Ante la grave situación sanitaria por la que atraviesa la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la pandemia declarada por Covid-19, la CTA-A Capital elaboró un documento en el cual responsabiliza a las autoridades porteñas por la multiplicación exponencial de casos positivos, exige cambios de autoridades y la conformación inmediata del comité de crisis para abordar tan delicada situación.
Por
los motivos de salud pública ya conocidos, la CTA Autónoma de la
Capital ha solicitado con fecha 30 de marzo de este año, un pedido
al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que
conformara un Comité de Crisis con representación de áreas
estratégicas del Estado, de Sindicatos, Organizaciones Sociales,
Instituciones Religiosas, Clubes de barrios, sectores de la
producción, etc., con la finalidad de poder diagnosticar, monitorear
y llevar adelante políticas que recogieran la diversidad de miradas
existentes en el distrito.
Sosteníamos,
y aún sostenemos, que ante la gravedad de los hechos se requiere la
conformación de un frente único para trabajar sobre la base de
consensos contra la enfermedad que avanza a escala planetaria. Este
reclamo fue llevado también al Consejo Económico y Social y la
respuesta ha sido la misma en ambos espacios: el
silencio.
También
hemos advertido que lxs trabajadorxs que están en la primera línea
combatiendo a la enfermedad, desarrollando tareas esenciales,
necesitan condiciones seguras en el desarrollo de sus funciones. Es
el Estado quien debería proveer todos los insumos necesarios:
elementos de protección personal (EPP), protocolos de intervención
y formación específica, tanto para preservar la vida de lxs
trabajadorxs, como para sostener la atención comunitaria.
Muchas
de las propuestas que planteamos no han tenido recepción, o las que
la tuvieron, han llegado tarde. Contamos por cientos lxs infectadxs
por COVID19 en áreas del Estado como así también en los espacios
comunitarios.
En
este contexto, advertimos que las organizaciones populares como asi
también lxs trabajadorxs de aéreas esenciales, somos lxs que
estamos sosteniendo la primera línea en los hospitales, escuelas, en
dispositivos de atención a la niñez, comedores y merenderos, como
promotoras de salud y contra las violencias de género, asistiendo a
las familias de los barrios populares, poniendo el cuerpo en un
contexto adverso y sin ningún insumo y cuidado garantizado por parte
del Estado.
Reclamamos
y exigimos también, a lo largo de todos estos años, la falta de
agua en muchos de los barrios de la Ciudad y hemos recibido una y
otra vez la misma respuesta: el
silencio.
Hemos vuelto a exigir en estos tiempos de emergencia sanitaria una
política que garantice el acceso no sólo al agua segura sino a un
conjunto de servicios básicos para el conjunto de la población y no
hemos recibido una respuesta que pudiera resolver el problema. Sin
agua la pandemia avanza.
Ante
este cuadro de situación urgente y desesperante, el 7 de abril de
2020, la CTA Capital Autónoma concurrió a la Justicia junto al
Observatorio Social de la Ciudad, la Cátedra Libre de Ingeniera
Comunitaria y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas,
presentando un amparo y solicitando una cautelar, para garantizar de
manera urgente el acceso al agua para toda persona que no lo tuviera,
o lo tuviera de manera interrumpida.
La
Justicia dio lugar al planteo que realizamos y ordenó al Gobierno de
la Ciudad a cumplir con lo solicitado y que elaborara un plan de
contingencia. El gobierno ni presentó ninguna propuesta, ni cumplió
con el abastecimiento de agua, generando así mejores condiciones
para la propagación del virus en los lugares más vulnerables.
Desde
el 7 –fecha en que se presentó el amparo y la cautelar- al 21 de
abril –fecha del primer resultado positivo por COVID19 en el Barrio
Padre C. Mugica- pasaron 15 días sin respuesta por parte del
Gobierno de Larreta con una fallo de la Justicia que nunca respetó
ni cumplió.
Asimismo,
durante 15 días casi todas las manzanas del Barrio Padre Mugica no
tuvieron agua, tiempo en el que el virus se expandió de una manera
que era previsible cuando no se toma ningún tipo de medidas. El
gobierno es responsable de esta situación.
El
PRO lleva 13 años de gobierno en la Ciudad con políticas que han
privilegiado el negocio sobre los derechos de las mayorías y que se
ven expresadas en el abandono y la precariedad existente en los
barrios populares de la Ciudad.
Se
ha querido mostrar por parte de quienes gobiernan, como un gran logro
el proceso de reurbanización del Barrio Padre Mugica y está a la
vista, que no han podido o no han querido, a pesar de haber gastado
más de 36 mil millones de pesos, poder asegurar un servicio tan
básico como el acceso al agua para todxs. Hoy, la realidad y los
hechos hablan por sí solos.
Queremos
decir con mucha bronca y mucho dolor, que integrantes del Consejo
Directivo de la CTA Capital se encuentran infectados
con COVID19 e internados,
así como también otros afiliados y familiares directos de
compañeras y compañeros se encuentran atravesando una difícil
situación de salud.
El
gobierno de Larreta tiene que hacerse responsable de esta situación
como así también todas las áreas que están interviniendo y
fundamentalmente el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, el
Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. El Sr Diego
Fernández, responsable de la Secretaría de Integración Social
Urbana de del Barrio Padre Mugica, tiene que renunciar de manera
inmediata por ser responsable directo de esta situación.
La
desidia y la voracidad de quienes gobiernan ha llevado a un estado de
abandono por parte del Estado de la Ciudad a muchas familias
trabajadoras. La falta de agua no sólo es un problema del Barrio
Padre Mugica sino de muchos de los barrios de la Ciudad que debe
resolverse de manera urgente. El cuidado por parte del Estado de
quienes se encuentran al frente de tareas esenciales tiene que ser
una prioridad, por la finalidad de su función, pero también para
el resguardo de sus propias vidas.
Volvemos
a manifestar, la urgente necesidad de conformar un Comité de Crisis
de la CABA para resolver de manera integral todas las necesidades
planteadas, con presencia de áreas idóneas del Estado Nacional,
para frenar esta situación. No aceptamos, el silencio como
respuesta, porque eso fue lo que nos llevó a la dramática situación
de hoy: EXIGIMOS
SOLUCIONES URGENTES A PROBLEMAS URGENTES. EL GOBIERNO de la CIUDAD ES
RESPONSABLE.
Esta tarde se llevó a cabo la segunda reunión virtual de la Comisión Ejecutiva Nacional durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Luego de un exhaustivo repaso de la coyuntura nacional y del informe político del secretario general Ricardo Peidro, se aprobó por unanimidad una declaración que ACTA reproduce en su totalidad.
Teniendo en cuenta el grave contexto por el que atraviesa nuestro país y el mundo en relación a la pandemia del coronavirus, en momentos en que el Gobierno Nacional llega a instancias de definición con los acreedores externos, la CTA Autónoma vuelve a ratificar su posicionamiento histórico de rechazo al pago de la deuda externa ilegítima, a la vez que exige la investigación sobre su origen.
La Central tiene necesidad de recordar que el endeudamiento provocado por el Gobierno de Mauricio Macri, lejos de ser en beneficio de las mayorías populares, ha sido un mero instrumento de enriquecimiento y fuga de capitales para ganancia de las corporaciones y las multinacionales.
Si bien celebramos la iniciativa del Gobierno actual de imponer un cobro por única vez a las grandes fortunas, creemos que esta acción debería convertirse en un impuesto que grave de manera permanente los ingresos extraordinarios de los sectores más poderosos, entendiendo que son los y las trabajadoras quienes generamos las riquezas con nuestro trabajo.
Del mismo modo, volvemos a demandar la implementación de un ingreso universal para todas las familias equivalente al salario mínimo vital y móvil para atender la grave crisis en la que está sumida más de la mitad del país.
Además creemos necesario extender la Asignación Universal por Hijo/a y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a las familias que aún no la reciben.
En tanto que la Central celebra el nacimiento del Ministerio de la Mujer y las diversidades así como sus acciones, volvemos a ratificar la necesidad de atender con políticas públicas la emergencia por violencia de género así como los femicidios que en lo que va de la cuarentena ya lleva más de una mujer asesinada por día. También celebramos el triunfo que significa la aprobación en Tucumán de la «Ley Micaela», fruto de la lucha de les compañeres en todo el país.
La CTA Autónoma repudia la reforma jubilatoria en Córdoba que bajó las jubilaciones y aumentó la edad jubilatoria y cambió el cálculo de haberes. Denunciamos que existe un agravamiento de la crisis previsional en todo el país y exigimos aumento de emergencia ya para todos y todas las jubiladas. Celebramos la decisión del Gobierno de extender la prohibición de despidos y suspensiones y pedimos una mayor presencia para que esto se cumpla efectivamente.
Celebramos la constitución del Comité de Emergencia y de la aprobación del Plan Nacional de Protección de Trabajadores de la Salud. En ese marco ATE y FeSProSa serán convocados a integrar el Comité Nacional de Seguimiento de Protección de los Trabajadores de la Salud. Del mismo modo, vemos como positiva la eximición del cobro al impuesto a las ganancias que está tratando el Congreso Nacional, aunque volvemos a decir que el trabajo no es ganancia, por lo que los trabajadores y trabajadoras no debemos ser alcanzados por ese impuesto.
Consideramos que el Estado debe garantizar la salud, la no expansión de las epidemias (tanto del Coronavirus, como del dengue y el sarampión) dentro de los barrios populares de todo el país, así como la asistencia alimentaria, de servicios públicos y habitacional de quienes viven en ellos.
Con los organismos de Derechos Humanos exigimos el inmediato esclarecimiento de la desaparición del trabajador Luis Armando Espinoza, así como la sanción a los responsables.
La CTA Autónoma llama la atención sobre la gravísima situación de los pueblos originarios, por lo que reclama la urgente atención de sus demandas presentes y sus derechos históricos.
Por último, creemos necesaria la urgente convocatoria a la Mesa de Diálogo Social y al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, con plena participación activa en representación de los intereses de los trabajadores y trabajadoras tanto de la economía formal como de la informal, desocupados/as y jubilados/as.
Firman: – Ricardo Peidro, Secretario General – Hugo «Cachorro» Godoy, Secretario Adjunto – Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta
En el anterior trabajo sobre “los trabajadores y el coronavirus”, luego de analizar las principales normativas laborales dictadas en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, nos hacíamos preguntas en dos sentidos.
* Por Equipo Jurídico de la CTAA Capital
En
primer lugar, nos hacíamos cuestionamientos sobre la inexistencia de
un registro público de las empresas que accedían al Programa de
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Concretamente decíamos que era un derecho saber a qué empresas
estaba subsidiando el estado (o sea todos nosotros), con qué montos
y en qué condiciones. Y nos preguntábamos por qué no era pública
esta información.
Por
otro lado, nos preguntábamos por qué el Estado se debe hacer cargo
de las pérdidas de las grandes empresas del sector privado. ¿Porque
el Estado –al igual que los trabajadores- siempre es socio en las
perdidas y no en las ganancias? ¿Por qué no se piensa en algún
mecanismo para que esta ayuda sea retribuida en épocas de bonanza
empresarial? Si cada vez que el sector privado tiene problemas, el
sector público acude al rescate, ¿no debiera pensar en estatizarse
esas empresas o industrias? De esa forma se aportaría en las
perdidas, claro, pero también se podrían acumular ganancias.
Con relación al primer interrogante, en los últimos días se ha hecho público que empresas como VolksWagen, Mercedes Benz, Sacoa, Viacom (multinacional dueña de TELEFE), Radio Mitre (Grupo Clarín), Ledesma -propiedad de la familia Blaquier, que en su declaración jurada de 2019 informó que facturo más de 20 mil millones de pesos y sus ganancias operativas aumentaron un 128% llegando a 1.704 millones de pesos-, Techint, Mc Donald´s, y Burguer King, entre otras.
Cabe
destacar que varias de ellas no sólo accedieron al programa de
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) sino que
además aplicaron descuentos salariales mediante acuerdos homologados
ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de La
Nación. Es decir que el mismo Ministerio aprueba los ATP y a la vez
homologa acuerdos de reducción salarial para las mismas empresas.
Incluso
existen casos de patronales que pagan a sus empleados únicamente el
50% del salario que reciben del Estado. Así, por ejemplo, con
relación a Sacoa, el titular del Sindicato Único de
Trabajadores de Espectáculos Públicos (SUTEP),
Ernesto Ascallia, denunció que “la
empresa, hasta el momento, solo pagó el 50% de los haberes a través
de la ayuda que destinó el gobierno con el programa Asistencia de
Emergencia a la Producción y el Trabajo”.
Por
su parte, los trabajadores de supermercados denunciaron que se está
propagando cada vez más el contagio entre los empleados y señalaron
que sólo en el AMBA se contaron más de una decena de nuevos casos
en los últimos días y la cifra ya ronda los 40, aunque aclararon
que “hay algunas cadenas que no informan de manera oficial y eso
complica la posibilidad de tener un número preciso»
Los
trabajadores de las empresas de vigilancia CBS SRL y SECURITAS
ARGENTINA SA denunciaron pagos de sumas no remunerativas y descuentos
salariales por acuerdos homologados ante el Ministerio de trabajo, a
pesar de que son actividades que desde el inicio del Aislamiento se
catalogaron como esenciales y por tanto siempre continuaron laborando
por lo que, según lo garantiza expresamente la normativa dictada y
vigente, no podían sufrir descuento alguno en sus haberes.
Los
dueños de una de las franquicias de las heladerías Cremolatti usaron
el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), dispuesto por el
Gobierno nacional para mitigar las dificultades de los sectores más
vulnerables, para “pagar” por medio de ese instrumento parte
del salario de sus empleados, que se encontraban sin registrar (ya
que de estar registrados no hubieran podido acceder al IFE.
Con
relación específicamente a la gravedad de ello, cabe destacar que
recientemente – en fecha 23/04/20- el Ministerio de Trabajo dictó
la resolución 352/20 por la cual se suspendió por 180 días la
incorporación de nuevos infractores al Registro Público de
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) como asi también se
suspendieron por el mismo plazo los efectos y sanciones que dispuso
el Ministerio sobre los empleadores ya incluidos.
Cabe
destacar que el Repsal es un registro público, que tiene por
finalidad hacer públicas las sanciones firmes por trabajo no
registrado que sean aplicadas por la Secretaría de
Gobierno de Trabajo y Empleo, por la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), por las autoridades provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Registro
Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), y por
la Supeintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). En el
REPSAL se registran las sanciones por obstrucción a la inspección
del trabajo, las sentencias judiciales por relaciones laborales no
reconocidas por el empleador, las sanciones impuestas por
infracciones a la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y
Protección del Trabajo Adolescente, y las sentencias condenatorias
por infracción a la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la
Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
En síntesis: Las empresas que figuraban en el Repsal no podían acceder a los programas asistenciales implementados o financiados por el Estado, ni a líneas de crédito otorgadas por bancos públicos, pero esta resolución suspendió dicha sanción, por lo que ahora están habilitadas. Según informo el Ministerio, esta decisión se tomó “A fin de morigerar el impacto de la emergencia sanitaria sobre los procesos productivos y el empleo”.
Sin
embargo, tal vez el caso más emblemático es el de los trabajadores
de la Salud. A pesar de ser ellos quienes corren más riesgo de
contagiarse y ser a la vez los que pueden brindarnos asistencia en
caso de enfermarnos nosotros, se suceden los reclamos vinculados a la
falta de cuidados y de elementos de protección personal en cantidad
y calidad necesaria para preservar su salud y la de los pacientes, lo
que trae como consecuencia inmediata una alta tasa de contagios entre
enfermeros, camilleros, personal administrativo y profesionales de la
salud. Esta situación es realmente crítica ya que la cantidad de
contagios hace peligrar la atención suficiente a la población en el
caso de que sigan aumentando los contagios. Así lo vienen
denunciado, entre otros, los trabajadores de la Salud de los
hospitales porteños representados por ATE, los profesionales de la
Salud nucleados en la FESPROSA o los trabajadores de la OSPLAD
representados por el SITOS. Estos últimos además vienen denunciando
otras irregularidades como ser el incumplimiento de protocolos o la
falta de pagos de salarios en tiempo y forma.
Luego
del escándalo provocado por estas noticias, el gobierno anunció
nuevas limitaciones para acceder al programa ATP del Ministerio de
Trabajo, como ser no distribuir utilidades por los períodos fiscales
cerrados a partir de noviembre de 2019, no recomprar sus acciones
directa o indirectamente o no adquirir títulos valores en pesos para
su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su
transferencia en custodia al exterior.
Llamativamente
pareciera que el gobierno se anotició de estas situaciones a través
de las noticias y denuncias cuando claramente se tuvo que haber
tomado conocimiento al momento de aprobar las ayudas. Pero aun
suponiendo que esta situación fue detectada tardíamente, no se
dispone la revocación de las ayudas a las grandes empresas, sino que
solo le ponen condiciones. ¿Realmente alguien puede creer que esas
empresas necesitan ayuda? Es prioritario para el Estado pagar el 50%
del salario de esas empresas?
Pero
volviendo al rol del Ministerio de Trabajo durante la pandemia, vemos
con alarma varias situaciones, como ser: a) falta de control y de
criterios en las asignaciones de ATP; b) falta de control en que las
empresas que son beneficiarias de ATP cumplan con la parte de pago de
salario que les corresponde; c) homologación de acuerdos que
implican renuncias de derechos por parte de los trabajadores; d)
falta de actuación y de presencia en conflictos como los mencionados
sólo a modo de ejemplo en el presente escrito (heladerías
cremolatti, trabajadores de supermercados, trabajadores de seguridad,
trabajadores de la salud)
Tanto
revuelo generó el rol del Ministerio que incluso algunas voces
aisladas dentro del oficialismo plantearon disidencias. Así, por
ejemplo, con relación a la homologación del acuerdo celebrado entre
la empresa Mondelez y el sindicato de la Alimentación, Máximo
Kirchner manifestó “Equivocadamente
el Gobierno le homologó ese acuerdo. Espero que se corrija eso”.
Por su parte, la diputada Vallejos planteó que «Si
el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como
lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más
desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a
cambio de una participación en el capital de las
compañías”.
Compartimos
dicha postura como también la del impuesto a las grandes fortunas, y
pensamos que además sería un momento oportuno para cumplir
acabadamente con el art 14 bis de la Constitución Nacional tanto en
el espíritu de la norma como en los derechos que enuncia.
En
efecto, dicho artículo no ha tenido otra finalidad que hacer de todo
hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente tutela
constitucional.
Para
el constituyente que la elaboró y sancionó, la citada norma
entrañaba -en palabras del miembro informante de la Comisión
Redactora, convencional Lavalle,- una aspiración «a
derrotar […] al ‘hombre tuerca’ […] y soliviantar al ‘hombre
criatura’ que, agrupado en su pueblo, en el estilo de la libertad y
en nombre de su humana condición, realiza, soñador y doliente,
agredido y esperanzado, con perspectiva de eternidad, su quehacer
perecedero»
(Diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente. Año
1957, Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1958, t. II,
pág. 1061)
En
lo que hace a los derechos del hombre en razón del trabajo, su
primera parte establece lo que dio en llamarse el principio
protectorio al prescribir que: «El
trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes
las que asegurarán al trabajador:…”
y acto seguido enumera una serie de derechos y garantías a saber:
“condiciones
dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y
vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil;
igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias
de las empresas, con control de la producción y colaboración en la
dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del
empleado público; organización sindical libre y democrática,
reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.
Lo
primero que observamos es que a) el trabajo debe tener tutela; b) esa
tutela debe depararla la ley; c) la ley debe necesariamente
“asegurar” todo lo que el artículo enumera.
Por
la forma gramatical que reviste el artículo, el congreso tiene el
deber inmediato de legislar. Cuando la norma prescribe que el trabajo
“gozará” de la protección legal, y que las leyes “asegurarán”
tales y cuales cosas, denota una imperatividad insoslayable. No hay
opción para que el congreso legisle o no legisle; ni para que
legisle cuando le parezca oportuno: debe legislar ya, ahora. Esto
significa que la demora o la omisión en legislar, es
inconstitucional: hay inconstitucionalidad por omisión.
Es
de destacar que aun cuando ese deber primario que contiene claramente
el art. 14 bis va dirigido al congreso, hay que puntualizar que: a)
alcanza también a todos los órganos del gobierno federal (en el
caso “Valdez c/ Cintioni”, de 1979, la Corte sostuvo que su
cumplimiento atañe a los poderes distintos del congreso, los cuales,
dentro de la órbita de sus competencias, han de hacer prevalecer el
espíritu protector de las normas en juego); b) se extiende a las
provincias, conforme el art. 5º de la constitución; c) se refuerza
con el mandato constitucional del art. 24 (“el congreso promoverá
la reforma de la actual legislación en todos sus ramos…”, que al
incluirse el art. 14 bis en la reforma de 1957, obliga a ajustar la
legislación vigente a esa fecha a sus pautas y principios.
Desde
1957, año de la reforma constitucional que introdujo el art. 14bis,
hasta la actualidad se sigue consumando esa inconstitucionalidad en
todos los aspectos del art. 14 bis sobre los cuales la falta de ley
razonable frustra o bloquea el goce de los derechos en él enumerados
y protegidos.
El
ejemplo más claro de ellos y más necesario hoy es la participación
en las ganancias de las empresas, con control de la producción y
colaboración en la dirección. Es imprescindible que se legisle y
garantice el goce efectivo de este derecho. No solo para cumplir con
la manda constitucional, sino fundamentalmente porque si este derecho
fuera una realidad, entonces ninguna de las situaciones planteadas en
el presente escrito pudieran haberse sucedido
Los espacios de educación popular enfrentan “problemas con la alimentación, con las condiciones sanitarias y la falta de conectividad para la continuidad del ciclo lectivo”. En este informe, qué estrategias se dan para sostener el vínculo con los estudiantes y cuáles son los reclamos más urgentes.
La cuarentena desordenó el
funcionamiento normal del ciclo lectivo en los distintos estamentos
educativos. Las dificultades que atraviesan los estudiantes escolares
y universitarios, se ven agravadas en los bachilleratos populares,
particularmente los de la ciudad de Buenos Aires.
Estos espacios educativos son llevados
adelante por organizaciones sociales con trabajo territorial en los
barrios populares. Sus estudiantes son vecinos de la zona, que son
quienes más padecen las consecuencias, no sólo de la situación
actual, sino de todas las desigualdades que genera el sistema.
Es por esto que el rol de los
educadores populares no se circunscribe sólo a su función
pedagógica, sino que tienen una implicancia social importante.
Los padecimientos del soberano
«Hicimos un revelamiento en cuanto a
lo alimenticio, a infraestructura, a cómo están atravesando esta
situación a nivel laboral y también si podían establecer algún
nivel de conectividad o tener algún tipo de recursos para hacer
alguna modalidad virtual que permitiese continuar con los estudios»,
contó a Canal Abierto Ariel Rapp, educador del
Bachillerato Popular Roberto Chejolán, que funciona en la Villa 31.
A partir de ahí, «lo primero que
surgió fueron problemas con el tema de alimentos e
infraestructura, particularmente el tema del agua y las
condiciones sanitarias con las que viven nuestros estudiantes. A
todo esto se suma lo que tiene que ver con la falta de conectividad o
de dispositivos para poder establecer una continuidad educativa. Por
eso empezamos a pensar estrategias que tenían que ver con distintos
reclamos» sumó Rapp.
Resultados similares arrojó el sondeo
hecho por los responsables del Bachillerato Popular Miguelito
Pepe. Consultada para esta nota, Anabela, educadora de esa
institución, explica: «Muchos se vieron afectados y afectadas a
partir de esta cuestión económica que empezó el 20 de marzo,
aunque ya unas semanas antes se habían suspendido algunas
actividades, ya que obviamente muchos trabajan en actividades no
esenciales«.
Los accionistas de las empresas de
aplicaciones de videoconferencia probablemente sean de los pocos
ganadores a nivel económico de esta situación de impacto mundial. A
partir de las medidas de aislamiento obligatorio implementadas en la
mayoría de los países, estos programas pasaron a formas parte
de la cotidianidad de muchas personas que hoy las utilizan para
encuentros virtuales masivos, reuniones de trabajo y para instancias
educativas.
El problema que estas herramientas
presentan es la cantidad de datos de Internet que consumen, lo que
obliga a disponer de una red hogareña, algo habitual en hogares de
clase media que deviene en un verdadero lujo en las casas de los
barrios populares.
«No hay muchos que accedan a una red
wi fi propia o libre, eso también hacía que distintos dispositivos
o aplicaciones como las aulas virtuales no pudieran ser dadas
como creeríamos porque eso excluiría a quiénes no puedan
acceder a esas redes», agregó Anabela.
Sin embargo, desde la coordinación del
bachillerato encontraron la forma de poder avanzar con las
clases. «Como vimos que la mayoría tiene un dispositivo móvil,
preguntamos si podía tener acceso al celular dos veces por semana en
el horario en el que se cursaría el bachillerato para hacer
intercambio a través de Whattsapp, ya que es la única aplicación
que no consume datos».
«Ahí intentamos en estas semanas
armar un formato que se pudiera adaptar a esa herramienta y tuvimos
una respuesta increíble, de los tres años» celebra la docente. El
Bachillerato Popular Miguelito Pepe, funciona desde hace años en la
zona de Constitución, pero a comienzos de este año mudaron su sede
a San Telmo, por lo que temían que aquellos que recién se
incorporaban perdieran el contacto. Sin embargo, «nos sorprendió lo
del primer año, que es cuando se arman los grupos y siempre hay una
instancia de presentación y mucho entusiasmo y participación. Ahora
lo que nos queda hacer es evaluar dentro de 15 días como se da esta
manera la posibilidad de ir acercando algunos contenidos, algunos
trabajos y tratar de ver posibilidades de acceso al Facebook, que
permite hacer salas de encuentros, o algún canal de Youtube».
Anabela destacó que el ímpetu para
sortear los inconvenientes y adaptarse a la nueva realidad no se
circunscribió solamente al estudiantado, sino que «el equipo
docente del bachillerato tuvo una muy buena predisposición y activó
para bien poder tomar esta nueva herramienta como una posibilidad de
acceso a la educación, para continuar un intercambio con los
estudiantes y no perder el ciclo lectivo, pero sobre todo para seguir
teniendo contacto con los estudiantes que vienen al bachillerato en
busca de un título pero también como forma de seguir aprendiendo».
La deuda eterna
A los problemas nuevos que trajeron la
pandemia y su consecuente cuarentena, se suma el reclamo que los
docentes de los bachilleratos populares arrastran de hace años, que
es el reconocimiento económico a su labor.
La mayoría de los bachilleratos están
reconocidos por el gobierno porteño, expiden títulos oficiales, los
egresados son computados en los números que todos los años se
presentan, pero muy pocos educadores reciben un salario por el
trabajo que desempeñan.
«Somos trabajadores que no cobramos
salarios, estamos precarizados por el Estado, pero cuando
muestran números sí el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos
reconocen como escuela. No es sólo el salario, sino cuestiones que
tienen que ver con las viandas. Ahora en la pandemia no estamos
recibiendo viandas», reclama Rapp.
Con la comida no se jode
Uno de los reclamos que atraviesa a los
bachilleratos de la ciudad tiene que ver con la distribución de
bolsones alimentarios destinados a quienes hacen sus estudios en las
distintas escuelas. A pesar de estar reconocidos por el Ministerio de
Educación porteño, los bachilleratos populares no reciben la ayuda
que el gobierno entrega para reemplazar la labor de los comedores
escolares.
«Los bachilleratos populares tienen
una particularidad que es que sus estudiantes necesitan también
de la ayuda alimentaria. Todo el sistema educativo, a excepción de
jóvenes y adultos, está recibiendo en la totalidad de sus escuelas
las canastas para cada estudiante. En el sector de adultos,
simbólicamente, hemos sido excluidos de la entrega. Así que a
los problemas económicos que se atraviesan por la cuarentena se suma
la discriminación que sufren los estudiantes de los bachillerato
oficiales al no recibir la canasta alimentaria, que por más
paupérrima que sea siempre sirve un poco para paliar la alimentación
diaria. Además se suma la situación grave que el ministerio de
Educación de ciudad cortó la inscripción a las becas de apoyo
escolar, que implican un monto de dinero que es destinado a la
continuidad en las escuelas de los estudiantes. Esto fue suspendido
por el gobierno de la ciudad «, dijo a este portal Sebastián
Mondonio, educador del Bachillerato Salvador Herrera, que
funciona en Villa Lugano.
«Además a la situación gravísima se
le suma la falta de la disposición de cualquier tipo de medios de
sanidad a las escuelas. No enviaron un solo barbijo ni productos
de limpieza -denuncia Mondonio-, suspendieron la entrega de los
elementos básicos para la protección y la limpieza. Por lo tanto la
situación pedagógica es muy difícil y se va resolviendo con
muchas deficiencias. Semanalmente se intenta conectar con todos
estos límites con los estudiantes para realizar algún tipo de
actividad que siga manteniendo el vínculo y la relación con la
escuela, pero lejos de ser una situación educativa virtual ideal»,
agregó.
Por su parte, Rapp contó que «con
la Coordinadora de Bachilleratos Populares y el Frente de
Bachilleratos Populares de la CTA Autónoma hicimos una serie de
reclamos para garantizar las viandas, que no le están entregando a
casi ningún bachillerato«.
Una historia bonaerense
Arbolito es el nombre del bachillerato
popular que lleva adelante la Unión Solidaria de Trabajadores, una
empresa recuperada de Wilde. «Los chicos por ahí agarran más
rápido la dinámica de las aplicaciones mientras que a los más
grandes les cuesta un poco más. Hay grupos de Whattsapp por cada año
y desde ese lugar se van ayudando y acompañando para poder acceder a
la plataforma», contó Diego Ledesma, docente de la escuela.
Y agregó que «después está la
dificultad económica. La mayoría de los estudiantes tienen hijos a
los que también les mandan las tareas por Internet, por lo que
cuando dependen del paquete de datos de la línea telefónica, a la
hora que tienen que entrar a la plataforma se quedan sin crédito
en el celular y tienen que recargar y hoy no están contando con el
dinero para poder hacerlo, en muchos de los casos le dan prioridad a
que sus hijos puedan resolver sus tareas».
Sofía es estudiante de tercer año, el último de la modalidad. La cuarentena la encontró en el año en que iba a egresar. Consultada por Canal Abierto, contó: «Tengo a favor la accesibilidad porque tengo computadora en mi casa, entonces puedo entrar tranquilamente. A veces hay inconvenientes con el wifi porque en esta zona no es bueno el servicio. Pero cuando pasa esto me manejo por el whattsapp. A algunos compañeros, al no tener computadora, se les vuelve más complejo poder seguir«.
Las secretarías de Género y Formación de la CTAA Capital, junto a las compañeras de Ñanderoga – la primera casa de la Central Porteña de acompañamiento feminista en situaciones de Violencia de Género- elaboraron un material que es un análisis de la emergencia, desde una perspectiva de género, que las trabajadores están atravesando. Este material pone el foco en la desigualdad que sufren las mujeres y personas LGTTBIQ en una ciudad desigual.
“Los objetivos
de este material de discusión
son por un lado promover el debate hacia adentro y hacia afuera desde
una perspectiva de género acerca de cómo estamos transitando la
pandemia y por el otro lado, es un aporte desde nuestra posición
política a visibilizar nuestras propias demandas allí donde estamos
organizadas”, explica Daniela Rodríguez, secretaria de Formación
de la CTAA Capital.
Por su parte,
Clarisa Gambera, secretaria de Géneros de la Central porteña
agregó: “Para transitar esta situación es necesario que nuestra
participación sea efectiva y que tanto nuestras organizaciones como
el propio Estado tengan en cuenta nuestras propuestas concretas”.
El documento elaborado por las compañeras hace hincapié en la violencia de género desde una mirada integral. En este sentido, las compañeras de Ñanderoga remarcan la necesidad de declarar la Emergencia pero también resaltan las múltiples formas de violencia hacia las mujeres y disidencias sexuales.
A continuación se comparte el documento en formato PDF para decargar:
Luego de seis años de batallar en la Justicia contra una retención injustificada, esta le ordenó al Banco Ciudad abstenerse de continuar descontando el tres por ciento del salario de sus trabajadores y trabajadoras en concepto de Aporte al Sistema Jubilatorio y deberá devolver lo descontado con intereses.
Así lo dispuso el titular del Juzgado
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires N° 18, Marcelo López Alfonsín, que hizo lugar a la histórica
demanda colectiva promovida por el Sindicato de Trabajadores
Bancarios contra el Banco Ciudad; y declaró que “se encuentran
exentos de efectuar los aportes previstos por la Ley 19.032 y
concordantes”.
José “Pepe” Peralta, secretario General de SiTEBA y secretario General Adjunto de la CTAA Capital señaló: «Si bien el fallo es en primer instancia, es un paso adelante muy importante en la recuperación de derechos de las y los trabajadores del banco, tan vapuleados por Horacio Rodríguez Larreta y la administración macrista de la entidad”.
El Descuento tenía como destino el Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones, pero SiTEBA había iniciado una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para retrotraer la medida ilegítima, arbitraria y unilateral del banco insignia del actual Jefe de Gobierno.
En su fallo el Juez dejó en claro que “lo medular de la disputa se vincula con la interpretación del Convenio de Transferencia celebrado entre la Ciudad de Buenos y el Estado Nacional en 1994 y su respectivo Convenio Aclaratorio de 2007, que forman parte del derecho público local”. Por lo que “Una interpretación contraria del convenio, nos llevaría a avasallar sustancialmente la autonomía de la CABA”, aclaró el magistrado.
Por último, el Juez resaltó la importancia del debate en las audiencias públicas previas y explicó que el principio de solidaridad rector del sistema de la seguridad social invocado por la entidad financiera, no puede ser oponible a los derechos de las personas trabajadoras ante un acuerdo interjurisdiccional que les otorga expresamente la exención que plateó Siteba.
“Tras la catástrofe sanitaria que viven los vecinos y vecinas de la 31 y del Barrio Ricciardelli, exigimos que el Gobierno de la Ciudad de una respuesta que cuide a la población de nuestro barrio ya”, dijo a ACTA Dagna Aiva, vecina de la 21-24 de Barracas e integrante de la CTA A Capital.
“Desde el Comité de Emergencia y la Junta Vecinal de la Villa 21-24 denunciamos con preocupación la crisis sanitaria y social que vivimos en la 21-24 y Zavaleta”, agregó en esta entrevista.
Esta semana comenzó el operativo Detectar en la villa 21-24 y Zavaleta, pero lo hizo con numerosas irregularidades: “en estos momentos tenemos en el Hospital Ramos Mejía vecinos con COVID 19 confirmados, en la misma sala donde hay vecinos que no lo tienen; no hay protocolo, no hay respuesta y hay mucho miedo”, dijo Dagna.
Según contó la dirigenta, hay vecinos que debieron esperar todo el día para ser atendidos, que convivieron con personas con COVID 19 y contactos estrechos en el mismo espacio, personas con síntomas a las que las llevaron a recorrer hospitales y no las reciben, familias sin barbijo, poca información. “Lo que pasa en los barrios populares es muestra de desidia y abandono”, subrayó.
La muerte de Ramona, referente de La Poderosa de la Villa 31 expuso una situación previsible y lo que duele aun más, evitable: que el aumento exponencial de casos de coronavirus está vinculado a la falta de prevención y de políticas públicas. “Por eso, le exigimos a Larreta que retrotraiga las últimas medidas de la cuarentena en los barrios populares, ya que el aumento de casos no se detiene y la situación está fuera de control”, expresó Aiva.
Y es que el hacinamiento en las viviendas facilita la propagación del coronavirus, aumentando el número de vecinos y vecinas contagiadas. Esta situación se agrava aún más en los casos de quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión , EPOC, sobrepeso por mala alimentación, para quienes viven en ambiente contaminado, con falta de urbanización apropiada y de agua de red.
Aiva contó que desde el 6 de marzo, las organizaciones del barrio junto a la parroquia Caacupé, están llevando adelante medidas de prevención y relevamiento de la población de riesgo: “sin el compromiso de los vecinos y vecinas, la situación sería mucho más grave porque el Estado brilló por su ausencia”.
Otro de los reclamos urgentes es que el programa DetecTar se lleve adelante con responsabilidad, generando grupos de promotoras de salud que salgan a buscar vecinos y vecinas que puedan estar manifestando síntomas y así poder aislarlos, un punto de detección con profesionales de la salud.
En palabras de Dagna Aiva: “También reclamamos que se garantice que ninguna familia pierda el alquiler por falta de pago porque no pueden salir a trabajar y que se otorgue un subsidio habitacional. En los barrios hay cuidados, hay organización y hay solidaridad, falta el Estado que parece que nuevamente abandona a los más pobres a su suerte”.
Ramona Medina y Víctor Giracoy, vecinos del Barrio Padre Mugica -Ex Villa 31- , fallecieron en el último fin de semana producto de haberse contagiado de coronavirus. Víctor era referente, desde hacía 25 años, del Comedor «Estrella de Belén». Ramona se había hecho conocida públicamente en las últimas semanas por haber denunciado, mediante las redes sociales de La Garganta Poderosa, que seguían sin agua mientras el Gobierno de la Ciudad anunciaba en los medios que el problema ya estaba solucionado.
En el mediodía de hoy el Comité de
Crisis del Barrio Padre Mugica realizó una conferencia de prensa
junto a referentes de otros barrios, organismos de DDHH, sindicatos,
organizaciones políticas y sociales en la Iglesia Cristo Obrero.
A continuación se difunde el
comunicado leído por las y los integrantes del Comité de Crisis en
la Conferencia de Prensa:
Buenos Aires 18 de mayo 2020
Comunicado Comité de Crisis Barrio Padre Mugica
El Comité de Crisis del Barrio está compuesto por 68 Comedores y Merenderos, Vecinos y Referentes del barrio, Organizaciones Sociales y Políticas y la Iglesia de nuestro querido Padre Carlos Mugica.
En este periodo de cuarentena más de 48 comedores que se sostienen a pulmón, con el apoyo de los vecinos, la iglesia y las organizaciones, dan de comer a miles de vecinas y vecinos. No solo los días de semana también se realizan ollas populares los fin de semana, porque la cuarentena es todos los días y peleamos que no falte el plato de comida en ningún hogar. Así mismo nuestra iglesia de Cristo Obrero asiste a 300 abuelos con cajas alimentarias. También garantizamos alimentos a muchas familias en aislamiento por contactos estrechos que aún no son asistidas por el gobierno de la ciudad. Desde el primer momento nos pusimos a disposición en el operativo Detectar relevando familias en contacto estrecho, aportando desde los comedores, organizaciones y referentes el 75% de los datos del operativo.
Todo esto fue posible porque desde el primer minuto entendimos la Necesidad del Aislamiento, pero también sentimos la preocupación de cómo llevarlo adelante, cumplir la cuarentena en las casas, con la realidad y la particularidad habitacional del barrio, con las serías dificultades en el acceso a la salud, los servicios básicos como el agua y la situación socioeconomica que golpea a un más en este contexto de emergencia sanitaria. Advirtiendo el riesgo de que el virus podía ingresar, propagarse y aumentar los factores de contagio por todo nuestro barrio, sino se atendía a esta sitúacion.
En este sentido el 1 de abril elevamos una nota a la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat María Migliore donde le planteamos la urgencia de la asistencia sanitaria, alimentaria y social para el barrio y la Necesidad de conformar una Mesa de Trabajo para afrontar la pandemia y evitar el ingreso del virus a nuestro barrio.
Recien a partir del 27 de abril se empezó a dar respuesta, la secretaria del barrio asistió a 23 comedores con elementos de higiene y limpieza para una semana, que hasta el día de hoy no fueron repuestos nuevamente, y a 8 comedores con alimento seco, llegando a un total de 17 espacios este viernes 15 de mayo llegando muy tarde y siendo totalmente insuficiente.
Rescatamos la importancia del operativo Detectar de testeos masivos y acompañamos la iniciativa relevando a nuestros vecinos, hay que decir que recien el 5 de mayo se pudo concretar y por iniciativa del gobierno nacional, llegando a esa fecha con más de 150 vecinos contagiados de Covid 19 en nuestro barrio.
La situación es alarmante en el día de hoy la ex Villa 31 se encuentra con más de 900 casos positivos de COVID y 4 vecinos fallecidos.
Por todo esto exigimos ya la conformación de una mesa de trabajo sería y real entre las autoridades de los Ministerios de desarrollo Humano y Hábitat, y el Ministerio de Salud ambos de la Ciudad de Buenos Aires junto al Ministerio de Salud Nacional con los representantes del Comité de Crisis.
Para dar respuesta a las siguientes demandas:
Espacios acondicionados u hoteles para el aislamiento a personas en contacto estrecho que no puedan realizar el aislamiento en sus viviendas.
Unidades móviles las 24hs para el traslado de vecinos que necesiten ser atendidos de urgencia o fuera del horario de atención del Operativo Detectar.
Asistencia alimentaria, de elementos de higiene personal y atención psicológica para las personas internadas o aisladas en hoteles afectadas por el virus y a las personas en contacto estrecho.
Asistencia urgente a todos los comedores y merenderos con elementos de limpieza, higiene, bioseguridad y raciones de comida.
Que se de respuesta a la situación habitación, prohibición de los desalojos.
Acondicionamiento de los pisos superiores de la escuela Wash (donde funciona el operativo Detectar) para realizar la espera de los resultados del test.
Ante está emergencia sanitaria, habitacional y alimentaria y ante el reclamo de este comité desde hace más de un mes y medio pedimos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cambie su actitud y que de respuesta positiva a la conformación de una mesa de trabajo.
En el día de ayer se llevó a cabo una nueva videoconferencia del Bloque Gremial de la CTA Capital, con el objetivo de ultimar detalles antes del lanzamiento de la campaña “Esenciales somos lxs trabajadorxs”, con la cual la Central reafirmará la necesidad de discutir la distribución de la riqueza que producimos, de priorizar la salud, la estabilidad laboral y la capacidad adquisitiva de lxs trabajadorxs en el marco de la ofensiva patronal que pretende descargar el costo de la pandemia de Covid 19 sobre el Pueblo.
Luego de compartir y evaluar diversos materiales elaborados desde el Equipo Gremial, se realizó un análisis de la coyuntura político-económica local y nacional, así como de las diversas gestiones, iniciativas y conflictos que vienen desarrollándose en este contexto. Para finalizar, se definieron las líneas de trabajo necesarias para instalar la Campaña «Esenciales somos lxs trabajadorxs. Producimos la riqueza, discutamos su distribución» .
El encuentro contó con la participación de más de 20 representantes de sindicatos, federaciones y agrupaciones sindicales que integran la CTA Autónoma y que desarrollan sus actividades tanto en la Capital Federal como en otras provincias.
En el marco de la emergencia sanitaria que provoca una crisis económica y laboral sin precedentes, la Conducción Nacional de la Central expuso una serie de sugerencias y reclamos ante el Ministro de Trabajo de la Nación. La semana próxima volverán a reunirse.
Del encuentro participaron el Secretario Adjunto de la CTAA, Hugo “Cachorro” Godoy, y la Adjunta, Claudia Baigorria, además de Daniel Jorajuría (Gremial), María Ana Mandakovic (Comunicación y Difusión), Jorge Castro (Contabilidad y Finanzas), Rafael Vargas (DDHH), Olivia Ruíz (Previsión Social), Horacio Meguira (Legales) y Ramiro Fernández (Juventud).
También estuvieron presentes el Secretario General de CTAA Capital, Pablo Spataro, su Adjunto, José “Pepe” Peralta, y los titulares de SITRAIC (construcción), UCRA (choferes), Gremio Odontológico, Sindicato del Cuero, AECPRA (empleados de correo), y SITOSPLAD (obra social docente).
Al comenzar el encuentro, Godoy, quien ofició como moderador, enumeró ante el ministro una lista de necesidades que se consideran urgentes para intentar paliar las consecuencias de la grave situación que padece una gran porción de la clase trabajadora.
El dirigente, también Secretario General de ATE, planteó en primer término el apoyo a las medidas que se tomaron hasta el momento, como la prohibición de despidos y suspensiones, pero destacó la necesidad de conformar un comité de crisis dentro del ámbito de la cartera que dirige Moroni, que reúna a todas las centrales sindicales, las organizaciones sociales, y las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, en cuanto a las medidas de prohibición de despidos, consideró que es necesario que se extiendan los plazos tras el vencimiento del decreto a fines de mayo.
A su vez, reiteró el malestar de la Central con la reunión entre la UIA y la CGT, desarrollada en la sede del ministerio, que convalidó una rebaja del 25% en los salarios de los trabajadores. En ese sentido, exigió que se revise el criterio para la entrega de asistencia económica a las empresas concentradas por sobre las Pymes.
Por otra parte, valoró la aplicación del Ingreso Familiar de Emergencia y reiteró la necesidad de implementar el impuesto a las grandes fortunas. Del mismo modo, pidió por el inicio inmediato de las reuniones del Consejo del Salario para discutir de forma urgente la recomposión salarial.
Por último, Godoy pidió que se considere la actividad sindical como una tarea esencial durante el tiempo de cuarentena para asistir y respaldar a trabajadores y trabajadoras.
El ministro Claudio Moroni admitió que luego de dos años “muy difíciles”, hoy la situación “es peor” como consecuencia de la pandemia que azota al país y al mundo, y que esto determinó una serie de medidas necesarias en privilegio de la salud, pero que inevitablemente han resentido la economía. En ese aspecto, detalló que la recaudación ha caído dramáticamente, pero aclaró que el Ingreso Familiar de Emergencia va a continuar durante, al menos, un período más.
Al mismo tiempo, el funcionario estimó que aún queda mucho por hacer en cuanto al sector informal, pero consideró que, a comparación del resto del mundo, nuestro país está muy avanzado en las medidas de protección del empleo.
Con respecto al acuerdo entre la CGT y la UIA por las rebajas salariales, sostuvo que no es un acuerdo de cumplimiento obligatorio y queda, según especificó, circunscrito a las partes que lo firmaron.
Moroni también se comprometió a mejorar los canales de diálogo con los sindicatos, tras el pedido expreso de los dirigentes de la CTAA, y prometió revisar, en coordinación con el Ministerio de Educación, las difíciles condiciones de los docentes para poder dar clases en el marco de las medidas dispuestas por la pandemia, lo cual también fue un reclamo expreso de la Central.
A su turno, Claudia Baigorria abonó a lo expresado por Godoy y agregó que es de suma importancia pensar de qué forma sería implementado un comité de crisis dentro del Ministerio de Trabajo para que su funcionamiento y resultado sea el correcto.
La dirigente advirtió además que al finalizar la pandemia el mercado laboral quedará muy reducido y que será necesario reabrir la discusión sobre el trabajo informal, por lo que consideró vital revisar su representación para la resolución de conflictos, como, por ejemplo, el acceso a la seguridad social. Además, Baigorria remarcó la importancia de permitir la libre circulación y el trabajo sindical en estos tiempos de confinamiento.
Por su parte, Alejandro Bassignani, titular del SITOSPLAD, remarcó la alarmante situación que vive el personal de OSPLAD (Obra Social para la Actividad Docente) a quienes les incumplieron una vez más el pago de sus haberes en tiempo y forma, siendo más de 1400 trabajadores que prestan servicios de salud a 170 mil familias en las más de 35 sedes nacionales de la institución.
En tanto, el Secretario General de SITRAIC, Víctor Grossi, hizo hincapié en los protocolos de seguridad e higiene dentro del rubro de la construcción. En ese sentido, sostuvo que no es posible garantizar las condiciones básicas de trabajo en el contexto actual, por lo que reclamó que el control de la aplicación de protocolos sea conjunto y no solo una potestad de la UOCRA.
Para reforzar su pedido, Grossi pidió que se revisen las estadísticas de accidentes en el ámbito de la construcción para entender que resta un control más minucioso de los protocolos de seguridad e higiene.
Luego fue el turno de la Secretaria de Comunicación y Difusión de la CTAA y Secretaria General del CISPREN, Mariana Mandakovic, quien planteó la grave situación del sector de prensa, con pérdidas de puestos de trabajo, flexibilización laboral y salarios que han quedado por debajo de la línea de pobreza, lo cual “se ha agudizado exponencialmente con la pandemia”.
Además, puso énfasis en la brecha de desigualdad entre los medios tradicionales concentrados y los medios autogestionados que “es cada día mayor”, ya que mientras los primeros reciben pauta publicitaria oficial y ayuda del estado a través de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción, los autogestionados (medios comunitarios, cooperativos, populares, etc.) no pueden garantizar su sostenibilidad.
Por último, Mandakovic consideró necesario debatir iniciativas para que las plataformas digitales (Google, Facebook, Amazon, etc) paguen por el uso de los contenidos de los medios de comunicación y las noticias que circulan, “para revitalizar a la industria que se desmorona sistemáticamente”.
Para finalizar fue el turno de Rafael Vargas, Secretario de DDHH de la CTAA y titular del SOLEAIL (azucareros), quien le advirtió al ministro Moroni sobre la compleja situación de los trabajadores del sector y la urgencia que tienen en contar con una federación que nuclee a los todos los sindicatos, pero que necesita del respaldo del propio ministerio para conformarse.
Además, Vargas solicitó que el Estado condicione la ayude que les proporciona a las empresas azucareras ante los reiterados incumplimientos que mantienen con los trabajadores.
Al cierre, Claudio Moroni agradeció por la discusión y el debate con los dirigentes, al tiempo que prometió considerar todas las propuestas y reclamos para trabajar en soluciones que podría presentar en la próxima reunión.
