Ayer, en el marco de la Jornada de Lucha Nacional impulsada por la Federación Nacional Docente (FND-CTA), sindicatos, seccionales y agrupaciones docentes se expresaron con medidas de fuerza en las jurisdicciones: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa y Salta.
La Jornada Nacional de Lucha se realizó en coincidencia con el no inicio de clases en diversas provincias: “estamos haciendo sentir el incumplimiento del gobierno. Porque mientras el Ministro Sileoni plantea que sería muy bueno discutir con los pibes en las aulas, ellos incumplen el acuerdo firmado”, expresó Francisco Torres, miembro de la Conducción Nacional de la Federación Nacional Docente en la CTA.
En el Acta Acuerdo firmada el marzo pasado, el Gobierno se comprometía a reabrir las paritarias si la inflación era superior a la suma alcanza por los docentes: “Esto no se ha hecho ni en la Provincia de Buenos Aires, ni a nivel nacional. Hay una negativa expresa de Capitanich a hacerlo y por eso seguimos demandando”, agregó el dirigente docente.
De todos modos, la cuestión salarial es sólo un aspecto del conflicto: “La demanda también es presupuestaria, porque hay más de 3 mil escuelas en crisis en toda la Provincia de Buenos Aires, recortes en todos los comedores escolares, escuelas que deben compartir el edificio con otras, grados que deben turnarse por el uso de las aulas, chicos que deben compartir el banco incluso”.
“Es imperioso que se priorice la educación y no el pago de la deuda externa en ningún sentido: ni a lo bonistas, ni a los fondos buitres, ni al Club de País, ni a Repsol. Sino que debe pagar la deuda interna con nuestro pueblo a través de educación, salud y salario”, argumentó Torres a ACTA.
Francisco Torres manifestó la importancia de avanzar en una medida en unidad de acción con otras centrales sindicales para conseguir la nacionalización del conflicto a través de una paritaria de carácter nacional: “Si logramos ponernos de acuerdo con todos los sindicatos de la CGT de Caló, la CGT de Moyano, quienes conducen CETERA y todas las agrupaciones docentes, para hacer un paro general con toda la docencia del país, podremos torcerle el brazo al Gobierno. Porque no se trata de un conflicto de cada provincia sino de un problema que es nacional, recurrente y crónico”.
Desde la Federación Nacional Docente se llamó al conjunto de los gremios docentes, seccionales y agrupaciones a avanzar en esta medida a la vez que resulta urgente “poner fecha al paro general que reclama el pueblo argentino”.
Un conflicto de alcance nacional
Uno de los gremios de Formosa que adhirieron a la medida es “Docentes Autoconvocados” y al respecto, Nilda Beatríz Patiño su Secretaria General, dijo que: “Hoy, 4 de agosto. Es un día histórico, porque hemos logrado la Unidad en los reclamos, a pesar de cualquier diferencia. Nos reunimos y acordamos llevar adelante cada uno en su jurisdicción, en sus provincias, los reclamos comunes y propios, para fijar posición frente a los planes nefastos que están ejecutando en educación y a los que pretenden ejecutar. Todo forma un gran paquete para matar la educación publica como la conocimos, de calidad y que permita o facilite el ascenso social”.
Dijo además que: “Pretenden que los pobres sigan siendo pobres y sostengan los privilegios de esa minoría que hoy lo tiene ya casi todo por eso la Promoción asistida, por eso está mal enseñar contenidos. Por eso hay que seleccionar y ciclar, para que pueda desarrollarlos cualquiera sin necesitar título docente. Por eso hay que hacer un modelo de prueba y repetirlos en varias instancias.
Agregó además que: “Pretenden modificar nuestras condiciones laborales, en complicidad con los gremios paritarios nacionales, (CTERA, CEA, UDA, AMET Y SADOP) que hacen c cuakquier cosa con nuestros Estatutos, Regímenes de licencias y Jubilaciones. Todo en silencio, a hurtadillas, porque vienen a saquearnos derechos arrancados con luchas de miles de compañeras y compañeros que nos precedieron”.
Peligra la estabilidad docente en Chaco
Desde Federación Sitech Castelli y FESICH (Federación de Educadores Sindicalizados Independientes de Chaco) denuncian nuevamente a la subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, profesora Elizabeth Guadalupe Mendoza y al director de Interculturlidad del Ministerio de Educación, Exequiel Bejarano y a algunos diputados del oficialismo que intentan que se apruebe el Proyecto de Ley 4372 de Escuelas Públicas de Gestión Comunitaria Bilingüe e Intercultural Indígena con fines electoralistas.
Asimismo, desde el gremio y de la Federación ratificaron su rechazo al proyecto, ya que aseguran que el mismo afecta la estabilidad de docentes criollos, blancos y aborígenes. Además, afirman que la iniciativa es discriminativa y atenta contra la interculturalidad. El anteproyecto en su artículo 23 faculta al Ministerio a crear normas especiales donde las escuelas pasen han ser de Gestión Comunitaria Aborigen no dejando posibilidad de ofertas educativas a la Población como por ejemplo El Espinillo, Misión Nueva Pompeya, Wichí, El Sauzalito, Pampa del Indio, Colonia Aborigen, La Matanza, Machagai.
Por otra parte, manifestaron su rechazo categórico a la transformación de la escuela pública, entendiendo que el cambio que se pretende en la mencionada ley atenta al artículo 7 del estatuto del docente. Además, los docentes de la zona de El Interfluvio expresaron su adhesión a una reparación histórica de los pueblos originarios (qom, wichies y mocoviés) para la construcción de edificios, y pidieron que el estatuto permita la oferta de modalidad aborigen o indígena.
En esa línea, dejaron muy claro que el proyecto no se condice con el paradigma socio crítico que brega por la integración de los pueblos, multiculturalidad y la interculturalidad.
Sin lugar a dudas la política de subsidios que nosotros vinimos criticando termina en este panorama: o paga el Estado, o sea, nosotros a través de los impuestos; o paga directamente la empresa, o termina pagando el usuario. Y acá lo que pasó es que terminó pagando el usuario. Obviamente que esto genera una serie de situaciones de injusticia en los sectores populares, que tienen menos poder adquisitivo, y se pone un freno al acceso a la energía para los ciudadanos. Esto es problemático porque una vida digna debe incluir el acceso al agua, electricidad y gas. En otros casos, posiblemente serán los menores, esta adecuación de las tarifas tiene que ver con establecer un precio acorde a lo que debería ser el costo del producto.
* Equipo de Comunicación de la CTA Nacional
