Por: Julio C. Gambina, Director del IEF-CTA.
En materia de deuda pública existe un fuerte consenso en el sistema político para pagar, tanto en el oficialismo como en la oposición sistémica.
El gobierno presentó un proyecto de ley para el “pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina”, cambiando la sede de pago y el ente fiduciario responsable a los acreedores que ingresaron al canje de deuda en 2005 y 2010. Con esa ley se empuja un nuevo canje voluntario para cobrar la deuda canjeada y se designa al Banco Nación como ente de pago en lugar del banco de Nueva York. En el proyecto se incluye la decisión de cumplir con el 100% de los acreedores, es decir, también a los fondos buitres.
Más allá de la discusión parlamentaria que se suscitará en los próximos días, se desconoce el efecto de la medida entre los bonistas ingresados a los canjes. Por eso, se sugiere que la medida parece un intento del gobierno por inducir a los bonistas del canje a demandar al juez estadounidense para que levante la acción que impide cobrar en el Banco Mellon de Nueva York, tal como lo hicieron bonistas europeos o el propio City Bank, cuyo reclamo aceptó en estos días la Cámara de Apelaciones de Nueva York. El problema es que el 30/9 hay un nuevo vencimiento de la deuda del canje y se pretende depositar los recursos en el Banco de la Nación como nuevo ente fiduciario para la cancelación de deuda. También se depositará allí el monto de cancelación de los bonistas no ingresados a los canjes, incluidos claro está los fondos buitres, bajo las mismas condiciones de los canjes del 2005 y 2010.
La discusión mayoritaria en la Argentina continúa en la senda del pago de la deuda y no en la investigación o auditoría de la misma, lo que supondría la suspensión inmediata de los pagos del conjunto de la deuda pública. Es la manifestación del club de pagadores, que avalaron los canjes del 2005 y 2010 y coincidieron en la reapertura del 2013.
Argumentos para la nueva ley y base de una campaña alternativa
En el mensaje presidencial del martes 19 de agosto pasado se señaló que desde 1983 en adelante, el Parlamento legalizó la deuda e imposibilita revertir la situación. En ello coincide la oposición sistémica, aún matizando cuanto se debe pagar, cómo y cuando.
Vale recordar que en junio del 2000, la justicia argentina, mediante sentencia del Juez Ballesteros denunció el fraude de la deuda, lo que podría ser la primera parte de una auditoría que debería incluir las investigaciones judiciales relativas a los sucesivos canjes de deuda en tiempos constitucionales. Es un fallo que contradice el argumento de legitimación de una deuda fraudulenta. Esta es la base de los argumentos de quienes empujan una campaña popular para suspender los pagos de la deuda pública e investigar vía auditoría la misma.
Son dos posiciones confrontadas, una mayoritaria en el sistema político por pagar, con un debate sobre cuándo, cuánto y cómo. Otra más asentada en sectores del movimiento popular por el no pago, que incluso contacta con argumentos contra los fondos buitres que sostienen adherentes a la política oficial.
La posición gubernamental fue sostenida en el discurso presidencial del pasado martes 19 de agosto al anunciar la remisión al Congreso de un proyecto de ley para el “pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina”[1].
Al anunciar el proyecto de ley en cadena nacional, la presidenta sostuvo que se trata de “…una historia, que comenzó en 1976, cuando el monto total de la deuda externa, al momento de producirse el derrocamiento del gobierno constitucional, ascendía solamente a 8.000 millones de dólares. A partir de aquel golpe de Estado y a partir de los sucesivos gobiernos democráticos también, desde el 10 de diciembre de 1983, en adelante, esa deuda externa fue creciendo exponencialmente y convirtiéndose en una condicionante severo, crítico del crecimiento argentino, del desarrollo argentino y de las posibilidades de nuestro país como Nación.”[2]
Queda clara la alusión a la “legalización” del fraude de una “deuda odiosa” asumida por la dictadura entre 1976 y 1983 por la hegemonía parlamentaria, pese a la sentencia condenatoria del Juez Ballesteros de junio de 2000 imputando responsabilidades a varios funcionarios y complicidad de empresas y bancos privados, locales y extranjeros. Esa legalización se utiliza como escudo para no investigar la deuda y continuar la estrategia de cancelación, que en estos años, según se reconoce en el discurso presidencial han representado nada menos que 190.000 millones de dólares, un monto equivalente a 3.800.000 viviendas a un costo de 50.000 dólares cada uno, más que suficiente para resolver el déficit de viviendas en el país.
Como mucho, desde la oposición sistémica se discute cuando y como pagar la deuda, algo que ocurrió cuando se debatió cancelar deuda con reservas internacionales (posición del ejecutivo) o con recursos fiscales (sostenido por la oposición sistémica y el titular del BCRA), lo que motivó un importante conflicto político en enero del 2010 con la renuncia a la presidencia del BCRA de Hernán Martín Pérez Redrado, y más tarde, en abril del 2012, las modificaciones a la Carta Orgánica del BCRA.
El debate relativo a cuando y como pagar se reitera ante la sentencia del Juez Griesa en EEUU, favorable a los fondos buitres. En general no se discute ni investiga el fraude, por lo que crece una campaña popular por la suspensión de los pagos y la auditoría inmediata del conjunto de la deuda pública.
El comunicado de prensa mencionado de la Casa Rosada señala que los objetivos del proyecto remitido al Congreso de la Nación “…es salvaguardar el cobro de los tenedores que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010” y agrega que “… se instrumentará el canje, en las mismas condiciones, para los acreedores que no ingresaron a las anteriores reestructuraciones”, enfatizando “Que nadie diga que Argentina se niega a pagar: lo que se niega el gobierno argentino es a ser extorsionado”, afirmó la Jefa de Estado.”
El proyecto de ley, con todo su palabrerío soberanista, lo único que dispone concretamente es abrir una ventanilla de pago en Buenos Aires para los bonistas que acepten ese cambio de lugar y ofrece pagarles a los buitres en esa misma ventanilla en las condiciones convenidas con los bonistas, es decir con una quita importante.
“Capitanich hizo una síntesis de la iniciativa enviada ayer al Congreso: «1- Establece un sistema de depósito para la totalidad de los bonistas en virtud de las leyes que establecieron la reestructuración de la deuda de 2005-2010. 2 – Cambio del agente fiduciario, que incumplió el contrato y su sustitución por Nación fideicomiso 3 – Jurisdicción: la Argentina establece los mecanismos para que el depósito correspondiente a los servicios de la deuda llegue a los tenedores de modo voluntario; los tenedores deben aceptar la jurisdicción y, consiguientemente, establecer los mecanismos para recibir los pagos».[3]
Consultado sobre la perspectiva de que un grupo de bonistas promueva la convocatoria de una asamblea de tenedores, el funcionario respondió que «es factible en el marco del prospecto». No obstante, explicó que la Argentina «ha tomado decisión de enviar al Congreso el proyecto de ley de pago soberano y propicia dos decisiones trascendentales: el cambio del agente fiduciario en virtud de que el agente oportunamente designado incumple sus obligaciones y el cambio de lugar de pago, no de jurisdicción, lo cual permite garantizare que al tenedor de modo voluntario puede efectivamente cobrar en la Argentina».
Respecto al anuncio realizado el martes 19 de agosto sobre el envío del proyecto de ley de pago local a los tenedores de bonos, según informa la Casa Rosada en mensaje citado, Cristina Fernández sostuvo que el objetivo es “además de evidenciar la voluntad e pago al 100% de los acreedores, generar los instrumentos para que esa voluntad de pago se materialice en tiempo y forma”. Puntualizó que “el próximo vencimiento de 200 millones de dólares que tenemos que pagar se operará el 30 de septiembre del corriente año, luego hay otro en octubre y uno más grande en diciembre”. Afirmó que esta solución surge “ante la obstrucción ilegal e ilegítima que hemos sufrido” por parte del juez Griesa para que los bonistas puedan hacerse con los recursos que les pertenecen.
Acerca del diferendo con los fondos buitres, insistió que “nos dimos cuenta que el negocio de ellos era no negociar, no acordar. Y que además contaban con una justicia que los amparaba, nos dimos cuenta que debíamos generar instrumentos para garantizar el pago de la deuda”. “No es una actitud patriotera, no voy a recurrir a discursos con olor a naftalina. Simplemente, voy a recurrir a la verdad, a las injusticias e ilegalidades que se han cometido, lo que no nos dejó ningún camino más que realizar este canje de deuda”, aseveró.
Afirmó que “si alguien quiere dar más, tendrá su oportunidad de gobierno, para hacerla. Pero esta Presidenta cree realmente que se ha pagado lo que correspondía”. Resaltó que “Argentina ha pagado 190 mil millones de dólares, en materia de deuda” y agregó que se ha “logrado la ratio de deuda más bajo de nuestra historia”.[4]
El contexto económico y político
El conflicto suscitado con los fondos buitres y la justicia estadounidense no resulta inocuo en materia económica y político y se siente en las múltiples presiones en la disputa por la renta nacional y en la gestión del capitalismo local y en la expectativa por generar alternativa popular.
Desde el gobierno, la preocupación radica en la interrupción de una estrategia que apuntaba a retornar al mercado de crédito mundial. Así lo reconoce la Presidenta cuando en su mensaje destacó el reciente pago a Repsol, el cumplimiento de las sentencias del CIADI y el acuerdo con el Club de París. Ahora, el default selectivo decretado por las consultoras al servicio del sistema financiero mundial demora el ingreso de inversiones o de préstamos externos que requiere el sector privado y público en la Argentina.
La realidad es que existen tensiones en la cuestión fiscal y en el comercio externo que no se resuelven en las condiciones actuales sin ingresos de capital del exterior. Entre otros indicadores, uno de ellos es la tendencia a la pérdida de reservas internacionales. Por un lado motivado en las recurrentes cancelaciones de la deuda, que hasta fines del próximo año demandan más del 50% de las reservas, pero también para intentar contralar la depreciación de la moneda local, que el viernes pasado (22/08/2014) una importante venta de dólares de reservas realizada por el Banco Central para contener la subida del dólar oficial que había llegado a cotizarse a 8,44 para dejarlo al cierre de la jornada a 8,40 pesos por cada dólar.
Esos movimientos en la divisa estadounidense están asociados a presiones del “club de la devaluación”, por razones especulativas o asociadas a demandas de grandes productores y exportadores. El sector más concentrado de las finanzas privadas y de la producción industrial y agraria buscan acelerar las devaluaciones de la moneda local, en un mecanismo similar al de hace un año y que culminó con la devaluación de enero pasado con un dólar a 8 pesos. Vale recordar que desde enero del 2013 a enero del 2014, la cotización oficial había pasado en minidevaluaciones semanales o incluso diarias, de casi 5 a casi 7 pesos por dólar y ahora, desde la corrección cambiaria de enero se pasó de 8 a 8,40 entre enero y agosto de 2014.
El problema es que la divisa es un precio más en la economía y por lo tanto, hasta por razones especulativas o de expectativas incide en el conjunto de los precios y afecta a los sectores de menores ingresos, base del conflicto social y el anunciado paro nacional de la próxima semana (27 y 28 de agosto).
Las empresas suspenden y cesantean bajo el marco de la recesión y desde el gobierno se sale al cruce de la situación planteada convocando al Consejo del Salario Mínimo para el 29 de agosto, al día siguiente de finalizada la medida de fuerza convocada por la CTA y la CGT. El sindicalismo convocado al evento anticipa un incremento del 35%, acorde a la evolución de los precios en el último año, muy lejos de las cifras oficiales.
Asistimos a una pulseada con intereses confrontados que vía precios e inestabilidad laboral se descarga sobre los trabajadores y sectores de menores ingresos.
El sindicalismo oficialista posterga toda protesta y subordina sus reivindicaciones bajo los argumentos del oficialismo de privilegiar la discusión en la coyuntura en materia de deuda. Se intenta profundizar la fragmentación en la lucha del movimiento de trabajadores. En contraposición, la política de unidad de acción en la confrontación al ajuste, aún con modelos sindicales diferenciados y antagónicos, la jornada de movilización y paro por 36 horas de la CTA en coincidencia con el paro de 24 de la CGT apunta a hacer visible a los trabajadores como actores sociales en la disputa política.
La discusión en torno a la acumulación política de la protesta pone en evidencia la necesidad de construir alternativa política popular que otorgue cauce a la demanda anticapitalista para superar la situación actual de ajuste perpetuo y chantaje vía endeudamiento público.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2014
[1] “La Presidenta envió al Congreso un proyecto de ley de pago soberano local de la deuda externa”, Martes, 19 de Agosto de 2014, Casa Rosada, Presidencia de la Nación Argentina, en: http://www.presidencia.gob.ar/discursos/27836 (consultado el 23 de agosto de 2014)
Jorgelina Sosa, secretaria de Género de la CTA Capital, el presentó en la Legislatura Porteña un proyecto de licencias por violencia de género.
