CTA Capital – Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma

Los infectados del personal sanitario representan un 15% de total de casos confirmados en el país y ya se registraron cuatro muertes. El reclamo por los equipos de protección y la falta de personal para hacer frente a la pandemia, más latente que nunca.

Los últimos números oficiales que dio a conocer el Ministerio de Salud hablan de al menos 431 profesionales de la salud infectados con COVID-19.Según el sistema de vigilancia epidemiológica, 130 contrajeron el virus trabajando en establecimientos de salud, y el resto tienen antecedentes de viaje o son contactos estrechos de los mismos.

Por otra parte, ya son cuatro los profesionales que murieron por la enfermedad. La cantidad de infectados representa el 15% del total registrado en el país, uno de los porcentajes más altos a nivel mundial, ya que el promedio que se conoce es del 10%.

Desde que iniciaron los contagios, las distintas centrales sindicales insistieron en la provisión de equipos de protección personal para quienes se encuentran en la primera línea de batalla contra este virus. Sin embargo, en muchas provincias se reportó la faltante de estos elementos. Incluso el mismo Ministerio de Salud lo reconoció.

Esta semana, ATE, Fesprosa y la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma, presentaron al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al ministro de Salud, Ginés González García, la propuesta titulada “Bases para un Programa Nacional de preservación de los trabajadores de la salud”.

“En el marco de las dimensiones que adquiere la pandemia en la Argentina, la salud de los trabajadores de Salud ha pasado a incorporarse a las más críticas. No hay posibilidad de un saldo positivo de todos esfuerzos puestos en juego en esta contingencia, si quienes asistimos cada día a nuestra población perdemos nuestra salud y replicamos la enfermedad”, detallaron desde los gremios.

El monitoreo en tiempo real de las y los trabajadores, la provisión de EPP y la ejecución de protocolos en establecimientos públicos y privados de salud, conforman los ejes centrales del programa sugerido al Gobierno.

Lo cierto es que el carácter asintomático de muchos de los pacientes que asisten a las guardias hace que los trabajadores de la salud se contagien sin saberlo. “Esto tiene que ver con que el protocolo es muy escueto respecto al uso de los elementos de protección personal porque sólo se utiliza en caso de sospecha”, comentó a Canal Abierto Soledad Díaz Ayala, enfermera del Hospital Aeronáutico Central de la Ciudad de Buenos Aires.

El protocolo señala dos kits de protección. El 1 para ser utilizado en caso de sospecha de COVID-19, y el 2 para cuando hay confirmación del caso. “Si el paciente que entra no es sospechoso al momento y después presenta sintomatología propia del COVID-19, entramos todos los que estuvimos en contacto con él en sospecha y cuarentena preventiva hasta que se nos haga el hisopado. Hasta que no se compruebe que no estamos contagiados no podemos volver al puesto de trabajo. Es todo un equipo de trabajo que sale de circulación para atender pacientes. Ese protocolo no funciona”,  manifestó la enfermera.

Ya hubo numerosos contagios. El Sanatorio De la Providencia, en el barrio porteño de Balvanera, que debió cerrar tras comprobarse que 34 profesionales que trabajaban allí habían dado positivo de Covid-19. Tres médicos del Centro de Salud del Norte, de Villa Adelina, y una enfermera, una empleada administrativa, y la jefa de mucamas, también fueron infectadas en los últimos días. El Hospital Manuel Belgrano tiene 15 personas que integran el equipo de salud con coronavirus. El Hospital Italiano de Buenos Aires difundió un comunicado en el cual notificó de 19 casos positivos por COVID-19. Mientras, en Cipolletti, 14 trabajadores se infectaron en el Sanatorio Río Negro, lo que obligó a su cierre.

De hecho, Díaz Ayala estuvo en una cuarentena preventiva. Cuando llamó al número de referencia que les dieron para el COVID-19, le dijeron que la fiebre no era la suficiente y que los dolores de cabeza no alcanzaban. “Pero hace unos días sacaron un nuevo protocolo para sospecha de COVID y entraban los síntomas que yo presentaba. Como en ese momento no me hicieron hisopado, yo no sé si lo cursé”, comentó.

En este sentido, la enfermera del Hospital Aeronáutico Central, señaló: “El hecho de que a nosotros se nos restrinjan los elementos de protección en base a protocolos muy escuetos en cuanto a la sintomatología hace que se contagie con mayor facilidad el personal de salud, y son equipos irremplazables al menos por dos o tres días. De dar positivo, son 15 días que sacamos de circulación un equipo que puede ser de dos médicos, tres enfermeros, dos técnicos de rayos y algún administrativo que haya estado en contacto con el paciente”.

En Chaco la situación alarma. Del total de infectados, el 52,7% -105 personas- son trabajadores de salud. El mayor número de contagios corresponde al Hospital Perrando, el cuya propia directora resultó uno de los primeros casos autóctonos de Covid-19. En este establecimiento se registraron hasta el momento 60 contagios entre médicos y administrativos.

Si bien el pico de esta pandemia aún no llegó al país, en estos momentos no hay personal suficiente para hacerle frente. Los contagios entre los trabajadores sanitarios empeora la situación porque implica hacer cumplir dobles turnos a los que están disponibles.

La cuestión salarial y contractual es otro de los reclamos que se elevaron desde los sindicatos. “El trabajador de salud generalmente está sobreocupado, casi siempre con dos o tres trabajos. Si yo necesito cubrir la guardia de la noche, a la enfermera de la mañana no le puedo pedir que se quede otras seis horas porque a la tarde tiene que ir a cumplir horario a otra clínica. El estatal casi siempre tiende a trabajar también en el sector privado porque el promedio de lo que paga el Estado suele ser la mitad de lo que se cobra en el ámbito privado. El desfasaje es notorio, sin contar que hay mucha precarización”, aseveró Díaz Ayala.

En este momento, la planta de enfermería del Aeronáutico tiene 25 enfermeras monotributistas. “Las plantas vegetativas existen. Había gente en planta permanente que se jubiló y no abrieron concurso para que esas monotributistas tuvieran acceso a esa planta”, detalló la enfermera.

También, para cubrir las guardias de enfermería y los hoteles de cuarentena, el gobierno de la Ciudad de  Buenos Aires destinó entre 10 y 15 enfermeros de los hospitales. “La salud pública ha venido en deterioro progresivo los últimos años. El hambre por hacer de nuestros hospitales un negocio inmobiliario ha llevado al vaciamiento, a una pérdida salarial importante. Así, el Estado deja de ser competitivo para el profesional. Vienen más por el amor a la patria y a haberse formado en un hospital público que por lo que se les paga de salario”, expresó Díaz Ayala.

La enfermera, como muchos, agradece los aplausos de las nueve de la noche, pero siente que son insuficientes. “Si supieran que muchos de los compañeros a los que aplauden no tienen vacaciones, aguinaldo o elementos de protección personal se darían cuenta que con los aplausos no alcanza. Deberíamos elevar la voz y pedir por el reconocimiento al menos de la planta permanente. Eso ya sería un resarcimiento a tanto esfuerzo puesto en la salud pública y en el bien de la comunidad”.

En este sentido, la enfermera reflexionó: “Se celebra más al personal y a los auxiliares de salud como mártires que como héroes, porque si el aplauso no viene con mejora en las condiciones de trabajo son mártires. Está en conocimiento el riesgo que corren y aún así lo hacen. No hay que celebrar hacerlos bandera después de caídos, hay que cuidarlos para cuidarnos nosotros también”.

Fuente: Canal Abierto | www.canalabierto.com.ar

La peste despierta lo mejor y lo peor de los sentimientos humanos, decía Albert Camus. Asistimos diariamente a la entrega de los trabajadores de la salud, también al enfrentar de los riesgos por parte de muchísimos trabajadores nombrados por estos días como “esenciales», vemos cómo «se la bancan» los que necesitan ganarse la diaria y subsisten mediante el ingenio y la ayuda estatal. También aquellos que deben respetar el aislamiento social, lo hacen en la inmensa mayoría de los casos.

* Por Secretaría de Previsión Social de la CTAA Capital

Pero hay quienes ven en esta crisis la oportunidad de hacer negocios. Los desmedidos aumentos de precios sin ningún asidero en los costos de producción, la especulación, la decisión de los grandes empresarios -acompañados en muchos casos por sindicalistas traidores-, de hacer pagar el costo de la pandemia a los trabajadores en vez de ganar un poco menos; son todos ejemplos de este proceder.

Pero por otra parte la epidemia, con sus necesarias medidas de excepción, ha desnudado ideologías autoritarias y discriminatorias en sectores de la sociedad. Pero cuando esto se manifiesta dentro de los estamentos de gobierno o de poder, adquiere ribetes graves.

Hubo todo un intento de sectores políticos con respaldo mediático, para que se impusiera el estado de sitio en el país. Por resistencia popular esta medida fracasó, aunque seguimos asistiendo a reiterados abusos de las fuerzas de seguridad. Menos explícitos -y hasta apoyados por parte de la población-, los «toque de queda municipales» y hasta la «ley seca» en algunos distritos, muestran cómo, ante un problema real, lo primero que se les pasa por la cabeza a estos funcionarios es recurrir a la represión.

En esta línea está el anuncio del Gobierno de la Ciudad de prohibir a partir del lunes la circulación de los mayores de 70 años. El problema es real: los adultos mayores se mueren más cuando se infectan con el COVID 19, aunque no ciertamente por ser viejos, sino porque estadísticamente las enfermedades pre-existentes se incrementan con la edad. Ante esto, la «solución» del Gobierno de la Ciudad es represiva y discriminatoria.

Discriminatoria porque detrás de la aparente lógica de «si ya está restringida la circulación de todo el mundo, restrinjamos un poco más la de los viejos, así los protegemos», queda implícito el «viejismo» que hace unas horas denunciara el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, cuando advertía que con esta medida se fomentaba el estereotipo del «abuelo» que no se vale por si mismo, asexuado y hasta «débil mental». Lo discriminatorio de esto es que se plantea que el mayor de 70 -una población absolutamente heterogénea, con trabajadores, artistas, profesionales, heterosexuales, gays, lesbianas, jubilados, enfermos o con buena salud-, sea identificada como una cosa “distinta» por el conjunto de la población. Falta que nos obliguen a llevar una estrella amarilla con la inscripción +70, como propone en tren de protesta el ensayista e historiador del arte, José Burucúa.

Pero además de discriminatoria, la medida es claramente represiva. La restricción a la circulación ya está establecida, tiene sus reglas claras dictadas por el Gobierno Nacional y éstas gozan del consenso de la población. La «sobreactuación» del Gobierno de la Ciudad podría ser reemplazada por un mayor esfuerzo de concientización, en lugar de la represión.

Los adultos mayores somos los que mayor interés tenemos en no enfermarnos. Cumplimos con las medidas de seguridad y somos los primeros en pedir ayuda si no podemos valernos por nosotros mismos. A pesar de la presencia de voluntarios que «harían las compras», esta medida no sólo es totalmente innecesaria y abusiva, sino casi imposible de cumplir por la gran cantidad de personas que están solos o en pareja -ambos mayores de 70 años-, que actualmente llevan una vida independiente y segura.

Desde la CTA-A Capital exigimos que la medida sea retirada.

Mujeres luchadoras por el agua de los barrios populares de la Ciudad, presentaron una acción de amparo para que el Gobierno porteño formalice el acceso inmediato al agua potable y a saneamiento, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus y dengue. La ingeniera María Eva Koutsovitis, que acompaña la causa, sostiene que la crisis del agua es una violencia invisibilizada que clausura la autonomía de las mujeres pobres.

Desde que comenzó esta cuarentena, a las mujeres de los barrios populares les cuesta distanciarse como manda el aislamiento social preventivo obligatorio. El metraje individual no va con ellas cuando el hacinamiento se convierte en único perímetro posible y el hambre retumba entre mayorías cansadas de disposiciones y endeudamiento. Tampoco les hace mella que las fuerzas de seguridad las chuceen o que algunxs referentes políticxs las haya “reprendido” por tomar la calle sin barbijo. A los atrevidos les recuerdan que en los territorios no hay prevención que alcance cuando faltan servicios públicos, cuando poner el cuerpo significa exponerse a todas las crisis juntas y, sobre todo y en este escenario, cuando no existe el acceso formal al agua potable para beber, lavarse las manos o darse al menos una lavada una vez por semana. Para ellas y sus familias, salud es sinónimo de caminar de la mañana a la noche. Las carretillas que cargan con sachets de agua y reparten en alguna esquina, las canillas de uso compartido y el contacto con otras aguas de servicios precarios, muchas veces se mezclan con aguas servidas que habilitan la permanencia del coronavirus, por nombrar la enfermedad del momento entre tantas otras que vienen asolando hace décadas. O del dengue que gobierna en un escenario de pobreza estructural, donde cada quien recurre al almacenamiento de agua en baldes, cacerolas y tachos. Es en esa desprotección que mujeres referentes de estos barrios presentaron a la Justicia una acción de amparo colectivo para que el Gobierno porteño formalice el acceso inmediato al agua potable y el saneamiento cloacal en villas y asentamientos, como medidas esenciales de prevención del contagio por coronavirus y dengue. Una vez notificado, el Ejecutivo tendrá 48 horas para dar una respuesta que vislumbre alguna mejora.

“Se estima que lxs habitantes de las villas de la Ciudad representan el 15 por ciento de la población total de la ciudad. Las obras de infraestructura que allí se realizan para la prestación de servicios públicos, no responden a planes integrales de urbanización ni respetan la normativa local, nacional e internacional vigente”, sostiene la ingeniera sanitaria María Eva Koutsovitis, titular de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería (FIUBA) y quien encabeza la carátula del expediente que firman organizaciones sociales y políticas, radicado en el Juzgado N° 8 Secretaría N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. “La Ley 3.295 de la Comuna reconoce como derecho humano el acceso al agua potable segura en cantidad y calidad suficientes para usos personales y domésticos, y garantiza el ejercicio de este derecho a todxs sus habitantes”, explica Koutsovitis. “Sin embargo, para quienes sobreviven en estos barrios su goce es una utopía.”

El 22 de marzo, Día Internacional del Agua y a 48 horas de decretado el aislamiento, desde todos los puntos del país se denunciaba a través de las redes una problemática que sufren más de cuatro millones de personas en zonas que carecen de acceso genuino a servicios públicos. En los 4.400 barrios populares argentinos, el 93,5 por ciento no tiene acceso formal a la red de agua potable, consigna Página/12 en una nota de Laura Vales. “Y el 85 por ciento de los hogares afectados son sostenidos por mujeres” -asegura la ingeniera-, mientras que en la Ciudad evidenciamos que 1 de cada 7 porteñxs no acceden formalmente a este servicio.”

Una serie de relevamientos técnicos de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria junto con promotoras sanitarias y de las juntas vecinales, pudo determinar la contaminación bacteriológica en el agua de esos territorios. “A mediados de enero de 2019 había un fuerte olor cloacal en viviendas de las manzanas 24, 25 y 29 de la Villa 21-24, Comuna 4 del sur de la Ciudad, a la vera del Riachuelo y con ochenta años de historia, que no cuenta con servicios públicos formales como agua potable segura, saneamiento cloacal, tendido eléctrico seguro y gas de red”, describe Koutsovitis. Entrevistaron a familias de unos 550 hogares y se tomaron 110 determinaciones de presión y muestras del agua de consumo, que fueron analizadas en un laboratorio especializado donde se confirmó la contaminación.

“Con las mujeres elaboramos un mapa de riesgo sanitario que nos permitió cuantificarlo, individualizar las manzanas más críticas y confirmar la profunda crisis sanitaria y ambiental que atraviesa el barrio”, recuerda. “Armamos un expediente que llegó a incorporarse a la causa Matanza-Riachuelo, conocida como la causa Beatriz Mendoza, y presentamos en la Legislatura un informe con recomendaciones, pero no fueron abordadas por el Gobierno de la Ciudad. De haberlo hecho, el escenario frente al Covid-19, por lo menos en la Villa 21-24, hubiera sido muy diferente.”

En febrero de 2019, la Cátedra intervino en el Barrio Scappino, en Villa Lugano, frente al Ministerio de Desarrollo y Hábitat porteño. Sus vecinxs no cuentan con agua potable y resuelven el acceso al saneamiento cloacal con pozos ciegos, sin cámara séptica, en el interior de las viviendas. “Las mujeres estaban alarmadas por los problemas en la piel que presentaban lxs niñxs. Organizaron asambleas y relevamos el diez por ciento de las viviendas, con mediciones de presión en la red informal. Como ocurre en la Villa 21-24, el valor promedio de la presión es cinco veces menor que lo establecido, y eso aumenta la probabilidad de que el agua se contamine. Y logramos visibilizar el riesgo estructural al que están expuestas muchas viviendas, porque al extraer el líquido de estos pozos ciegos internos se pone en riesgo el sustento, ya que arrastra parte del suelo sobre el que están apoyadas.” El Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31 y 31bis) es otro de los territorios que este verano soportó unas de las peores crisis del agua. “La falta de suministro comenzó en un sector y después se extendió hacia todo el territorio. Hubo una movilización masiva al local de la Comuna que funciona en el barrio, y allí lxs vecinxs se enteraron de que no existía ningún plan de contingencia para resolver la emergencia -remarca-. La particularidad es que en el último período de la gestión de Horacio Larreta se habían destinado unos mil millones de pesos para obras de urbanización infraestructura de agua, cloacas y sistemas pluviales. Con referentxs del Barrio Güemes, del sector de Bajo Autopista, hicimos un informe que las autoridades nunca quisieron recibir.”

Según Koutsovitis, la presión y la calidad del agua que se consumen en los barrios populares no son controladas por ningún organismo estatal. Lxs vecinxs, y en algunos casos las cooperativas de trabajo, se conectan mediante mangueras a las bocas que la empresa proveedora AySA dispone en las periferias, trazando débilmente las redes internas de agua. Cada vez que llueve, la ausencia de sistemas pluviales adecuados, el desborde de cámaras cloacales precarias y la contaminación de los suelos con metales pesados y sustancias peligrosas, provocan inundaciones que exponen a un catálogo de enfermedades asociadas. Este amparo colectivo es un grito desesperado frente al colapso sanitario y ambiental que implosiona en las casas y en los pasillos.

– ¿En qué consiste la demanda?

– En que AySA u otro organismo estatal presten el servicio de agua potable y saneamiento según los criterios normativos, y que sea regulado por los organismos de control que correspondan. Además, que se ordene al Gobierno de la Ciudad a implementar un Plan de agua potable y saneamiento cloacal para todos los barrios populares, que incorpore de manera integral y transversal la dimensión productiva, la participación comunitaria y la perspectiva de género y diversidad. Que contemple un programa de monitoreo ciudadano y un sistema tarifario social especial, que exima del pago de los servicios públicos a las familias a medida que regularicen los servicios, durante un período no inferior a quince años.

– ¿El plan dimensiona el trabajo con perspectiva de géneros para lxs habitantes de los barrios?

– Un eje central de la propuesta es la incorporación de un 25 por ciento de mano de obra local y que respete criterios de paridad de géneros, como establece la Ley Nacional 27.453, “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana”. Del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap) en el período 2016-2017, surge que el 65 por ciento de lxs responsables de hogar son mujeres y que el 85 por ciento de los hogares son monomarentales. La dimensión del trabajo es clave en la estrategia de integración e inclusión con perspectiva de género, diversidad e igualdad de oportunidades. En cada barrio deberá crearse un Registro de Mano de Obra Local donde se inscriban desde trabajadorxs de la construcción hasta promotorxs ambientales y de géneros, y que se implemente un programa de capacitación.

– ¿Cuáles son las medidas que las mujeres reclaman para la provisión de agua segura?

– En el amparo piden que se les garantice el acceso al agua potable para todos los usos, en el marco de esta emergencia sanitaria mundial y por dengue. Que en cada hogar haya un baño y dos canillas, con mantenimiento y destapación de cámaras cloacales y pozos ciegos. Para nosotras es fundamental poder contar con un cronograma del camión cisterna con recorrido, fechas y horario de entrega del agua. Las mujeres destinamos días enteros de incertidumbre a esperar la llegada del camión. También se solicitaron dos litros de agua envasada por persona todos los días, y que se garanticen de manera gratuita en cada hogar ocho litros de lavandina concentrada para higiene y la entrega de dos garrafas. Cuando el agua no es segura, una de las pautas es hervirla, pero para eso tenés que poder contar con garrafa.

Descacharrar para evitar el dengue pierde sentido cuando las vecinas de los barrios tienen que acopiar agua para vivir.

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 Muchas veces las familias no tienen dónde juntarla, por eso la idea de descacharrizarse se cae a pedazos. El pedido judicial incluye que el Gobierno porteño instale tanques comunitarios abastecidos con agua potable y garantice tanques plásticos domiciliarios a todos los hogares que no cuenten con sistemas confiables de almacenamiento, para que cuando el camión cisterna entregue el agua, haya un lugar seguro de contención. Hoy vemos un sinfín de organismos que intervienen con competencias solapadas y responsabilidades difusas, y es muy difícil para las familias saber a quién recurrir. Tampoco hay un mecanismo de trazabilidad para los camiones cisterna en el punto de entrega de agua, que muchas veces presenta alta turbidez.

– ¿Qué significa la falta de agua en la economía de los barrios populares?

– Entre noviembre y diciembre de 2019, en un sector del Barrio Inta, supuestamente urbanizado por la Corporación Buenos Aires Sur, relevamos cuánto dinero se gasta para comprar agua, y concluimos que las familias destinan en promedio un 10 por ciento de los ingresos para abastecerse de agua potable envasada. Si agregamos el dinero que separan para la compra de garrafas, destinan entre el 15 y el 25 por ciento de sus ingresos para abastecerse de agua y de gas. Lo cual sitúa a esas familias en la categoría de pobres energéticos, una medición que utilizan en Europa para aquellos hogares que destinan más del 10 por ciento de los ingresos a pagar servicios. Otra preocupación es la ausencia de protocolos de manejo de agua. Algunas mujeres la hierven, otras le echan gotas de lavandina y otras, tratando de comprar filtros comerciales, quedan atrapadas en un circuito de endeudamiento.

– Una referente de Villa Inflamable dice que allí lxs niñxs nacen con un nebulizador y las pieles dañadas por las enfermedades hídricas.

– Las afecciones vinculadas a la falta de acceso al agua potable formal y segura son principalmente diarreas, parasitosis, enfermedades en la piel y enfermedades derivadas, como el dengue. El mapa de casos de dengue se superpone con el mapa de falta de acceso formal al agua y ahora con el coronavirus, que requiere de aislamiento e higiene personal. Pero en los barrios populares de la Ciudad hay un promedio de dos familias por vivienda, y la falta de agua obstaculiza cualquier medida lógica de higiene. Para las mujeres, en este escenario el acceso a un poco de agua no sólo significa que son ellas quienes invierten horas de sus vidas para obtenerla, sino que las obliga a quedarse en casa cuidando o recorriendo centros de salud porque sus hijxs sufren intoxicaciones severas, enfermedades respiratorias o dermatitis graves.

– No acceder al agua potable se convierte entonces en una violencia invisibilizada que clausura la autonomía de las mujeres pobres.

– Porque la posibilidad de poder desarrollarse en otros ámbitos de la vida está absolutamente limitada y sólo reproducen tareas de cuidados que tampoco son reconocidas como trabajo. La crisis del agua es una problemática invisible, porque somos las mujeres las que todos los días y de manera silenciosa le ponemos el cuerpo con infinidad de estrategias. Y es una violencia naturalizada, por lo tanto desarmarla no es fácil. Si lo pensamos desde el punto de vista estricto de la técnica, resolver el acceso al agua potable es una tarea de baja complejidad. Creo entonces que hay una definición política de no terminar con este tipo de violencia, que fundamentalmente impactan en el cuerpo de las mujeres. No encuentro otra explicación cuando una obra se ejecuta una, dos y tres veces mal. Implica también condenar a la precariedad a miles de hogares en el distrito más rico del país. Lamentablemente, la falta de agua potable es una de las violencias que aún no nos interpela como sociedad.

Fuente: Roxana Sandá para Página 12

Mediante el mecanismo de compra directa, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó otra compra de barbijos para atender la demanda de la emergencia, en este caso con un sobre precio del 100 por ciento, a dos empresas intermediarias dedicadas a la informática. Las compras consistieron en 6 millones de barbijos a empresas intermediarias con un 100% de sobreprecio.

Pablo Spataro, secretario General de CTAA Capital, aseguró que «El Gobierno de la Ciudad tiene que convocar a un Comité de Crisis para discutir con todos los sectores de la sociedad como se gasta y en qué se gasta los recursos que son de todos. Estamos ante una nueva presencia de compras de artículos de primera necesidad por encima del valor del mercado, creemos desde la CTA que los mismos barbijos pueden ser comprados a cooperativas y empresas recuperadas a un precio más barato y de mejor calidad».

En el siguiente informe realizado por la CTA Autónoma Capital, el Observatorio de Derecho a la Ciudad, Unidad Popular y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, se detalla el mecanismo por el cual el GCBA pagó de forma inexplicable $207 millones de pesos por sobre el valor de mercado de los barbijos que hoy por hoy son un bien tan escaso como necesario para atender la salud de nuestro pueblo.

Descargar Informe completo:

Desde la CTAA Capital vemos con profunda preocupación la información sobre la compra de 15 mil barbijos tipo 3M por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a $ 3000 por unidad, el triple de su valor de mercado, a la empresa Green Salud, propiedad de Ignacio Saenz Valiente, director del Grupo Clarín.

Esperamos que el gobierno trasparente la adjudicación de ese tipo de barbijos lo antes posible y brinde toda la información sobre dicha adjudicación. Así mismo, insistimos en la necesidad de la conformación inmediata de la Mesa de Crisis para hacer más eficiente la gestión de esta emergencia.

Por último, reiteramos que junto a las cooperativas de los movimientos populares estamos en condiciones de fabricar tapabocas y otros elementos que en este momento le faltan a muchos trabajadores y trabajadoras que desarrollan tareas esenciales y quienes habitan en la Ciudad de Buenos Aires.

La CTAA sostiene la necesidad de priorizar absolutamente la salud de la población frente a cualquier otra consideración de orden económico. En ese sentido, los recursos que pudieran hacer falta para sostener la vida de los sectores económicos más vulnerables ante el parate de las actividades deben salir de los sectores más pudientes, aquellos que según todos los indicadores muestran que tienen «espaldas» para sostener solidaria y excepcionalmente el peso de esta crisis y no apresurar en cambio el regreso al trabajo de múltiples capas de la población.

Debemos sin embargo prepararnos para la eventualidad de que el abandono del aislamiento social, que hoy rige en forma obligatoria para amplios sectores de la población, se relaje con anterioridad a que las condiciones sanitarias sean las óptimas para el regreso al trabajo en ambientes laborales con contacto social y físico entre trabajadores. También, hay trabajadores de actividades que se han catalogado como esenciales, que hoy están realizando tareas en oficinas, locales y la vía pública.

Para todo esto, los compañeros Marcelo Fiscina, Gastón Kalniker y Guillermo Defays, desde las Secretarías de Salud Laboral, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y Previsión Social de la CTAA Capital respectivamente, elaboraron un documento y una serie de cartillas que describen procedimientos y precauciones que los trabajadores deben tener en los ámbitos laborales ante la epidemia. Éstos se refieren a ambientes laborales que no son del área de Salud. Para los distintos ámbitos como hospitales, sanatorios y centros de salud, se deberán tener consideraciones particulares que los compañeros de esa área están encarando.

Los compañeros remarcan que, más allá de que las empresas, los gobiernos y sus organismos, puedan implementar medidas en el mismo sentido de las que se señalan en las cartillas, la garantía de que éstas acciones contribuyan a proteger la salud y la vida de los trabajadores, debe estar en la actitud activa y propositiva de los compañeros que, por ello deben organizarse al respecto en cada ámbito laboral.

A continuación se comparten cinco cartillas que detallan los derechos de las y los trabajadores en distintos ámbitos -oficina, atención al público, trabajo de maestranza, trabajos en la vía pública y teletrabajo- y un texto general, todo elaborado por las secretarías mencionadas.