CTA Capital – Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma

La Central de Trabajadores de la Argentina convoca a todas las organizaciones del campo popular este 8 de mayo a las 16 horas a una gran marcha para expresar el repudio al proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional para limitar el derecho a manifestarse y para acompañar la presentación del proyecto de Ley de Organizaciones de Trabajadores y Trabajadoras Sindicalizados dirigida a terminar con el Unicato. La concentración se realizará frente a la sede del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para marchar al Congreso de la Nación.

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En la tarde de ayer se cumplieron 1150 marchas de los jubilados. Con la presencia del secretario General de la CTA, Pablo Micheli, de dirigentes de la Mesa Nacional, del diputado nacional de la CTA y presidente de Unidad Popular (UP), Víctor De Gennaro y Graciela Iturraspe (diputada nacional mandato cumplido), los jubilados volvieron a reclamar por una ley de previsión social digna así como por el 82% móvil.

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En la tarde de ayer, Pablo Micheli, en su condición de Secretario General de la CTA, acompañado por Horacio Meguira, director del Observatorio Jurídico fue recibido por el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. En la reunión se trataron temas de gran preocupación para la Central como la libertad sindical y la Ley Antiterrorista.

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El secretario General de la CTA, acompañado por el director del Observatorio Jurídico, Horacio Meguira, se reúne hoy con el titular del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, para tratar diversos temas.

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Entrevista a José Rigane sobre el reciente paro general de las centrales obreras, entre ellas la CTA, en el programa de Washington Piriz y Eduardo Layus, “Propuesta Barrial”, de FM De La Azotea de la ciudad de Mar del Plata. Rigane expresó que “los trabajadores nos necesitamos porque las políticas de ajuste no distingue a un afiliado de camioneros de uno de Luz y Fuerza”.

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La Comisión Provincial por la Memoria, expresa su rechazo y su profunda preocupación ante el proyecto de ley del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, que pretende regular las manifestaciones públicas y en particular el derecho a peticionar a las autoridades. Con esta iniciativa, entre otras, se pretende reglamentar lo que se ha denominado el “derecho de derechos”, constitutivo del sistema democrático, representativo y republicano, base fundamental para garantizar los restantes derechos reconocidos por la constitución, los tratados internacionales y las leyes.

El proyecto establece como requisito previo a la realización de una manifestación la comunicación a la autoridad policial. Asimismo determina que el Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación, será quien evaluará la legitimidad o ilegitimidad de la manifestación. Se crea una instancia de mediación obligatoria, que en cabeza de la autoridad ministerial deberá resolver el conflicto en un plazo máximo de dos horas. La declaración de ilegitimidad o la falta de resolución de la instancia de mediación habilitan, según el texto, la represión inmediata de la manifestación. Es decir, las fuerzas de seguridad serán las encargadas de regular el derecho a la protesta, profundizando la policialización de la conflictividad social.

No puede admitirse que sea facultad del poder ejecutivo decidir la ilegalidad o legalidad de una protesta que se expresa por medio de una manifestación pública, mucho menos cuando de esta calificación dependa la represión inmediata o no de la misma.

El proyecto es inconstitucional en tanto crea una instancia administrativa con facultades para establecer con anterioridad la legitimidad o ilegitimidad de la manifestación y por lo tanto habilita que sea ésta quien determine, sin intervención judicial, la posibilidad de ejercer el derecho de peticionar a las autoridades y la eventual represión de la misma. La esencia del argumento es la misma que sustenta la imposibilidad de censura previa en los casos de opiniones expresadas por la prensa. No se trata por tanto de un problema de colisión de derechos, sino de proteger un derecho que integra el núcleo duro del sistema democrático y que por tanto no es susceptible de ser regulado  sin riesgo de debilitar la propia democracia. En nuestro sistema constitucional el ejercicio de la libertad es la regla y la excepcionalidad es la prohibición de determinadas conductas previamente anunciadas por medio de tipos penales. Si para actuar, agruparse, demandar, concentrarse, discutir colectivamente, se requiere obtener autorizaciones dependientes de la discrecionalidad administrativa, esos “permisos” y “prohibiciones” nos remiten a los formatos de estados con tintes autoritarios.

Los últimos 15 años, tomando como punto de inflexión los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001, nos muestran avances, retrocesos y continuidades en relación a la forma en que el poder político y las fuerzas de seguridad han abordado las manifestaciones sociales. Entre la ruptura discursiva que significó el posicionamiento político del por entonces presidente Néstor Kirchner, y la continuidad de hechos de represión que culminaron con la muerte o el encarcelamiento de militantes políticos y sociales  (Fuentealba, Mariano Ferreyra, represión a la comunidad Qom, Indoamericano, los sucesos en el Hospital Borda, entre tantos otros) hay un terreno en el que los debates y las propuestas deben ir orientadas al fortalecimiento de un derecho fundamental como es el de peticionar a las autoridades mediante manifestaciones públicas.

La preocupación entonces debería estar centrada en controlar la acción de las fuerzas de seguridad que son las que generan los actos de violencia más cruentos y no en la restricción del derecho a la petición o protesta colectivas. Lejos de esto el proyecto es ambiguo y deja librado el uso de armas de fuego a la discrecionalidad policial. Prohibe la portación de armas de fuego de los agentes que estén en contacto directo con los manifestantes pero establece que los agentes que la porten ¨deberán guardar una distancia prudente con los mismos¨. Es decir que algunos agentes las portaran y la decisión de que es prudente o no correrá por cuenta de agentes, muchas veces con escasa formación o profesionalismo, en momentos de tensión o confusión. En igual sentido habilita el uso de armas no letales, que ¨podrán ser utilizadas para la defensa de los funcionarios ante peligro inminente¨.

Una revisión por nuestra historia, no hace más que confirmar la importancia del ejercicio del derecho a peticionar como herramienta para el acceso a derechos fundamentales de nuestro pueblo. El ejercicio cotidiano de este derecho, no habla de una sociedad en retroceso, sino de una democracia que se consolida. La acción colectiva en sus diferentes modalidades es la que ha provocado los procesos de democratización de las sociedades, ampliando la participación, posibilitando la visibilización de problemas y derechos conculcados de mayorías y minorías.

Este proyecto no hace más que retrotraer los argumentos del debate a instancias que a treinta años del retorno a la democracia, deben quedar en la prehistoria. Una democracia fuerte y consolidada es la que da pasos asumiendo la existencia de conflictos y el rol fundamental de la política para superarlos. La mejor forma de convivencia no es la que intenta restringirlos determinando per se cuáles son legítimos e ilegítimos, estableciendo para estos últimos -como única intervención del estado-  la represión inmediata, sino la que propicia instancias de participación y de expresión de los heterogéneos actores que conforman la sociedad.

Asociar protesta a caos y desorden, ha sido una constante en la historia argentina; fue el fundamento recurrente de cada uno de los golpes de estado, que se imponían ante democracias que desde las minorías del poder se consideraban desmadradas y sobre las que había que intervenir para “poner orden”

La Plata, 21 de Abril de 2014

Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañon, Roberto Cipriano, Víctor Mendibil, Elisa Carca, Víctor De Gennaro, Aldo Etchegoyen, Carlos Sánchez Viamonte, Mauricio Tenembaun; Susana Mendez, Dora Barrancos, Verónica Cruz, Martha Pelloni, Luis Lima.

El secretario General de la CTA, Pablo Micheli, reiteró su reclamo de “diálogo” con el Gobierno nacional y confirmó que tras el paro del 10 de abril volverán a reunirse las distintas centrales obreras para evaluar los alcances de la medida y “ver cómo se continúa”.

De todos modos, el dirigente estatal se diferenció de sus pares Luis Barrionuevo (CGT Azul y Blanca) y Hugo Moyano (CGT Azopardo), al señalar que “no tenemos una agenda en común” con la mesa sindical y aseguró que con ellos tampoco comparte un “modelo de país o sindical”.

Asimismo, rechazó la posibilidad de una salida anticipada de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tal como sugirió el líder gastronómico porque “lo mejor sería que termine su mandato y lo termine bien y no peleada con el pueblo”.

“Me parece que se está peleando (por la Presidenta) cada vez más con el pueblo por eso el paro fue de la contundencia que fue”, aseveró en diálogo con Radio Nacional Rock.

En tanto, sostuvo que “todos queremos que no haya paro y que haya diálogo, pero el diálogo no aparece. Estamos en una situación complicada”, al tiempo que insistió en el reclamo al Gobierno de “una mesa para discutir los temas que hemos planteado”.

Además, adelantó que en los próximos días el sindicalismo que convocó al Paro Nacional del 10 de abril se reunirá para evaluar el alcance del paro y analizar “cómo se continúa”.

Micheli admitió “posturas enfrentadas” al respecto entre gremialistas y señaló que según “se comenta en los medios” Barrionuevo “quisiera hacer un paro antes de que termine abril y Moyano y yo queremos un paro más adelante”.

Reivindicaciones históricas

Consultado sobre el proyecto del Gobierno contra el trabajo informal y la posibilidad de una suba en el mínimo no imponible, Micheli dijo que “queremos que haya un decreto presidencial pasando a planta permanente a todos los trabajadores contratados del Estado. Si ocurre eso mañana empezamos a discutir de otra manera” y “resolvemos el problema”.

“Está bien que se persiga al trabajo no registrado, en negro y que se trate de resolver”, pero “si esto no es empezado por el Estado, es poco creíble hacerlo en el sector privado”; al referirse al Ministerio de Trabajo dijo que es un organismo donde hay muchos “compañeros que están trabajando precarizadamente”.

Por eso, pidió que se convoque a los sindicatos para que formen parte del control.

Micheli también reiteró sus críticas al Impuesto a las Ganancias: “Lo más fácil es cobrable a los que menos tienen porque son más. Esa es una política de un gobierno conservador”.

En cuanto a su relación con Moyano y Barrionuevo, destacó que si bien tienen “profundas diferencias” todos “nos juntamos cuando hay unidad de acción, pero no tenemos un modelo de país ni sindical que compartamos”.

Fuente: Agencia DyN