Organizaciones territoriales exigieron la realización de un protocolo serio para los barrios más vulnerables

La CTAA Capital, junto a otras organizaciones sociales, realizó este mediodía una conferencia de prensa frente a la oficina del CeDEL (Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), ubicada en el barrio San Martín del Barrio Padre Carlos Mugica, para exigir -en el contexto de la pandemia por covid 19- un protocolo integral para la ex Villa 31, refuerzo alimentario y artículos de higiene para comedores comunitarios y merenderos.

* Por Valeria Garay

Participaron de la conferencia de prensa, además de la Central porteña, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Evita, Seamos Libres, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Anibal Verón y Somos Barrios de Pie de Capital.

“Basta de mentiras, sin agua no vivimos. Qué el Gobierno de la Ciudad se haga cargo como corresponde y reparta los kits de limpieza. Queremos también que reconozcan a los merenderos y comedores de la villa. Denunciamos la aplicación de un protocolo discriminatorio contra los trabajadores, los pobres, las mujeres y los extranjeros, no están atendiendo la situación ni conteniéndola y la consecuencia es grave. Queremos políticas públicas claras para todos los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, porque esto no va a pasar solamente en la Villa 31, sino también en otras villas del país, entonces queremos que los testeos sean claros y que a la gente realmente se la resguarde”, fueron expresando de a uno, en la rueda de prensa, los referentes de cada una de las organizaciones.

Amaia Aima, del Movimiento de Villas y Barrios Germán Abdala – CTAA y compañera de la Mesa Ejecutiva de la CTAA Capital, expuso: “Los carteles lo dicen todo, el gran reclamo acá es el agua. El Gobierno de la Ciudad no nos estuvo escuchando durante todo este tiempo y por eso le exigimos que deje de hacer oídos sordos a las organizaciones, que realmente hagan la conexión del agua como corresponde y que ayuden a todos los comedores que trabajan en el barrio. También pedimos que armen un protocolo serio para la Villa 31, no el protocolo que estuvieron haciendo hasta ahora, que solo se trata de sacar a la gente a la calle para medirle la temperatura con un termómetro casero”.

El pasado sábado 2 de mayo trascendió la noticia de la primera muerte en el Barrio Padre Carlos Mugica, ex Villa 31 y 31 bis, algo que se esperaba por la velocidad con que se venía propagando el coronavirus en ese barrio. Hoy, luego de una reunión entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Aysa, se retomaron las obras para la provisión de agua en el barrio, después de que las y los vecinos denunciaran la falta total del servicio durante 15 días, en plena pandemia de coronavirus.

Declaración sobre la situación penitenciaria

“El suplicio forma, además, parte de un ritual. Es un elemento en la liturgia punitiva, y que responde a dos exigencias. Con relación a la víctima, debe ser señalado: está destinado, ya sea por la cicatriz que deja en el cuerpo, ya por la resonancia que lo acompaña, a volver infame a aquel que es su víctima; el propio suplicio, si bien tiene por función la de «purgar» el delito, no reconcilia; traza en torno o, mejor dicho, sobre el cuerpo mismo del condenado unos signos que no deben borrarse; la memoria de los hombres, en todo caso, conservará el recuerdo de la exposición, de la picota, de la tortura y del sufrimiento debidamente comprobados. Y por parte de la justicia que lo impone, el suplicio debe ser resonante, y debe ser comprobado por todos, en cierto modo como su triunfo. El mismo exceso de las violencias infligidas es uno de los elementos de su gloria: el hecho de que el culpable gima y grite bajo los golpes, no es un accidente vergonzoso, es el ceremonial mismo de la justicia manifestándose en su fuerza”. Michel Foucault , vigilar y castigar. * Por Espacio Jurídico de la CTAA Capital

El artículo 18 de nuestra Constitución prescribe que “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo” y que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.

Dicha disposición es históricamente violentada en un doble sentido:

En primer lugar, porque según datos de la Procuración Penitenciaria, cerca del 60 % de los detenidos se encuentra procesado, es decir, que todavía no cuentan con una sentencia firme y por tanto están “penados sin juicio previo”.

En segundo término, porque las cárceles no son sanas y limpias, no son seguras y el único fin que se persigue es el castigo de los detenidos ya que no existen condiciones para la resocialización de los mismos y por tanto no se cumple con la finalidad de la pena.

Lo recién expresado no es una idea extremista de este espacio jurídico, sino que ha sido reconocido recientemente por el Poder Judicial y por el Poder Ejecutivo.

En efecto, hace poco más de un año, más precisamente el 8 de marzo de 2019, la sala VI de la CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, al resolver un recurso colectivo de habeas corpus, luego de analizar las condiciones de detención de los distintos servicios penitenciarios federales, reconocía la existencia de un verdadero «estado de emergencia» con relación a las condiciones de detención, sobre todo por el hacinamiento de los reclusos. Ante la situación descripta, afirmaba que “Debemos reaccionar con firmeza a tanta desidia. No es posible concurrir a las cárceles y seguir presenciando su estado. Salvo excepciones, lo más sincero sería hoy afirmar tras relevar tanta falencia que las cárceles no son aptas para la condición humana” y concluía que “La gravedad del cuadro ya no resiste medidas paliativas ni admite tibieza; debemos evitar que, en breve lapso, este escrito se convierta en letra muerta”.

Diecisiete días después del fallo, el Ministerio de Justicia, mediante la resolución 184 de 2019 reconocía que la situación podía “afectar las condiciones de salubridad y añadir factores de violencia intracarcelaria” y “dado el deber indelegable del ESTADO NACIONAL de garantizar la plena observancia de los derechos y garantías constitucionales de las personas privadas de la libertad” declaraba la “emergencia en materia penitenciaria” por el término de TRES (3) años y ordenaba conformar inmediatamente una comisión con el objetivo de “analizar la situación actual y facilitar la coordinación entre los diferentes órganos del ESTADO NACIONAL intervinientes en la materia penitenciaria federal para la elaboración de propuestas de políticas públicas tendientes a:

a) resolver el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario Federal;

b) mejorar las condiciones de privación de la libertad;

c) promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, especialmente para grupos vulnerables”

Para entender a qué se refiere la resolución con medidas alternativas basta leer los considerandos de dicha resolución. Allí se destaca que “se ha promovido la aplicación de medidas alternativas a la pena privativa de la libertad para grupos vulnerables, tales como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con problemas de salud o con discapacidad. A dicho efecto, se impulsó la utilización de dispositivos de vigilancia electrónica, aumentándose los servicios diarios de supervisión, monitoreo y rastreo electrónico de personas procesadas y/o condenadas”.

Podemos concluir entonces que el problema de las condiciones de encierro de los detenidos no es nuevo.

Tanto el Poder Judicial –a través de los fallos- y como el Poder Ejecutivo –a través de la emergencia penitenciaria- lo han reconocido y se comprometieron a avanzar en soluciones. Dichas soluciones incluyen medidas alternativas de detención, como ser por ejemplo las detenciones domiciliarias.

Lo que sucede hoy es que dicho problema se torna más crítico aún ante la emergencia sanitaria, producto de la pandemia ante el COVID-19.

Y esto es un problema de toda la población, no sólo por el respeto a la Constitución y los DDHH de los detenidos, sino también porque si se desata un brote de Coronavirus en las cárceles, los detenidos que requieran internación serán derivados al sistema de salud, con la consiguiente ocupación de camas, insumos, atención, por lo que aportaría a la saturación del sistema, objetivo que se intenta evitar, tomando todas las medidas necesarias para ello.

Cabría preguntarse entonces porqué los medios de comunicación y ciertos sectores de la sociedad que se escandalizan con estas medidas, amparándose en la peligrosidad de los detenidos a quienes se le concede, no se han alarmado –ni antes ni ahora- con las prisiones domiciliarias otorgadas a los genocidas.

En efecto, según lo consigna el Ministerio Público Fiscal en su Informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina, de los 884 detenidos por delitos de lesa humanidad, el 67% tiene arresto domiciliario, el 22% está en cárceles y el 11% restante en predios militares.

Por todo lo expresado, no es cierto que exista una “liberación de violadores y presos peligrosos” sino que existe una recomendación -basada en el respeto a los DDHH y acelerada por la emergencia sanitaria- para que se evalúen posibilidades de otorgar la prisión domiciliaria para grupos de riesgo (enfermos en estado crítico y mujeres embarazadas) y aquellos acusados por delitos de menor gravedad y que se encuentran sin sentencia firme o con la mayor parte de la pena cumplida.

Cabe destacar, por último, que si algún Juez otorga prisiones domiciliarias sin respetar lo antes dicho, será pasible de ser imputado por diversos y graves delitos penales.

Amalia Aima: “ Desgraciadamente tuvo que morir una persona para que nos atiendan”

El pasado sábado 2 de mayo trascendió la noticia de la primera muerte en el Barrio Padre Carlos Mugica, ex Villa 31 y 31 bis, algo que se esperaba por la velocidad con que se venía propagando el coronavirus en ese barrio. Toribia Balbuena, tenía 84 años, era la mamá de la primera contagiada de la 31, vivía con su esposo e hija en la misma casa y compartía el baño con otras 11 personas; recién 48 horas después del test positivo de su hija, el Gobierno de la Ciudad comenzó a rastrear el teléfono de ella y de su marido, mientras que en los medios anunciaban que ya los habían aislado.

* Por Valeria Garay

El Observatorio del Derecho a la Ciudad dio a conocer, ese mismo sábado, un relevamiento de los barrios en el que advierte, por ejemplo, que hay casos confirmados en 12 barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires y que se está dando un crecimiento exponencial del contagio conforme avanzan los días. A su vez, y citando el mismo informe, al día sábado 2 de mayo había 182 contagiados y casi 300 sospechosos. Los barrios con más casos eran el Padre Carlos Mugica con 107, y la Villa 1-11-14, con 62 casos confirmados hasta esa fecha. En una semana el barrio porteño de Retiro, donde se encuentra la Villa 31 y 31 bis, aumentó el número de contagiados en un 764 por ciento, pasando de uno a 107 casos en un lapso de doce días.

En este contexto, dónde además llevan más de 10 días sin agua corriente, los vecinos organizados armaron un Comité de Crisis, pero a la vez esperan algún tipo de ayuda de la Secretaría de Integración Urbana (SISU), que hasta ahora no llegó, lo que genera una preocupación muy grande por el desprecio que tiene el Gobierno de la Ciudad hacia estos barrios.

A raíz de la difusión que se le dio a esta noticia en los medios durante el fin de semana, se anunciaron testeos por parte del Gobierno para este martes 5 de mayo y también una Mesa de Trabajo conjunta entre Aysa, el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad. Algo que mantiene en alerta a los vecinos y vecinas que esperan con mucha expectativa esta reunión.

Amalia Aima, vecina del Barrio Padre Mugica, integrante del Movimiento de Villas y Barrios Germán Abdala y miembro de la Mesa Ejecutiva de la CTA-A Capital, al respecto opinó: “Somos muchos los que hablamos, somos muchos los que nos hacemos ver, porque la verdad que la salud nos importa y nos importan nuestros hijos, nuestros viejos, nuestras familias y consideramos fundamental que el Estado, tanto el de la Ciudad de Buenos Aires como el Nacional nos haya escuchado. Desgraciadamente tuvo que morir una persona para que nos atiendan.”

“Habíamos entregado notas tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a Salud y a la SISU, exigiendo que hubiera un operativo serio. Estamos metidos en esto y vamos a seguir trabajando y viendo el tema de los alimentos, el agua y la salud. Todo nos preocupa, pero no podemos quedarnos quietos. No queremos hacer movilizaciones para no exponer a la gente a un posible contagio; por eso estamos al frente las organizaciones, los referentes y estamos juntándonos todos para que se tome conciencia de que esto puede triplicarse en todo el barrio y en todas las villas de la Ciudad. Por eso, nos da un poco de tranquilidad que empiecen un operativo serio y real en nuestro barrio”, agregó Amalia.

Por su parte, esta mañana Adolfo Perez Esquivel, referente del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en un documento firmado que será presentado junto a una denuncia ante la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, expresaron: “Hoy apelamos a la responsabilidad de los funcionarios públicos, al compromiso de los medios de comunicación y a la conciencia de toda nuestra sociedad, para dimensionar y visibilizar la gravedad de la violación a los Derechos Humanos más esenciales en la Villa 31 de Retiro, donde ningún problema entre su titular y la empresa prestataria pueden justificar estos 9 días sin agua para más de 50 mil personas. Anteayer, una vecina del sector Bajo Autopista murió de coronavirus. Pero no sólo de coronavirus. Tenía 84 años, mantenía una salud estable y habitaba una enorme comunidad empobrecida, enclavada en la ciudad más rica de la Argentina. Murió por el abandono y la desidia que padecen silenciosamente 350 mil seres humanos hacinados en las peores condiciones de hábitat. No puede ser en democracia. No puede ser en silencio. No puede ser”.

Se realizó un acto virtual para conmemorar el Día Internacional de lxs Trabajadorxs

El viernes primero de mayo por la mañana, en la fábrica Cooperativa de Trabajo Envases Flexibles de Mataderos, se llevó a cabo un acto virtual entre sindicatos de diferentes centrales obreras, organizaciones sociales y pymes para presentar el “Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción”.

En medio de la pandemia, y ante la imposibilidad de manifestarse en las calles, referentes de sindicatos y organizaciones sociales resolvieron reunirse en la fábrica recuperada para saludar y presentar el documento de protección del empleo y salarios, de la soberanía y la producción.

Del panel participaron Hugo “Cachorro” Godoy, de ATE; Héctor Amichetti, Sindicato de la Federación Gráfica Bonaerense; Esteban “Gringo” Castro, UTEP; Ricardo Peidro Sec. Gral. de la CTA-A; Juan Carlos Alderete de la CCC; Walter Correa del Sindicato Trabajadores del Cuero; Gisela Bustos, MNER; Gervasio Muñoz, Fed. Nac. De Inquilinos y Damián Regalini, Consejo Productivo Nacional.

Abrió el acto Esteban “Gringo” Castro quien señaló que “de la pandemia queremos salir con organización y con trabajo, el manifiesto da una respuesta al proceso político que creemos nosotros que se viene. Es indudable que desde la dictadura ha habido un proceso creciente de concentración económica, y aquellos que concentran la economía en la Argentina y el mundo son los que nos han llevado a este fracaso actual. Agradecemos la decisión del gobierno nacional de hacer la cuarentena en tiempo y forma para garantizar la vida, y eso es un gesto de amor al pueblo, pero necesitamos una profundización de ese amor al pueblo y el estado tiene que tener un rol central para los tiempos que se vienen”.

Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy sostuvo que “estamos absolutamente convencidos que hay que construir unidad de todos los sectores populares y entendemos que no solamente hay que salir de la emergencia sanitaria sino también de la emergencia económica y social. El Estado nacional debe ser plenamente soberano, debe tener en el centro al conjunto de quienes generan la riqueza en nuestro país, para garantizar que no haya más desempleo, que no se reduzcan y que se mejoren los salarios, para terminar con la precariedad laboral, para que todos los trabajadores, ocupados, desocupados y subocupados, tengan garantizado un salario social mínimo”.

A su turno, Walter Correa destacó que “en estos últimos 4 años donde no hubo un sello que dividió la clase, los compañeros estuvieron peleando contra el macrismo. Hoy, esta construcción de lucha nos permitió pasar de la resistencia a la ofensiva, desde abajo hacia arriba”.

Ricardo Peidro expresó que “este manifiesto presenta trazos gruesos que son fundamentales porque defienden a nuestra clase trabajadora, porque plantean la defensa de los compañeros de la economía popular, de la pequeña y mediana empresa. Vamos a salir mejores de esta crisis. Estamos convencidos que vamos a construir una sociedad con justicia, igualitaria, que valga la pena ser vivida”.

Luego continuó Juan Carlos Alderete quien sostuvo que “el mundo está siendo golpeado por la pandemia y millones de obreros no están trabajando y se ha paralizado la economía mundial, demostrando una vez más que somos los trabajadores y las trabajadoras los que movemos el mundo. El gobierno definió defender la vida del pueblo por sobre los intereses económicos de algunos pocos y eso lo valoramos profundamente”.

Asimismo, Gisela Bustos manifestó que “estamos convencidos que la construcción de una alternativa que dé cuenta de las necesidades, las aspiraciones y la lucha de nuestro pueblo es una tarea del ahora. Las empresas recuperadas son parte de una experiencia que hoy nuclea a mas de 300 unidades productivas recuperadas, que dan lugar a mas de 15 mil puestos de trabajo genuino, que se desarrollan en todo el país y en los más diversos rubros, que somos viables, que no bajamos los brazos”.

Damián Regalini sostuvo que “las pymes tenemos muchas cosas en común con los trabajadores y la economía popular, fundamentalmente que somos hijos del desarrollo trunco de la Argentina. Los que estamos acá no estamos en las mesas donde se toman las decisiones importantes, por eso este manifiesto es un rumbo al desarrollo sostenible”.

Por su parte, Gervasio Muñoz expresó que “omos 9 millones de trabajadores y trabajadoras los que vivimos en viviendas alquiladas, dos medidas que tomó Martínez de Hoz fueron dolarizar el precio de las viviendas en Argentina y desregular el precio de los alquileres, y estamos peleando para dar vuelta esas medidas profundamente injustas, que han transformado el derecho la vivienda en un negocio”.

El acto estuvo a cargo de Héctor “Gringo” Amichetti: “tomamos la línea histórica de la clase trabajadora argentina, que es trabajar con propuestas, con ideas y fundamentalmente defendiendo un proyecto de país que dé respuesta a las necesidades de todos. En esa línea va este manifiesto que intenta ser un aporte a un gobierno que si bien ha ganado una elección, tiene que consolidar su poder. Venimos con este manifiesto convencidos que es posible cambiar las estructuras sociales y que eso solo se puede cambiar con un estado fuerte y con participación activa de las organizaciones libres del pueblo”.

Fuente: ACTA | www.agenciacta.org

La CTAA Capital rechaza los superpoderes de Larreta

La CTA Autónoma Capital rechaza enérgicamente el Proyecto de Ley N° 818-J-2020 sobre “Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” que presentara el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el pasado 22 de abril.

Mediante ese proyecto, Horacio Rodriguez Larreta pretende lograr los super poderes que tanto se han criticado desde el regreso de la democracia y que prohíbe taxativamente la constitución de la ciudad que gobierna.

Utilizando la crisis sanitaria, económica y social como excusa, Larreta pretende facultar al Poder Ejecutivo de la Ciudad para modificar salarios, escalonar y diferir su pago, cambiar condiciones de trabajo, contratación y despidos, en un contexto donde más del 60 por ciento de los haberes se encuentran bajo la línea de pobreza tras devaluarse en más de un 40 por ciento.

Por si fuera poco, el proyecto contempla además que el ejecutivo porteño pueda modificar el presupuesto sin limitaciones y sin obligación de informar a la legislatura ni de publicar en el Boletín Oficial; suspender la ejecución de programas creados por leyes específicas; establecer bonificaciones y descuentos impuestos liquidados por las empresas, congela todo movimiento escalafonario, designaciones y convenios de cooperación; prohibe premios y bonificaciones por tareas específicas y permite redireccionar partidas presupuestarias a discreción, al tiempo que autoriza el incremento en gastos de comunicación. Lo que presupone un mejorado blindaje mediático.

Mientras tanto, el mismo Gobierno de la ciudad más rica del país ha incurrido en la compra con sobreprecios de material de bioseguridad vencido para el personal de Salud, producto de oscuras licitaciones directas que benefician a empresas amigas del poder. Ha pertrechado a sus fuerzas represivas y hasta creado nuevos grupos dentro de la Policía de la Ciudad, siguiendo hipótesis de conflicto que ponen la represión como eje de toda prevención.

Por eso la CTAA Capital repudia esta nueva embestida de Larreta y proclama que los y las trabajadoras son esenciales.

La necesidad es hoy

Hace un tiempo ya, pero no mucho, un día habitual en el barrio Padre Carlos Mujica podía describirse como un auténtico hervidero: motitos de carga, autos, motos, carros y personas transitando sus calles estrechas de veredas irregulares o directamente sin ellas, comercios bulliciosos, toldos improvisados y el constante ir y venir de vecinos a sus trabajos, de chicos a sus escuelas. Los saludos de cortesía, el comentario al pasar, la libertad misma.

* Por Matías Levin

En ese barrio, desde hace años, Amalia Aima milita en el Movimiento de Villas y Barrios Germán Abdala, que a su vez integra la CTA Autónoma Capital y, junto a sus compañeros y compañeras, sostiene una decena de comedores comunitarios que no paran de recibir gente a comer.

¿En que cambio el barrio con la cuarentena?

– En todo: hoy los negocios cierran temprano, anda muchísimo la Policía, el uso de los barbijos. Andar por la calle y que te cueste reconocer a los vecinos. Lo cotidiano, los ruidos, el silencio.

– Su mirada se pierde en la evocación y trae una reflexión. Se enfoca en el mate que no se comparte y confiesa:

– Yo jamás había visto a los chicos sentados en la escalera de la casa: pobrecitos, se me parte el alma, porque los ves ahí sentaditos porque no pueden salir y capaz que viven varios en una piecita alquilada y lo único que pueden hacer es sentarse en la escalerita caracol a mirar la calle vacía. No pueden ir la escuela, no pueden hacer nada y ahí te das cuenta realmente de cuánta gente vive en el barrio y en qué condiciones. De repente sabés que en tu cuadra no viven diez familias, viven ciento cincuenta, todas amontonadas, apiladas en varios pisos.

La foto panorámica es bien distinta entre un momento y el otro. Pero también lo es el retrato: Al preguntar por los comedores, cómo están funcionando, cuánta gente está llegando, Amalia se mira los dedos que no le alcanzan para contar las respuestas:

– La creciente concurrencia que se puede contar en personas, familias o raciones entregadas, dependiendo del nivel de detalle requerido; la mercadería de que disponen para cocinar; el ritmo de trabajo en cada comedor; los espacios nuevos que debieron abrir para alojar la demanda; el relevo de quienes debieron cuarentenarse por edad o riesgo sanitario ante la pandemia; los cuidados extra que la situación exige para atender sin enfermarse ni enfermar; los protocolos de limpieza y los productos necesarios que apenas alcanzan y no todos tienen casas adentro.

Está todo muy dificil, mucha gente está viniendo por primera vez a un comedor porque trabajaba por cuenta propia en la construcción, en casas particulares o hacían changas. Ahora con todo eso parado no pueden trabajar y no tienen plata. Entonces, donde ponés una olla se te vienen doscientos. Te parte el corazón, porque muchas veces la gente se acerca y busca una cara conocida para pedir un cupo (entrar en el listado), un plato, un poco de comida. “No un poquito aunque sea para mis hijas necesito” te dicen, “yo puedo aguantar, yo puedo estar sin comer pero mis hijas no”. Todos tenemos la necesidad y el derecho a comer.

En el barrio Padre Carlos Mujica, solo el Movimiento de Barrios y Villas Germán Abdala cuenta con los comedores Nuevos Horizontes, Namaju, La abuela, Vida y Esperanza, Doña Julia, Centro Comunitario, Doña Mari, Hossana, el merendero Barrio Ferroviario y el del Grupo Comunicaciones. Y en estos momentos, cuando las bocas se multiplican, desde el Gobierno Porteño solo reciben un magro refuerzo que estiran todo lo posible para no dejar a nadie afuera.

– Pero atender y contener la emergencia alimentaria agravada por la pandemia no es el único frente abierto para esta y otras organizaciones del barrio. Amalia cuenta que se conformó un Comité de Crisis desde donde están llevando adelante varias líneas de reclamo y el Gobierno está verificando cada espacio comunitario para acercar la ayuda que se necesita.

– Pero mientras tanto el hambre sigue: es una situación de ya. Estamos acá, trabajando el doble o más, como dicen las autoridades “en el frente de batalla”, con estas herramientas que son las cocinas, las ollas, pero sin el reconocimiento necesario por parte del Gobierno como trabajadores y trabajadoras esenciales y rogando a Dios que nos cubra, que no nos enfermemos.

En la Villa 31 ya hay por lo menos once casos confirmados de Covid-19, pero Amalia asegura que hay más. Por eso repite a sus vecinos una y otra vez las medidas de seguridad sanitaria que se deben tomar, aunque la realidad muestra que si muchos no tienen dinero para comprar comida, menos van a tener para productos de limpieza.

Por eso están pidiendo a las autoridades del barrio y del gobierno que distribuyan productos de limpieza por lo menos a las familias que no pueden comprar.

– La situación es terrible, pero en el barrio, las organizaciones sociales y territoriales, la iglesia, todos participan del Comité de Crisis viendo como ayudarse: las cooperativas, por ejemplo, evalúan cómo hacerse de las herramientas e insumos que necesitan para desinfectar los lugares de trabajo, los comedores que son sus propias casas, para reducir el contagio en la mayor medida posible. En ese sentido están pidiendo que se implementen postas de desinfección en las entradas del barrio, desinfección en los espacios públicos y fumigación porque el dengue también es un factor de riesgo en toda la Ciudad.

El gobierno porteño, por su parte, se toma un tiempo que los vecinos no tienen para tomar medidas e implementar políticas que llegarán irremediablemente tarde. Pero se necesitan ya.

Héctor “Pelusa” Carrica, Hasta la Victoria Siempre

Lamento Informarles a las y los compañeros de ATE y la CTA Autónoma que nuestro compañero Pelusa ha fallecido. Nos ha dejado físicamente para encontrarse con su madre Irma Laciar de Carrica, con su padre y todos sus compañeros y compañeras de lucha, esa cantidad enorme de amigas y amigos de militancia que construyó en el peronismo revolucionario y que nunca abandonó. Y que siempre, con constancia, los sostuvo en la memoria para construir un futuro mejor para nuestro pueblo.

Como militante de la salud y de Derechos Humanos en ATE y en todos los movimientos populares en los que participó, más allá de los cargos formales que ocupó, hoy despedimos a Pelusa como trabajador y militante revolucionario que nunca dejó de serlo.

Saludamos y acompañamos en su dolor a Graciela su compañera, nuestra compañera,  y a sus hijos con el afecto y la fuerza de siempre de todas las compañeras y compañeros de ATE y la CTA Autónoma.

Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE Nacional

Fuente: ATE Nacional | www.ate.org.ar

Con más de mil ollas populares, la FeNaT denunció que el hambre es inaceptable

En todo el país miles de compañeros y compañeras de la CTAA realizaron una jornada histórica para visibilizar la angustiante situación que viven las familias de los barrios populares al no poder acceder a los alimentos básicos y volvieron a denunciar la violencia machista.

Desde temprano, militantes de la Central organizados en la FeNaT-CTAA, comenzaron con el trabajo para montar las ollas que alimentaron a miles de familias que hoy atraviesan una grave situación agravada por la cuarentena obligatoria.

El Coordinador Nacional de la Federación Omar Giuliani expresó, a modo de balance: ”fue una jornada exitosa, de mucho trabajo. Estamos orgullosísimos de nuestros compañeros y compañeras de la FeNaT-CTAA que llevaron adelante este enorme desafío de poder visibilizar la tarea que día a día venimos haciendo para colaborar con llevar un plato de comida a los hogares que hoy no tienen posibilidad de acceder a los alimentos básicos”.

Participaron de esta acción, compañeras y compañeros de organizaciones comunitarias, cooperativas y diferentes movimientos territoriales de la provincia de Buenos Aires distribuidos en los distritos de Quilmes, Berazategui, Avellaneda, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, La Plata, San Nicolás, Pergamino, Mar del Plata, Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Almirante Brown, Berisso, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, José C Paz, Tandil, Escobar La Matanza, Ayacucho, Marcos Paz, Tigre, Cañuelas, Ezeiza, San Vicente. En tanto que en CABA se realizaron más de cien ollas populares en todas las barriadas, pese al fuerte temporal que azotó toda la región. En ciudades como Córdoba, Santa Fe, Rosario, Rio Negro, Chubut, Tucumán, La Rioja, Santa Cruz, San Juan, Salta, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Jujuy y Misiones se desarrolló una tarea intensa desde muy temprano preparando alimentos para luego distribuirlos en las barriadas.

En relación al mensaje que tiene las MIL OLLAS POPULARES de la FeNaT-CTAA, Giuliani afirmó: “hay que profundizar las políticas públicas que atiendan de manera urgente el hambre que no espera. Para esto es necesario implementar el INGRESO UNIVERSAL que nos dé un piso de acceso a los consumos básicos”. El dirigente también refirió a la otra gran consigna de la jornada: “nos expresamos fuertemente contra el recrudecimiento de la violencia patriarcal contra las compañeras y diversidades que hoy sufren más que nunca el encierro obligatorio”.

Las MIL OLLAS POPULARES en todo el país fue llevada a cabo gracias al apoyo de las organizaciones de la Central Autónoma. El Secretario General Ricardo Peidro se mostró orgulloso “del trabajo y la militancia incansable de nuestras compañeras y compañeros en todo el país”.

Finalmente, Giuliani insistió con el reclamo hacia las autoridades: “Nosotros valoramos las políticas implementadas por el Gobierno de Alberto Fernández pero hacemos notar que conforme avanza la crisis, ya no alcanza y hay que profundizarlas. También es necesario decir que, en momentos en que algunos dicen que para afrontar la crisis hay que bajar salarios, nosotros decimos que los recursos hay que ir a buscarlos en donde están: en las grandes fortunas de los enriquecidos, en los bancos y en quienes fugaron dinero de todos los argentinos”.

Fuente: ACTA | www.agenciacta.org

Ante el Covid-19, más organización

Nuestro país prepara su sistema de salud para recibir la peor etapa de la pandemia, estimada para el invierno. Debe reconocerse como una acertada decisión política por parte del Gobierno Nacional la implementación de la cuarentena obligatoria, que estaría permitiendo disminuir el riesgo de contagios y disponer de mayor tiempo para actuar eficazmente ante el escenario sanitario que se viene.

* Por Equipo Gremial CTAA Capital

Al igual que en el resto del mundo, los efectos de la cuarentena han repercutido negativamente en la economía nacional, profundizando así la grave crisis social que se arrastraba desde el gobierno de Mauricio Macri y se estima que esto se mantendrá por un tiempo en la Argentina post-cuarentena. Para los sectores del poder dominante, existiría un dilema entre asegurar la salud de la población o reactivar paulatinamente el aparato productivo. Sin embargo, esta polarización se encuentra muy forzada ya que nuestro país dispone de los recursos necesarios para cumplir con ambas metas.

Lo que se esconde detrás de dicho dilema no es más que la histórica puja entre el capital y el trabajo por la distribución de la riqueza. La presión que recibe el Gobierno para flexibilizar o levantar la cuarentena proviene desde dos direcciones bien distintas, en forma de pinza. Por un lado las cámaras empresariales, los medios de comunicación hegemónicos que responden a ellas y sus representantes político-partidarios presionan para que los trabajadores vuelvan a sus puestos para producir y evitar así una caída en los niveles de ganancias que traían antes de la pandemia. El levantamiento de la cuarentena para aquellos sectores productivos característicos del modelo extractivo es un claro ejemplo. En el otro extremo de la pinza se encuentran los millones de trabajadores y trabajadoras precarizados de nuestro país que deben ganarse el peso día a día y que -a pesar de no quererlo- se ven obligados a romper la cuarentena por la necesidad de llevar el pan a sus hogares ya que la asistencia social por parte del Estado sigue siendo insuficiente. No sólo corren peligro ante un posible contagio de COVID-19, sino que se exponen a la violencia institucional por parte del aparato represivo estatal que ha ocupado el espacio público.

A pesar del DNU 329/2020 que prohibe por 60 días los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, así como las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, los casos siguen dándose diariamente y ya totalizan más de 13.000 en todo el país. A esto se le suman reducciones salariales (42% promedio) acordadas o no, postergaciones de pago de salarios, quita de presentismo, premios, horas extras, entre otros, lo cual afecta a un universo de alrededor de 300.000 trabajadores, según datos relevados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Estos datos son aún más graves para el universo de trabajadores que no se encuentra regido por los Convenios Colectivos de Trabajo. La modalidad de teletrabajo que algunas empresas han adoptado, en muchos casos no cumple las condiciones mínimas establecidas para su puesta en práctica, al mismo tiempo que obliga a los trabajadores a estar disponibles “full time” excediéndose de sus horarios laborales. Crecen diariamente las denuncias ante la falta de cumplimiento por parte de las patronales de los protocolos de seguridad e higiene allí donde se reactiva la producción. Todo esto eleva una señal de alarma ante la propuesta de seguir levantando la cuarentena para nuevas actividades económicas, teniendo en cuenta la casi nula capacidad de control que dispone el Estado para hacer cumplir los protocolos.

Tal como venía dándose durante el gobierno macrista, la burocracia sindical no sólo hace la vista gorda ante esta vulneración de derechos, sino que directamente actúa más bien como defensora de las grandes patronales firmando acuerdos de reducciones salariales de hasta un 50% y garantizándole así las ganancias a las petroleras, las automotrices, las cadenas hoteleras, las cadenas de comida rápida o las metalúrgicas, como Techint. El nivel de desprotección de los trabajadores es alarmante. Esto reafirma nuestra lectura de finales de 2019, cuando señalábamos que el unicato sindical y el pacto social eran perjudiciales para la correcta defensa de los derechos laborales. En este marco, se debe definir también como esencial a la actividad sindical, de manera que los delegados puedan ejercer su rol les toque o no volver a sus puestos de trabajo.

Es necesario pensar en la Argentina que se viene. Para ello, la reactivación económica es imprescindible. La cuestión radicará sobre las formas en que se lleve a cabo: los sectores concentrados de la economía impulsarán la devaluación, el ajuste del gasto público y la reforma laboral, ya sea explícita o por medio de aumentar los acuerdos con la burocracia sindical señalados anteriormente. Sostenemos que hay que discutir la riqueza, tanto en su generación como en su distribución. Por eso, la inyección de recursos a la clase trabajadora es estratégica para poner en funcionamiento los engranajes de la industria a través de la demanda. Dichos recursos económicos están -siempre estuvieron-, sólo que los mantienen cautivos los mismos privilegiados de siempre y es a ellos a quienes hay que sacárselos. La crisis no la puede pagar el pueblo trabajador y la salud es un derecho, porque nuestras vidas valen más que sus ganancias.

La cuarentena ha dejado a la luz varias cuestiones relacionadas al mundo del trabajo. En primer lugar, que lo verdaderamente “esencial” somos los trabajadores ya que sin nosotros no se produce riqueza alguna. Luego, que la precarización laboral está encarnada en nuestro modelo productivo -y éste se alimenta de ella- y por eso muchos de los trabajadores esenciales somos también víctimas de esa precarización. Por último, que hay sectores con mucho poder que ya se están preparando para descargar el ajuste contra la clase trabajadora y por eso es necesario organizarnos también.

El desarrollo gremial en tiempos de pandemia

Ante este escenario, desde el Equipo Gremial de la CTA Capital hemos decidido darnos una política activa para establecer contacto con aquellos trabajadores y trabajadoras que vean vulnerados sus derechos, entendiendo que estamos limitadxs pero no inmóviles y que existen recursos y decisión política para organizarnos y acompañar conflictos. En esta línea, se realizan informes periódicos de situación junto a los sindicatos privados y las organizaciones territoriales que integran la Central y -en conjunto con las Secretarías de Salud Laboral y de Seguridad e Higiene- se elaboraron Protocolos para el trabajo en Oficinas, para la Atención al Público, para las labores de Maestranza, para el Teletrabajo, para el Trabajo en la Vía Pública y una sobre Precauciones Mínimas en los Espacios Laborales. En paralelo a esto, se creó un ámbito especial para abordar los diversos problemas gremiales y organizativos que están surgiendo en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, para lo cual se dispuso generó un mail de contacto (gremial.ctacapital@gmail.com) acompañado de una amplia campaña de difusión.

Desde la constitución de este ámbito especial de trabajo, hemos abordado varias consultas sobre despidos, suspensiones, impago de haberes, no otorgamiento de licencias especiales en el marco de la cuarentena o el incumplimiento de la misma o la no provisión de elementos de bioseguridad. Sin embargo, lo fundamental es que pensamos, junto a lxs trabajadores, las diversas acciones gremiales y estrategias políticas, jurídicas y/o administrativas que puedan llevarse adelante en cada caso.

Lo esencial no sólo es trabajar, si no también organizarnos para defender nuestros derechos. Necesitamos ser muchos más quienes estemos organizados y preparadxs para esta nueva etapa de la disputa entre el capital y el trabajo. Por eso, hoy más que nunca, el Equipo Gremial de la CTA-A Capital sigue y acompaña a lxs trabajadores que estén dispuestos a dar la disputa en esta lucha, que no es más que la lucha de clases. Reafirmamos que ningún trabajador se salva solo.

A propósito del impacto del Coronavirus en residencias para ancianos

Lo acontecido en estos días en varios geriátricos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la pandemia de COVID 19 no hace más que desnudar las falencias del sistema de cuidados de adultos mayores que el distrito más rico del país, lejos de intentar solucionar, ha agravado durante su gestión y las anteriores del mismo signo político.

* Por Guillermo Defays, secretario de Previsión Social de la CTAA Capital

En efecto, durante los 13 años que lleva el PRO en el Gobierno (también conocido como Cambiemos y Juntos por el Cambio) ha dejado librado «al mercado» todo lo referido a cuidados domiciliarios e incumplido hasta con el más básico control periódico en los geriátricos privados, sobre todo desde 2016 hasta este macabro presente.

Yendo de lo macro a lo micro y haciendo un somero recorrido histórico, nuestro país fue precursor en el cuidado de sus adultos mayores. Los Derechos de la Ancianidad, presentados por Eva Perón en agosto de 1948, antecedieron a la inclusión que la ONU hiciera de este grupo etario en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, unos meses después.


En 1952, Argentina suscribió el Convenio 102 de la OIT sobre Seguridad Social. En 1992 se emitió un decreto de Formación de Auxiliares Gerontológicos que el PAMI comenzó a implementar, pero hoy día permanece «desactivado». Y en 2012, cuando la OIT emitió su Resolución 202 sobre Piso Mínimo de la Seguridad Social, nuestro país adhirió a los principios de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.


La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, integra el programa «Ciudades Amigas con los Adultos Mayores» de la OMS, ya que es el distrito más envejecido del país: el 16% de su población cuenta con más de 65 primaveras, unas 500.000 personas. Además de unos 800 centenarios (que superan el siglo de edad) según se destaca en investigaciones realizadas por trabajadores del PAMI.

De esas 500 mil 800 personas adultas mayores, 30 mil están alojados en más de 600 geriátricos, en su mayoría privados y cinco hogares de la Ciudad. A lo que se debería sumar un 65 por ciento de los internados en los hospitales de la Ciudad y otras 30 mil personas mayores que no viven en geriátricos pero necesitan algún tipo de ayuda para vestirse, bañarse o desplazarse. Atención que recae en gran medida sobre la familia y, en menor porcentaje, en personal de cuidados: una actividad totalmente privatizada que llevan adelante personas de manera particular, pero también empresas dedicadas a tal fin, que explotan a sus trabajadores y tienen clientes más que pacientes, ya que solo pueden acceder quienes pueden pagar el «servicio».

A la luz de los datos expuestos queda demostrado que la Ciudad cuenta con antecedentes históricos, doctrinarios y estadísticos de sobra como para no ignorar esta realidad. Aún así, el ejecutivo porteño no ha intentado siquiera darle al PAMI la posibilidad de desempeñar su necesario papel de cuidador y contralor del sistema de seguridad social. Algo que se agravó durante la gestión macrista en la Nación.

Ante el evidente desmanejo de la Ciudad, es necesario y urgente implementar el Sistema Nacional de Cuidados planteado en la plataforma del actual Gobierno Nacional para descongestionar los geriátricos y generar los mecanismos de control necesarios.

De momento, en la emergencia, ya sea por parte del Gobierno de la Ciudad o el Nacional a través del PAMI (si el primero no está a la altura), deben implementarse los protocolos sanitarios ante la pandemia y hacer testeos masivos.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta debería haberse centrado en proteger a los adultos mayores de más riesgo, en lugar de intentarlo primero con quienes llevan sus años sin mayores sobresaltos y totalmente válidos. Pero las orientaciones ideológicas, las particulares visiones de la realidad y del mundo, se terminaron filtrando en los actos de los funcionarios, a pesar del cuidado con que se elaboran los discursos para la tribuna.


Larreta hace muy bien en «no sacar los pies del plato» de la política sanitaria nacional y seguirle el paso ante la pandemia. No tiene otra opción. Pero el desastre de los geriátricos ha costado y desgraciadamente seguirá costando vidas, porque toda la impronta neoliberal, con lo económico delante de lo social, lo individual delante de lo colectivo y los acuerdos privados por delante de la ley, explotan, como se ve, en los recursos que no alcanzan, en los controles que no se hacen y en los viejos que no tendrían que haber muerto.