La situación de los trabajadores argentinos no puede valorarse solo tomando en cuenta el índice de desempleo. Otras variables -como la búsqueda de trabajo, la sub y sobre ocupación, la informalidad laboral, el nivel de la conflictividad y el de los salarios reales- son imprescindibles para un análisis serio antes de manifestar “alegría” respecto de la baja de la desocupación.
La presidenta Cristina Fernández afirmó el pasado 1º de marzo en su discurso de apertura de las 132º Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación: “Podemos decir con mucha alegría que el último trimestre de 2013 marcó el número 37 del Censo Permanente de Hogares en materia de desocupación, batiendo récords con un 6,4 por ciento de desempleo, el índice más bajo del que tengamos memoria”.
Para contextualizar este dato hay que analizar cómo se han comportado otras tasas del mercado laboral utilizando igual período al que se refirió la mandataria (IV Trim.2013 vs III Trim.2013).
En este sentido, hay que decir que además de bajar la desocupación también bajaron la Tasa de Actividad (Población Económicamente Activa-PEA: aquella que se encuentra en condiciones de trabajar) y la Tasa de Empleo (quienes, dentro de los que están en condiciones de trabajar, buscan trabajo). Un dato a tener en cuenta es la destrucción de más de 49 mil puestos de trabajo en el último trimestre de 2013 que hicieron descender la Tasa de Empleo.
En síntesis, si bien son menos los desocupados, también son menos los que buscan trabajo (efecto desaliento) y menos quienes se incorporan al mercado laboral (PEA). Esta situación también se verifica si comparamos el último trimestre de 2012 con el de 2013, lo que estaría marcando una tendencia.
Una aclaración importante es que la Tasa de Desempleo está elaborada teniendo en cuenta 31 aglomerados urbanos (incluyendo el Gran Buenos Aires). No refleja por lo tanto la situación del interior del país que mostró un incremento de la desocupación tanto en el último trimestre como en la comparación anual (las estadísticas oficiales muestran, por ejemplo, inexistencia de desocupación en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco).
También ha descendido la Tasa de Subocupación (quienes trabajan menos horas de las necesarias para ser considerado un trabajador ocupado) tanto en el último trimestre como en la comparación anual, lo cual marca la destrucción del empleo más débil que ha sido base importante de recuperación del modelo económico de la última década.
“Si bien la tasa de desocupación se ubicó en el 6,4 %, cuando uno suma a los subocupados que también buscan empleo y agrega a los ocupados que siguen buscando trabajo (muchos de ellos son dependientes de planes que figuran como ocupados en las estadísticas) la verdadera fuerza laboral excedente que busca empleo y opera como límite para la recuperación salarial asciende al 22 % de la PEA. Este es el cuadro de una fuerza laboral donde la mitad de la misma, 8,5 millones de trabajadores, está afectada por distintas formas de precariedad laboral “, afirma el economista Claudio Lozano en un trabajo realizado junto a Ana Rameri (¿Bajó el desempleo? )
El desempleo y el subempleo reunían en el tercer trimestre de 2013 a un 15,5 % de la población, cifra similar al mismo período de 2007. Por otra parte, la Tasa de Sobreocupación (porcentaje de trabajadores que labora más de 45 horas semanales) era de casi del 30 %. Según datos oficiales del mismo período, el desempleo afecta principalmente a los jóvenes varones y a las mujeres, ambos menores de 29 años. Allí las tasas se ubican en dos dígitos (12,3 y 17,4 % respectivamente).
Otro elemento importante para analizar es la situación de informalidad laboral. Desde 2008, el trabajo no registrado se mantiene en niveles cercanos al 35 %, pero es necesario destacar que el trabajo no registrado no es la única forma de precarización e informalidad laboral. También lo son la tercerización, el cuentapropismo, el trabajo en cooperativas, todas formas que encubren una relación laboral no declarada como tal. El último informe de coyuntura del Observatorio del Derecho Social (CTA) acerca algunos datos que muestran cómo el retroceso de trabajadores asalariados se da simultáneamente con un aumento en la misma medida de los trabajadores cuentapropistas. Mientras que en 2010 del total de trabajadores privados (12,9 millones) los asalariados eran cerca de 9,4 millones y los cuentapropistas 2,8 millones, en 2013 los primeros descendieron en 200 mil que pasaron a ser cuentapropistas.
El mismo informe aporta también datos de la caída del salario real en 2013 del sector privado y público. Durante el año pasado los salarios de los trabajadores cayeron en ambos sectores un promedio de 1,5 % (si se tiene en cuenta la inflación real cercana al 26,9 % y el aumento nominal de los salarios que fue de un promedio del 25,1%).
La mayor caída se observa en el sector público (2,9% menos que en 2012), seguido del sector privado (1,7 % menos que en 2012). Si bien el trabajo no registrado tuvo un aumento interanual cercano al 2 %, los valores de los que se parte son muchos más bajos que los que perciben los trabajadores registrados.
“En el largo plazo, los más afectados siguen siendo los trabajadores del sector público cuyo salario experimentó una reducción del 40 %, en término reales, en comparación con 2001-2013”, agrega el informe.
Los salarios del sector privado registrado y no registrado muestran en ese período (2001-2013) un incremento del 24 % y del 7% respectivamente. Hay que señalar que la comparación con el 2001 significa tomar un salario base que fue uno de los más bajos de las tres décadas anteriores y que se encontraba en 44% por debajo del de 1974.
Respecto al trabajo de la mujer, el informe aporta que “datos elaborados por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, muestran que la mano de obra femenina es más barata y está más precarizada y trabaja en puestos de menor calificación a la que posee. En relación a la brecha salarial, se observa que la misma se ubica en torno al 25% en los últimos cinco años. Así y todo, el desempleo es mayor en mujeres que en varones, así como la rotación en el puesto de trabajo”.
Tomando a las 500 grandes empresas que concentran alrededor del 23 % de lo que Argentina produce (último dato disponible de la Encuesta Nacional de Grandes Empresas), la participación de los salarios en el Valor Agregado Bruto de las mismas (VAB: diferencia entre el importe de las ventas de la empresa y las compras hechas a otras empresas) se encuentra aún por debajo de los niveles de los años 90. Esto es así a pesar que estas empresas registraron, desde el año 2002, niveles de utilidades superiores a esa década.
Sin embargo, desde 2011 la utilidad de las empresas sobre el VAB ha ido en descenso mientras que la participación de los salarios fue marcando su recuperación a partir del piso de 2001. Este dato sirve para entender la resistencia de los empresarios para acordar nuevos aumentos en el salario real y la mayor conflictividad en la pelea por la puja distributiva.
Respecto a los conflictos laborales, el informe del Observatorio da cuenta del aumento durante el último trimestre de 2013 (punto más alto de la serie 2011-2013). Se relevaron 366 conflictos de los cuales 230 fueron en el sector público, 112 en el privado y 10 en el informal. En todos los sectores se verifica un incremento respecto al mismo período en 2012.
Las causas obedecen, para el sector privado, al pedido de mejoras salarias y situaciones de quiebras, despidos y ajustes por parte de las empresas.
En el sector público han crecido los conflictos a nivel provincial (se triplicaron con relación a los últimos meses de 2011 y 2012) y los motivos son principalmente “el retraso salarial de la administración pública, enseñanza y salud, sumado a las protestas policiales”, aporta el informe. Respecto a las dependencias municipales (que muestran una duplicación) las demandas obedecen al pedido de mejoras tanto salariales como en las condiciones de trabajo. “Más de la mitad de las disputas son en las municipalidades de la región Patagónica”, seguidas por la región pampeana. Entre ambas “presentan los mayores niveles de conflictividad”, agrega.
Todos estos datos aportan para mostrar que, luego de una década, se mantiene un esquema de flexibilización de la fuerza laboral como garantía para sostener tasas de desempleo relativamente bajas y un nivel salarial donde un tercio de los trabajadores ocupados ( 5 millones y medio) cobran ingresos inferiores al salario mínimo, vital y móvil, en el que 7 de cada 10 ocupados ganan por debajo de los 5.000 pesos, y 2 de cada 5 menos de 3.000, donde 4 de cada 10 trabajadores permanecen en el anclaje de los no registrados y en el que la mitad de la fuerza laboral (casi 8,5 millones de personas) subsiste bajo alguna de las formas de precarización.