Hace pocos días Hacienda dio a conocer que el déficit total 2014 (ingresos menos egresos) fue de 109.720 millones de pesos, lo que representa cerca de 2,4 % del Producto Bruto Interno y es superior en 70% al del año 2013. Por su parte, el resultado primario (que no incluye los pagos de deuda) también mostró un déficit de $ 38.562 millones.
El déficit habría sido superior si en los ingresos no se hubiesen computado las llamadas Rentas de la Propiedad, que son básicamente las transferencias de las utilidades que el Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS le hicieron al Tesoro Nacional durante ese período. Esta situación se repite. En 2012 las rentas crecieron 50% respecto al año anterior, se duplicaron en 2013 respecto a 2012 y vuelvieron a duplicarse el año pasado donde superaron los $ 120.000 millones de pesos (2,6% del PBI).
Tal como venimos comentando en artículos anteriores, los presupuestos aprobados mostraban superávit que eran, en realidad, producto de endeudamiento. Sin embargo luego de ser ejecutados, terminaban cerrando con déficit. Según muestran los datos relevados por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyP), el 2011 cerró con un déficit de $ 11.773 millones. Esto se repitió en 2012 ($ 49.072 millones), 2013 ($ 85.058 millones) y también en 2014 donde, según Economía trepó a $ 109.720 millones.
Para este año en curso el presupuesto prevé un déficit de $ 49.624 millones que se cubrirá con nuevo endeudamiento. Siguiendo con la misma tendencia de años anteriores, podemos decir que el déficit será aún superior (el IPyPP lo calcula en más de $ 255.000 millones) y, por lo tanto, también la deuda para poder cubrirlo.
Para explicar el déficit 2014, el Ministerio de Economía aborda la caída de ingresos y el aumento de los gastos: En 2014 “la economía Argentina se desenvolvió en un contexto externo desfavorable, debido al bajo crecimiento económico de nuestros principales socios comerciales y a la caída de los precios de nuestros principales productos de exportación (…). En este marco, la política fiscal llevada a cabo por el Gobierno Nacional se concentró en la ampliación de los programas prioritarios que tienen por finalidad la inclusión social y el sostenimiento del nivel de ingresos, y en el fortalecimiento del proceso inversor en sectores estratégicos como transporte, energía y construcción”.
Los programas prioritarios que enumera Economía son: el incremento de las jubilaciones y pensiones (+33,6%), de las Asignaciones Familiares (+40,6%) y de las coberturas asistenciales de la obra social de los jubilados-PAMI (+36%), los aportes al programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR), los créditos para el programa de vivienda (Pro.Cre.AR), entre otros.
Sin embargo, estas asignaciones de recursos no logran impactar para revertir la tendencia ascendente de los índices de pobreza e indigencia.
Pobreza e indigencia en tendencia ascendente
Hace más de un año y medio que el Instituto de Estadísticas y Censos dejó de publicar estos índices (el último informe es del primer semestre de 2013) a pesar de ser una información necesaria para conocer la situación social e imprescindible para definir políticas públicas.
Argumentando razones de incompatibilidades metodológicas al implementarse el nuevo índice de medición de precios (IPCNu), el organismo dejó de publicar estas estadísticas en momentos en que los valores de las canastas reales de alimentos y servicios –con las que se miden pobreza e indigencia – aumentaban producto del aumento de la inflación.
La Comisión Técnica de ATE-INDEC dio a conocer en el pasado mes de diciembre su informe semestral sobre pobreza e indigencia referido al 1º semestre de 2014.
Utilizando la misma metodología que el INDEC (contrastar los ingresos de cada hogar con el valor de la canasta de bienes y servicios requeridos, según la cantidad de integrantes, su edad y sexo) determinó que la pobreza alcanzó a 18,4% de los hogares y la indigencia a 4,4%. Medida en personas, hay 25,5 % de pobres y 5,5% de indigentes. Hablamos de casi 6.800.000 pobres de los cuales alrededor de 1.450.000 son indigentes.
Los datos muestran además una tendencia en ascenso comparándolos con el mismo semestre de 2011 y 2013. Por otra parte estos índices son promedios de un universo de 31 aglomerados urbanos, por lo que si se recorren más en detalle las diferentes zonas de nuestro país, la situación se agrava. En el Noreste (NEA) la cantidad de pobres sube a 38,8% y de indigentes a 8%.
El informe avanza luego midiendo pobreza e indigencia con una canasta de consumos mínimos tomada de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires que, según explican, “considera algunos de los avances que el INDEC había iniciado previo a la Intervención para mejorar la canasta oficial, bastante escasa y que requería ser ampliada”.
Tomando esta canasta, 34,6% de los hogares son pobres y 8,6% indigentes. Esto significa 44,9% de personas en situación de pobreza y 11,6% en la indigencia. Hablamos de casi 12 millones de pobres y 3 millones de indigentes. Esto se agrava en regiones como el NEA donde las personas pobres llegan a casi 60% y los indigentes a 20%.
Entre las conclusiones, el informe marca que en la actualidad, la pobreza e indigencia en el Gran Buenos Aires alcanza valores similares a los que oficialmente medía y publicaba el INDEC a fines de la década del 90.
Infantilización de la pobreza
El Observatorio de la Pobreza dependiente del centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES) publicó en noviembre pasado un extenso estudio que da cuenta del actual proceso de infrantilización de la pobreza en Argentina.
El mismo abarca un relevamiento de niños y adolescentes entre 0 y 17 años y se basa en calcular el ingreso mínimo, o línea de pobreza, que identifica a los hogares donde no se satisfacen las necesidades básicas de consumo (CBT) por no tener los ingresos suficientes. De la misma manera se determina la línea de indigencia a partir de lo que una familia necesita tener de ingresos para poder comer (CBA).
Ambas canastas se elaboran con la misma metodología que el INDEC. Los precios que la componen son tomados de los negocios de barrios humildes donde habitualmente se realizan las compras diarias. Se trata de una muestra de más de 28.000 precios en más de 1.200 comercios en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, Chaco, Salta y Tucumán.
Los datos más relevantes del informe estiman que a junio de 2014:
* 46 de cada 100 niños y adolescentes hasta 17 años (46,26%) vive en condiciones de pobreza lo que representa casi 6 millones de personas de esa franja etaria.
* 12 de cada 100 niños y adolescentes hasta 17 años (11,92%) vive en la indigencia, poco mas de 1 millón y medio de personas de esa edad.
* Entre junio 2013 y junio 2014 la tasa de pobreza sobre niños y adolescentes subió del 40,6% al 46,26%. Significa que en un año 857 mil niños y adolescentes se sumaron a los ya pobres.
* En ese mismo período la tasa de indigencia sobre niños y adolescentes subió del 9,33% al 11,92%, con el ingreso a la indigencia de 347 mil niños y adolescentes más.
* La tasa de niños y adolescentes pobres del 46,26% es mayor a la de la población en general lo que muestra que la pobreza adquiere como imagen, dice el informe, el rostro sus niños.
* Los índices de pobreza e indigencia estimados sobre niños nacidos en la última década (2003-2014) como sobre el total de niños y adolescentes de hasta 17 años muestran que las necesidades más básicas de gran parte de la población se profundizan al analizar los grupos de población más jóvenes.
* La pobreza no solo se encuentra agudizada entre los niños sino que lo hace en forma más acelerada que en el resto de la población.
“Que casi la mitad de los niños y adolescentes estén en condiciones de pobreza, significa que existe un riesgo que la pobreza estructural se acreciente en el futuro inmediato. Esto implica el riesgo de caer en el fenómeno denominado, “trampa de pobreza” en que dicha condición se perpetúa de una generación a otra”, concluye el informe.
Si tal como dice el informe del Ministerio de Economía “la política fiscal llevada a cabo por el Gobierno nacional se concentró en la ampliación de los programas prioritarios que tienen por finalidad la inclusión social”, podemos concluir que el aumento en gasto social, si bien necesario, no resulta suficiente para terminar con la pobreza.
Ya no resultan suficientes medidas que solamente resuelven coyunturalmente las necesidades de los sectores más vulnerables. Solo cambios estructurales traducidos en políticas sociales de fondo podrán redundar en avances para hacer retroceder la pobreza y la indigencia que hoy siguen en ascenso.