Hoy se cumplen 38 años del Golpe genocida del 24 de marzo de 1976 y vale la pena recuperar la memoria, incluso para hablar del presente, ya que algunos orígenes de problemas actuales, especialmente económicos, se remontan a aquellos acontecimientos.
Por Julio Gambina, Director Académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA) y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP).
Con el golpe se pretendía reordenar la situación política y normalizar el orden capitalista afectado por la organización y movilización, principalmente de los trabajadores, que reclamaban por sus derechos al tiempo que proclamaban una “patria liberada”, afectando la esencia del orden capitalista, la dominación económica de los capitales más concentrados de adentro y de afuera.
Las clases dominantes no podían permitir tanto poder popular y por eso el Golpe y las restricciones de huelga, de movilización e incluso de encuentro social. Los principales afectados fueron los trabajadores y sus organizaciones sindicales y políticas y su efecto por cuatro décadas aún se siente.
Entre otros efectos confluyen la des-sindicalización y la despolitización de buena parte de la sociedad, más volcada a satisfacer opciones de consumo que asumir una lógica gregaria de solidaridad, por ejemplo hoy entre docentes y padres, incluso entre trabajadores en general con los maestros.
Pero sin duda, el principal efecto sobre los trabajadores es la baja de salarios, incluso considerando periodos de recuperación de ingresos, nunca se logró, pese a 30 años de gobiernos constitucionales desde 1983, empatar el mayor nivel de distribución de la renta de los años 70´ o incluso de los 50´.
La situación estructural del empleo mantiene hoy, como nunca a un tercio de los trabajadores en situación irregular, sin seguridad social, afirmando la tendencia a la precariedad laboral, con las nuevas formas asumidas de la contratación laboral, los salarios basuras, la tercerización, el desempleo y subempleo.
En ese marco debe incluirse el deterioro de las jubilaciones y pensiones, aún con la extensión de beneficiarios de estos años. El achatamiento de la pirámide de ingresos previsionales es resultado de una política deliberada asumida desde la dictadura en 1976 y confirmado con la política privatizadora de los aportes jubilatorios en los 90´ y la consolidación de una baja en esos años de los aportes patronales.
Cambios en las relaciones sociales de producción
El golpe de 1976 reestructuró las relaciones sociales de producción, modificando la relación entre patrones y trabajadores en beneficio de mayores ganancias, acumulación de capitales y afirmación de la dominación y poder de los capitales más concentrados que actúan en la Argentina.
Pero también modificaron la función del Estado, potenciando su papel al servicio del gran capital, con el endeudamiento (que hoy expresan las demandas del Club de París, por ejemplo) y la liberalización de la economía, crudamente expresado en las leyes de inversiones externas y de entidades financieras aún vigentes y que constituyen una asignatura pendiente de los gobiernos constitucionales. La reforma del Estado avanzó en los 90´ con las privatizaciones y desregulaciones que la dictadura no pudo materializar, entre otras cuestiones por la resistencia popular, especialmente de los trabajadores.
En materia de cambios estructurales también debe incluirse la reinserción global de la economía y la política de la Argentina en el rumbo liberalizador que empujaban las corporaciones transnacionales, e ideológicamente las principales potencias del capitalismo mundial y los organismos internacionales. Hasta podemos afirmar que la dictadura local y otras en la región anticipaban en el Cono Sur de América como ensayo, lo que luego se generalizaría como “políticas neoliberales” desde Gran Bretaña o EEUU, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan.
La nueva situación gestada desde marzo de 1976 expresa cambios profundos en la economía, la sociedad y el Estado, que contribuyeron a una mayor concentración y extranjerización de la economía Argentina en todas las ramas de la producción y los servicios. Un agravante deviene de la consolidación de esos cambios en los años 90´, con la tendencia al monocultivo derivado de la expansión de la soja transgénica y la dependencia del paquete tecnológico de transnacionales de la biotecnología y la alimentación; tanto como la atracción de inversiones externas mineras para la mega-minería a cielo abierto que resalta el carácter primario exportador del país; y en el mismo sentido puede destacarse el carácter de armaduría de la industria local, fuertemente dependiente de las importaciones de insumos industriales, incluidos los energéticos, que tanto afectan las cuentas externas de la Argentina.
¿Qué rumbo asumir al enfrentar esos cambios estructurales?
Un gran debate apunta a si la Argentina debe retrotraer la situación al modelo productivo y de desarrollo capitalista previo al golpe, es decir, al periodo de industrialización sustitutivo operado entre los años 20´ y los 70´ del Siglo XX, o intentar ir, incluso, más allá del orden capitalista.
En rigor, la mayoría del debate se restringe a discutir una agenda (de cambios) de acciones y políticas posibles en el marco del capitalismo, y nuestra proposición apunta a pensar en modificaciones esenciales a las relaciones sociales de producción, no para volver al pasado, además idealizado, sino para avanzar en una perspectiva anticapitalista, antiimperialista y por el socialismo.
Esto requiere de un sujeto social amplio que asuma en lucha un programa de transformaciones para des-mercantilizar la vida cotidiana, entre otras cuestiones, la educación, pues no solo se trata de salarios suficientes, tal y como demandan los maestros hoy, sino discutir el para qué, el qué y el cómo del derecho a la educación. No solo acompañamos a los maestros en sus reclamos, sino que proponemos discutir desandar el camino mercantil inducido para la educación, la salud u otros derechos transformados en mercancías o servicios.
¿Por qué no organizar por fuera del mercado algunos derechos de la sociedad? Entre ellos, la educación, la salud, el transporte, la energía, lo que supone confrontar con el poder real y discutir una reorganización económica de la sociedad con el objetivo máximo de satisfacer necesidades y no la subordinación a la lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación.
Rechazar enérgicamente la política de persecución sindical y de criminalización de las luchas sociales, impulsada el actual gobierno, el ministerio de justicia y trabajo y poder judicial y denunciar al gobierno ante los organismos internacionales como la OIT.
