Vecinas y vecinos de villas y barrios de la Ciudad, junto a organizaciones territoriales denunciaron esta mañana el incumplimiento del Gobierno de la Ciudad al Fallo Judicial que ordena proveer 150 litros de agua potable por persona a habitantes de las barriadas populares.
El problema tiene años sin resolverse, y la pandemia sólo llevó al agravamiento de la situación. En la conferencia de prensa realizada frente al Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad, el Secretario General de la CTA-A Capital, Pablo Spataro, explicó: “hemos presentado entre varias organizaciones un amparo y una cautelar para que el agua llegue a nuestras barriadas, y el Gobierno de la Ciudad no ha acatado el fallo que indica que debe garantizar 150 litros de agua por persona”.
“No es casual que el COVID19 avance en la Ciudad: el 70% de los casos de los últimos días son de los barrios populares. Las políticas de olvido de nuestras barriadas de muchísimos años hace que el coronavirus avance y los casos crezcan exponencialmente”, indicó Spataro.
María Eva Koutsovitis, de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, presentó el contexto: “la situación del agua en los barrios populares no comenzó con la pandemia: en una de las ciudades más ricas de la región, 400 mil porteños y porteñas no acceden al agua potable. Sin dudas la pandemia ha amplificado la precariedad”.
“Hace años que venimos reclamando por el acceso al agua potable en la Ciudad. Las organizaciones sociales y comunitarias hemos hecho de todo: entrega de agua, relevamientos, elaboramos informes técnicos, propuestas, nos formamos como veedores de obras de infraestructura. El gobierno hace más de 4 años quiere convencernos que están urbanizando, y hace años que el agua está contaminada”, indicó Koutsovitis.
También reiteró la demanda a la Ministra de Desarrollo y Hábitat de que habilite un ámbito de discusión con los vecinos para arbitrar los mecanismos para garantizar el agua potable a todos los vecinos. “El único modo de hacerle frente a la pandemia es con agua potable en nuestras casas”.
Luego tomó la palabra Jonatan Baldiviezo, del Observatorio Del Derecho a la Ciudad: “hace una semana la justicia ordenó otorgar agua potable en los barrios populares en los siguientes 5 días. En este tiempo no solo incumplió, sino que tampoco se comunicó con ningún referente o integrante de comité de crisis para arbitrar los mecanismos para garantizar este derecho”.
“Garantizar el agua potable es responsabilidad directa de los funcionarios. El gobierno es responsable, debe garantizar derechos humanos, en este caso el derecho al agua. Es inentendible que sostengan que los gobiernos no tienen responsabilidad y que las obras las hace por caridad”, dijo Baldiviezo.
Mari, compañera amparista y referente comunitaria del Frente Salvador Herrera, contó la situación en su barrio: “en barrio Scapino, la poca agua que tenemos está contaminada. El sachet que nos dan es intocable porque tiene gusto a plástico, sin agua no podemos hacer nada. Hay que hacer limpieza, para cocinar, para higienizarnos, para todo necesitamos agua”.
Marina, referente de La Dignidad y la UTEP, dijo: “siempre las organizaciones de nuestro pueblo están adelante de la política pública y siempre el gobierno se niega a cumplir nuestros derechos. No debemos flexibilizar el aislamiento, debemos incrementar la presencia del estado y allí donde hay circulación comunitaria, incrementar las medidas de protección”.
Acompañaron la conferencia los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires Santiago Roberto (Frente de Todos) y Gabriel Solano (FIT) y la legisladora (Frente de Todos) Laura Velazco, que insistió: “si bien sabemos que en la villa 31 estalló el problema de manera masiva, en casi todas las villas hay problemas con el agua. Todos los problemas preexistentes: falta de vivienda, hacinamiento, falta de acceso al conjunto de los servicios básicos, de refuerzan, se profundizan, se agravan”.
Asimismo, Velazco saludó “”el trabajo que están haciendo hoy las organizaciones, le están dando el ejemplo al gobierno de la ciudad, y sin ese trabajo, la situación sería mucho más crítica”.
Yanet, vecina del barrio Padre Mugica, agregó: “en estos momentos no tenemos agua en algunos sectores y en ningún lado tenemos presión. Tenemos mil casos de dengue, además de los casos de Covid19. Necesitamos que el gobierno se haga cargo, que escuche nuestros reclamos porque sin agua no hay salud”.
Por su parte Mariela Cardozo, de Barrios de Pie, indicó: “que hoy no tengamos agua para lavar los alimentos en los comedores es una situación muy lamentable. Que el gobierno de la ciudad se haga cargo”.
Mabel Mamani, del Frente Salvador Herrera y vecina de Villa 20, remarcó: “Hace 4 años que venimos trabajando la problemática del agua en nuestro barrio. Si no tenemos agua no hay salud. Los comedores sufrimos mucho porque no podemos lavar los alimentos como corresponde. Las obras paradas, y sin respuesta del Estado. En villa 20 estamos poniendo todo para que a la gente le llegue un plato de comida, la merienda y también el agua”.
Charo, militante de CTAA Capital y vecina de barrio Scapino, sentenció: “no tenemos agua, tenemos que responder a la gente que tiene tanta necesidad. Las villas estamos en peligro. Larreta necesitamos el agua. Pedimos agua para todos los Barrios sin discriminación”.
En la mañana del martes 12 de mayo, Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social, estuvo recorriendo las instalaciones de la Unión Solidaria de Trabajadores, junto a dirigentes y trabajadores de la UST y de la CTA Autónoma Nacional, de Provincia de Buenos Aires y de Capital. Allí, el Ministro hizo importantes anuncios relacionados a respaldar las iniciativas de autogestión en el territorio Nacional.
Daniel Arroyo fue recibido por Diego
Ledesma, actual presidente de la UST y por Mario Barrios, dirigente
histórico de esa cooperativa de trabajo. Estuvieron presentes
también Ricardo Peidro, secretario General de la CTA Autónoma
Nacional; Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de la
Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTAA) y Adjunto de la CTAA;
Oscar de Isasi, secretario General de la CTAA Provincia de Buenos
Aires; Omar Giulliani, Coordinador Nacional de la FeNAT-CTA y Pablo
Spataro, secretario General de la CTAA Capital.
En el recorrido por las instalaciones
de la UST, del que también participó Jorge Ferraresi, intendente de
Avellaneda, le mostraron al Ministro de Desarrollo Social toda la
potencialidad de una experiencia cooperativa que trasciende la
función laboral para cumplir una función social.
Al finalizar su visita, el Ministro
Arroyo se comprometió en acompañar con financiamiento los proyectos
productivos que se realizan en la UST, así como también a financiar
emprendimientos productivos que se realicen en otras provincias
La historia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) es un botón de muestra de las luchas de nuestro pueblo por construir autodeterminación, autonomía y soberanía. Fundada hace 70 años por Perón, nuestro país es uno de los cuarenta en el mundo que cuentan con centrales nucleares y solo uno de los tres en América latina. En este punto, solo un lector distraído pensaría que esto es producto de la casualidad. Por el contrario, los países subdesarrollados que contamos con iniciativas nucleares hemos tenido que enfrentarnos al cepo que el imperialismo ha querido ejercer sobre nuestros pueblos en materia nuclear. Esto ocurre en Argentina desde el nacimiento de la CNEA: mantener -tal como planteó Jorge Sábato- autonomía tecnológica es una originalidad en el plano de la ciencia y la tecnología a nivel mundial y una disputa librada por décadas.
* por Dr. Rodolfo Kempf, Físico. Investigador en el área de combustibles nucleares de CNEA, Consejo Directivo Nacional ATE y conducción de CTA-A Capital
Así lo hicimos en la CNEA, pudimos
abrir el paquete de la tecnología alemana del primer reactor, para
aprender a desarrollar la ciencia y tecnología que nuestro pueblo
necesita. Sin ir más lejos, la persecución y asesinato de nuestrxs
más de veinte compañerxs detenidxs- desaparecidxs fue el intento
genocida de dejar truncos los proyectos que muchas compañeras y
compañeros tenían para la liberación de nuestra patria, con
tecnología nuclear y producción científica. Ellxs nos legaron el
debate por la tecnología de las centrales nucleares de potencia.
En
el 2015, con Cristina Kirchner como presidenta y Axel Kicillof como
ministro de economía estuvimos muy cerca de coronar la cuarta
central nuclear con nuestra tecnología: Candu y con agua de la
Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP)como moderador refrigerante,
que en Neuquén tenía más de cuatrocientos trabajadores.
¿Qué
ocurrió durante los cuatro años de macrismo? Tal como en la
dictadura desapareciendo compañerxs, en el menemismo descuartizando
el conglomerado nuclear, el macrismo desfinanció muchos proyectos
del área, al ritmo que desintegraba la investigación. Esta política
de destrucción del sistema público científico y tecnológico, el
gobierno de la Alianza Cambiemos la extendió a todos los organismos
científicos. En la CNEA, además echó por tierra los planes de
construcción de la cuarta central nuclear y despidió a unos 370
trabajadores de la PIAP. El macrismo desperdició la oportunidad
histórica de hacer un aporte sustantivo a la diversificación
energética; sembró miedo y desprestigio sobre la industria nuclear,
para poder llevar adelante sus negocios con la energía eólica
“llave en mano”; dejó a cientxs de trabajadores en la calle.
Estas políticas fueron llevadas adelante por personas de carne y
hueso, funcionarios reciclados que hoy pretenden –una vez más-
volver a reciclarse. Esto es Bisauta: calló y ejecutó el
industricidio nuclear, queriendo erigirse ahora como conducción
nuevamente.
Audiencias públicas, foros, acampes,
petitorios y la articulación con el resto de los sectores que
lucharon estos cuatro años, nos permitió fundar el Frente de Todos
en CNEA y asumirnos como parte protagónica de la victoria popular de
Alberto y Cristina.
Hoy lxs trabajadores de la ciencia y
la tecnología estamos demostrando nuestro compromiso con el pueblo,
en el combate de la pandemia, con financiamiento estatal. Hoy hay una
apuesta del gobierno nacional de avanzar y reconstruir nuestra patria
ayudados con el desarrollo científico y tecnológico soberano.
Poner, entonces, al frente de la CNEA a un compañerx que represente
los planes de soberanía y autonomía tecnológica es la tarea para
resolver la encrucijada del presente.
La CTAA Capital, junto a referentes de las distintas organizaciones de la Federación Nacional Territorial de Capital (FeNAT-CTAA), se reunió este miércoles 12 de mayo de manera virtual para charlar acerca de los cuidados necesarios -frente al COVID 19- en los comedores y espacios comunitarios, que en esta cuarentena han estado más que nunca activos atendiendo todo tipo de necesidades en los barrios populares de la Ciudad.
* Por Daniela Rodriguez
En este contexto de crecimiento de los casos de Coronavirus en los barrios populares de la Ciudad y de serias dificultades en el acceso al agua, compañeras y compañeros de las organizaciones territoriales que integran la FENAT se encontraron para compartir información y medidas de prevención y cuidados aplicadas al trabajo en los comedores.
Pablo Spataro, secretario General de la CTAA Capital, estuvo presente en la reunión y remarcó: “Es importante destacar la participación de las y los compañeros -hoy reconocidos como trabajadores esenciales, pero sin los derechos correspondientes- en este tipo de actividades, ya que tienen sus dificultades en el manejo de la tecnología y en el acceso a la conectividad. En estos tiempos de cuarentenas desiguales, las y los compañeros hacen un doble esfuerzo para estar y formarse.”
Por su parte, Daniela Rodríguez, secretaria de Formación de la CTAA Capital, explicó: “Esta iniciativa surgió de la necesidad de compartir aquellos saberes técnicos y de la práctica, que nos aporten herramientas concretas para intervenir en nuestra realidad presente, hoy que tenemos que enfrentar una situación tan inesperada y de terribles consecuencias para la clase trabajadora.”
Esta actividad de formación se sumó a la entrega de kits para la seguridad y cuidado -constituídos por barbijos, guantes, máscaras y alcohol en gel- que fueron repartidos la semana pasada en los comedores y espacios comunitarios de la FENAT Regional Capital. Estos kits fueron un aporte de la Central a la economía popular, ya que los insumos de los mismos son producidos y comercializados por espacios comunitarios y cooperativos.
Fue parte del encuentro virtual Tomás Etcheverry, docente de la UBA, bioquímico y educador popular integrante del Área de Salud del Bachillerato Popular Alberto Chejolan, del Barrio Padre Carlos Mugica, ex Villa 31. Tomás compartió información básica y muy útil acerca del virus Covid19, su transmisión, sus características epidemiológicas, los grupos de riesgo y sobre todo, lo más importante a tener en cuenta en lo que hace a los cuidados y prevención.
Entre los intercambios, la compañera María Eva Koutsovitis, Ingeniera Hidráulica a cargo de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA y referenta del Frente de Organizaciones Sociales Salvador Herrera de la CTAA Capital, puso en común las acciones colectivas realizadas por el derecho al agua en los barrios populares: “En un fallo histórico logramos una acción de amparo que obliga al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a cumplir con la elaboración de un Plan de Contingencia y la provisión diaria de 150 litros de agua por habitante”.
La compañera Eva planteó que el agua es un elemento clave para los cuidados frente al COVID 19, ya que se requiere para la higiene, limpieza y desinfección. Sin acceso al agua es imposible pensar en lavarse las manos todas las veces que se recomiendan, alrededor de 15 veces al día.
A su turno, Amalia Aima, delegada del Barrio Padre Carlos Mugica y referenta del Movimiento de Villas y Barrios Germán Abdala-CTAA Capital, compartió la experiencia acerca de la lucha y organización de las y los vecinos por el agua y por la falta de respuesta del Gobierno en la situación de crisis que se está viviendo en el barrios por el aumento de los casos, que ya pasaron los 500.
De acuerdo a lo que informaron las compañeras, la curva de crecimiento de los casos positivos de Coronavirus no se aplana y esto es claramente por la falta de agua, el hacinamiento y la falta de protocolos de intervención oficial.
Por último, Daniela presentó un valioso material diseñado por las Secretarías de Prensa y de Formación de la CTAA Capital, en base a los aportes de compañeras del territorio, integrantes del Comedor “Feminismo al palo. La Olla Combativa”, del Bachillerato Popular Alberto Chejolán, del Barrio Padre Carlos Mugica. A partir de las recomendaciones recopiladas por las y los compañeros surgió este “Protocolo de seguridad para lxs trabajadores de comedores y merenderos frente al COVID 19”. El protocolo incluye recomendaciones para el autocuidado de las personas que asisten al comedor y para quienes trabajan en ellos.
Para cerrar esta interesante y necesaria charla, el compañero Pablo Spataro dejó una reflexión: “Creemos que el Estado muchas veces llega tarde a las necesidades que tenemos y somos las organizaciones las que tenemos que estar inventando e intentando construir los saberes necesarios para encontrar las respuestas que los malos gobiernos no nos dan”.
En este sentido, Pablo comentó que el protocolo está a disposición para ser compartido con toda la CTA Autónoma y FENAT Nacional, como un aporte a esa construcción y dijo: “Esperamos que fomente nuevos aportes que puedan enriquecerlo y así ser apropiado por todas y todos en nuestra labor cotidiana en comedores y espacios comunitarios.”
A continuación se comparten los protocolos elaborados:
Cada 12 de mayo se celebra en el mundo entero el Día Internacional de la Enfermera, con motivo del aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, británica, creadora del primer modelo conceptual de enfermería. En los últimos meses la pandemia de Coronavirus dejó en evidencia la necesidad de un sistema de Salud Pública fuerte y de la importancia del rol de médicos, enfermeras y enfermeros.
Luisa Ayala, es enfermera, trabajadora
del Hospital Aeronáutico Central y miembro de la Mesa Ejecutiva de
la CTAA Capital. En el Día Internacional de la Enfermera cuenta cómo
es trabajar en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, en plena
pandemia.
– ¿Cómo se está trabajando en los centros de salud, hoy por hoy, frente a la pandemia?
– La concientización del profesional está, nunca ha dejado de estar. Lo que no hemos tenido es una respuesta rápida del Gobierno de la Ciudad en cuanto a la entrega de elementos de protección personal, que son los elementos necesarios para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás.
La profesionalidad siempre va a estar.
Hay algunos lugares que ya tienen los elementos y hay otros en los
que todavía faltan. En un comienzo la necesidad de esos elementos
fue escandalosa porque nuestro sistema de salud no está preparado
para esto, en estos cuatro años vino en devaluación y se agravó
con esta síntesis.
– ¿Qué cosas ves que se modificaron?
– Yo creo que los compañeros empezaron a concientizarse de que había que organizarse con una respuesta inmediata, por eso es que se han parado en las puertas de los hospitales, han ido a través de los gremios, e incluso los compañeros trabajadores se organizaron entre ellos para conseguir sus máscaras, para ver dónde la podían comprar, han dado la respuesta desde ahí también. Es decir, las y los trabajadores a veces han salido desde la organización sindical para organizarse entre ellos mismos al ver la necesidad abrumante que tenían para dar esa respuesta ante la falta de elementos.
En algunos hospitales las mismas
guardias se organizaron para poder tener elementos que en algunos
casos les ha llegado como donación y se los han tenido que repartir
entre ellos, con una convicción profesional, sin misquindades.
– ¿Cómo se lleva el día a día dentro de los espacios de salud?
– Se va aprendiendo sobre la marcha, porque la enfermedad es dinámica – lo que se va descubriendo- y también para nosotros que estamos improvisando el conseguir el material.
– ¿Cómo viven esta situación? ¿Están contenidos de alguna manera?
– A mi me ha tocado contener compañeros por su angustia. Nos encontramos con mamás que son cabeza de familia y que tienen hijos muy chiquitos a los que no pueden abrazar o que tienen mucho temor porque son enfermeras en un hospital donde hay pacientes con Covid. Yo creo que después de todo este tiempo va a haber un antes y un después para las y los trabajadores de la Salud.
Para los enfermeros, por ejemplo, no
hay una distancia óptima entre él y el paciente que atiende, por
más que se cuide, por ende está más expuesto y desde mi punto de
vista como enfermera creo que eso lo está padeciendo el personal.
Las enfermeras se hacen cargo de los pacientes y de sus enfermedades,
pero también se hacen cargo de las situaciones sociales de sus
pacientes, de conseguirles pañales, de hablar con una persona para
que venga algún familiar, es muy amplia la tarea que realizan y es
muy dificil en el transitar de este virus que nos impide a todos
desenvolvernos con la naturalidad que quisiéramos.
– ¿Cómo está el ánimo del personal de enfermería, teniendo en cuenta que por un lado reciben aplausos todos los días y por el otro son discriminados por los vecinos?
– Sí, lo asocio con lo que dije antes y pienso que esto es lo peor que le puede pasar al ser humano. La falta de empatía y de reconocimiento para con el otro. Porque nuestra sociedad me parece que no está preparada para situaciones límite como éstas. Sale a florecer la falta de humanidad. En lo personal, si me llegaran a llamar para trabajar en Terapia Intensiva, yo voy a estar, pero voy a pedir que se me asigne un lugar dónde quedarme, porque también es querer a mi familia. Porque por más que yo cumpla todos los protocolos de prevención, lo haría para darle seguridad a los seres que yo quiero.
Yo creo que la sociedad no estaba
preparada para esto, pero creo que cuando pase vamos a crecer. Ya nos
dimos cuenta de que tenemos que hacer todos los recorridos lógicos
pacíficos para que la Salud Pública sea de primera y que todo se
vuelque sobre esa salud pública que necesitamos todos.
– ¿Qué pasa con sus familias frente a esta situación?
– Todos los enfermeros y enfermeras tratamos de cuidar a nuestras familias, porque en cada enfermero hay una entrega total hacia el bienestar de la humanidad. Yo no me podría identificar con otra cosa que no fuese dar vida y a mi me parece que eso nos corre de no temerle tanto a la enfermedad. Sí tenemos miedo, pero nos cuidamos porque también entendemos cómo nos tenemos que cuidar y esto nos brinda seguridad para hacer la tarea que corresponde que hagamos.
Por otro lado, por supuesto que también
las y los compañeros están sufriendo. Como algunas enfermeras mamás
que quieren volver a sus casas y poder abrazar a sus hijos chiquitos,
pero tienen que hacer todo un protocolo al llegar. Cuando un
enfermero es puesto en cuarentena tiene que cumplir un aislamiento
especial, con el miedo de haber metido el virus adentro de su casa.
Luego de haberse adherido, el pasado jueves 7 de mayo, al Paro Nacional de Salud de 24 horas, las y los trabajadores de la Obra Social para la Actividad Docente (Osplad), organizados en el SiTOSPLAD-CTAA, realizaron una serie de asambleas en todo el país por medio de las cuales definieron un paro de 48 horas para los días miércoles 13 y jueves 14 de mayo, en reclamo del pago en tiempo y forma de sus haberes y por una urgente recomposición salarial.
* Por Valeria Garay
Hebe Nelli, secretaria Gremial de la CTAA Capital y secretaria General Adjunta del SiTOSPLAD-CTA, enumeró los reclamos que llevan adelante: “Los trabajadores de OSPLAD, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de más de 40 gremios de la Salud, realizamos el jueves pasado un paro en todo el país porque necesitamos cobrar nuestros haberes en tiempo y forma -hace pocos días terminamos de cobrar los haberes de marzo, el jueves teníamos que cobrar los de abril y la patronal no nos informó nada al respecto ni había hecho el depósito-; porque necesitamos un aumento salarial de emergencia, porque nuestros salarios están muy por debajo de la canasta básica, hay trabajadores de la obra social que cobran alrededor de 25 mil pesos; porque necesitamos que se conforme un Comité de Crisis para abordar con el gremio toda la problemática referida a la pandemia; porque adherimos al reclamo general de que el bono sea para todos los trabajadores y trabajadoras de la Salud.”
«Después de este contundente paro que hicimos la semana pasada, y que generó como respuesta de la patronal el abono (fuera de término) del 30% de los salarios de abril, la OSPLAD vuelve a estar en mora con los trabajadores. Hasta la fecha es lo único que cobramos, y para la mayoría de los compañeros ese 30% representa menos de $10 mil. Desde el SITOSPLAD insistimos -en todos los ámbitos- en la necesidad de apertura de un espacio tripartito (Estado, sindicatos y patronales) para el abordaje y solución de la problemática que nos ocupa, dadas sus múltiples aristas, incumbencias y alcances.», explicó la secretaria Gremial de la Central porteña.
Por último, Hebe informó: “El paro por 48 horas comenzará a las 7 de la mañana del día miércoles 13 de mayo y se extenderá hasta las 7 del día viernes. Consideramos que hasta que no nos paguen el total del salarios vamos a seguir en pie de lucha, evaluando en las asambleas paso a paso, cada semana, cómo continuar. Y quiero remarcar que además del pago en tiempo y forma de los haberes necesitamos una urgente recomposición salarial”.
«Acá de los que se trata para muchos de los empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer respetar» “Hay que ser solidario, ponerse en el lugar del otro y ayudarlo. Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden. A esos miserables les habló el papa Francisco. Ahora les digo yo que no dejaré que lo hagan” Alberto Fernández, 29/03/2020
MARCO LEGAL PARA LOS TRABAJADORES
El Decreto 297 del 19/03/2020 dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio y estableció que durante la vigencia del mismo “los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales” .
El decreto 329 del 31/03/2020 prorrogó el aislamiento hasta el día 12/04 y dispuso la prohibición de “los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA 60 días”.
A su vez prohibió “las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de SESENTA (60) días” aunque acto seguido realizó una excepción en los siguientes términos: “Quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”.
El art 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo prescribe: “Se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo tributará las contribuciones establecidas en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661”.
Se destaca que el artículo recién transcripto no habla de reducciones salariales sino de prestaciones no remunerativas, que son aquellas sobre las que el empleador no debe realizar aportes ni contribuciones al sistema de Seguridad Social. Tampoco se toman en cuenta para la base de cálculo de la indemnización por despido y, según el convenio, pueden quedar también excluidas al hacerse la liquidación de aguinaldos, horas extras y vacaciones.
Por su parte, el artículo 98 de la Ley 24013 dispone que “Con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15 por ciento de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10 por ciento en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5 por ciento en empresas de más de 1.000 trabajadores, deberá sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis previsto en este capítulo” y en los artículos siguientes establece todo un procedimiento que se debe realizar entre empresa y sindicatos ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Durante dicho proceso se realizan audiencias donde los sindicatos se pueden oponer o debatir la presentación realizada por la empresa y aportar prueba en ese sentido.
Si se logra arribar a un acuerdo, el Ministerio puede homologarlo (aprobarlo) o rechazarlo, de acuerdo al control que debe realizar para garantizar que se arribe a una justa composición de los derechos e intereses de las partes sin violar ninguna ley. Para ejercer dicho control, el Ministerio tiene la potestad de solicitar informes y realizar investigaciones a fin de controlar si realmente existe una crisis económica.
Debe señalarse que el art. 223 bis de la L.C.T. requiere demostrar el estado de falta o disminución de trabajo no imputable a la empresa. Es por eso que interpone la frase “debidamente comprobada”. Esto es así porque para que se active la posibilidad de suscribir colectivamente un acuerdo del tipo del art. 223 Bis de la LCT, debe haber un “proceso probatorio” bilateral, con posterior control de legalidad. Proceso que se encuadra en el ya citado art. 98 de la ley 24.013.
Este proceso probatorio es un requisito esencial, pues, de lo contrario bastaría con la simple declaración unilateral o bilateral de las partes para la reformatio in peius del orden público laboral.
Es importante destacar que durante el procedimiento “y hasta la conclusión del procedimiento de crisis, el empleador no podrá ejecutar las medidas objeto del procedimiento” es decir que no puede despedir ni suspender.
Si no hay acuerdo, se da por concluido el procedimiento, quedando las partes en libertad de acción.
Es de mencionar que luego se dictaron sucesivos decretos que ampliaron hasta nuestros días el aislamiento social preventivo y obligatorio y ninguno de ellos derogó la cláusula que desde el inicio del mismo estableció que los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales.
Un ejemplo claro de que el 223bis de la LCT no contempla rebajas salariales es el acuerdo que la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM- CTA) firmó con las cámaras empresarias farmacéuticas CILFA y COOPERALA para disponer suspensiones, según el artículo 223 bis de la LCT desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo con el pago total de los salarios netos mensuales. El 80% será de carácter no remunerativo y el 20% restante, debido a la asignación de tareas de un día por semana, será remunerativo.
También es importante señalar que este tipo de acuerdos podría celebrarse únicamente respecto de los trabajadores que no cumplan ningún tipo de labor, puesto que lo contrario anula toda `posibilidad de aplicación del art. 223 bis L.C.T.
Nótese que la propia norma expresamente aclara que puede utilizarse “cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo”. Sin embargo, en la actualidad estos acuerdos se están aplicando el sectores, empresas y actividades, sobre trabajadores que cumplen total o parcialmente con la jornada laboral, sea mediante teletrabajo o presencial.
MARCO LEGAL PARA EMPLEADORES
A través de los decretos 332/20- y 376/20 se crea el “El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)”, por el cual las empresas pueden conseguir:
“a. Postergación o reducción de hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.
b. Salario Complementario: asignación abonada por el Estado Nacional para los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia del sector privado”.
Para acceder a estos beneficios, las empresas tendrían que dar cumplimiento “con uno o varios de los siguientes criterios: a. Actividades económicas afectadas en forma crítica; b. Cantidad relevante de trabajadores y trabajadoras contagiadas por el COVID 19 o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al COVID 19. c. Sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 12 de marzo de 2020”.
La normativa aclara expresamente que “se encuentran excluidos de los beneficios del presente decreto aquellos sujetos que realizan las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria y cuyo personal fue exceptuado del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”…así como todas aquellas otras que sin encontrarse expresamente estipuladas en las normas antedichas no exterioricen indicios concretos que permitan inferir una disminución representativa de su nivel de actividad”.
Finalmente establece que el monto del Salario Complementario abonado por el estado “será equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del salario neto” y dispone expresamente que “dicha asignación compensatoria al salario se considerará a cuenta del pago de las remuneraciones o de la asignación en dinero prevista en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”.
El 07/05/2020, a través de la decisión administrativa 721/2020, se amplió la ATP al resolver que las firmas creadas durante este año ingresen automáticamente al programa a pesar de que no tengan ninguna referencia para comparar el nivel de ventas entre el 12 de marzo y el 12 de abril.
También por la misma disposición se estableció que el programa dejará de tener un tope de cantidad de empleados -800 por compañía- y así, las grandes empresas podrán gestionarlo.
Por último, se amplió el listado de actividades que podrá acceder al Salario Complementario.
Es decir que las empresas podrían acceder a estos beneficios de reducción o eliminación de aportes por un lado y por el otro recibir el pago por parte del estado de una asignación equivalente al 50% del salario de los trabajadores siempre y cuando se acredite la crisis que dicen padecer.
Vale aclarar que la disposición en cuanto a que el 50% del salario se tome a cuenta del “pago de las remuneraciones o de la asignación en dinero prevista en el artículo 223 bis” refuerza que el dispositivo legal está pensado para que no haya reducción de salarios. Qué sentido tuviera, sino que el estado reduzca cargas sociales y abone el 50% del salario para que la empresa pacte rebajas salariales? ¿Que estaría poniendo el empleador?
También es claro el decreto en cuanto a que quedan exceptuados de dichos beneficios las empresas que presten servicios esenciales que realizan las actividades declarados esenciales, así como todas aquellas otras que no hayan tenido una disminución en su actividad. Sin embargo, actividades que no han tenido disminución de su actividad, han firmado acuerdos de reducción salarial.
MARCO FACTICO
«Pedimos que el Estado garantice la entrega de créditos a tasas accesibles a las empresas que no puedan hacer frente al pago de salarios» «No tenemos que pensar en los 1450 trabajadores suspendidos, sino en los millones de puestos de trabajo a preservar«. Miguel Angel Toma, Director de Techint, 30/03/2020
A pesar del marco normativo favorable, las patronales avanzaron despidiendo y realizando descuentos de hasta el 50% del salario, como son por ejemplo los casos del acuerdo firmado por SOM (maestranza) o UOM (metalúrgicos).
Así, en el corto período de tiempo entre el dictado del primer decreto de aislamiento -en el cual se garantizaba el goce íntegro de las remuneracionesy el segundo decreto –en el cual se disponía la prohibición de los despidos y suspensiones- el sector empresarial respondió rápidamente generando miles de despidos y suspensiones, demostrando que las empresas no estaban dispuestas a pagar salarios sin producir. Una vez que se prohibieron los despidos, continuaron con su política de cargar los costos del párate en la espalda de los trabajadores.
En este sentido, el informe del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) destaca que “El avance sobre los puestos de trabajo se complementa con medidas patronales que impactaron sobre los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. El mayor alcance se ha dado a través de la suspensión y el otorgamiento de una suma no remunerativa por aplicación del artículo 223 bis de la LCT que, dependiendo de la empresa y la actividad, redunda en una caída salarial de entre el 20% y el 50%. Además, también se han registrado denuncias por pagos de salarios en cuotas o directamente por su falta de pago…. Esta primera tanda de medidas tuvo lugar en los primeros días de la cuarentena, mientras que luego del dictado del DNU que prohibió los despidos y las suspensiones las estrategias patronales comenzaron a responder a una dinámica distinta. Por un lado, continuaron registrándose suspensiones decididas de manera unilateral por algunas empresas; en segundo lugar, se verificaron muchos casos donde las empresas instaban a sus trabajadores y trabajadoras a firmar acuerdos individuales para consentir las suspensiones y rebajas salariales; finalmente, una cantidad creciente de casos donde la negociación se lleva adelante con la organización sindical y que ya no solo se realiza a nivel de empresa sino también por rama de actividad. La decisión de suspender trabajadores y trabajadoras otorgando una suma no remunerativa que solo compense parcialmente su retribución habitual constituye una de las formas que han utilizado en forma generalizada los empleadores para desentenderse rápidamente de los costos de la crisis”.
Hay que destacar que las empresas que más rápidamente despidieron, suspendieron, o rebajaron salarios fueron industrias y servicios que vienen acumulado ganancias extraordinarias y pudieran hacer frente fácilmente a la situación de emergencia. Sin embargo, como vimos, no estuvieron dispuestas a hacerse cargo ni unos días.
Hablamos de empresas importantes como ser General Motors, La Serenísima, Wendys, Mc Donald’s, Burger King, Starbucks, Garbarino, Flybondi, LATAM, Freddo, Despegar, Almundo, Avantrip, Plusmar, Grupo Vía Bariloche, Grupo Crucero del Norte, Grupo Flecha, Estrella El Cóndor, Renault y Toyota, Ledesma, entre otras.
El caso más resonante fue el de Techint, pero dista mucho de ser el único.
La base relevada por el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) cuenta hasta el 28/04/2020 con datos provenientes de un total de 369 denuncias que incluyeron “reclamos por despidos, suspensiones y recortes salariales, falta de pago de las remuneraciones, violaciones a las medidas de seguridad, violaciones al alcance de la cuarentena, entre otras”. Y aclara que “Se trata de un relevamiento de mínima, ya que se realiza a partir de información proveniente de aquellos trabajadores y trabajadoras que han logrado visibilizar públicamente cada una de estas situaciones, así como también de información recopilada en el ámbito de la CTA Autónoma”.
Cabe destacar que muchos de esos acuerdos fueron presentados ante el Ministerio de trabajo y homologados por el mismo en abierta violación a las leyes laborales vigentes e incluso a la propia normativa dictada recientemente por decretos presidenciales.
En el informe reseñado se destaca “La falta de contribución por parte del sector empleador llegó a un extremo paradigmático en el caso de la empresa Ledesma, quien firmó un acuerdo aplicable a los trabajadores que se desempeñan en la fabricación de papel por el cual se habilitó la suspensión total o parcial con el pago de una asignación no remunerativa equivalente al 70% del salario neto anteriormente percibido. En este caso, el acuerdo estableció que, si en el futuro resultara de aplicación alguna medida de apoyo estatal, ya sea a través de programas tipo REPRO o similares, el aporte del sector público sería considerado como parte de la asignación no remunerativa ya pactada. En otras palabras, se trataría de una transferencia directa del sector público a una de las empresas que mayores riquezas ha acumulado a lo largo de las últimas décadas…
El corolario más reciente de este proceso fue la firma de un acta acuerdo entre la Confederación General del Trabajo y la Unión Industrial Argentina donde se solicita al Gobierno Nacional el dictado de una norma que automatice la homologación de acuerdos por suspensiones con recortes salariales en torno al 25% sobre el actual ingreso de bolsillo, manteniendo el sistema actual para aquellas negociaciones que establezcan recortes salariales superiores a dicho porcentual. Este acuerdo no distingue según el tamaño o rentabilidad de las empresas, por lo que se aplica por igual a sectores que genuinamente pueden estar atravesando una situación crítica y a otros que en los últimos años han acumulado ganancias muy elevadas. A su vez, al igual que en caso de la empresa Ledesma, en este acuerdo se establece que si el Gobierno Nacional asigna algún tipo de ayuda monetaria ella deberá ser descontada de la parte abonada por el empleador”.
Cabe hacer una aclaración: La inmensa mayoría de los trabajadores desarrollan sus tareas en la informalidad o bien en Pymes, por lo que vienen sufriendo de hecho despidos, suspensiones y rebajas de salario –en muchas ocasiones en más del 25%- ya que dichas medidas son impuestas unilateralmente por los empleadores y no pasan nunca por el Ministerio de Trabajo. Al resto de los trabajadores –minoría conveniados- se les puede reducir –por acuerdo exprés- hasta el 25% del salario.
REGLAMENTACION DEL ACTA ACUERDO CGT UIA
El acta fue reglamentada por la Resolución 397 del Ministerio de Trabajo de fecha 29/04/2020
El artículo uno reglamenta las presentaciones que hagan conjuntamente empleadores y trabajadores. En este caso los acuerdos serán homologados “previo control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación”.
Si la presentación la efectúa solamente la empresa, se remitirá copia “a la entidad sindical con personería gremial correspondiente por el plazo de 3 días, pudiendo ser prorrogado por 2 días adicionales a solicitud de la representación gremial. Vencido el plazo indicado, el silencio de la entidad sindical la tendrá por conforme respecto del acuerdo sugerido por la representación empleadora. La oposición de la entidad sindical a los términos del acuerdo sugerido por la representación empleadora, vigentes los plazos indicados en el primer párrafo del presente artículo, importará para las partes la apertura de una instancia de diálogo y negociación”.
Llama la atención que se interprete como aceptación el silencio de la organización gremial. Más aún llama la atención que, ante ese silencio, el Ministerio homologue el acuerdo, puesto que no existe acuerdo. Solo es voluntad unilateral del empleador.
En cuanto al control de legalidad realizado por el Ministerio debemos decir que históricamente fue muy dispuesto a aprobar cualquier acuerdo -sea individual o colectivamente-.sin demasiada fiscalización. Incluso se homologan asiduamente acuerdos que contienen clausulas ilícitas, por establecer renuncias a derechos por parte de los trabajadores. Por este motivo, varios de esos acuerdos han sido anulados en sede judicial.
Como ejemplo de homologaciones bochornosas podemos mencionar el acuerdo de la UOM con distintas federaciones y cámaras empresariales de fecha 20/02/2020, es decir que se firmó con anterioridad a la pandemia y cuya clausula séptima prescribe:
“Las partes convienen que aquellas empresas representadas por las entidades firmantes que se encuentren incluidas en Programas de Recuperación Productiva, o hayan iniciado o inicien Procedimientos Preventivos de Crisis en los términos del art 98 y siguientes de la Ley 24013, o se encuentren incluidas en Programas de Emergencia Ocupacional en los términos de los arts. 106 y siguientes de la ley citada, o estén aplicando a programas de suspensión por falta o disminución de trabajo no imputable o fuerza mayor, decididos unilateralmente o resultantes de acuerdos colectivos o individuales en los términos del art 223 de la LCT, o que se encuentren en situaciones de crisis o declinación productiva, podrán adecuar la implementación de lo previsto en el presente acuerdo en materia de plazos de pago, montos y régimen de absorción, mediante acuerdos con la representación sindical, a nivel de las respectivas Seccionales. A efectos de acreditar la situación de declinación productiva, se considerará suficiente la constancia que emita la entidad empresarial firmante del presente acuerdo, de la que resulte la disminución del nivel de actividad del sector respectivo al que pertenezca la empresa involucrada”
Es decir que las empresas que se encuentren en alguna de las situaciones de crisis previstas en los regímenes normativos vigentes, podrán “adecuar la implementación de lo previsto en el presente acuerdo en materia de plazos de pago, montos y régimen de absorción, mediante acuerdos con la representación sindical” pero incluso si la empresa no encuadra en ninguna situación de crisis prevista, podrá igualmente pagar menos si acredita tener una “declinación productiva”. Y para acreditar dicha declinación sólo precisa una certificación expedida por la propia cámara empresaria.
REPERCUSIONES E IMPLICANCIAS DEL ACTA ACUERDO
“Rechazamos ese acuerdo de la CGT y la UIA. Si al deterioro de los salarios y al aumento de los precios que generan ciertas corporaciones, en contra de lo que está planteando el gobierno, le sumamos este acuerdo significa que estamos cargando la crisis sobre la espalda de los trabajadores” Ricardo Peidró, Secretario General Nacional de la CTA-A, 28/04/2020.
“No estoy de acuerdo con lo que firmaron, en la CGT hay cuatro o cinco dirigentes que creen que pueden manejar el destino de todos los trabajadores sin consultar y a nosotros no nos preguntaron nada» Daniel Yofra, Federación de aceiteros, 01/05/2020
La firma del acta acuerdo marco entre la UIA y la CGT despertó un amplio rechazo de la mayoría de las organizaciones gremiales, expresadas a través de declaraciones públicas de un amplio abanico sindical.
El acuerdo -rápidamente homologado y reglamentado por el Ministerio de Trabajo- autoriza una rebaja de hasta el 25% del salario de los trabajadores del sector privado que hayan sido suspendidos en el marco de la cuarentena.
La reglamentación no establece que las empresas deban aportar documentación que acredite su crisis (como ser balances o facturaciones) aunque impone un control de legalidad previo a la homologación, control que ya vimos que no funciona ya que no se realiza o se realiza de modo totalmente insuficiente.
Autorizar (homologar) una rebaja salarial colectiva, sin diferenciar si los sectores tienen o no problemas para hacer frente a los salarios, es lisa y llanamente convalidar una renuncia de derechos. Y se recuerda que el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo estipula que “Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción”.
Otra cuestión importante a tener en cuenta es que ni el acta ni la reglamentación establecen ninguna restitución de los descuentos autorizados. Ni siquiera contempla el caso que las empresas recuperen rápidamente niveles de rentabilidad y/o tengan a futuro ganancias extraordinarias, si eso automáticamente implicará que se reintegren los fondos o que se aumentará el salario automáticamente en un tanto por ciento. Una vez más los trabajadores son socios de las pérdidas de las empresas, pero nunca de las ganancias.
En este punto, tenemos que reiterar la pregunta que nos hacíamos antes: Si el Gobierno por un lado suspende o reduce el pago de los aportes patronales y por el otro se compromete a abonar un subsidio del 50% de la nómina salarial del sector privado y al mismo tiempo autoriza a las empresas a realizar una rebaja general del 25% a los trabajadores suspendidos, no se vislumbra cuál será el aporte del empresariado para sostener la remuneración de sus empleados en la crisis.
Esto dispara otras preguntas: ¿Por qué el Estado se debe hacer cargo de las pérdidas del sector privado? ¿Porque el Estado –al igual que los trabajadores siempre es socio en las perdidas y no en las ganancias? Si cada vez que el sector privado tiene problemas, el sector público acude al rescate, ¿no debiera pensar en estatizarse esas empresas o industrias? De esa forma se aportaría en las perdidas, claro, pero también se podrían acumular ganancias.
Según Roberto Feletti, secretario administrativo del Senado de la Provincia, “El desembolso de los créditos a Pymes para sostener la nómina salarial y el capital de trabajo de las empresas afectadas por la caída de la facturación ascendió en abril a $ 121.000 millones, beneficiando a 82.000 empresas. El presupuesto asignado para esa línea es de $ 220.000, es decir, que la ejecución fue del 55%. Y si bien no hay cifras disponibles aún, es muy probable que el grueso de las efectivizaciones la haya producido el sistema de banca pública”.
Otra pregunta que surge entonces es cuanto, en qué condiciones y sobre todo a quién está subsidiando el estado (o sea, todos nosotros). No existe aún registro público de esto. Por increíble que parezca, no sabemos a qué empresas (pequeñas, medianas, grandes, trasnacionales) se las subsidia. ¿Por qué no es pública esta información?
CONCLUSIONES
Los trabajadores que continuaron con sus labores durante la pandemia, vienen arriesgando su salud sin haber recibido ningún incremento por ello, cono la excepción del prometido estimulo –aun no abonado- a los trabajadores de la salud, a quienes también se les realizan descuentos o falta de pago en sus haberes y en algunos casos ni siquiera se les garantizan los elementos de protección debidos. Tanto es así, que más de 40 gremios de la salud convocaron a una jornada nacional de lucha para el día 07/05/20.
Por su parte, los trabajadores que no se encuentran exceptuados de cumplir con el aislamiento sufren despidos, suspensiones y reducciones de salarios.
Las organizaciones gremiales, como la CTA A y otras vienen resistiendo la embestida patronal y en medio de la pandemia, muchas han ofrecido al gobierno sus instalaciones para que se pueden utilizar para el sistema de salud pública.
El sector empresarial despide, suspende y realiza recortes de salarios, mientras recibe ayuda del estado en forma de subsidios para pagar salarios o suspensión o reducción de sus aportes patronales.
El estado, que les había advertido a los empresarios que esta vez debían ganar un poco menos, que iba a poner un impuesto a las grandes fortunas y que comenzó legislando para garantizar el goce integro de haberes de los trabajadores, terminó convalidando –mediante el ministerio de trabajorebajas salariales y beneficios y ayuda a las empresas.
Comprobamos una vez más que, dentro del sistema de reproducción capitalista, la contradicción entre el capital y el trabajo rige las relaciones laborales. La contradicción capital-trabajo, es por definición antagónica e irreconciliable. Esto se debe a que el modo de producción genera excedentes para la patronal, lo que se conoce como plusvalía. La plusvalía se genera en el proceso de reproducción del trabajo, puesto que el valor del trabajo realizado es superior al valor del pago por dicho trabajo. En otras palabras, la plusvalía es trabajo no pagado. Tenemos que ser capaces de pensar otro sistema de producción. Por más incómodo que sea el debate hay que asumirlo: La negación de esta contradicción conduce a planteos falsos como el “capitalismo con inclusión”, “capitalismo con rostro humano” y otras variantes en las que supuestamente se corrige esta desigualdad dentro del sistema, pero hoy, como siempre, vemos que ello no es real. Hay un dato que marca la supremacía del capital por sobre todas las otras cosas: Ninguna bolsa de valores, en ningún lugar del mundo, cerró un solo día por la emergencia sanitaria. Esa es la primer actividad esencial dentro del capitalismo.
«Ganar decenas de miles, o cientos de miles de millones es claramente imposible. Si hay individuos que ganan sumas de ese porte no es como resultado de su trabajo, sino debido a una posición privilegiada, es decir, a una injusticia legalizada jurídicamente. Y puesto que lo no derivado del propio trabajo se toma necesariamente del trabajo de otro, tenemos derecho a decir que todas esas ganancias son solo una forma de robo cometido por personas en posiciones privilegiadas sobre el trabajo colectivo, y cometido bajo la protección del Estado.» Mijaíl Bakunin (1814-1876)
Desde la Secretaría de DDHH de la CTAA CAPITAL repudiamos que la Policía de Neuquén haya incluído en el listado de internos que podrían obtener el beneficio de la prisión domiciliara a José Poblete, autor material del fusilamiento del docente Carlos Fuentealba.
* Por Secretaría de Derechos Humanos de CTAA Capital
El 4 de abril de 2007, cuando los
docentes de Neuquén realizaban una protesta al Gobierno Provincial
de Neuquén, en reclamo de mejoras salariales y cuando Carlos
Fuentealba ya estaba retirándose sentado en el asiento trasero de un
Fiat 147, el policía José Darío Poblete le disparó un tiro de
granada de gas a su cabeza, lo que provocó su muerte al día
siguiente.
El policía Poblete fue condenado a prisión perpetua. El asesino de Carlos Fuentealba, con 48 años de edad, debe permanecer en la cárcel ya que ni la Justicia ni la Policía pueden otorgarle privilegios ni impunidad.
La lista de quienes podrían pedir
prisión domiciliaria en el marco de las medidas sanitarias para
descongestionar detenidos por el peligro de contagio de Covid-19, que
lleva por título “Nómina de internos mayores de 60 años en
tratamientos crónicos y con problemas de salud de importancia”,
excluye al asesino Poblete.
Poblete es un asesino y fue condenado a prisión perpetua en cárcel común y allí debe continuar cumpliendo su condena.
Con 38 votos a favor -del PRO, Radicalismo, Socialismo y la Coalición Cívica- y 21 votos por la negativa – del Frente de Todos y el FIT- se aprobó esta tarde en la Legislatura Porteña el Proyecto de Ley N° 818-J-2020 de “Emergencia Económica y Financiera”. El mismo le otorga al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires amplias facultades para reasignar partidas. * Por Valeria Garay
El Proyecto de ley había sido enviado
por Rodriguez Larreta para que la Legislatura le otorgue la suma del
poder público al Ejecutivo. A pesar de que la Legislatura tiene
prohibido por la Constitución delegar facultades sin excepción
(Art. 84) y que el proyecto de ley debería votarse con 40 votos y
doble lectura (no 31 votos y simple lectura), se aprobó la llamada
“Ley de emergencia económica”, violando así los mandatos
constitucionales.
A partir de la otorgación de estos
superpoderes, el Jefe de Gobierno Porteño podrá suspender la
vigencia de leyes, por ejemplo, las leyes ambientales, de
seguridad, de transporte, de planeamiento urbano. Podrá suspender
los mecanismos de democracia participativa, programas comunales,
etcétera. Una Ley estará vigente sólo si Rodríguez Larreta decide
cumplirla. Este Superpoder no lo tuvo ningún otro Poder Ejecutivo
democrático.
Además, el Jefe de Gobierno podrá
distribuir a voluntad la totalidad del presupuesto sin límites.
El destino de todos los recursos de la Ciudad los definirá Horacio
Rodriguez Larreta. También podrá, sin límites, modificar
contratos, permisos, concesiones y compras reguladas por las
leyes.
Finalmente, ante la presión de todos
los sectores sindicales de la Ciudad, el Gobierno dio marcha atrás
con su intento de pagar los salarios de los estatales porteños en
cuotas o de hacer algún tipo de recorte.
“Desde la CTAA Capital vemos con preocupación la falta de controles existentes, como así también la falta de espacios institucionales para construir un diagnóstico general y las políticas necesarias a implementar. Seguimos sosteniendo la necesidad de conformar, tal cual lo solicitamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por nota el día 30 de marzo, un Comité de Crisis representativo con todos los sectores de la Ciudad”, expresó Pablo Spataro, secretario General de la Central porteña, luego de que se votara en la Legislatura la Ley de Emergencia Económica y Financiera.
Ante la acción judicial presentada el 7 de abril por la CTAA Capital junto a otras organizaciones, la Justicia porteña resolvió que es el Gobierno de la Ciudad quien debe garantizar el acceso al agua a todos los habitantes de la CABA en igualdad de condiciones. * Por Matías Levin
A pesar de que Larreta se declaró incompetente días atrás, el fallo de la Justicia reconoce que no está garantizado el derecho igualitario al agua potable y obliga al Gobierno de la Ciudad a entregar entre 150 y 300 litros de agua potable por día a cada vecino y vecina de los barrios populares de la Ciudad que no tengan acceso al agua de red o este se vea interrumpido .
En ese sentido, la Justicia le dio un plazo de cinco días hábiles al Jefe de Gobierno para elaborar un plan de contingencia consensuado con la comunidad de cada barrio y con cronograma de entrega de agua a granel. Al tiempo que debe desarrollar, en simultáneo, un protocolo de actuación para que las familias puedan manipular y utilizar el agua de manera segura para la salud.
Luego de conocerse este fallo a favor del histórico reclamo de la CTA Capital, Pablo Spataro, secretario General, declaró: «Tras este fallo el gobierno de Larreta tiene que garantizar de forma inmediata la provisión de agua para todas y todos los habitantes de los barrios de la Ciudad donde no haya acceso o donde haya de manera limitada».
Por su parte, María Eva Koutsovitis, Ingeniera Hidráulica, docente de la Facultad de Ingeniería de la UBA e integrante del Frente Territorial Salvador Herrera – CTAACapital, aseguró: «Esta sentencia histórica operativiza el principio de igualdad en el acceso al agua potable disponiendo como dotación diaria por habitante para los barrios populares lo mismo que corresponde a las y los vecinos del resto de la Ciudad».
Franco Armando, de Frente Territorial Salvador Herrera y vecino del barrio Padre Carlos Mugica, aseguró: “Esta cautelar es un balde de agua fría para Larreta y un alivio para los vecinos de los barrios populares de la Ciudad sobre un derecho que se nos venía negando desde hace muchos años”.
La acción judicial presentada también lleva la firma de Jonatan Baldiviezo, por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y Claudio Lozano, por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas
