CTA Capital – Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma

Una vez más el gobierno del PRO intentará aprobar en la legislatura porteña, la polémica creación del Instituto de evaluación,  fuertemente rechazado por los docentes de la ciudad, e intentarán que se vote en la sesión del próximo jueves 21. Desde el ejecutivo de la Ciudad, pretenden instalar la idea de que la Educación no funciona porque son responsables los docentes que no enseñan y los estudiantes porque no aprenden y ante ello plantean que hay que evaluar a los docentes y a los estudiantes, proponiendo un ente autárquico como un instrumento eficaz y acéptico y capaz de medir y evaluar lo que se enseña y aprende en las escuelas sin tener en cuenta el contexto en donde se desarrollan los aprendizajes. Es decir con qué estudiantes y chicos, en qué escuelas, en qué barrios. Instalaron en la sociedad que la evaluación va a mejorar la educación. Por ello desde los distintos bloques legislativos, han presentdo diversos proyectos para mostrar una propuesta de “evaluación buena”.

Sostenemos que no hace falta una ley de evaluación en la Ciudad. Hoy en el Ministerio de Educación funciona una Dirección General de Evaluación Educativa  y una Gerencia Operativa de Investigación y Estadística, en donde profesionales, académicos y  docentes, bajo la directivas del propio ministerio, vienen llevando a cabo las tareas necesarias para recabar información, proponer modificaciones y evaluar los diferentes programas y políticas educativas del sistema de la ciudad. Son estas instancias las que hay que fortalecer y dotarlas de herramientas e instrumentos que lleguen a todas las escuelas y trabajadores de la educación de la Ciudad.

En América Latina, la evaluación docente surgió como una iniciativa sino atada a un paquete cerrado como componente necesario de la reforma de los noventa y aparece como un instrumento beneficioso, por si netamente neoliberal y economicista. En Chile por ejemplo, el régimen pinochetista fue pionero en esto haciendo que a través de la evaluación docente el neoliberalismo no sólo se instaurara como base de una política educativa, sino que mostrara su lado más cruento en el sector educativo.

De este proyecto del PRO, se desprende el objetivo de evaluar al docente desde su función como empleados. Esto nos introduce inmediatamente en una evaluación de tipo administrativo burocrática, donde la principal preocupación se centra en lo cuantitativo y no en lo cualitativo, qué tareas, cuántas horas, qué días. La mirada evaluativa va de la mano del intento de vigilar y controlar. Esto responde directamente a un modelo neo-liberal de educación, van a ser evaluados mediante un modelo que nace justamente en los noventa en nuestro país, que pretende instalar una cultura de evaluación, como rendición de cuentas. Es indispensable dar un debate de fondo sobre cuál es el fin “político- pedagógico” de este proyecto, ya que de la crisis educativa no se sale con mayores sanciones, control o penalización a los docentes y estudiantes. Sino que se sale con una profunda democratización del sistema educativo, en donde toda la comunidad sea parte del proceso.

Si algo puede mejorar la educación, es la participación reflexiva y crítica de los docentes y estudiantes en particular y la comunidad en general. Los sistemas de evaluación externa hechos de arriba para abajo, transforman al docente en objeto, y no en sujetos de la reflexión, lo que empeora la tarea docente y lo frustra. Hay que pensar los docentes como equipos de trabajo. La evaluación como parte integrante de un proyecto político-pedagógico. Sólo así podremos recomponer la escuela, en donde haya dialogo y no imposiciones, generando  compromisos con la educación pública en todos los ámbitos.

El encuentro se llevó a cabo el sábado 16 en la tradicional esquina de Scalabrini Ortiz y Corrientes.

Este sábado 16 de agosto la CTA Capital Regional Centro, que es parte de la «Asamblea por la suspensión del pago e investigación de la deuda y por la defensa de los bienes comunes», la cual está integrada por organismos de Derechos Humanos, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sindicales, estudiantiles y personalidades, entre otros, realizó desde y junto a la misma, una nueva jornada de acción entorno al problema de la deuda externa y los fondos buitres. El encuentro se realizó en la Comuna 15 en el barrio porteño de Villa Crespo donde se contó con la participación de distintas personalidades y organizaciones que acompañaron la iniciativa y que hicieron su aporte brindando información.

De qué hablamos cuando hablamos de ¿Deuda? ¿Investigación ? ¿Pagos? ¿Default? se escuchaba en la radio abierta montada a espaldas al monumento de homenaje a Don Osvaldo Pugliese y su orquesta, y contando desde el inicio con su aura protectora

Jaime Farji, de IPPyP fue quien abrió el diálogo para invitar a reflexionar sobre la situación generada por la deuda y los fondos buitre. Además instó a los presentes a hacer algunos cuestionamientos tendientes a entender distintos aspectos de la coyuntura que atraviesa nuestro país. La primera –puntualizó Farji- es “preguntar es cuales son los efectos que tiene sobre la vida cotidiana de todos nosotros cuando la Argentina está en una situación normal de pagos”. También responsabilizó al Gobierno, ya que “a raíz del bloqueo de los pagos, pretende hacernos creer a todos los argentinos que los problemas que tenemos de inflación, de disminución de la actividad económica, de pérdida de puestos de trabajo, de precarización laboral, de sueldos en blanco o en negro que no alcanzan a cubrir la canasta básica, de jubilaciones con el mismo problema, son como consecuencia de que el juez Griesa no le dejó al gobierno pagar una parte de la deuda”.

Mientras miembros de la Multisectorial repartían folletos con las propuestas, Jaime Farji siguió con su reflexión, presenciada y compartida por un grupo de vecinos del barrio. Apuntó también hacia “la oposición conservadora nos quiere hacer creer que es porque el gobierno nacional no quiere acatar la sentencia de un juez extranjero”. Y agregó que “ante estas dos posiciones, nos tenemos que hacer las preguntas correctas: una primera pregunta es ¿Por qué genera una crisis una sentencia de un juez extranjero? ¿Por qué los gobiernos anteriores de la democracia y el actual vienen aceptando la jurisdicción de jueces de otros países?”. Farji recordó además, que “nosotros tenemos sentencias de jueces de la nación, como la del juez Ballesteros del año 2000, que dio por probados y demostrados más de 500 ilícitos relacionados –que probablemente no sean los únicos- con la deuda externa en su origen y que le encomendó al Congreso de la

Nación una investigación de las responsabilidades políticas, ya que nada obsta para que éste lo haga en su carácter de representante del pueblo y en ejercicio de la facultad constitucional”. Es en este punto donde –según Farji- hay que hacerse otras dos preguntas correctas: ¿Cómo es posible que un deudor que no paga parte de la deuda pretenda ganar un juicio si no cuestiona previamente la existencia y la legitimidad de esta deuda?” y “¿Cuál es la primera medida que hay que tomar en relación con la deuda?

Con claridad explicó un concepto de “deuda odiosa”, que existe en la doctrina jurídica internacional: “es la contraída por la fuerza, a espaldas de los ciudadanos y que en ningún caso los beneficia a ellos ni al país que la contrae. Por lo tanto establece que, en estos casos, no puede obligarse a los ciudadanos de un país a pagar una deuda que no han sido consultados para contraer, y que tampoco fueron beneficiados por ella. Por lo tanto existen antecedentes jurídicos nacionales e internacionales que hubieran permitido a esa nueva administración revisar la deuda y demostrar las irregularidades, las ilegitimidades y la absoluta falta de justificación para semejante endeudamiento y para semejante carga para todos los ciudadanos de la República Argentina. No lo hizo ningún gobierno de la democracia.”

“Si en la época de la dictadura –continuó Farji- la deuda sirvió para destruir la industria nacional, después, en los años 90, esa deuda impagable sirvió para vender a precio vil las empresas públicas. El patrimonio acumulado por generaciones de argentinos fue enajenado por efecto del pago de la deuda. ¿Con qué se pagó la deuda? ¿Ustedes recuerdan haber escuchado que se perdió la soberanía hidrocarburífera? Eso significa que además de la alianza de este gobierno con empresas internacionales que explotan nuestros recursos del subsuelo, la energía, en continuidad con los contratos suscriptos en la década del 90, fueron todos prorrogados antes de su vencimiento. Ese negocio que garantiza grandes beneficios a empresas trasnacionales, era una necesidad para obtener las reservas suficientes para la depredación de nuestro subsuelo y de sus reservas. Su uso e incluso su exportación, tenían un único fin: obtener un superávit externo para seguir pagando la deuda y destruir las riquezas energéticas. Pasa también con el modelo extrativista, la sojización de nuestro país que es nuestro oro verde aparentemente. Es lo mismo: se destruyó el campo argentino, se desplazó la ganadería hacia las zonas del noroeste, se expulsaron poblaciones indígenas y campesinas, se consagró un campo sin trabajadores para garantizar un proceso de exportación de comodities con poco valor agregado, con casi nada de trabajo decente y de trabajo de calidad, y todo para seguir pagando la deuda que, a pesar de haber sido pagada religiosamente, no ha hecho más que aumentar”. Farjit, finalmente, propuso en nombre de la Central de Trabajadores de la Argentina, y la Asamblea por la Defensa de los Bienes Comunes y por la Investigación de la deuda que se suspendan los pagos de la deuda hasta que el Congreso de la Nación haga una investigación.

Luego de un intercambio de ideas con vecinos y vecinas, Itaí Hagman, del Movimiento Patria Grande, tomó la palabra y les habló a los presentes. Recordó que “hace muchos años que no se habla de la deuda externa en la Argentina. Durante muchos años pareció que había quedado como un problema secundario, olvidado. La situación que volvió a poner al tema en primer plano fue el famoso fallo de juez Griesa y la situación con los buitres. Cuando estábamos en la cuenta regresiva del 30 de junio, había un enorme consenso en todos los sectores políticos y los economistas, que lo peor que le podía pasar a la Argentina era enfrentar una situación de default. Como se decía en los 90, “si no pagamos la deuda nos caemos del mundo”, “la Argentina queda aislada”. Todos estaban de acuerdo en que el fallo del juez Griesa era bastante irregular, pero algunos incluso planteaban que era preferible acatar el fallo antes que enfrentar una situación de default, con lo cual, el punto de consenso de todo el mundo era que hay que pagar. Se instaló ese debate. Una de las principales críticas que la mayoría de la oposición hizo todos estos años al gobierno justamente era el problema de que la Argentina no tenía acceso al crédito internacional, que no venían inversiones, y el gobierno venía en un camino de intentar reconciliarse con los mercados internacionales para poder volver a pedir crédito. Tuvimos en acuerdo con el Club de París, tuvimos el acuerdo con el CIADI, tuvimos el acuerdo con Repsol, es decir, que las posibilidades de desarrollo de la Argentina están atadas al acceso al financiamiento de los mercados internacionales. Y ese es un proceso muy fuerte, al que lamentablemente, como organizaciones sociales populares no hemos podido romper y que es historia argentina”, explicó Hagman.

En este sentido, dijo que “se instaló esa suerte de cuco del default. Pero la realidad es que, a contramano de lo que todo el mundo decía, es una enorme oportunidad porque si había un acuerdo con los buitres, se iba a seguir pagando una deuda que tiene un origen y carácter fraudulento y que ya se pagó varias veces. Y entonces, estamos en esta situación de incertidumbre, que todo el mundo planteaba, todos los periodistas y los economistas. Esta situación irregular habilita la posibilidad de que la Argentina rediscuta que hace con la deuda externa. La última cifra que dio el gobierno fue que pagamos 190 mil millones de dólares en estos años, y ahora que ya no sobran las divisas, hay escasez de dólares”.

Hagman sostuvo que “nuestro país sigue siendo un país subdesarrollado que tiene enormes desigualdades y vulneraciones de derechos y una estructura productiva sumamente dependiente porque los recursos que se producen en nuestro país van a parar sistemáticamente a los poderes financieros internacionales” y recalcó que “replantear la estrategia de deuda tiene que ver con asumirla desde una perspectiva de soberanía. No seguir pagando a ciegas una deuda que ni siquiera sabemos que estamos pagando. Está la oportunidad en este momento y nos permitiría utilizar enormes recursos para realizar otra política. Esa es la discusión que hay hoy: todas las organizaciones sociales, populares, políticas

tenemos que salir a darla. La Argentina tiene la oportunidad de convertirse en un ejemplo para América Latina de cómo se puede enfrentar de otra manera esta situación que tiene que ver con la deuda externa”.

Estuvieron presentes: Carlos Mendez -comunero miembro de la Junta Comunal Nº 15 por Unidad Popular-, Federico Cantis -Secretario Gral. Adjunto CTA Capital Regional Centro-, Teresa Berguier -Secretaria de Relaciones Institucionales CTA Capital Regional Centro-, Martín Brunás –Sec. Comunicación y difusión CTA Regional centro-, Abel De Sousa Barros, -Secretario de Relaciones Institucionales CTA Capital Regional Sur-, Daniel Marcos -movimiento emancipador-, Itai Hagman -Patria Grande-, Julián Bokser- Movimiento Popular la Dignidad-, César Fernandez -Movimiento Popular la Dignidad y Grupo Taricco.