CTA Capital – Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma

La semana pasada se reunieron en la sede de la CTA Nacional (Lima 609) numerosos gremios del sector privado para seguir organizándose para hacer frente a los embates del gran Capital y defender los derechos históricos ganados por la lucha de años. Daniel Jorajuría, secretario gremial de la Central, se refirió a la importancia del encuentro y la organización.

Entre los sindicatos presentes estuvieron el Sindicato de Trabajadores de la Soplad, Sindicato Único de Mandatarios del Automotor y Afines, Sindicato Único de Mandatarios del Automotor y Afines, Organización Sindical de Trabajadores de Vigilancia, Sindicato de Trabajadores de Maestranza, Nueva Organización Sindical Gastronómica, Sindicato Empleados Inmobiliarios de la Republica Argentina, Sindicato de las Telecomunicaciones, Federación Argentina de Guardavidas, Nuevo Sindicato de la Salud, Asociación de Empleados de Correos Privados, Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones.

«Podríamos decir que esta reunión fue continuidad de la que realizamos hace un mes con la diferencia de que ésta, a raíz de la profunda devaluación, del agravamiento de la inflación ha sensibilizado a todos los compañeros que han logrado con sus luchas resultados muy buenos», dijo Jorajuría al término de la reunión.

La otra cuestión planteada fuertemente y que provocó un gran debate tuvo que ver con la última resolución de la OIT y la actitud del gobierno argentino que sigue sin resolver la exigencia de los trabajadores de conseguir la personería jurídica. El dirigente también comentó que los trabajadores de Uettel habían recibido una carta documento en la que la empresa se negaba a aceptar la representación de los trabajadores afiliados. «El poder contesta así y el gobierno también: no democratizan las relaciones laborales», concluyó Jorajuría.

En relación a la creciente inflación y la gravedad de la crisis, el secretario gremial de la CTA explicó que se debe a que no se ha construido un sujeto en la Argentina que pueda enfrentar al Capital como lo hace la clase trabajadora «y en eso el gobierno opera del lado del Capital porque lo que no hace es liberar a los trabajadores para que no se organicen y no puedan dar esa pelea».

La falta de libertad sindical fue señalada por el dirigente como uno de los obstáculos más grandes que impide desarrollar todo el potencial de la clase trabajadora. «A 10 años del no reconocimiento de la personería por parte del gobierno quedamos en analizar en la reunión que viene, que será alrededor del 25 de febrero, qué acciones vamos a hacer ante la OIT o ante el gobierno y el Ministerio de Trabajo ante la negativa de otorgarnos la personería. Esto lo vamos a poner en la calle para que una vez por todas se adecúe la legislación argentina al convenio 87 de la OIT», dijo Jorajuría.

Principales demandas

Ante la pregunta de cuáles eran las principales reivindicaciones de la clase trabajadora en la Argentina, el dirigente de la CTA dijo que fundamentalmente pasan por el grado de precarización de las relaciones laborales. «Hoy el discurso de Caló y de muchos dirigentes de la CGT es que nosotros queremos atomizar al movimiento obrero y nosotros les preguntamos: ¿la unidad del movimiento obrero está en la unidad de las estructuras corporativas o está en la vida diaria de los trabajadores que sufren en las empresas?, ¿qué es lo que nos pasa a los trabajadores en esta pelea que realiza el Capital de tratar de fragmentarnos permanentemente para no tener la fuerza y la unidad para enfrentarlos?».

Según Jorajuría, «ellos con esos sindicatos son los que han avalado la fragmentación, la tercerización, la subcontratación, las cooperativas, los monotributistas, ésa es la unidad de los trabajadores que plantea la CGT, no estamos de acuerdo, nosotros asumimos la representación de toda la clase trabajadora en su conjunto».

«Yo creo que en el marco actual del avance del poder económico, permitido por el propio gobierno que no ha sido un empleador menor para gran parte de los trabajadores, ha provocado una gran bronca y hoy la ofensiva es organizarse y pelear. Tratamos de pasar a la ofensiva y la forma de hacerlo del trabajador individual es organizarse colectivamente en defensa de sus interesas pero también para lograr mejoras. Ha habido un gran avance desde el 2001 a esta fecha, creo que ése es el saldo positivo de estos 10 años de combate donde el trabajador ahora además de poder comer quiere vivir bien y lo que nos viene del otro lado es que nos quieren volver a pasar a la pobreza y esa no la vamos a dejar pasar», concluyó el dirigente.

En un comunicado la Asociación de Agentes de la Propaganda Médica (AAPM-CTA) denunció que las obras sociales están sufriendo una asfixiante presión de las clínicas y sanatorios privados, que han aumentado sus aranceles de prestaciones de modo abusivo, arbitrario y unilateralmente hasta el 30 por ciento.

Esto es, por encima del índice inflacionario de 2013, con la excusa de los incrementos salariales que debieron conceder a su personal y por la tendencia alcista del dólar.

Dice textualmente la nota:

Los incrementos basados en cálculos falaces sobre la incidencia del salario de las enfermeras, los camilleros o los médicos, han colocado a las obras sociales en un estado de virtual estrangulamiento económico, ya que deben pagar «si o si» los aranceles que les imponen las prestadoras o afrontar la interrupción de las prestaciones a sus afiliados.

«Las cámaras patronales de la medicina privada abusan de la carterización del mercado, fijando de común acuerdo valores referenciales calculados de acuerdo al incremento de los salarios de su personal –que es el componente menos oneroso de su estructura de costos- y la cotización del dólar, con la excusa de la adquisición de insumos importados.

Para estas patronales el salario es siempre la variable de ajuste. Para abajo, cuando hay que reducir costos, o para arriba cuando hay que incrementar los aranceles.

Los aumentos de los aranceles que se «justifican» en el 26 por ciento de incremento salarial acordado a su personal durante la paritaria del personal de la sanidad (FATSA) , es una excusa insostenible cuando se analiza la estructura de costos de las clínicas y los sanatorios privados.

Tampoco hay argumentos desde ninguna teoría económica que justifiquen el traslado automático de ese porcentaje a los aranceles que debemos pagar las obras sociales.

En ninguna actividad comercial o industrial el aumento salarial concedido al personal incide directamente en el precio final de la prestación o el producto.

Por ejemplo, FATSA también rubricó un incremento salarial del 26 por ciento para los operarios de los laboratorios y ese porcentaje no ha sido trasladado automáticamente al precio de venta de los medicamentos.

El salario en Argentina representa apenas del 10 al 15 por ciento por ciento de la estructura de costos en la mayoría de los sectores de servicios e industriales, pero las clínicas y sanatorios tienen sus propias escalas, que en algunos casos han impuesto actualizaciones del 30 por ciento en sus prestaciones.

Las clínicas y sanatorios privados pueden fijar precios abusivos y compulsivos porque no existe un marco regulatorio en Argentina para las contrataciones entre las obras sociales y sus prestadoras.

Esa arbitrariedad que – subrayamos – se aplica ante la falta de regulaciones ha conducido a las obras sociales a un estado de asfixia, ya que no pueden duplicar los aportes de sus asociados, a diferencia del procedimiento aplicado por las prestadoras del sistema.

Estas clínicas y sanatorios suponen que las obras sociales pueden incrementar los aportes de sus asociados como hacen las empresas de la medicina privada como OSDE o Medicus.

Hemos tenido que escuchar ese argumento de parte de los directivos de las empresas de medicina privada, que por desconocimiento o mala fe, nos han propuesto incrementar los aportes de nuestros afiliados «como hace OSDE».

Los aumentos de la mayoría de las clínicas prestadoras – escalonados en los últimos meses y con actualización en enero- superaron lo que estas clínicas acordaron en la paritaria con FATSA a mediados del año pasado.

Es así que muchos prestadores han incrementado sus aranceles del 30 a 35 por ciento, mucho más de lo que dicen públicamente y en virtud de cálculos inflacionarios de meses venideros.

O sea, están trasladando de golpe y sin posibilidad de negociación, el índice inflacionario que se pronostica para todo el 2014.

Un claro ejemplo de la desmesura inflacionaria aplicada por los proveedores de salud son los medicamentos, en fármacos de alto costo los incrementos rondan un 46% y hay algunos casos demostrativos del fraude a todos los argentinos, el laboratorio BIOSIDUS tiene un farmaco de nombre BLASTOFERON , cuya droga , interferon, es esencial para ciertas patologias graves , este producto lo aumento en un año un 125% con una sola justificación : le adiciono a su en envase agujas para su aplicación?????

Así como no hay marco regulatorio, tampoco hay espacio para la discusión o la negociación. Las obras sociales recibimos la notificación del incremento y la opción es «aceptar o dejar» la prestación.

De negarnos, la prestadora dispone la ruptura unilateral del contrato y nuestros afiliados sufren la interrupción de los servicios e incluso de tratamientos médicos ya iniciados.

El mercado de las prestaciones hospitalarias y ortopédicas está carterizado desde hace tiempo, como hemos denunciado oportunamente. Pero, presuntamente, las autoridades no se enteran.

Las cámaras que fijan los valores de referencia son la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra), la Cámara de Instituciones Médicos Asistenciales (Cimara), Confeclisa, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados, la Asociación de Entidades de Medicina Privada y la Cámara de Entidades de Diagnóstico Médico (Cadime), en primera instancia.

Las empresas privadas afiliadas a estas cámaras privadas, venían amenazando desde agosto del año pasado con declarar un paro patronal ante la demora de la Secretaría de Comercio en autorizar el 26 por ciento de aumento en los aranceles.

El titular de Cadime, Guillermo Gómez Galizia, consideró «inexplicable» que el gobierno no autorizara el aumento de los aranceles que las obras sociales y las prepagas abonan a los prestadores, cuando amenazaban con un paro patronal de 48 horas.

«Es inexplicable que en la actual coyuntura, la Superintendencia de Servicios de Salud no haya convocado al Consejo Permanente de Concertación previsto por la ley 26.682 de regulación de la medicina prepaga, a efectos de determinar los aranceles mínimos y obligatorios que cubran los costos de producción de las empresas prestadoras», se quejó el directivo.

Esa ley, promulgada en mayo de 2011, excluye expresamente a las obras sociales y en consecuencia no hay ninguna regulación que instale parámetros para la negociación con las prestadoras privadas.

Por su parte, el titular de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina (Cimara), Federico Díaz Mathé, aseguró entonces que «el sistema de medicina privada está en crisis».

«Si suben los sueldos y no aumentan las cuotas, la situación no se sostiene. El reclamo es legítimo. El Gobierno es el responsable de autorizar los aumentos», pidió el empresario.

Otro empresario, Gustavo Mammoni, presidente de Confeclisa, aseguró en agosto pasado que «el valor actual de los aranceles está desfasado con la realidad, resulta insuficiente para afrontar mayores costos».

Los mayores costos- que nadie ignora-, también son afrontados por las obras sociales, que no disponen de la «facultad» de suspender servicios o declarar un paro como mecanismo de presión y se financian, exclusivamente, con la cuota de sus afiliados.

A partir de la gravedad de esta situación, exigimos la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y de la Secretaría de Comercio, para que activen mecanismos que pongan un freno al estrangulamiento que estamos soportando y que de seguir por esta espiral, provocará que millones de afiliados a nuestro sistema solidario, dejen de recibir atención».

Adolfo «fito» Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA se reunió ayer en la sede del PIT-CNT de Montevideo, con el secretariado ejecutivo de esa Central uruguaya. Estuvo presente el coordinador Fernando Pereira y también participó Juan Carlos Smith, secretario de Relaciones Internacionales, de la CGT.

El objetivo del encuentro fue unir lazos de fraternidad y poner en debate las herramientas posibles desde la perspectivas de la clase trabajadora la integración regional.

Las tres centrales obreras analizaron la situación coyuntural y estructural de la región. A la vez, avanzaron en debates camino a una mayor unidad de los trabajadores Latinoamericanos.

A continuación Acta reproduce los puntos la declaración del encuentro:

 Nuestros movimientos sindicales, con profundos e históricos lazos de amistad, tienen como eje fundamental en su accionar el avance y la consolidación del proceso de integración regional y continental.

 En ese marco, entendemos como imprescindible la construcción de una agenda bilateral entre nuestros dos países, con especial énfasis en políticas complementarias en lo que tiene que ver con la producción, la matriz energética, el derecho laboral, la libre circulación de bienes y servicios, con una estrategia común claramente definida, por ejemplo sobre temas como el de la hidrovía.

 Manifestar nuestra voluntad irrenunciable a propiciar y ayudar con nuestra gestión, a la construcción de un marco de diálogo franco y fraterno entre nuestros dos gobiernos.

 Queremos que nuestro mensaje sea claro y conciso de que no es tolerable, no es soportable la continuidad de este conflicto; teniendo en cuenta además que sus consecuencias las sufrirá fundamentalmente el pueblo trabajador de ambas márgenes del río.

 Que es nuestro deseo que de una vez por todas, se superen las diferencias sobre la producción de pasta de celulosa, exhortando firmemente a nuestros gobiernos a que agudicen los esfuerzos para encontrar el acuerdo necesario, sustentado en bases razonables.

 Reclamar la participación activa de los trabajadores y propender a generar institucionalidad que permita encontrar, en un clima fraterno y de hermandad, haciendo honor a nuestra tradición histórica, las soluciones a nuestros diferendos.

Diputados de diversos bloques acompañaron el proyecto del diputado de la CTA por Unidad Popular (UP), Víctor De Gennaro, donde manifiestan su “más enérgico repudio al despido injustificado sufrido por Guillermo Díaz de la Cooperativa Cooperar 7 de Mayo, cesantía avalada por la empresa Acindar quien contrata a la Cooperativa como mecanismo de flexibilización y precarización del trabajo”, mediante un proyecto de Resolución presentado a la Cámara Baja.

A través de un proyecto presentado por De Gennaro, legisladores repudiaron el despido injustificado de Guillermo Díaz, dirigente de CTA.

Nestor Pitrola (FIT); Lino Walter Aguilar (Compromiso Federal); Fabián Peralta (GEN); Antonio Riestra (UP); Omar Duclós (GEN); Juan Carlos Zabalza (PS); Nicolás Del Caño (FIT); Pablo López (FIT) y Claudio Lozano, legislador de la CTA por UP firmaron el proyecto de Resolución.

En los fundamentos, se recuerda que Díaz, que integra el secretariado nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina, fue despedido de la Cooperativa mencionada el 18 de noviembre de 2013, despido ocasionado, según se menciona en la carta documento que efectiviza la cesantía, por ser ¨instigador de una medida de fuerza¨.

La asamblea (llamada ‘paro’ por quienes efectúan el despido) se realizó el 2 de octubre de 2012, autoconvocada por los trabajadores del sector con el objeto de pedir explicaciones sobre el retiro del puesto de trabajo y la rebaja del salario respecto de Guillermo Díaz quien al iniciar la asamblea no se encontraba dentro de la planta.

Los trabajadores efectuaron la Asamblea solicitando la presencia de Díaz, y aprovechando el momento en que el proceso productivo se hallaba parado, lo que duró dos horas. Una vez concluida, en la misma fecha son suspendidos los trabajadores de ese turno durante 15 días y a la vuelta al trabajo todos fueron separados no solo de sector, sino de turnos de trabajo.

“La tercerización de los trabajadores, la metodología de persecución de los mismos, y el despedido de uno de ellos por ser ‘instigador de una medida de fuerza’ resultan inaceptables y merecen ser repudiados”, sostuvieron los diputados.

La Central de Trabajadores de la Argentina expresa su solidaridad con con el pueblo y los trabajadores venezolanos a través de un comunicado de prensa firmado por Pablo Miicheli, secretario General y Adolfo «Fito» Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales. A continuación ACTA reproduce el comunicado en su totalidad.

«La Central de Trabajadores de la Argentina se solidariza con el pueblo y los trabajadores venezolanos ante una nueva avanzada desestabilizadora por parte de la oligarquía, las clases dominantes y el imperialismo para frenar el proceso revolucionario que se lleva a cabo en nuestro hermano país.

La oleada de violencia desatada en estos días es una muestra más de lo que están dispuestas a hacer las fuerzas conservadoras ante los procesos de cambio.

Los trabajadores latinoamericanos no podemos ser indiferentes ante los ataques contra la revolución bolivariana, que defiende los intereses del pueblo desde hace más de una década. La revolución es un factor fundamental en la emancipación del pueblo venezolano y latinoamericano.

Llamamos a los trabajadores de la región a acompañar la lucha de la revolución bolivariana y a expresar el apoyo necesario en estos momentos críticos.

¡Vivan los trabajadores de Venezuela y la revolución socialista!

¡ Viva la unidad latinoamericana!

 

Los trabajadores de la Editorial Perfil ratificaron el paro de actividades ante la negativa de la empresa a dar marcha atrás con el despido de 13 compañeros –que habían sido echados en el marco de una clara persecución gremial–, pese a un dictamen emitido por el Ministerio de Trabajo para que sean restituidos en sus puestos y tareas.

Durante un mes de conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral, la empresa se negó a revisar su decisión violatoria de los derechos laborales y la situación se agravó ante la negativa de Perfil de cumplir con una resolución ministerial.

Luego de repetir durante todo este tiempo que los despidos se debían a que los trabajadores se habían extralimitado a la hora de realizar un reclamo gremial, la empresa ha dejado en claro que estos despidos se enmarcan en un claro plan de ajuste, y que este nuevo capítulo del achique tiene como único propósito represaliar a quienes participen en medidas de fuerza, y de ese modo pulverizar la actividad gremial.

A la acción antisindical de Perfil se suman los graves hechos sucedidos en la nueva sede de la empresa en Barracas, en donde la violación de las normas de seguridad produjo varias situaciones peligrosas para la vida de quienes trabajan ahí. El lunes 10, se produjo la muerte de un obrero que se desempeñaba en esa sede en circunstancias que serán investigadas por la Justicia.

El paro de actividades fue ratificado ante el Ministerio de Trabajo, y a esto se sumará una carpa que los trabajadores instalarán desde el jueves 13 de febrero a las 15 hs en la puerta de la editorial para pedir a la empresa que cumpla con la ley y acate el dictamen ministerial.

Al igual que en cada uno de estos 7 años, la sede del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue el escenario de un masivo acto que reunió a trabajadores y militantes de numerosas organizaciones políticas, sociales y gremiales, entre ellas ATE y CTA. Los reclamos continúan siendo los mismos: el fin de la intervención del organismo, el cese de la persecución y maltrato a los compañeros y la elaboración de estadísticas confiables.

El acto comenzó con la lectura de un comunicado elaborado por la Junta Interna ATE-INDEC allá por el 2006, año en que comenzó la intervención, en el que se denuncian las mismas conductas violentas, atropellos y el maquillaje de las cifras estadísticas que hoy sufre el organismo. El texto, de una vigencia sorprendente, pone en evidencia la continuidad de los reclamos y la coherencia que hasta hoy sostienen los trabajadores.

A continuación habló Marcela Almeyda, delegada de la Junta Interna, para agradecer la presencia de todos y explicó: “Desde el principio, además de resistir y pelear, queríamos hacer nuestro aporte a todos los trabajadores. Por eso, hace dos años se nos ocurrió estimar cuánto debía ganar un trabajador como mínimo para lograr vivir sin lujos, para vivir con lo mínimo. Ahora hicimos la actualización, y este año para nosotros la suma mínima que se necesita para la subsistencia es de 9100 pesos”.

Enseguida, la compañera dijo: “Es muy claro que en el sector estatal no alcanzamos esa cifra, ni cerca”. Almeyda, quien fuera relevada de sus tareas e injustamente despedida, también informó que dicho trabajo cuantitativo se podrá consultar en el sitio www.ateindec.org.ar. “De todos modos, no alcanza con hacer públicos estos datos, necesitamos continuar con un plan de lucha, un paro nacional, pelear en la calle para darle todavía mas legitimidad a lo que hacemos en los papeles”.

Posteriormente el actor Manuel Callau, Secretario de Cultura de la CTA, leyó una carta enviada por Osvaldo Bayer en la que el escritor e historiador compara la vergonzosa condena a los petroleros de Las Heras con el juicio y ejecución de Ferdinando Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Luego, aprovechó para ensayar un emotivo monólogo que él mismo interpretó en una obra que cuenta la vida de los dos mártires anarquistas.

Como en toda expresión legítima del campo popular, se hicieron presentes e hicieron uso de la palabra nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Luego, los compañeros de la Junta Interna presentaron “No somos cómplices de la mentira”, un libro de producción colectiva que busca hacer de público conocimiento el trajin vivido en estos 7 años, denunciando los pormenores del proceso intervencionista que llevó adelante el Gobierno nacional en el organismo y el proceso de organización y resistencia de los trabajadores.

“No va a cambiar en nada el nuevo Índice, van a hacer una puesta en escena continuado con la mentira al pueblo y a los trabajadores”, lanzó Raúl Llaneza, Delegado General ATE- INDEC, desde el camión-escenario apostado a las puertas del organismo nacional. Hay que recordar que ante las insostenibles cifras oficiales anunciadas mes a mes, el Gobierno nacional había informado sobre la elaboración de un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la colaboración-inspección del Fondo Monetario Internacional (FMI). Hoy, jueves 13 de febrero, nos enteramos que -según el organismo oficial- el aumento de precios en el mes de enero fue de 3,7 por ciento (casi un punto porcentual por debajo de la cifra publicada la semana pasada por el Congreso de la Nación).

Justamente, el mismo Gobierno de Cristina Fernández había acusado a los trabajadores del INDEC de ser “funcionales” a los interese del Fondo Monetario Internacional. “Hace unos años nos querían hacer creer que con estos abrazos favorecíamos al FMI, y hoy el Gobierno lanza un nuevo índice de la mano del Fondo”, recordó José Luis Matassa, Secretario General de ATE Capital Federal, quien además de resaltar la valentía de los compañeros que resistieron todos estos años, exigió: “Queremos un instituto de estadísticas confiable”.

Para finalizar, Julio Fuentes destacó: “La persistencia de los compañeros de ATE-INDEC, la lucha y la unidad pudieron trascender a la intervención, a la tiranía”. El Secretario General de ATE recordó: “Esos prepotentes tienen fecha de salida: en 2015, a mas tardar, se van. Los trabajadores del organismo quedan, y la lucha también continúa”. A la vez, puso énfasis en la reconstrucción del INDEC al asegurar: “Tenemos propuestas de cómo recuperar el organismo, para que vuelva a ser confiable y responda a los intereses del pueblo argentino”.

Foto: Grace Prounesti Piquet

Nota: Diego Leonoff

El 17 de febrero se reunirá la Conducción Nacional de ATE para debatir y delinear una medida de fuerza en todo el país para principios de marzo. “Se está viviendo una situación de emergencia salarial en el sector público”, aseguró Julio Fuentes.

“Más de la mitad de los estatales –tanto nacionales, provinciales como municipales- cobran por debajo de los 5 mil pesos. La erosión del salario, en especial para estos trabajadores, ha sido muy grande”, explicó el Secretario General de ATE tras la reunión que este viernes 7 de febrero llevó a cabo el Secretariado Nacional del gremio. La creciente inflación y el impacto de la brutal devaluación (del 16,3% en 72 horas), principales factores que destruyen el poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores argentinos.

Ante este escenario preocupante es que se convoca a una reunión de la Conducción Nacional del sindicato, que integran los Secretarios Generales de los Consejos Directivos Provinciales de ATE mas el Secretariado Nacional, con el fin de compartir y ampliar la información sobre la situación del salario en el sector público.

“El reclamo es por un salario que nos permita vivir. Hoy la situación económica en muchas familias de estatales es desesperante. En muchos casos nuestro salario no permite ni siquiera cubrir las necesidades básicas de una canasta familiar”, detalló Fuentes, quien lanzó: “Sin dudas marchamos a unificar a los estatales nacionales, provinciales y municipales en una jornada de paro que seguramente será en los primeros días de marzo” afirmó Fuentes.

Todo nuestro apoyo a la democracia en Venezuela

Repudiamos el intento de golpe de Estado que intentan la extrema derecha venezolana y el imperialismo.

El heroica pueblo venezolano conmemoraba ayer, 12 de febrero, los 200 años de la lucha heroica que llevó a la independencia del dominio Español de la mano del luchador Revolucionario José Félix Ribas que junto a grandiosos jóvenes Venezolanos gritaron bien fuerte “No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer”. El Día de la Juventud era celebrado masivamente por miles de jóvenes en Caracas y en todo el país. Pero grupos de la extrema derecha, orientados por el golpista de abril de 2002, Leopoldo López, atacaron la Fiscalía General de la República y otras instituciones, provocando la muerte de tres personas.

Esta es parte de la estrategia de la derecha y su principal soporte, el imperialismo yanqui, que como ocurrió con los hechos de violencia del 15 y 16 de abril de 2013, intenta conseguir con violencia lo que no puede en las urnas. Entendemos que detrás de estas acciones hay un claro objetivo de acabar con el proyecto revolucionario que inició el pueblo venezolano con su líder Chávez y que hoy continúa el compañero Maduro.

La juventud de la Venezuela Bolivariana hoy esta lucha en defensa de la patria grande y el socialismo, y sabe que Venezuela jamás será sometida más por ningún imperio ni sus lacayos serviles.

Desde la Articulación Continental de Movimientos Sociales del  ALBA, nos solidarizamos con el pueblo venezolano y nos ponemos a entera disposición de lo que haga falta por defender la revolución en curso. Apoyamos el pedido de justicia por parte del pueblo y el Gobierno venezolano. Los dirigentes Leopoldo López y María Corina Machado, brazo ejecutor de un plan que generó  heridos y perdidas de vidas, responsables de los hechos que sucedieron y que previamente habían anunciado, deben ser detenidos y enjuiciados por su irresponsable llamado a la violencia.

También exigimos a las instancias continentales de articulación como son la Unasur, la CELAC y el ALBA, que se posicionen contra estos intentos de desestabilización y a favor del Gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.

¡Viva la dignidad y la lucha del pueblo revolucionario venezolano!

Aunque al imperio gringo no le guste, los pueblos de Nuestra América seguiremos construyendo unidad por nuestra segunda y definitiva independencia.

Articulación Continental de Movimientos Sociales del  ALBA