La Federación de Docentes, Investigadores y Cradores Universitarios (CONADU Histórica-CTA), vuelve a la huelga en reclamo de paritarias docentes universitarios y preuniversitarios. Las medidas de fuerza se cumplirán el 27 y 28 de marzo y el 8 y 9 de abril.
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El secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, Pablo Micheli, confirmó ayer que la CTA se sumará a la huelga convocada por el líder de la CGT, Hugo Moyano y el jefe de los Grastronómicos, Luis Barrionuevo. Micheli argumentó que su acompañamiento responderá a la gran «cantidad de conflictos» paritarios existentes en el país, como «el de los docentes y el de los estatales».
El titular de la CTA, Pablo Micheli, además, coincidió con el mes tentativo para la huelga, abril próximo, aunque sugirió que la fecha finalmente elegida «no sea un viernes», debido a que «no tiene que coincidir con el fin de semana, porque pareciera que son tres días seguidos de no trabajo».
«Lo llama la CGT al paro y nosotros vamos a parar porque es muy importante en este momento hacer un paro contundente», ratificó Micheli en diálogo con la radio de FM Nacional Rock.
El líder sindical amplió: «La cantidad de conflictos que hay a lo largo y a lo ancho del país son muy importantes, particularmente, el que tiene a toda la sociedad preocupada que es el conflicto docente, pero también el de los estatales».
«Si llaman a un paro, vamos a estar parando en todo el país, porque entendemos que amerita el momento en la Argentina». Pablo Micheli , secretario general de la CTA, confirmó que los gremios nucleados en la central que encabeza se sumarán al paro nacional convocado por la CGT opositora y por la CGT Azul y Blanca, que lideran Hugo Moyano y Luis Barrionuevo , respectivamente.
En diálogo con radio Rivadavia , Micheli dijo: «Si ellos llaman a un paro, nosotros vamos a estar». Agregó que pararán «en todo el país» porque «amerita el momento en la Argentina, por el tema docente, por el tema estatales y porque se avecina más problemas».
«No hagamos lo que hicimos toda la vida. El problema es Scioli, es el gobierno nacional que tiene plata para pagar, que tiene millones de pesos, que decidió pagarles $ 4700 a un maestro», planteó.
A partir de las charlas preliminares, la medida de fuerza sería en abril e incluiría una movilización de protesta a la Plaza de Mayo, que sería otro día.
Ayer a la mañana, en diálogo con radio La Red , Gerónimo Venegas , titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), propuso que el paro sea el viernes 11 de abril.
En cambio, en diálogo con radio Nacional Rock , Micheli consideró que «hacer el paro el 11 de abril no sería lo mejor» porque, opinó, «no tiene que coincidir con el fin de semana porque si no parece que son tres días seguidos de no trabajo».
«La verdad es que creemos que el paro tiene que ser en abril, pero no queremos interferir en absoluto. La fecha la tiene que poner la CGT y después evaluaremos la modalidad», agregó.
Fuente: www.perfil.com; www.lanacion.com.ar
Las negociaciones paritarias han entrado en un momento clave. En muchas jurisdicciones los docentes continúan con medidas de fuerza frente a los intentos de los gobiernos provinciales y del Gobierno Nacional de cerrar las paritarias por decreto y con aumentos absolutamente insuficientes. La lucha de los docentes de Misiones, de Neuquén, de Chaco y Formosa, de Chubut y con una enorme fuerza, de la Provincia de Buenos Aires, no deben quedar aisladas.
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En un comunicado de prensa firmado por Pablo Micheli y Daniel Jorajuría, secretario General y Gremial de la CTA, que reproducimos textualmente, la Central manifestó su profunda preocupación ante la medida cautelar dictada por el juez contencioso administrativo Federico Terrier de la provincia de Buenos Aires, que pretende sin ningún tipo de derecho de defensa, poner fin al ejercicio del derecho constitucional de huelga para frenar a los docentes en lucha.
«La CTA ve con profunda preocupación la medida cautelar dictada por el juez contencioso administrativo Federico Terrier de la provincia de Buenos Aires, que pretende sin ningún tipo de derecho de defensa, poner fin al ejercicio del derecho constitucional de huelga.
«Después de una fuerte demostración de fuerza, tanto en La Plata como en la Capital Federal, hemos demostrado la legitimidad del reclamo de los maestros, la unidad de acción de las distintas organizaciones y el apoyo de la sociedad civil al conflicto.
«El argumento que el juez esgrimió en cuanto a los dos derechos en juego: el derecho de los niños al acceso a la educación (Convención Internacional sobre los Derechos del Niño) y la de los trabajadores plasmados en los tratados internacionales que consagran el Derecho de Huelga y el artículo 14 bis de la Constitución, ponderó que el derecho de los niños tiene una jerarquía superior. Esta afirmación dogmática no resiste el menor análisis.
«En el capitulo de Derechos y Garantías de nuestra Constitución los derechos tienen la misma jerarquía. Llama la atención que los poderes públicos tutelen los derechos fundamentales, tales como el derecho a la educación de los niños, a la salud, o el derecho al transporte público solo en el momento que confronta con el derecho de huelga. El poder político no puede acordarse de los niños solo cuando los maestros piden aumentos de salario. «Durante todo el año los trabajadores padecemos la desidia de los funcionarios en la infraestructura de los hospitales públicos, el saqueo del transporte, y nosotros y nuestros hijos padecemos una educación deficitaria con grandes problemas estructurales, deserción escolar, déficit en los planes de educación, jóvenes que no estudian ni trabajan.
«No creemos en la autenticidad de la argumentación de los poderes públicos que se creen con derecho de intervenir para preservar el orden social cuando no pueden, siquiera, garantizar la seguridad de los ciudadanos.
«Apoyamos la heroica huelga de los docentes que es la antesala de muchos otros conflictos que se producirán durante este año en defensa del salario y por las reivindicaciones que dieron origen a las medidas de fuerza del 20 de noviembre del 2012, del 19 de diciembre del 2013, el paro nacional de nuestros gremios del sector público, ATE, FESPROSA, CONADU Histórica, Judiciales y Docentes el 5 de marzo y la Jornada Nacional de Lucha con paros, movilizaciones y cortes en todo el país que confluyó en la Plaza de Mayo junto a la Multisectorial y la C.S.C. del 12 de marzo.
«Rechazamos el ajuste expreso con control social y represión.
«Apoyo a la huelga de los docentes en todo el país.
«Por la unidad de acción.»
Hoy se cumplen 38 años del Golpe genocida del 24 de marzo de 1976 y vale la pena recuperar la memoria, incluso para hablar del presente, ya que algunos orígenes de problemas actuales, especialmente económicos, se remontan a aquellos acontecimientos.
Por Julio Gambina, Director Académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA) y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP).
Con el golpe se pretendía reordenar la situación política y normalizar el orden capitalista afectado por la organización y movilización, principalmente de los trabajadores, que reclamaban por sus derechos al tiempo que proclamaban una “patria liberada”, afectando la esencia del orden capitalista, la dominación económica de los capitales más concentrados de adentro y de afuera.
Las clases dominantes no podían permitir tanto poder popular y por eso el Golpe y las restricciones de huelga, de movilización e incluso de encuentro social. Los principales afectados fueron los trabajadores y sus organizaciones sindicales y políticas y su efecto por cuatro décadas aún se siente.
Entre otros efectos confluyen la des-sindicalización y la despolitización de buena parte de la sociedad, más volcada a satisfacer opciones de consumo que asumir una lógica gregaria de solidaridad, por ejemplo hoy entre docentes y padres, incluso entre trabajadores en general con los maestros.
Pero sin duda, el principal efecto sobre los trabajadores es la baja de salarios, incluso considerando periodos de recuperación de ingresos, nunca se logró, pese a 30 años de gobiernos constitucionales desde 1983, empatar el mayor nivel de distribución de la renta de los años 70´ o incluso de los 50´.
La situación estructural del empleo mantiene hoy, como nunca a un tercio de los trabajadores en situación irregular, sin seguridad social, afirmando la tendencia a la precariedad laboral, con las nuevas formas asumidas de la contratación laboral, los salarios basuras, la tercerización, el desempleo y subempleo.
En ese marco debe incluirse el deterioro de las jubilaciones y pensiones, aún con la extensión de beneficiarios de estos años. El achatamiento de la pirámide de ingresos previsionales es resultado de una política deliberada asumida desde la dictadura en 1976 y confirmado con la política privatizadora de los aportes jubilatorios en los 90´ y la consolidación de una baja en esos años de los aportes patronales.
El golpe de 1976 reestructuró las relaciones sociales de producción, modificando la relación entre patrones y trabajadores en beneficio de mayores ganancias, acumulación de capitales y afirmación de la dominación y poder de los capitales más concentrados que actúan en la Argentina.
Pero también modificaron la función del Estado, potenciando su papel al servicio del gran capital, con el endeudamiento (que hoy expresan las demandas del Club de París, por ejemplo) y la liberalización de la economía, crudamente expresado en las leyes de inversiones externas y de entidades financieras aún vigentes y que constituyen una asignatura pendiente de los gobiernos constitucionales. La reforma del Estado avanzó en los 90´ con las privatizaciones y desregulaciones que la dictadura no pudo materializar, entre otras cuestiones por la resistencia popular, especialmente de los trabajadores.
En materia de cambios estructurales también debe incluirse la reinserción global de la economía y la política de la Argentina en el rumbo liberalizador que empujaban las corporaciones transnacionales, e ideológicamente las principales potencias del capitalismo mundial y los organismos internacionales. Hasta podemos afirmar que la dictadura local y otras en la región anticipaban en el Cono Sur de América como ensayo, lo que luego se generalizaría como “políticas neoliberales” desde Gran Bretaña o EEUU, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan.
La nueva situación gestada desde marzo de 1976 expresa cambios profundos en la economía, la sociedad y el Estado, que contribuyeron a una mayor concentración y extranjerización de la economía Argentina en todas las ramas de la producción y los servicios. Un agravante deviene de la consolidación de esos cambios en los años 90´, con la tendencia al monocultivo derivado de la expansión de la soja transgénica y la dependencia del paquete tecnológico de transnacionales de la biotecnología y la alimentación; tanto como la atracción de inversiones externas mineras para la mega-minería a cielo abierto que resalta el carácter primario exportador del país; y en el mismo sentido puede destacarse el carácter de armaduría de la industria local, fuertemente dependiente de las importaciones de insumos industriales, incluidos los energéticos, que tanto afectan las cuentas externas de la Argentina.
Un gran debate apunta a si la Argentina debe retrotraer la situación al modelo productivo y de desarrollo capitalista previo al golpe, es decir, al periodo de industrialización sustitutivo operado entre los años 20´ y los 70´ del Siglo XX, o intentar ir, incluso, más allá del orden capitalista.
En rigor, la mayoría del debate se restringe a discutir una agenda (de cambios) de acciones y políticas posibles en el marco del capitalismo, y nuestra proposición apunta a pensar en modificaciones esenciales a las relaciones sociales de producción, no para volver al pasado, además idealizado, sino para avanzar en una perspectiva anticapitalista, antiimperialista y por el socialismo.
Esto requiere de un sujeto social amplio que asuma en lucha un programa de transformaciones para des-mercantilizar la vida cotidiana, entre otras cuestiones, la educación, pues no solo se trata de salarios suficientes, tal y como demandan los maestros hoy, sino discutir el para qué, el qué y el cómo del derecho a la educación. No solo acompañamos a los maestros en sus reclamos, sino que proponemos discutir desandar el camino mercantil inducido para la educación, la salud u otros derechos transformados en mercancías o servicios.
¿Por qué no organizar por fuera del mercado algunos derechos de la sociedad? Entre ellos, la educación, la salud, el transporte, la energía, lo que supone confrontar con el poder real y discutir una reorganización económica de la sociedad con el objetivo máximo de satisfacer necesidades y no la subordinación a la lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación.
La Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM-CTA) que lidera Ricardo Peidro, a través de su plenario de Secretarios Generales y de delegados, decidió iniciar un plan de lucha con una movilización este martes 25 de marzo a las 16 horas al Ministerio de Trabajo.
A esa hora y en se lugar se realizará una audiencia de conciliación y ante la cual la multinacional se había comprometido a no provocar ningún despido.
La multinacional Menarini envió telegramas de despido en medio de la negociación que se estaba llevando a cabo con el sindicato de Agentes de Propaganda Médica.
Como es habitual en la Industria Farmacéutica, en su permanente acción de extorsión, pretende cumplir con sus objetivos de máxima rentabilidad a costa de los trabajadores y de la salud de la población.
Ricardo Peidro, secretario General de AAPM aseguró que «aunque nos tengan acostumbrados a desconocer acuerdos no vamos a paralizarnos sino que avanzaremos en acciones gremiales que se irán profundizando en la medida que no se logre la reincorporación de los compañeros».
«Bajo ningún punto de vista vamos a soportar la extorsión de los laboratorios que ante el pedido de aumento salarial y mejoras en las condiciones de trabajo, concretan despidos», finalizó Peidro.
Asimismo, los visitadores médicos exigen la participación activa del Ministerio de Trabajo para resolver la situación y que no haya un solo despido más en la Industria Farmacéutica.
El vértigo de las noticias y la improvisación de los dirigentes para alimentar la insaciabilidad de los medios, hace olvidar algunos conceptos que están en la constitución y que resultan ser derechos humanos fundamentales. Livianamente los gobernadores amenazan con leyes provinciales que califiquen a la educación como servicio esencial y por ende, anuncian medidas «ejemplificadoras» para limitar el derecho de huelga de los docentes.
por Horacio Meguira, Director del Departamento Jurídico de la CTA.
La huelga es parte del derecho del trabajo y por ende su tratamiento, es materia federal. La capacidad de reglamentación es facultad del Congreso de la Nación, los gobernadores y las legislaturas provinciales carecen de legitimación, salvo los procedimientos que son materia del derecho provincial.
Los servicios esenciales ya están reglamentados por la ley 25.877 del 2004 y el decreto 272/06 y están taxativamente enunciados: los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. La educación no es servicio esencial y así lo han declarado expresamente los organismos de control de la OIT a los que expresamente la norma reenvía.
Pero esta regla tiene excepciones que expresamente se enuncian: una comisión independiente puede extender este concepto cuando por la duración y extensión de la interrupción de la actividad la ejecución ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población o se tratare de un servicio público de importancia trascendental conforme los criterios de la OIT.
La Comisión de Garantías (órgano independiente) fue creada, los cargos fueron cubiertos. Si el Estado entiende que los servicios de educación se ven afectados en este caso concreto y es una excepción a la regla taxativa, debería poner en marcha los mecanismos previstos en la norma vigente.
Pero estas guerras verbales dominadas por «la noticia» hacen olvidar los mecanismos institucionales. La prioridad resulta vencer al otro en «la guerra» por obtener el apoyo de la opinión pública. La valuación la ejecutan los asesores de imagen y la ley es suplida por declamaciones vacuas reñidas con el Estado de Derecho.
Lo peligroso es que este constante repiquetear y la medición día a día de opinión, sustituye la subordinación a la ley de las propias instituciones que deberían ser su sustento. Ello nos hace pensar en un Estado anómico, donde la autoridad se impone de acuerdo a la relación de fuerzas. Si las opiniones son adversas a los huelguistas los gobiernos sancionan, si en cambio apoyan, esperan el momento adecuado para que se desgaste.
La huelga es un derecho humano fundamental previsto por la Constitución. Existen mecanismos legales que lo reglamentan. Al momento de declararse la conciliación obligatoria la propia ley establece que deben acordarse las guardias mínimas. La ley argentina no prohíbe la huelga en los servicios esenciales, solo establece la obligación de servicios mínimos (ejemplo: reglamentar el funcionamiento de los comedores escolares).
Pero resulta que la conciliación obligatoria también resulta inadecuada ya que por tratarse de huelga de trabajadores del Estado quien debe intervenir es un órgano independiente. En múltiples ocasiones los organismos de control de la OIT se han expedido respecto a la intervención del mismo Estado en los mecanismos de conciliación y arbitraje voluntario calificándolo como contradictorios de la libertad sindical (Convenio 87).
La amenaza de sanciones a los sindicatos, los anuncios apresurados de leyes provinciales, y los decretos urgentes son todos mecanismos mediáticos que eluden la aplicación del procedimiento establecido. Así la ley se convierte en una referencia verbal de decisiones políticas ya adoptadas; esto de por sí es grave y mucho más cuando se repite sin avizorarse ningún tipo de cambio en la conducta del Estado, cualquiera sea el signo político de los gobiernos.
Bajo la consigna “No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”, la Central de Trabajadores de la Argentina convoca a movilizar a la Plaza de Mayo, al cumplirse 38 años de la última dictadura militar. La bandera de la CTA Capital estará ubicada en Avenida de Mayo y Saénz Peña a partir de las 15.30 horas, para marchar desde ahí hasta la Plaza.
En el contexto de la huelga general de Paraguay, la CTA convoca a concentrarse el 26 de marzo en Las Heras y Pueyrredón, frente a la embajada de Paraguay a las 11 horas en solidaridad con el pueblo paraguayo.
Las siete centrales obreras del Paraguay decretaron un paro general par el día 26 de marzo. La huelga general también es apoyada por los campesinos y estudiantes con una profunda aceptación por parte de sociedad en su conjunto.
La situación en el país hermano es desesperante debido a los nefastos planes impulsados por el gobierno de Cartes. Lejos de impulsar una política para combatir la pobreza y las grandes desigualdades históricas, viene profundizando el modelo neoliberal que tiene conocidas consecuencia en todos los países del mundo como mayor desempleo, flexibilización laboral precarización de las condiciones laborales que conlleva al aumento de la pobreza, y extrema pobreza del pueblo trabajador.
La situación de los Campesinos es aun más alarmante, que son expulsados de sus tierras por las grandes empresas multinacionales sojeras. Como el ejemplo de los cinco campesinos paraguayos acusados por la muerte de seis policías hace casi dos años durante un enfrentamiento en el interior de una finca en disputa en el norteño pueblo de Curuguaty que hoy se encuentran en huelga de hambre reclamando la nulidad del proceso judicial. En la balacera del 15 de junio de 2012 también fallecieron 11 labriegos y siete días después fue destituido el entonces presidente Fernando Lugo en un juicio político en el Senado. Felipe Balmori, Adalberto y Néstor Castro, Rubén Villalba y Arnaldo Quintana resolvieron no ingerir alimentos sólidos y actualmente se encuentran en el local de la enfermería de la penitenciaría Tacumbú.
Las demandas de las Centrales son:
Rechazar enérgicamente la política de persecución sindical y de criminalización de las luchas sociales, impulsada el actual gobierno, el ministerio de justicia y trabajo y poder judicial y denunciar al gobierno ante los organismos internacionales como la OIT.
Exigir un reajuste salarial del 25% para todos los trabajadores, tanto públicos como privados y el control de los precios de la canasta familiar. Impulsar una acción de inconstitucionalidad de la ley Alianza Publica Privada, y exigir un proyecto de ley para su derogación definitiva. Rechazar la antipopular medida de los tarifazos y la suba del pasaje La instalación de la una mesa de dialogo social, prometida por el gobierno para abordar los graves problemas que afecta al pueblo trabajador.
Elaborar un pliego de reivindicaciones tales como: Por la Reforma Agraria , por el respeto a los derechos adquiridos; No a los despidos; La eliminación de los contratos “basura” entre otras.
Durante el mediodía del viernes 21 de marzo, más de 5 mil docentes marcharon desde Congreso a Plaza de Mayo para exigir salarios dignos, acordes a la canasta familiar y al avance implacable de la inflación. La CTA dijo presente a través de la Federación Nacional Docente.
Mientras que la paritaria nacional se encuentra paralizada, se mantiene abierto el conflicto salarial docente en 18 distritos, con paros esta semana en 12 provincias (Buenos Aires, Chaco, Misiones, Formosa, Chubut, Neuquén, Mendoza, Jujuy, La Rioja, Tucumán y Corrientes y Tierra del Fuego). En Salta organizan un nuevo paro y en Río Negro siguen negociando, luego de rechazar las distintas ofertas. Lo mismo en San Juan donde realizan una nueva consulta con mandatos de asambleas, así como en La Pampa. En Entre Ríos tampoco hubo acuerdo y los docentes están en alerta luego de la conciliación dictada por la justicia.
Ante este panorama, la Federación Nacional Docente (FND-CTA) junto a sindicatos, seccionales y agrupaciones docentes en la CTERA, disidentes con su conducción oficialista, llevaron adelante esta marcha que quedará guardada en la memoria.
En todos los discursos, los de las seccionales de Suteba (Quilmes, La Matanza, Tigre) así como en los de los representantes del interior como Santiago del Estero, Formosa y Catamarca se remarcó la importancia y la dignidad de la lucha docente que ya lleva medio mes en todo el país. “Si ganamos los docentes, ganamos todos”, se escuchó en cada una de las alocuciones.
Otro de los puntos subrayados por quienes hablaron fue cómo desde todos los sectores de la sociedad, sobre todo desde las familias, se está apoyando el reclamo docente contrariamente al discurso oficial que pretende demonizar la pelea de los maestros y maestras.
Por otra parte, se pidió que se dejara de pagar la fraudulenta deuda externa y que los millones de dólares que se diluyen diariamente en acuerdos con las multinacionales, sean destinados a sostener la educación pública. También se pidió que se saquen los subsidios a la educación privada y que los funcionarios dejen de cobrar sueldos de más de 50 mil pesos.
Además se reclamó la liberación de los presos de Las Heras y todos los presentes se solidarizaron con el acampe del pueblo Qom que desde hace más de una semana está en Plaza de Mayo reclamando por sus derechos básicos como el acceso al agua potable, al trabajo y a viviendas dignas.
La marcha terminó con todos los docentes cantando una canción que ya es un himno: “A ver Cristina, a ver si nos entendemos, con 1800 pesos los docentes no comemos. Así los docentes salimos a luchar, ganamos la calle, marcha federal”.
