez Larreta.
* Por Matías Levin
Ante semejante situación, la justicia
deberá pronunciarse sobre una acción de amparo colectivo
relacionada con el acceso al agua potable y saneamiento seguro en los
barrios populares, como forma esencial de prevención del contagio
del Coronavirus Covid-19 y el Dengue, presentada por la Cátedra de
Ingeniería Comunitaria (CLIC), el Observatorio del Derecho a la
Ciudad, la CTA A Capital, el Frente Territorial Salvador Herrera, el
Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) y referentes
de Villa 21-24, Barrio Inta, Barrio Scapino, Barrio Cildañez, Villa
15 y Villa 20.
«Lamentamos tener que llegar a la
Justicia a presentar estos reclamos. El Gobierno de la Ciudad tiene
todas las posibilidades de gestionar e implementar las medidas para
que el acceso al agua sea un derecho y una realidad de todas las
familias», afirmó Pablo Spataro, secretario General de la CTA
Autónoma Capital. Quien adelantó que desde la Central «se ha
solicitado de manera formal la constitución de un Comité de Crisis
con todos los sectores sociales, para ir monitoreando cuáles medidas
necesitan realizarse de manera urgente en materia educativa, de
salud, de acceso a los servicios y alimentos, de condiciones de
seguridad e higiene en el trabajo y demás, pero el gobierno de
Larreta ha desoido este pedido y actúa sin el consenso necesario, o
como sucede en este caso, directamente no hace nada.»
Históricamente, los barrios populares
son los más castigados por el Dengue. Pero frente a la pandemia de
COVID19 se multiplican por miles las familias totalmente
desprotegidas antes estas y otras enfermedades, ya que ninguna cuenta
con acceso formal al agua potable segura, conviven con agua de
servicios limitados o nulos, siempre precarios y que muchas veces se
contamina con aguas servidas, lo cual anula toda seguridad sanitaria
e higiene personal.
Desde hace mucho tiempo, pero más
grave en este contexto, con familias obligadas a almacenar agua en
baldes, cacerolas y tachos en la ciudad más rica del país, no solo
el insecto vector del Dengue se multiplica propagando la enfermedad,
sino que la amenaza del Coronavirus se hace omnipresente.
María Eva Koutsovitis, referente de la
CLIC e integrante del Frente Salvador Herrera, hizo hincapié en que
«en este escenario crítico para la salud pública, hemos
presentado junto a referentas barriales y un conjunto de
organizaciones sociales una acción colectiva de amparo con cautelar,
para que el gobierno implemente un conjunto de acciones urgentes y
además desarrolle y ejecute un Plan de Agua y Saneamiento para los
barrios populares de la ciudad, cuyas medidas urgentes incluyen la
entrega de agua potable envasada, controles periódicos de presión y
calidad del agua de consumo, entrega gratuita de lavandina, garrafas
para poder hervir el agua y tanques plásticos para almacenarla de
manera segura en todos los hogares. Todo con un detallado plan de
ejecución que contiene los lineamientos, etapas y alcances, tomando
como eje la dimensión productiva y del trabajo con perspectiva
comunitaria y género».
La causa quedó caratulada como
“KOUTSOVITIS, MARIA EVA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO –
URBANIZACION VILLAS”, Expte. N° 3010/2020-0, y radicada en el
Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad N° 8.
El objetivo de la acción judicial
consiste en que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
garantice todas las familias de los Barrios Populares, el acceso
formal al servicio de agua potable y saneamiento cloacal. Para ello
se solicitó la elaboración de un Plan de Agua Potable y Saneamiento
Cloacal, consensuado con las comunidades barriales, que contemple los
siguientes cuatro ejes: Diseño Infraestructura; Modalidades de
Ejecución y Contratación para las Obras; Programa de Control y
Monitoreo Ciudadano, y Sistema Tarifario Social Especial.
Franco Armando, integrante del Frente
Salvador Herrera y secretario de Organización de la CTAA Capital,
contó que «desde hace años, a través de varias crisis, los
vecinos y vecinas organizados en el Frente venimos repartiendo agua
en sachets en los barrios populares de la Ciudad. Incluso hemos
atravesado dos grandes epidemias de dengue sin tener ningún tipo de
solución con el tema del agua. Pero ahora, al dengue y la existencia
de otras tantas enfermedades relacionadas con la ausencia del Estado,
se suma la pandemia del Coronavirus que, si bien está siendo bien
administrada por el Gobierno Nacional, el poder político a nivel
local parece más preocupado por brindar una buena imagen más que
por solucionar los problemas de fondo».
«Nosotros solicitamos al Gobierno
de la Ciudad que se incorpore el tema de la emergencia sanitaria en
los comité de crisis en los barrios. No solo aún no se logró algo
tan básico, sino que todo el tiempo, a cada paso, nos dicen que nos
lavemos con frecuencia las manos. Y nosotros nos preguntamos dónde y
con qué», concluyó Armando.
Frente al incremento en el riesgo de vida y salud que los habitantes de los barrios populares de la ciudad corren ante el Coronavirus y el Dengue, las organizaciones mencionadas peticionaron cautelarmente ante la Justicia que se lleve adelante un Plan de Contingencia:
– Garantizar dos litros de agua potable envasada por habitante por día.
– La entrega de agua a granel para todos los usos en los barrios o sectores de barrios que no cuenten con suministro continuo de agua potable.
– Garantizar de manera gratuita en cada hogar dos garrafas de 10 kilos, 8 litros de lavandina, jabón blanco en pan y detergente, por familia, por mes.
– Un Sistema de Monitoreo de la calidad, presión y continuidad del agua de consumo que incluya el control de la calidad del agua entregada mediante camiones cisterna.
– Un Programa de Limpieza periódica de tanques a cargo de las cooperativas y organizaciones sociales y comunitarias.
– Abastecer de tanques plásticos domiciliarios de calidad homologada a todos los hogares.
– Fortalecer el Sistema de Atención Primaria para mejorar la atención prioritaria y el registro de enfermedades hídricas incorporando la figura de las promotoras de salud.
– Garantizar económica y técnicamente a través de un programa la ejecución de núcleos húmedos a fin de garantizar en cada hogar un baño completo y dos canillas.
– La formalización del servicio de agua potable y saneamiento cloacal para la totalidad de las viviendas frentistas a vías públicas formales.
Según el Jefe de Gobierno, la pandemia podría generar una situación socio económica que solo se podría enfrentar con represión.
Argumentando que «para hacer frente a la situación socio económica que se está atravesando como consecuencia de la pandemia», el Gobierno de la Ciudad a través de la División de Armamento, Munición y Explosivos, solicitó la urgente provisión del material anti disturbios.
Pablo Spataro, Secretario General de CTA-A Capital opinó al respecto: «El gobierno de Larreta ha decidido comprar equipamiento anti disturbios por 53 millones de pesos. Habría que avisarle que cuando el Presidente de la Nación habla de cuidar la vida es cuidar la vida de la gente, y no cuidarse de la gente. Larreta debería volcar toda la capacidad operativa del Estado para que haya alimentos en todas las familias, equipamientos e insumos en todos los hospitales, y condiciones laborales para todos los trabajadores de la ciudad respetando las normas de seguridad e higiene.»
Por su parte, María Eva Koutsovitis, referente del Frente de Organizaciones Salvador Herrera CTA Capital dijo: «En el contexto de la crisis económica y sanitaria del COVID-19, Larreta gasta millones para la compra de cientos de miles de Cartuchos anti tumulto y miles de granadas en lugar de garantizar los insumos básicos para la educación a distancia, barbijos y elementos de protección a las/los trabajadores de tareas esenciales, la comida para los estudiantes de escuelas públicas y el agua potable formal a los habitantes de los barrios populares.»
La
operación de compra aparece en el Boletín Oficial de la Ciudad como
Contratación Directa N° 2009/SIGAF/2020 a Fabricaciones Militares
Sociedad del Estado para la compra de casi 5.000 granadas y 150 mil
cartuchos de balas de goma para escopeta por el monto de $52.765.291
millones de pesos.
A pesar de que la contratación directa
se aprobó el 3 de abril, los materiales fueron recibidos el 27 de
marzo (2 días después del pedido interno). Prueba de la urgencia
que tienen las fuerzas de seguridad para pertrecharse ante su
hipótesis de una emergencia del conflicto social de gran magnitud,
que pretenden atender con represión como todo dispositivo de
contención.
Organizaciones del territorio nucleradas en la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTAA) iniciaron una campaña para visibilizar el trabajo comprometido de cientos de compañeros y compañeras en medio de la pandemia. Reclaman que esta labor se reconozca como trabajo esencial y se pague.
El Secretario General de CTAA Capital y uno de los impulsores de esta campaña, Pablo Spataro, afirmó que: “Hoy por los espacios comunitarios de la FeNaT de la capital pasan cerca de 10 mil personas para intentar resolver el hambre que padecen con sus familias. Es indignante que en la Ciudad más rica del país crezca el hambre. Por ello es que nuestros compañeros y compañeras en los barrios se organizan y están en la primera línea para dar respuesta para que haya al menos un plato de comida en las mesas. Junto a esto, los trabajadores y trabajadoras comunitarias brindan además afecto y contención, compartiendo saberes con valores de comunidad».
«Lo están haciendo con un enorme compromiso y esfuerzo, y necesitamos que esa tarea no sólo se reconozca sino que se pague. Queremos que el gobierno porteño reconozca en derechos, salarios y condiciones de seguridad e higiene, a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que desarrollan tareas esenciales”, indicó Spataro.
Por su parte, Omar Giuliani, Coordinador General de la FeNaT- CTAA e impulsor junto a Spataro de la campaña, se refirió a cómo la situación se vive en las barriadas y dijo: “la situación es realmente muy compleja. Es muy difícil transcurrir el encierro en lugares en donde no están las condiciones materiales y subjetivas para vivir, por el hacinamiento, la falta de servicios sanitarios, recursos para la higiene y sobre todo porque no hay ingresos. La cuarentena pone en evidencia que la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras de las barriadas vive de changas o está excluido de los derechos laborales”.
En relación a esto, Giuliani insistió con un reclamo histórico de la CTA: “Es urgente que el gobierno implemente un ingreso universal para todas las familias, porque muchas de ellas no pueden afrontar los costos cada vez más altos de la canasta de alimentos, y esto sucedía ya antes de la pandemia”.
Giuliani se refirió también a que la pandemia está ensanchando la brecha entre los poseedores de grandes fortunas y una pobreza e indigencia cada vez más generalizada: “?No es obvio que esta es la oportunidad para aplicar un criterio de distribución justa de la riqueza e imponer un impuesto que grave fuertemente a los que se enriquecieron y fugaron divisas, y así saldar la deuda histórica con nuestro pueblo?”, aseguró el dirigente de la FeNaT-CTAA.
El dirigente de Ruca Hueney llamó la atención sobre la situación de la niñez: “Nuestros pibes y pibas no están considerados en esta coyuntura y es urgente pensar en ellas y ellos como sujetos de derechos, que además de alimentos necesitan amor, proyecto. Un futuro.”
La fábrica Tenaris Siat, ubicada en Valentín Alsina, es parte del emporio Techint y produce los tubos con costura empleados en la industria petrolera desde hace más de medio siglo. En el marco de la cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno Nacional como medida preventiva ante la pandemia de Coronavirus, la empresa decidió quitar un ítem central en la composición de los sueldos de los trabajadores de dicha planta que representa cerca de un 40 por ciento del salario habitual: un objetivo histórico de la patronal, que vio la oportunidad de aplicar de facto, con la reacción de los trabajadores coartada por la medida sanitaria que les impide salir del hogar.
* Por Matías Levin
José Villa, miembro de la comisión interna de la UOM en dicha planta, contó que «antes de la cuarentena ya se había acordado con la empresa un régimen de suspensión de los trabajadores a raíz de la baja carga de trabajo que había: se suspendía de manera rotativa al personal y los compañeros cobraban el 85 por ciento del sueldo neto en carácter no remunerativo por semana suspendido. Las semanas que trabajaban, cobraban el 100 por ciento remunerativo, como era habitual».
La fábrica, que en sus inicios (año 1948) pertenecía al grupo Siam Di Tella, paga el “premio producción” desde hace más de 50 años. Cuando Techint la compró en 1987, fue uno de los primeros puntos que quiso quitar de la composición salarial. A lo largo de los años buscó mil vueltas para modificarlo, reducirlo o sacarlo porque es un premio que cobra el conjunto de los trabajadores de la planta, con una lógica muy distinta a la del grupo empresario, lejos de la meritocracia y el individualismo: una conquista histórica de los trabajadores de Siat que hasta la última Dictadura Cívico Militar respetó, pero Techint siempre discutió y ahora decidió abolir.
«Así y todo -contó Villa- la Comisión Interna siempre hizo lugar a la discusión que sistemáticamente se viene planteando sobre este premio por parte de la empresa: cambios en la fórmula de cálculo, la forma de liquidación y demás. Pero nunca llegamos a un acuerdo puesto que siempre representaba un acuerdo a la baja de los salarios de los compañeros. De hecho lo veníamos analizando, estábamos en la mesa de discusión, pero no habíamos llegado a ningún tipo de trato porque lo que planteaba la empresa siempre terminaba en que los compañeros debían trabajar mucho más por el mismo sueldo».
El 19 de marzo cuando los trabajadores cobraron la primera quincena del mes, no encontraron el Premio a la Producción entre los items de sus recibos de sueldo: la empresa había decidido directamente no abonarlo. Al día siguiente comenzó la cuarentena y la fábrica continúa cerrada por la medida sanitaria.
«Lo que hizo la empresa fue aprovechar la cuarentena para lograr su objetivo de reducir salarios sin que nosotros podamos hacer un reclamo gremial hacia el interior de la fábrica. Si bien se venía discutiendo, teníamos que hacer contra propuestas, analizar los impactos y sobre todo discutirlo con los compañeros. Pero cortaron el diálogo y tomaron una medida unilateral a horas de la cuarentena que, no tengo dudas, la patronal tenía plena conciencia que se implementaría: esto es Techint, es Tenaris Siat, cuentan con información sensible mucho antes que el resto de la sociedad y aprovecharon el escenario», aseguró Villa.
La estrategia, según los trabajadores, forma parte de un frente de ataque del grupo Techint. Tenaris tiene plantas por todo el país y el resto del mundo, en la rama siderúrgica tienen Ternium Siderar, pero también esta Techint Construcciones, que resonó más fuerte por estos días a raíz del despido de 1450 trabajadores. Lo que indica a las claras que la multinacional aplica la misma política en todas sus subsidiarias dentro de dos tipos de acción: reducción salarial o despidos.
A la espera de que todo se normalice, después de la cuarentena se realizarán las denuncias en el Ministerio de Trabajo y los trabajadores resolverán en asamblea los pasos a seguir.
En el mientras tanto se difunde el conflicto y se analizan qué medidas de fuerza se podrían tomar a futuro contra una patronal que, mientras despide o como en este caso reduce sueldos, no deja de invertir para ganar.
«Estamos hablando de Techint – insistió Villa- Ellos están haciendo inversiones para los negocios que vendrán gobierne quien gobierne, de Vaca Muerta y otros emprendimientos similares. Esto no es como en otros casos que la planta se cae a pedazos, que el dueño no da más. No: Techint pone plata todo el tiempo en la fábrica porque sabe que va a salir un negocio millonario y para ese momento trata de tener la menor cantidad de trabajadores, la mayor flexibilidad y los salarios más bajos posibles. Preparan el terreno para salir con todas las de ganar. No es una pyme, es Techint: una multinacional capaz de presionar a cualquier gobierno para que termine la cuarentena y seguir teniendo ganancias como prioridad número uno”.
En Argentina, más de 700 mil niños y niñas en todo el país sufren trastornos del espectro autista. A partir del decreto que estableció el aislamiento obligatorio y su posterior extensión, se han multiplicado en redes sociales los reclamos de mamás y papás que piden poder salir a la calle con ellxs -tomando todas las medidas necesarias- dado que el encierro prolongado agrava su condición.
La Agencia Nacional de Discapacidad
había autorizado a las personas con “discapacidad mental,
cognitiva y psicosocial, que tienen alteraciones conductuales, tales
como personas con diagnóstico de espectro autista” a salir dos
horas por día, sin embargo, a las pocas horas la misma Agencia dio
marcha atrás con la resolución aduciendo que las excepciones solo
pueden ser especificadas por el Ministerio de Salud y Jefatura de
Gabinete.
Ante esto, la Defensoría de Niñas,
Niños y Adolescentes a cargo de Marisa Graham, analiza plantearle a
las autoridades sanitarias la posibilidad de flexibilizar el
confinamiento para estos casos.
Desde el Departamento de Discapacidad
de ATE Nacional manifestaron una fuerte adhesión a este pedido que
está fundado en razones de salud.
Su Director, Carlos Ferreres, se
refirió además a los incumplimientos de las obras sociales, que «no
están pagando las coberturas a los profesionales de la salud que los
atienden», indicó. «Tampoco reconocen muchas de las
terapias que necesitan y que está comprobando mundialmente que
ayudan a resolver el problema», denunció.
El azul es el color que distingue a las
personas con autismo. “Si ven a personas caminando con un pañuelo
o cinta azul, son personas con autismo. Necesitan caminar para
tranquilizarse. Por eso, no les griten y menos les toquen bocina.
Estar encerrados mucho tiempo les hace muy mal”, explicó vía
Twitter el padre de un niño con TEA.
Otro tema central relacionado con los
derechos de las personas con discapacidad es la situación de lxs
acompañantes terapéuticos y cuidadores domiciliarios.
Por ello, Discapacidad también
suscribió al reclamo efectuado por la CTA Autónoma, dirigido al
ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para solicitarle que el Estado
atienda la difícil situación por la que atraviesan, en tanto
prestadores independientes y monotributistas, estxs trabajadores.
«Estamos soportando aumentos del
monotributo, con grandes atrasos en los pagos por parte de las Obras
Sociales. No contamos con una ley que regule nuestra actividad, ni
estamos dentro del nomenclador nacional», expresa la nota
dirigida al ministro.
«Nuestra categorías dentro de los
monotributos son superiores a las mínimas comprendidas en el decreto
310/2020. Somos categoría «C»: Pagamos en tiempo y forma
nuestro monotributo y demás impuestos a pesar de los enormes atrasos
en recibir nuestros pagos», añaden.
Por ello, «pedimos al Sr.
Presidente su urgente intervención para seguir cobrando nuestros
honorarios de las prestaciones que hoy no podemos realizar ya que
trabajamos en instituciones que se encuentran cerradas (escuelas,
centros de día, etc.), situación que es ajena a nuestra voluntad de
trabajo. Solicitamos que se arbitre todos los medios necesarios para
que las Obras Sociales nos sigan pagando o se nos incorporen al
decreto 310/2020, resolviendo así nuestra situación angustiante y
de indefensión absoluta como consecuencia de la emergencia sanitaria
que padecemos», indican.
Soy Gessica Britez, vecina del barrio 31 y estudiante del Bachillerato Alberto Chejolán de la CTA Autónoma. La relación con las fuerzas de seguridad en este contexto de crisis y de pandemia se ha vivido como situaciones en las que hubo abusos hacia compañeros y madres que tienen que salir a buscar un plato de comida a los comedores y a retirar las viandas escolares. Hoy en día aumentó la necesidad de salir a buscar algo para traer a nuestras mesas.
* Por Gessica Britez
Muchos vecinos hemos sido retenidos a
pesar de declarar que salimos para buscar alimentos para nuestros
hijos, sufriendo abusos, chicanas por parte de las fuerzas de
seguridad en una situación que tampoco tenemos vacantes escolares
para nuestros hijos que producto de eso muchos quedan excluidos de
los comedores y no pueden acceder a una copa de leche o a lo que
manda el gobierno para que se puedan sobrellevar estos días. Muchas
somos madres solas o con vínculos violentos que hoy estamos al
acecho de los agresores.
A todo esto nos preguntamos, ¿dónde
está la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) para
ayudar con la emergencia alimentaria? En este contexto nos
preguntamos, ¿dónde está para ayudar con la emergencia sanitaria?
Estamos en constante articulación con
organizaciones y redes feministas del barrio para poder estar en
alerta y ayudar en los casos que van surgiendo, siempre sin muchos
recursos pero acompañando las situaciones de violencia y generando
redes entre nosotras.
Hoy las organizaciones de redes feministas del barrio exigimos un comité de crisis para una garantía de los derechos básicos, emergencia sanitaria, emergencia alimentaria, contra las violencia institucionales y de género.
Son capaces de hacer 200 panes con tres kilos de harina pero eso no es una excepción ni ellas son heroínas. Lo suyo es un trabajo cotidiano, duro y doloroso. Porque aunque saben que no son responsables del hambre, no pueden evitar sentir la impotencia de que menos que nunca, ahora en emergencia sanitaria, alcance la comida. En comedores y merenderos las mujeres trajinan todo el día, inventan maneras de evitar el hacinamiento, pelean contra la policía que persigue a los adolescentes que hacen el reparto y también protegen y se protegen dengue y el coronavirus con muy escasas herramientas sanitarias. Pero ahí están, poniendo en valor sus tareas, haciendo redes feministas, recuperando los saberes que muchas acumulan desde el 2001. Para ellas no valen los aplausos, vale el reconocimiento de su trabajo que tiene que ser bien pago.
* Por Roxana Sandá
En la casa de Romi, las voces de sus
hijxs a la hora de lo que debería ser la cena en esta cuarentena que
alteró tiempos y espíritus, van subiendo el tono hasta que el
chillido del más pequeño le arranca un pensamiento masticado hace
tiempo:
–Basta, mañana le escribo a Tinelli.
La miran como a una loca, se ríen.
Pero Romi Díaz, 34 años y décadas de sufrir en uno de los barrios
más olvidados de la Ciudad ya lo decidió. Le va a escribir a
Marcelo Hugo para decirle que el merendero y cocina a cielo abierto
del barrio Charrúa no da para más. Desde el aislamiento social
preventivo obligatorio que dispuso el Presidente se duplicó la
cantidad de personas que buscan el plato de comida en esa manzana
detrás de la “Ciudad Deportiva de San Lorenzo”, en el límite
entre Pompeya y Villa Soldati. Falta carne y verdura. La orga que los
asiste provée de fideos y arroz, pero no tienen repelentes, alcohol,
guantes ni barbijos para protegerse y distribuir en las caminatas del
reparto de viandas. Esta semana les donaron cloro. Piensan mutarlo a
lavandina y repartirlo en la vecindad. “El dengue no perdona”,
dice Romi, que se lo imagina “al Cabezón” llegando con bolsones
de comida, cacerolas, packs de alcohol en gel y un plano para salvar
la placita estallada en yuyos. “Vino una vez a la villa 1-11-14.
Quién te dice, capaz ahora nos descubra a nosotros.”
Fantasear con el salvataje de un
conductor de televisión es un permitido que dura lo que tarda en
abrir la puerta del galpón o en descorrer la cortina de la pieza de
madera y chapa. En menos de un mes, los comedores populares volvieron
a convertirse en la radiografía más fiel de lxs que se resbalan de
la planilla #Quedate en casa coronaviral, porque el hambre y el
hacinamiento no dejan margen para historias de instagram. Miles se
preguntan cuándo les tocarán los fondos rotatorios y el refuerzo
alimentario. La respuesta es complicada: son el universo caído de
los sistemas de beneficios sociales, asignaciones, contratos y
salarios.
Según las últimas cifras del Indec,
unas 2 millones de personas sobreviven en 320.000 hogares precarios.
Las áreas malditas son el Gran Buenos Aires, NOA, NEA y parte de la
zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Si el hacinamiento es crítico,
con más de tres personas por cuarto, el saneamiento es utópico: más
de 6 millones viven en 1.800.000 hogares urbanos sin baño o en el
mejor de los casos ubicado fuera del terreno o compartido con otras
casas. Los desagües no están conectados a la red pública cloacal
ni tampoco a cámara séptica, o el baño no tiene descarga de agua.
Apenas 800.000 hogares con poco más de 3 millones de personas tienen
baño con descarga, mientras que para higienizarse, unas 350.000
familias, 1.200.000 personas, procuran agua fuera de la vivienda.
El desastre ambiental lo completa un
7,6 % de la población arracimada en 6,3 % de hogares cercanos a
basurales, es decir 3 millones de personas en 850.000 viviendas bajo
condiciones insalubres. “El 10 % de los hogares no accede a la red
pública de agua corriente -expone el informe-, el 30 % no dispone de
gas de red y el 29 % carece de conexión a las redes cloacales.”
El merendero que sostiene Romi hace un
par de años junto con quince compañerxs, se organiza en medio de la
calle. “X los pibes”, recrea la olla popular dos veces por
semana. En la era del COVID-19, las chicas salen a tirar del carro
para llevar viandas y colaciones puerta a puerta, y los varones
ayudan a cargar y descargar. “Repartíamos a unas 80 personas, y
desde la cuarentena se duplicó la cantidad de gente que necesita
comer”, explica. “Nosotras comprábamos verdura y carne, y el
Movimiento Evita nos da fideos y arroz. Ya no sabemos qué va a
pasar, se nos acabó la plata. Nos donaron tres kilos de harina y
pudimos cocinar 200 panes que tampoco alcanzaron. Hacemos lentejas, y
encima compramos de nuestros bolsillos bandejitas descartables porque
estamos en la calle y no queremos contaminar.”
“X los pibes” es el único centro
que alimenta al barrio. Mayoría migrante, costurerxs no registrados
en talleres que cerraron tras declararse el aislamiento, trabajadoras
de casas particulares, albañiles, changarines. Y sus familias.
“Vienen lxs que nunca vinieron. Se llevan lo del mediodía y
guardan para la noche. Nos preocupan los chicos en situación de
calle. Les llevamos ollas con comida, y es poco. Ahora está el
dengue y después dicen que el invierno va a ser más fuerte. ¿Qué
vamos a hacer con la bronqueolitis?”
Este año se registraron 1.833 casos de
dengue “en la Ciudad de la posverdad”, escribió Nacho Levy,
referente de La Poderosa, en una columna publicada en este diario.
“Sólo en las comunas del sur, 1.091. Sólo en la última semana,
sumamos 450. Sólo en la Villa 21, hubo 214. Pero fíjense qué
curioso, qué impredecible, qué inimaginable: justito ahí, en la
Villa 21, el 70 % no tiene agua potable.”
Romi se ríe de las cifras del Indec.
“Descubrieron la pólvora. Esto es Soldati, señores. Acá hay
enfermedades, basurales, la mugre de las vías del tren abandonadas.
No tenemos elementos de higiene y nadie del Gobierno de la Ciudad
viene a fumigar. El martes cortamos nosotrxs el pasto de la plaza
para evitar que se reproduzca el dengue, aunque igual se revientan
las cloacas y todo es un desastre.” Cuenta que fueron a ver al
padre Juan Isasmendi, de la villa 1-11-14, para que los ayudara con
bolsones de mercadería y con los barbijos que quieren fabricar, pero
el sacerdote les respondió que ellos también andaban necesitando
máquinas de coser. “En el medio te para la policía o la
gendarmería y te reprimen para que vuelvas corriendo a tu casa. La
primera semana fue terrible, les gritábamos desde los balcones para
que no se llevaran presa a la gente. ¿No ven que para comer y seguir
viviendo tenemos que caminar cuadras? Nuestro patio es la vereda. Y
cada territorio arma como puede su propio aislamiento.”
Pompeya y Soldati concentran algunos de los índices más altos de vulnerabilidad de la Ciudad: “Poder cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, es una tarea casi imposible”, confirma un informe de la Red Feminista de Soldati, sobre la realidad de los barrios La Veredita, Ramón Carrillo y Villa Fátima, y que se replica en todos los espacios de este conglomerado al sur. “Muy pocos habitantes de La Veredita tienen trabajo formal: casi la totalidad se dedica a las changas y al cartoneo”, describen. “Hay una gran población de bebés pequeñxs, cuyas madres no pueden trabajar debido a sus necesidades permanentes de cuidado.”
En los comedores no hay vacantes desde
antes de la cuarentena, no aumentaron las raciones alimentarias ni se
reforzaron las existentes. “Se redujeron a la mitad las viandas
repartidas por las escuelas, y las entregadas son de bajísimo valor
nutricional: un sánguche de paleta y queso o sólo de
queso, una fruta (usualmente madurada de más) y alguna barrita de
cereal o pochoclo”, subraya el documento en el que le exigen al
Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, más
presupuesto para Salud, reparto semanal de bolsones de alimentos por
familia, provisión de garrafas a la población, suspensión de los
desalojos y el otorgamiento de subsidio económico extraordinario
para lxs habitantes que quedan fuera del Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE) por incompatibilidad con el programa Ciudadanía
Porteña, “inexplicable en este contexto”.
La crisis del cuidado
– Yo no soy religiosa ni católica, pero en estos días llegué a rezar.
Lo que parece un chiste se transforma
en congoja, y a Norma Morales empieza a temblarle la voz porque en
Danubio Azul, su barrio en Dock Sud, se hizo la noche. “Así nomás.
Doña Elsa, la cocinera, se acordaba el otro día de que en 2001 no
teníamos carne ni pollo, como ahora.”
En el Centro Arco Iris, uno de los
trece espacios comunitarios que coordina Barrios de Pie en zonas
vulneradas de Avellaneda y que Norma aguanta con un grupo de
compañeras, se triplicaron las demandas, se recargó la cadena de
tareas no remuneradas y estalló la crisis de cuidados. “Hace una
semana entregábamos cien raciones y ahora tenemos que cocinar 380, y
aun así no alcanza. Quedaron diez familias sin comer. Doña Elsa
llorando tuvo que decirles que no alcanzó. Duele elegir quiénes
comen y quiénes no.”
Desde el 20 de marzo a esta parte, los
medios y las redes agitan una campaña de romantización del
aislamiento que a esta altura rasca en la obscenidad. Pero lo
que se ve en el Docke es a doña Elsa llorando por
considerarse responsable del hambre de sus vecinas y pidiendo perdón
porque siente que ese trabajo no reconocido que realiza desde 2001 es
su obligación como ama de casa. ¿Cómo visibilizar en esta
coyuntura puntos de encuentro entre la economía feminista y la
economía solidaria, que realizan principalmente las mujeres? Todas
las referentes de comedores que dialogaron con Las12 deploran
que su trabajo pueda quedar reducido a un acto de amor.
Son las mujeres y sus hijxs adolescentes quienes ponen en riesgo sus vidas al seguir atajando el hambre y reparando tejidos en un horizonte socioeconómico que va a profundizar las desigualdades de género, asiente Norma. “No sólo enfrentamos el hambre en 2001 y en los años del macrismo, sino que muchos niños dependen de nosotras para poder vivir. Nadie más lo va a hacer. Nuestras compañeras de las cooperativas textiles nos ayudan haciendo cofias y barbijos, pero no nos pasan el precio del valor de su trabajo. Ese tiempo no está remunerado claramente. A Elsa siempre tengo que repetirle que ella no es ama de casa, que es la cocinera del Centro. Hay que deconstruir esas lógicas en forma colectiva.”
La directora de Cuidados Integrales del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Brandáriz,
precisa que la pandemia puso de manifiesto la crisis del sistema
sanitario y de cuidados, y la necesidad de su democratización en los
barrios populares, que atraviesan una situación de emergencia.
“Vamos a implementar el Programa El barrio cuida al barrio, que
propone cómo organizamos la cuarentena, dando por supuesto que
quienes viven en los barrios saben que la resolución de las
necesidades básicas como alimentación e higiene es a través de lo
comunitario.”
Desde el programa se prevé mantener
comedores y merenderos abiertos para la entrega de viandas, e
impulsar una política de promotoras y promotores comunitarios que
distribuyan material de higiene y hagan un mapeo de la población de
riesgo en los 4.500 barrios populares registrados en 2018. El 40 % de
la población vive de ingresos económicos no formalizados y no tiene
licencias por cuidado, concluye Brandáriz. “Por lo general son las
mujeres más humildes y las que menos pueden acceder a un servicio de
cuidado, quienes más cuidan. Por eso debe comenzar un proceso de
valorización.”
La trampa del miedo
En lo que va de la cuarentena, 12
mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas. Lo saben
todes y entonces se pusieron en marcha contraseñas notables,
subsidios para urgencias y gastos, difusión 24 horas de líneas de
atención, aunque los registros de la Ufem y de la Oficina de
Violencia Doméstica de la Corte Suprema (OVD) destaquen que las
denuncias bajaron en forma abrupta desde que el corona dejó entre
cuatro paredes a victimarios y víctimas. ¿Cómo se procura en los
barrios un poco de tranquilidad hasta que el virus se amesete? ¿En
qué se convierten esas veredas que está prohibido pisar cuando la
violencia de género es la otra pandemia de las barriadas? “El
aislamiento nos transforma como seres humanos», alerta Norma.
«Cuando lleva a situaciones violentas hay que salir de nuestras
casas.”
A veces el diálogo familiar no existe
en los sectores populares. «Por eso muchas tratan de salir un
rato», resume. En las cuadras de los comedores o a la redonda se
rescata a las que están angustiadas, a las que salieron con
cualquier excusa justo a tiempo, a las que le descubrieron un ojo
morado. “Les proponemos acercar las jarras de leche o el plato de
comida puerta a puerta. Compartimos las actividades para que
mantengan sus cabezas ocupadas y tratamos de encontrar herramientas
para poder seguir juntas cada día.”
-Si no nos organizamos bien, esto estalla en dos semanas.
Elena “Dagna” Avia es otra que no
se cansa de repetirlo en cada manzana de la Villa 21, en Barracas, a
sus compañeras de la Junta Vecinal. El comedor Casa Usina de Sueños
y el merendero Usina Abuela Teresa que coordina junto con el Frente
Salvador Herrera distribuyen 161 raciones y 75 meriendas. Completan
el listado de unos 100 comedores y más de 170 organizaciones
asentadas en el territorio. El gas es un bien suntuario y no queda
aliento para mantener las casas donde funcionan los espacios. La
intención ahora es formar promotoras de salud, abrir comedores los
fines de semana, unificar los de las manzanas más cercanas,
concentrarlos en un lugar y dividir raciones para que la menor
cantidad posible de personas tengan que trasladarse cuatro o cinco
cuadras por una bandeja de comida.
“Estos problemas son caldo de cultivo para las violencias”, agrega Dagna. “Sabemos que con el correr de los días vamos a ser mucho más discriminadxs, y va a ser una decisión de mucha valentía salir a la calle a buscar comida, tengamos permiso o no. La policía viene a cagar a palos a los pendejos, les crean causas, y nosotras no queremos que mueran más pibes. Estamos en una red de mujeres donde vemos el trasfondo, le ponemos el cuerpo y nos fortalecemos con nuestra propia visión de este panorama, para ser capaces de poder contener los ataques. Siempre estamos nosotras de la forma que sea, más culturizadas, más o menos lastimadas.”
La ingeniera hidráulica María Eva
Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria
(UBA) y referente del Frente Salvador Herrera-CTA Capital, no duda un
segundo: “Aquí nada cambió tanto. Todas las violencias ya estaban
estalladas cuando llegó el coronavirus.” Y augura que el aumento
de tareas comunitarias sobre jefas de familia va a sobrecargar una
capa geológica de tragedias cotidianas. “La epidemia del dengue
sobre los cuerpos, los comedores rebasados, las promotoras
alimentarias o sanitarias que deben reemplazar a un Estado sin
recursos, y las fotografías brutales que de pronto muestran a la
Comuna 8 con la tasa más alta de tuberculosis o compartiendo con la
Comuna 4 una mortalidad infantil que duplica la de las comunas del
norte de la Ciudad, con una esperanza de vida que se reduce diez años
en promedio.”
Para Koutsovitis, en la Ciudad de
Buenos Aires faltan estrategias de apoyo y ni hablar de remuneración
digna para quienes estarán a cargo de distribuir bolsones de
alimentos. “Quieren contener una situación invisibilizada en las
últimas décadas y que se disfraza de la peor manera, con una
supuesta integración sociourbana en la que se invirtieron millones y
que tiene que ver con cómo ha ido precarizando la vida sobre todo de
las mujeres al frente de hogares monomarentales, generándoles
enormes deudas.” Maquillan la ausencia de políticas de democracia
urbana, señala, con la romantización de ollas y feminidades. “Esa
mirada romántica tan nefasta de las mujeres pelando papas juntas, la
romantización del ´quedate adentro´ como opción final, y el
espacio público, ese lugar donde se reproduce la vida social en
términos colectivos, visto como el peligro, desde el punto de vista
urbano como mensaje es tremendo.”
El barrio La Lonja, en Villa Fiorito,
integra el corredor de los cielos más precarios del sur del
conurbano. Desde hace dos años, cada sábado el comedor NiUnaMenos
interrumpe por unas horas la vida en el desamparo, con un esfuerzo
difícil de narrar. No está bajo ningún programa municipal ni es
asistido por organizaciones sociales. Lo mantienen algunas donaciones
y la urgencia de construir un horizonte de resistencia feminista
desde la economía popular. “Es re jugado, porque además de
pararles la olla a unas 80 familias, hacemos talleres de arte, de
serigrafía, estampamos remeras y organizamos charlas de violencia de
género con profesoras ad honorem.” Gisella Rivas, la referente del
comedor, habla en nombre de las doce mujeres que encararon este
proyecto creado por la artista plástica Fernanda Laguna, integrante
del colectivo NiUnaMenos.
Hasta que el coronavirus suspendió de
un plumazo la posibilidad de discutir cómo quieren vivir. “Te
gastaste todo el arroz y te quedaste sin changas porque la mayoría
son con carro y caballo. Aquí no veo iglesias y los candidatos que
vinieron a sacarse fotos con nosotrxs no volvieron. Las mujeres se
caminan la Ribera desde Larrazábal hasta General Hornos y después
recorren otras quince cuadras, por si pueden comprar más barato o si
en algún comedor entregan comida. Pero la policía te echa o te
lleva a la comisaría, no te da tiempo a ver si pescás algún
comedor.”
En el barrio ya se llevaron a muchos
chicos que buscaban comida. Cuando los devuelven a sus casas suelen
darles diferentes “ultimátums” de despedida, denuncian sus
madres. Algunos son promesas de muerte. “A ver si aflojamos un poco
con la política del miedo, porque lo que necesitamos es una vida
sustentable. ¿Qué va a pasar cuando no haya más donaciones? ¿Qué
organismo va a reconocer que lo que hacemos es trabajo no pago? ¿Por
qué el municipio no nos entregó todavía artículos de higiene en
cantidad?”
-Si no recorrés, no comés -sentencia Gisella, corta. Quién se lo va a negar.
Una de las mujeres de la ronda de
género que armaban antes de la cuarentena se separó en estos días.
Es madre de tres niños, uno falleció hace un tiempo. No soportó
que su compañero perdiera las changas y que desde el 20M los platos
estén siempre vacíos. Mucho menos le importa que otros vecinos la
verdugueen porque tomó la calle de nuevo. Ella sale a buscar comida.
“Podríamos estar mejor si pudiéramos organizarnos en
cooperativas, sin tener que ser ´amigas de o parientes de´. Claro
que es un sueño que al toque me lo corta la calle, este descampado
que nos separa del Riachuelo”, relata Gisella. “Montañas de
tierra y basura llenas de mosquitos. Y ahí nomás Villa La Cava. Con
ellxs compartimos los residuos y los casos de dengue, pero la
delegación municipal fumiga apenas ocho cuadras a la redonda, porque
cuando protestamos nos responde que sólo cuenta con dos fumigadores
para todo Fiorito.”
Mantenerse en “ese bordecito”, como
suele decir Dagna, “peleando para no mandar a la mierda a otrxs”,
no es sencillo. “Los curas por ejemplo tienen un laburo
impresionante, pero cuando fueron a verlo a Alberto Fernández no
fueron capaces de decirnos armen un documento conjunto como vecinxs
de las villas y organizaciones sociales para presentarle al
Presidente.”
-¿Qué hubieras querido decirle a Alberto?
-Que las compañeras de las villas no dan más y tienen miedo por su salud. Que las casas no tienen patio ni terracita, por eso los chicos corren en los pasillos. Lxs inquilinos viven en piezas de un metro. ¿Qué distancia van a guardar? Que hay mujeres con seis críos y un violento en cuadrados de dos por dos. Las condiciones edilicias son desastrosas, el anillado nunca se termina, las aguas salen por todos los caños y esto es un criadero de dengue. Lavarse cantando el cumpleaños feliz parece joda. Quisiera decirle que vivir acá y con todos los quilombos se torna más violento, más desesperanzador. Y que espero que no nos deje solas.
La Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha -dentro de la cual participa el Frente de Bachilleratos Populares de la CTAA Capital- le reclamó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ponga a disposición los recursos con los que cuenta el distrito, para atender las necesidades de la población estudiantil y garantizar el derecho a la educación y a la alimentación.
* Por Valeria Garay
En el día de ayer los Bachilleratos Populares le hicieron llegar a Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una carta con una serie de reclamos. En la misma le informan que los días 28 y 30 de marzo peticionaron ante las autoridades de la Dirección de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación de CABA la provisión de “canastas escolares nutritivas” para el conjunto de sus estudiantes, la reanudación de las inscripciones on-line a las Becas de Inclusión Escolar -suspendida unilateralmente por el Ministerio- su pago en una sola cuota, la entrega de elementos de limpieza y protección y la designación de dos auxiliares docentes en los bachilleratos que no cuentan con nombramiento docente, auxiliar y directivo alguno, a los efectos de realizar la recepción y entrega de las canastas.
“Sólo tres bachilleratos recibieron las canastas. Veintidós instituciones educativas no fueron tenidas en cuenta en la distribución de las mismas, incumpliendo el Gobierno de la Ciudad en garantizar el derecho a alimentación de 2.087 estudiantes del Área de Jóvenes y Adultos”, le informan los Bachilleratos al Jefe de Gobierno de la Ciudad a través de su carta, donde además agregaron: “ninguna de las veinticinco instituciones recibió artículos de limpieza y de protección para enfrentar la pandemia”.
“Ante la urgencia y falta de respuesta hacia el conjunto de Bachilleratos que integramos la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, intentamos por este medio apelar a su persona y que tenga a bien dar curso a los medios a su alcance para subsanar esta situación. Esperando una pronta resolución de estas peticiones. Saludamos atentamente”, finaliza el texto presentado en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Texto de la carta completa:
Carta abierta a
Horacio Rodríguez Larreta
Buenos Aires, 2 de abril de 2020
Al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En estos momentos de total incertidumbre que atravesamos toda la sociedad en su conjunto, ¿no cree usted necesario poner a disposición los recursos con que cuenta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de la Nación Argentina, para atender las necesidades de la población estudiantil y garantizar el derecho a la educación y a la alimentación?
Nos sentimos obligados a dirigirnos a su persona, ante la falta de respuesta de las autoridades competentes, que entendemos ilógica e insensible.
En fechas 28 y 30 de marzo del corriente año, los Bachilleratos Populares pertenecientes a la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha peticionamos ante las autoridades de la Dirección de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación de CABA, área de la cual dependen los bachilleratos, la provisión para estas instituciones educativas de “canastas escolares nutritivas” para el conjunto de sus estudiantes, la reanudación de las inscripciones on-line a las Becas de Inclusión Escolar, suspendida unilateralmente por el Ministerio, su pago en una sola cuota, la entrega de elementos de limpieza y protección y la designación de dos auxiliares docentes en los bachilleratos que no cuentan con nombramiento docente, auxiliar y directivo alguno, a los efectos de realizar la recepción y entrega de las canastas.
Sólo tres bachilleratos recibieron las canastas. Veintidós instituciones educativas no fueron tenidas en cuenta en la distribución de las mismas, incumpliendo el Gobierno de la Ciudad en garantizar el derecho a alimentación de 2.087 estudiantes del Área de Jóvenes y Adultos.
Ninguna de las veinticinco instituciones recibió artículos de limpieza y de protección para enfrentar la pandemia.
Ninguno de los quince bachilleratos, que hace años no cuentan con personal alguno remunerado, recibió designaciones de personal auxiliar para efectuar las tareas necesarias para el reparto de las canastas.
Los Bachilleratos Populares que recibieron un bolsón de comida que ustedes entienden como ¡CANASTA ESCOLAR NUTRITIVA¡ y que cubriría las necesidades durante el plazo de 15 días de un/a estudiante, el cual consta escasamente de: 400 gramos de leche en polvo, 4 unidades de naranjas, 5 saquitos de té, 5 de mate cocido, 5 barritas de cereal y 5 paquetes de galletitas.
Quisiéramos saber cuál es el criterio para utilizar los recursos económicos con que cuenta la Ciudad más rica del país, que deja sin provisión de canastas alimentarias a un importante conjunto de escuelas de jóvenes y adultos, y en los casos que sí lo hicieron, hacerlo de manera tan paupérrima. Quizás usted, desde su comodidad, crea que alguien en su sano juicio pueda desplazarse para obtener esas migajas poniendo en riesgo su salud y la de todo su grupo familiar, ¡algo realmente inconcebible a nuestro entender!
Del mismo modo, desconocemos la falta de capacidad del Ministerio de Educación para realizar las inscripciones on-line al sistema de Becas de Inclusión, la cuales están destinadas a favorecer la permanencia en el sistema educativo de las poblaciones estudiantes que presentan dificultades económicas para continuar con sus estudios. El Ministerio, debería, efectuar el desembolso extraordinariamente en un solo pago, de modo tal que ayude a mitigar los efectos de la crisis económica por la que atraviesan les estudiantes.
Los bachilleratos populares sostenemos desde hace 15 años experiencias de educación reconocidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad y atendemos las necesidades de la población joven y adulta más vulnerable de la Ciudad en los barrios y barriadas más pobres.
Por lo expuesto, es necesario que el gobierno de la Ciudad arbitre los medios para:
– realizar la entrega de “las canastas escolares nutritivas” a los bachilleratos que aún no las recibieron;
– disponer la composición y entrega de una nueva canasta que satisfaga realmente la alimentación de les estudiantes y sus familias para enfrentar la crisis alimentaria por la que atravesamos;
– entregar a las instituciones elementos de limpieza y protección; y
– reanudar la inscripción al programa de Becas de Inclusión Escolar y efectuar un solo pago de las mismas.
Ante la urgencia y falta de respuesta hacia el conjunto de Bachilleratos que integramos la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, intentamos por este medio apelar a su persona, y que tenga a bien dar curso a los medios a su alcance para subsanar esta situación. Esperando una pronta resolución de estas peticiones. Saludamos atentamente.
Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha
Bachilleratos Populares 20 Flores, Alberto Chejolán, Bartolina Sisa, Berta Cáceres, Carlos Fuentealba, Darío Santillán Barracas, Darío Santillán Constitución, IMPA, Ernesto ‘Che’ Guevara, Farmacoop, Germán Abdala, Graciela Acosta, Independencia, Maderera Córdoba, Marielle Franco, Miguelito Pepe, Parque Patricios, Paulo Freire, Puños de Libertad, Raymundo Gleyzer, Salvador Herrera, Sergio Karakachoff, Sol del Sur, Vientos del Pueblo, Voces de Latinoamérica.
Desde la declaración de la obligatoriedad del aislamiento social ante la pandemia de Covid19 muchas rutinas cambiaron o se vieron afectadas de diferentes maneras. La rápida implementación del teletrabajo, por caso, trajo aparejada una serie de situaciones como la disposición por parte del trabajador de las condiciones necesarias para resolver el trabajo desde su casa, reglas y límites claros para el régimen de trabajo, elementos de seguridad, instalaciones adecuadas y más.
* Nota basada en el documento sobre Teletrabajo, realizado por Guillermo Defays, Secretario de Previsión Social, y Marcelo Fiscina, Secretario de Salud Laboral de CTAA Capital
A su vez, la rapidez con que se impuso
la modalidad reavivó ciertas tensiones y disputas entre la clase
trabajadora y la patronal que se agudizaron: intentos de rebaja
salarial, pauperización de las condiciones de trabajo, reducción de
gastos y presupuestos, distanciamiento entre trabajadores y
sindicatos, son algunas de las posibilidades que se barajaron para
sacar ventaja de la situación y reformar de hecho el sistema
laboral.
Ante semejante situación la CTA
Autónoma Capital elaboró un informe en base a los decretos y
resoluciones vigentes para preservar los derechos de trabajadores y
trabajadoras a la hora de implementar el teletrabajo.
La Resolución 202 del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), emitida junto con el DNU
Nº 260 del Ejecutivo Nacional, suspendió «el deber de
asistencia al lugar de trabajo, con goce íntegro de sus
remuneraciones, a todos los trabajadores y las trabajadoras que se
encuentren en las situaciones descriptas en el artículo 7° del DNU
N° 260», que en su artículo 4° especifica que «Los
trabajadores y las trabajadoras alcanzados por la dispensa del deber
de asistencia al lugar de trabajo, que no posean confirmación médica
de haber contraído el COVID-19, ni la sintomatología descripta en
el inc. a) del artículo 7° del DNU N° 260, cuyas tareas habituales
u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de
aislamiento, deberán en el marco de la buena fe contractual,
establecer con su empleador las condiciones en que dicha labor será
realizada».
Ahora que la emergencia sanitaria
apresuró la puesta en marcha de esta modalidad, las trabajadoras y
trabajadores no pueden dejar de lado que en Argentina el MTEySS
emitió en su momento el «Manual de Buenas Prácticas en
Teletrabajo», que fue elaborado en conjunto y bajo la
supervisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
que establece:
– La voluntariedad del teletrabajo
– La reversibilidad del teletrabajo
– La formación y capacitación en
todos los aspectos del teletrabajo
– La compensación de todos los gastos
directos e indirectos que ocasione teletrabajar
– La inclusión en el Convenio
Colectivo de Trabajo
– La observación del Manual de Buenas
Prácticas de Salud y Seguridad en el Teletrabajo (MTEySS y
Superintendencia de Riesgos de Trabajo – SRT -)
– El contrato individual donde queden
garantizados estos principios y las particularidades de la tarea. El
Programa Piloto se llevó a cabo, pero fue «diluyéndose»
con el correr de la década del ’10.
La situación actual de emergencia
sanitaria tensiona sobre el principio de «voluntariedad del
teletrabajo», sin embargo, esto no debe entenderse como una
relajación de las demás cuestiones básicas que el Manual de Buenas
Prácticas en Teletrabajo, que continúa vigente. En particular, se
debe respetar lo establecido por las otras normas obligatorias en el
Manual de Buenas Prácticas de Salud y Seguridad en el Teletrabajo,
emitido por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). Esto
implica que deben ser provistos al trabajador todos los elementos
necesarios para que realice su trabajo con las condiciones
ergonómicas adecuadas, como ser teclados y pantallas a las alturas
correctas, sillas con las características ergonómicas que hacen
falta, apoya pies, etc. Se le deberán proveer además los elementos
de seguridad, como ser matafuegos, necesarios. Que además deberán
contar con el visto bueno de los representantes sindicales de los
trabajadores.
Por último, el teletrabajo no deberá
convertirse nunca en ocasión para:
– Extender la jornada laboral. Se
deberá cumplir una jornada igual a la del trabajo en la empresa u
organismo, incluyendo el horario concreto, dentro de una franja
horaria establecida por contrato.
– Implementar la multifuncionalidad. El
teletrabajador deberá tener una delimitación clara de la tarea a
cumplir.
– Entorpecer el vínculo con el
sindicato. Los teletrabajadores deben poder ocupar cargos y tener
licencias gremiales. El empleador debe facilitar los medios para la
comunicación del sindicato con el trabajador.
– Recortar derechos. Se deberán
mantener los mismos derechos que el trabajador habitual – en
particular las licencias médicas (no se debe trabajar «medio
enfermo» desde casa) -, así como la ART y el seguro.
– Generar costos extras al
teletrabajador. Los gastos referidos a costos de infraestructura,
mantenimiento y limpieza del domicilio serán a cargo del empleador a
lo que se le sumará un seguro de vivienda.
– Descontar haberes o sancionar al
trabajador en caso de no poder ejercer su funcion por causas ajenas
como cortes del suministro eléctrico, internet, etcétera. En dichos
casos tampoco estará obligado a compensar a futuro las horas no
trabajadas.
La imposición de una nueva modalidad
de trabajo desde la parte empleadora, privada y publica, de modo
unilateral, debe ser pensada y debatida colectivamente por parte de
las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, teniendo en cuenta
a su vez las especificidades y particularidades de cada tarea para
incluirlas en las negociaciones colectivas.
Desde nuestra perspectiva, toda reglamentación debe estar adecuada a la rama de actividad, empresa y modo de organización del proceso de trabajo. Por ello, consideramos que siendo trabajadores que estamos en contacto permanente con estos aspectos, además de ser quienes sufriremos una modificación en nuestro modo de vida y trabajo cotidiano, tenemos la responsabilidad y el derecho de construir su reglamentación.
Documento elaborado por Guillermo Defays, Secretario de Previsión Social, y Marcelo Fiscina, Secretario de Salud Laboral de CTAA Capital:
La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma celebra la decisión tomada por el Poder Ejecutivo de prohibir por decreto los despidos y suspensiones “sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta días”, en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Nuestra Central había advertido sobre la necesidad de una medida de esta magnitud en undocumento emitido el 19 de marzo pasado, donde planteamos una serie de propuestas para la protección de los trabajadores y trabajadoras en el marco de la emergencia.
Este Decreto de Necesidad y Urgencia era esperado por las trabajadoras y trabajadores, ya que protege los puestos de trabajo y nuestros derechos mientras dure la emergencia pública. Del mismo modo, creemos necesario reiterar el reclamo de la conformación de un Comité de Crisis donde las centrales sindicales podamos ser parte de la discusión y brindar nuestras propuestas para las medidas a implementarse en esta etapa.
Firman el comunicado:
Ricardo Peidro, Secretario General Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta Hugo Godoy, Secretario Adjunto