En el tablero de ajedrez latinoamericano el jaque es a la democracia. En 1984, el intelectual Alipio Freire dijo que “en Brasil, los liberales son fascistas de vacaciones”. Unas décadas después y, en toda la región, abandonaron el descanso. Su última jugada: los intentos de proscripción en Bolivia y Ecuador a los partidos de los expresidentes Evo Morales y Rafael Correa, sobre quienes, además se ejerce una férrea persecución judicial.
* Por Mariano Vazquez, Equipo de Comunicación de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA
La estrategia es sacar de la contienda
electoral tanto a los líderes populares como a sus organizaciones
políticas. El método liberal no les alcanzaba. Hicieron unos
retoques: la práctica fascista es más efectiva.
Le dicen Lawfare, prefiero
llamarla Escuela de las Américas Judicial. Inocularon el virus del
odio a través de causas procesales fraguadas de alto impacto
mediático contra las figuras que lideraron el cambio social en
América Latina en los últimos veinte años. Un mecanismo de
persecución que, por ejemplo en Brasil, allanó el camino a la
presidencia de Brasil al excapitán Jair Messias Bolsonaro. La
Operación Lava Jato asestó el primer tiro con el golpe
parlamentario contra Dilma Rousseff; el segundo fue aún más audaz:
meter preso a Lula Da Silva, para que no sea candidato.
Todavía más que con Bolsonaro, el
giro reaccionario tuvo su mayor golpe de efecto con la elección de
otro personaje grotesco. Fue en 2016, cuando el multimillonario
Donald Trump ganó la elección presidencial de Estados Unidos.
Entonces, la primera potencia del mundo y el país latinoamericano
más relevante pasaron a ser liderados por la ultraderecha. Que ambos
encabecen el triste ranking de contagiados y muertos por coronavirus
es una muestra del daño que implica ubicar a personajes siniestros
en el pináculo del poder.
Un año después, la creación del
Grupo de Lima, con la presencia de unos quince países reunidos con
el único fin de acosar a la Venezuela bolivariana, marcaba el cese
vacacional permanente en toda América, la desaparición del centro
político y que el nuevo credo es una derecha extremadamente dura,
capaz de todo.
Por eso, el golpe de Estado en Bolivia
y la eliminación de la fuerza política que representa el
expresidente Rafael Correa muestran el alcance de esta política
neofascista que pretende acabar de raíz con cualquier proyecto de
reinstauración popular.
Bolivia: golpe continuado
“Derrocaremos a quien querramos,
lidia con eso”. Esta vez no hubo que recurrir a una fuente
sofisticada o a un cable filtrado por Wikileaks. El
exabrupto fue escrito por uno de los hombres más ricos del mundo,
Elon Musk, en un intercambio picante en Twitter. El director
ejecutivo de Tesla y Space X escribió el 24 de julio en la red
social: “Otro paquete de estímulos no es lo mejor para los
intereses del pueblo”. Un usuario le respondió: “¿Sabe qué no
era lo mejor para la gente? Que el gobierno de EEUU organice un golpe
de Estado contra Evo Morales en Bolivia para que ud. pueda obtener
litio allí”. Ya sea por la altanería de saberse poderoso o porque
es verdad, contestó: “¡Daremos un golpe a quien queramos! Lidia
con ello”. Aunque luego borró el tuit, el fuego de la polémica
estaba encendido.
No fue una contribución oportuna al
estado de calamidad social, sanitaria y política que atraviesa
Bolivia, con el sistema de salud, las morgues y los crematorios
colapsados, gente muriendo en las calles sin ser socorrida, medio
gabinete con Covid-19 y entrampada aún en un golpe continuado del
cual sus ejecutores no quieren salir.
Ya parece un chiste de mal gusto: por
tercera vez se pospusieron las elecciones en Bolivia. Pasaron casi 9
meses de aquella declaración de “principios” de la
presidenta interina (e inconstitucional) Jeanine Añez, cuando afirmó
que su único mandato era normalizar al país llamando a elecciones
en 90 días. La nueva fecha fue fijada para el 18 de octubre.
Lo grotesco caracteriza al gobierno de
facto y a sus exóticos habitantes. No se han privado de ninguno de
los gestos autoritarios que caracterizaron a las dictaduras
setentistas: asesinato, represión, cárcel, exilio. Desde el propio
gobierno se amenaza al Tribunal Supremo Electoral (CNE) para que
inhabilite al Movimiento Al Socialismo de los próximos comicios. El
funcionario Rafael Quispe advirtió: “Tarde o temprano van a llegar
y terminar en la cárcel, si no anulan la persona jurídica del MAS”.
Oh casualidad, la entente golpista ya
había presentado al TSE denuncias para avanzar en la inhabilitación
del MAS. Oh casualidad, tampoco logran despegar en las
encuestas. Las figuras que azuzaron la caída de Morales ven sus
aspiraciones de poder nadar en la intrascendencia. La alianza Juntos,
que encabeza Añez, cosecha 13 puntos; Creemos, de los excívicos
Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, suma un 9%; y Libre 21, del
expresidente Jorge Quiroga (Libre 21), apenas alcanza el 4%.
Complementariamente, la imagen del
gobierno cae estrepitosamente. Según un estudio de
opinión realizado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung
(FES), la gestión de Añez fue calificada con un 2.75 sobre 10. El
81,4% cree que va por “mal camino”. El 47,7% cree que la
situación política es “mala”, el 31,4% “muy mala”, el 18,5%
“regular”, el 1,4% “buena”, y el 0,7% “muy buena”. El
71,4% dice que su mayor preocupación es “la crisis económica y el
aumento de la pobreza”; un 38,7% cree no se realizarán elecciones
este año.
Sobre la candidatura de Añez, el 53,6%
considera que “nunca debió haberse postulado”, y el 27,9% cree
que “debe renunciar” a la candidatura. Apenas el 8,8% cree que
“puede ser presidenta y candidata”.
Por contraste, la persistente presencia
del partido de Evo Morales en el primer lugar de todas las encuestas,
con la fórmula Luis Arce-David Choquehuanca, tiene claras opciones
de ganar en primera vuelta con el 42% de la intención de votos, ya
que Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, marcha segundo con un 27%.
En este escenario, la derecha local
apuesta a la proscripción del MAS para evitar su retorno al poder.
El plan B: acercamientos del gobierno de facto con Mesa para
desembocar en una candidatura única que garantice una segunda
vuelta.
El cuadro se completa con un estado de movilización permanente y una huelga indefinida declarada por la Central Obrera Boliviana (COB) si las elecciones no se realizan el 6 de septiembre.
Un Ecuador sin Correa
La jugada más sorpresiva del tablero
ideológico regional ocurrió en Ecuador. Rafael Correa colocó para
la sucesión a dos exvicepresidentes. La batalla electoral para ganar
fue durísima. Por eso, la traición de Lenin Moreno
al correísmo causó estupor. Ese caballo de Troya fue el
regalo más preciado para la derecha regional, que consiguió un peón
inesperado en su tablero, que, además, gobierna como ellos, con
represión, ajuste y FMI.
La obsesión de Moreno es destruir a
Correa y a su gente. Primero, separó de su cargo al vicepresidente
Jorge Glas con acusaciones de corrupción. Luego, convocó a un
referéndum, con siete preguntas de naturaleza diversa, pero una de
las cuales pretendía limitar a dos términos el mandato
presidencial: esto impedía a Correa presentarse nuevamente al
gobierno. Todo el arco derechista apoyó esta propuesta y logró el
apartamiento del líder de la Revolución Ciudadana para la elección
de 2021.
En el ya conocido terreno judicial,
Correa fue sentenciado a ocho años de prisión. El libreto:
“corrupción”. No abunda la imaginación en la Escuela de las
Américas Judicial. Como en la Argentina, en Ecuador también
fabricaron sus cuadernos de la corrupción. La imaginación
literaria y la envidiable memoria también fue milagrosa acción de
una secretaria del expresidente.
En el manual golpista no puede faltar la palabra “sedición”, que tanto éxito tuvo en Bolivia para encarcelar o condenar al exilio a los líderes de la oposición. En el caso ecuatoriano, las masivas protestas de octubre de 2019 contra un paquete de ajuste de Moreno derivaron en una insólita denuncia de intento de golpe de Estado contra cuatro dirigentes de alta exposición y máxima confianza de Rafael Correa. Dos de ellos, Paola Pabón y Virgilio Hernández fueron encarcelados. Gabriela Rivadeneira y Ricardo Patiño tuvieron que huir a México, en donde se les otorgó el asilo político.
Mirando de reojo a Bolivia, aparece la
decisión del Consejo Nacional Electoral de inhabilitar para las
elecciones de 2021 a Compromiso Social por la Revolución Ciudadana,
la fuerza política de Correa, que todas las encuestas mostraban, sin
tener aún candidatos, peleando la presidencia. “Nos roban
nuevamente la democracia”, denunció Rafael Correa en su
cuenta de Twitter.
“Todos están contra nosotros, pero
gracias a Dios nosotros estamos con el pueblo. Ellos tienen recursos
infinitos, apoyo de los medios de comunicación, el apoyo de la
embajada de Estados Unidos, tienen todo menos el pueblo. Rompieron
los códigos de la democracia y de la Constitución”, denunció
Correa en diálogo con el periodista Víctor Hugo Morales.
Gustavo Codas, uno de los intelectuales
y analistas más agudos de la región, ante la restauración
conservadora nos convocaba a repensar “las experiencias políticas
de las fuerzas de izquierda y progresistas en función de gobierno
que se han desarrollado en América Latina desde la victoria de la
candidatura presidencial de Hugo Chávez a finales de 1998 son un
laboratorio importante para volver a esos debates estratégicos”.
Vale la pena cerrar con estas palabras
de Codas: “Las claves hay que buscarlas en las vías de
construcción de hegemonías políticas y en las transformaciones de
la forma estatal característica del liberalismo, para formar
mayorías capaces de defender un proyecto transformador de las
estructuras económico-sociales y desarrollar instrumentos de
democracia directa capaces de representar una superación dialéctica
de las instituciones pensadas con una matriz liberal. En ambas
materias las experiencias han enfrentado impasses y frustraciones.
Pero la materia prima fundamental está disponible, un pueblo que ha
disfrutado de mejores condiciones de vida y trabajo desde que se
tiene memoria. Dispuesto a defender conquista y resistir a las
agresiones de la derecha”.
