CTA Capital – Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma

La CONADU Histórica ha convocado a reunión del consejo directivo para este viernes 27 de febrero en su sede nacional de Sarandí 126 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los docentes universitarios de Río Cuarto se reúnen mañana en asamblea.

CONADU Histórica retoma la lucha por aumento salarial y por la publicación del Convenio Colectivo de Trabajo Docente. El gremio reiteró en enero de 2015 al Ministro de Educación Alberto Sileoni y al Secretario de Políticas Universitarias Aldo Caballero, el pedido de audiencia efectuado en diciembre de 2014 para tratar dos temas centrales: 1) el urgente inicio de la discusión salarial y 2) la inmediata publicación en el Boletín Oficial del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para los más de 150.000 docentes universitarios y preuniversitarios.

Estando próximos al comienzo del ciclo académico en la mayoría de las Universidades Nacionales, la conducción de la Federación manifestó su malestar y preocupación por cuanto nuestro sector es el único que no percibirá aumento salarial hasta junio de 2015, mientras que en todos los restantes niveles docentes de la Educación Pública se están discutiendo salarios y condiciones laborales con miras a garantizar el normal inicio de clases.

En un escenario de inflación sostenida y pérdida del poder adquisitivo de los sueldos, CONADU Histórica ratificó la necesidad de equiparar el cargo testigo (Auxiliar de 1ª Semiexclusiva) a la media canasta familiar, así como la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios.

Por otro lado, habiéndose ratificado el texto completo del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) en sede del Ministerio de Trabajo el pasado 19 de agosto de 2014, a la fecha no existe confirmación de su publicación en el Boletín Oficial, por claras y evidentes maniobras de la patronal, aún cuando ya todos los plazos legales están vencidos. Se niega así la posibilidad de contar con un marco normativo a más de 100.000 docentes interinos o con contratos precarios.

“Ningún docente puede esperar hasta junio para recomponer los salarios, ni para que entre en vigencia el CCT”, resume en una declaración, el malestar de la Federación ante la indiferencia de las autoridades nacionales.

El próximo viernes 27 de febrero a las 10 horas se reunirá en el Salón “Compañera Adriana Calvo” de la Sede Nacional, Sarandí 1226 de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

* Análisis de la Coyuntura Nacional. Informe del Secretariado y recientes actuaciones de la Mesa Ejecutiva Nacional.

* Finanzas de la Federación. Informe de deuda por Asociación. Cumplimiento y pago de cuota.

* Programa Nacional de Formación Docente Gratuito FODU II.

* Situación Salarial y Laboral del sector. Estado del Convenio Colectivo de * Trabajo y de las negociaciones con el Gobierno Nacional y el CIN.

* Plan de lucha de la Federación en función de los mandatos de Asambleas de Base.

* Asuntos Gremiales.

Asamblea en Río Cuarto

Por su parte, la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto (AGD-CTA) convocó a Asamblea para este martes 24 de febrero a las 14.30 horas (aula a confirmar en Bedelía Central) para dar tratamiento a los siguientes temas:

1. Situación salarial de los docentes universitarios y pre-universitarios. Elaboración de propuestas de acción para coordinar con otras Asociaciones de Base nucleadas en CONADU y en CONADU-H que se reunirán el 26 de febrero.

2. Plenario de Secretarios Generales de CONADU convocado para el 3 de Marzo. Elaboración de mandato.

3. Información general de la Comisión Directiva sobre actividades y proyectos de la AGD-UNRC.

La Federación Nacional Docente (FND-CTA) pondrá en marcha una Carpa Blanca el 2 de marzo en el Obelisco en donde expondrá las razones para el no inicio de clases. ACTA dialogó con el secretario de Cultura de la CTA y ex director de la escuela de formación «Marine Vilte» de CTERA, Jorge Cardelli sobre este tema: «Estamos planteando 9 mil pesos para el salario básico y un aumento que supere la inflación».

-¿Cómo avanza la jornada de lucha del 2 de marzo?

 Pensamos hacer el Congreso en la misma carpa. Será el congreso constitutivo de nuestra federación donde se votaría el estatuto y una Comisión Directiva. En cuanto al plan de lucha, nosotros lo que estamos planteando es 9 mil pesos para el salario básico y un aumento que supere el tema de la inflación. Para eso planteamos un no inicio, una caravana con gremios y sindicatos docentes de todas la provincia, incluida la Capital, y también estamos planteando montar una carpa docente, que en principio la haríamos en el Obelisco, para denunciar todo esto y promover la unidad de todos los gremios docentes de todo el país que rechace la propuesta gubernamental porque hasta ahora todo lo que dice el gobierno es que va a ofrecer un 25% y eso no tiene absolutamente nada que ver con la inflación. Además creemos que lo que está pidiendo Ctera, 6 mil pesos de mínima tampoco se corresponde con la realidad. También vamos a tener reuniones con organizaciones que funcionan dentro de Ctera pero que tienen una posición crítica y que constituyen un plenario grande.

-¿La carpa estará por un tiempo indeterminado?

 No, la idea sería que estuviera 48 o 72 horas para hacer presencia y tener una iniciativa propia. Hay cosas que se han puesto más agudas: como el impuesto no imponible en la docencia que se ha convertido en una cosa ya insostenible porque los sueldos en general de los directores e inclusive de maestros que tienen dos turnos automáticamente quedan bajo el golpe del impuesto a las ganancias. Entonces nosotros queremos avanzar en una iniciativa legal y en una iniciativa que unifique a la docencia. Nosotros en esto tenemos una posición clara: por un lado estamos planteando la Federación Nacional Docente y por el otro queremos unificar la lucha de toda la docencia en torno a una política educativa que, en términos de presupuesto, cada vez responde menos a las necesidades reales y que en términos salariales va francamente en retroceso.

-Sigue la misma lógica de los ’90 prácticamente.

 La verdad que este gobierno en el tema educativo no ha modificado mucho la política del menemismo. Ha hecho mucho ruido con el tema de algunas modificaciones formales como en el caso de la derogación de la Ley Federal de Educación, pero que en realidad muchos de los aspectos de la ley continúan en marcha porque el proceso de, por ejemplo, fortalecimiento de la educación privada y de una cantidad enorme de sectores populares que tienen una educación de mucha menor calidad. La jornada extendida que era una promesa, ha quedado en el camino y la Ley de Educación Superior que todavía sigue en pie y que no hay vistas que pueda ser derogada o reformada.

-¿Cómo están trabajando para el Congreso?

 Lo que estamos impulsando entre la Federación Nacional Docente y la CONADU Histórica es que la Central tenga un discurso educativo propio. La CTA tiene una gran cantidad de sectores educativos. Lo que nosotros estamos buscando es aglutinar a estos sectores en una propuesta única y confrontar con Cetera porque realmente esta gente lo que ha hecho es colaborar básicamente con el Gobierno. Nosotros tenemos que salir al cruce de todos aquellos sectores que le echan la culpa a los docentes de de toda la problemática educativa y la realidad no es así: hay falta de presupuesto y hay una falta de política para que los docentes tomen un protagonismo diferente.

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autonoma, Pablo Micheli se refirió a la decisión de la Central de no convocar a la marcha en Homenaje al Fiscal, Alberto Nismam. Al tiempo señaló que Justicia y Policía deben ser democratizadas.

Pablo Micheli aseguró a radio Nacional Rock que «los jueces deben pagar ganancias, los camaristas, todos». Y agregó: «El poder judicial es un poder que no está democratizado, junto con la fuerza policial. La justicia debe ser democratizada».

En Segurola y Habana, Julia Mengolini e Iván Schargrodsky dialogaron con el Secretario General de la CTA Autónoma sobre el 18F, el pago de ganancias de jueces y camaristas y la democratización de la justicia.

El dirigente de la CTA Autónoma explicó la decisión de no acudir a la marcha: «Nosotros tomamos la decisión entre todos los que protaqonizamos la marcha del 4 de febrero desde el Congreso Nacional a la Plaza de Mayo de no participar de esta convocatoria. Lo hicimos en conjunto con APEMIA, Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y el resto de organizaciones que marchamos el 4 de febrero contra la impunidad y por la derogación de la Ley Antiterrorista».

Micheli agregó: «No participaremos, entendemos que un homenaje a Nisman no es la razón, el tema del silencio no es pertinente, lo que hay que hacer es luchar y hablar y no callarse la boca. Además, hay un montón de fiscales que se han encargado de encarcelar y perseguir a compañeros nuestros por luchar para mejorar sus condiciones de vida».

Pese a que se diferenció de Moyano y Barrionuevo -que sí acudirán- aseguró que no le parece mal esa decisión: «El sindicato judicial que responde a la CGT, lo lidera Julio Piumato, no me parece mal, es el secretario general de DDHH de la CGT».

«Con Moyano y Barrionuevo tenemos diferencias importantes. Cuando nos unimos a la lucha no fue con ellos sino con un interés en común como el trabajador», distinguió Micheli.

Sobre el Impuesto a las Ganancias, subrayó que «los jueces deben pagar Ganancias, los camaristas, todos» y que «debe haber una voluntad del Poder Ejecutivo en dejar de cobrar Ganancias a trabajadores».

«El Poder Judicial es un poder que no está democratizado, junto con el policial. La Justicia debe ser democratizada. La democracia golpeó la puertas de las instituciones excepto el policial, sindicatos y judicial. No creo que la reforma sea como la que la Presidenta mandó. Con el gobierno tenemos diferencias profundas y de clase. Hay que reformar pero desde un espacio más amplio y no solo desde el ejecutivo», aseveró Micheli.

En la Universidad de Buenos Aires no rigen las leyes laborales. Hace unos años, al momento de la sanción de la Ley N° 26.508, que permite a los/as docentes ejercer el derecho a opción de trabajar hasta los 70 años, la UBA fue la única Universidad Pública que desconoció la Ley intentando dejar cesantes a centenares de docentes.

En el acto del miércoles 11 de febrero no había solo indignación en la comunidad académica ante la cesantía de Guillermo Gigliani, Secretario General de AGD Económicas. También había una grata sorpresa entre los más de quinientos concurrentes, ya que ninguno de los participantes recordaba un acto masivo a comienzos de febrero, tan lejos del comienzo de clases. A la par del carácter masivo, la protesta contó con un respaldo muy variado.

Desde ex-estudiantes de la materia dada por el profesor Gigliani y colegas del mismo hasta relevantes entidades internacionales como la SEPLA y la Sociedad de Economía Crítica (SEC) así como la federación nacional de docentes universitarios, CONADU Histórica-CTA. También se hizo presente la FUBA y agrupaciones estudiantiles, entre las que predominaban aquellas que forman parte del Movimiento por Económicas, el BASE de la corriente CAUCE, Desequilibrio, de la Unión de Juventudes Socialistas y SOS de la corriente La Mella.

Como parte de los emotivos discursos, intervinieron el profesor Gigliani; Federico Wahlberg, delegado de AGD-Económicas; Marcelo Ramal, legislador porteño del Partido Obrero en el FIT en la ciudad y profesor de la citada facultad; Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta por la CONADU Histórica y Secretaria Administrativa de la CTA Autónoma; Ileana Celotto, Secretaria General de la AGD-UBA. También dirigieron unas palabras los presidentes de la FUBA.

Terminado el acto, Federico Wahlberg nos recalcaba que “las cesantías son una forma más que tiene la actual conducción del ala derecha de la UCR para liberar fondos salariales y reasignarlos a su gente, reafirmando su poder en la UBA. Pero al mismo tiempo aplican discrecionalmente el método de la cesantía o jubilación compulsiva sobre un secretario general que cuenta con fueros gremiales para continuar en su cargo, y a su vez es un representante de las teorías económicas críticas que gracias a la movilización docente y estudiantil se había ganado un lugar en Facultad de Ciencias Económicas, donde el pensamiento único -neoliberal- implantado en los noventa en esa facultad continúa predominando hasta hoy».

Ese hilo del poder que recorre nuestra sociedad

En Argentina todos los días surgen noticias que muestran importantes núcleos de poder que están por encima de la ley, dominando áreas estratégicas de la sociedad. El caso Nisman y los lazos evidentes entre el núcleo del poder judicial, servicios de inteligencia nacionales y aún extranjeros, son la frutilla de un postre que se expande a vastos sectores del estado y la sociedad civil.

La UBA es sin duda el principal centro de formación científico del país y allí llegan aquellos tentáculos. El vice rector de la misma es Darío Richarte, abogado y ex número 2 de la SIDE bajo la Alianza. Por supuesto no está solo. Más de treinta años de continuidad del mismo sector en la gestión de la UBA tiene claros vasos comunicantes con aquellos núcleos duros en el poder judicial y los servicios de inteligencia. La Facultad de Ciencias Económicas es a su vez el reducto más monolítico de ese poder.

Una arbitrariedad más, que no es una arbitrariedad más

La cesantía del reconocido profesor Guillermo Gigliani parecía ser en el acto del miércoles 11 de febrero la típica gota que rebalsa el vaso. Las autoridades simplemente aseveran una razón: el profesor cumplió 66 años, no es concursado y debe jubilarse. Así lo dice el estatuto de la UBA. Del otro lado, los más de quinientos docentes y estudiantes que participaron del acto señalaron que la ley nacional de jubilación de los profesores universitarios da derecho a elegir si seguir ejerciendo hasta los 70 años. Al igual que se firmó el año pasado un Convenio Colectivo de Trabajo para todos los docentes universitarios del país que establece que todo docente debe contar con el derecho a concurso de ejercer por más de dos años en un cargo. A ninguno de estos derechos tuvo «derecho» el profesor Gigliani. La UBA no les reconoce validez, afirmando que simplemente en dicha institución sólo rige su estatuto y no las leyes nacionales.

Esta suma de derechos denegados se ven coronados por el desconocimiento de sus fueros gremiales.

Un ataque por cuestiones ideológicas

La violación de los derechos laborales de cualquier docente -de cualquier edad- representa una acción repudiable desde todo punto de vista, pero en este caso se agrega el ejercicio de violencia simbólica por lo que representa Gigliani en la Facultad de Ciencias Económicas.

Cuando en la década de los 90’, se reformaron los planes de estudio de dicha casa de estudios -con una clara influencia del Banco Mundial – eliminando contenidos que fueron incorporados a los post-grados arancelados y suprimiendo la pluralidad de corrientes de pensamiento económico, Gigliani era uno de los docentes que encabezó el rechazo a éstas reformas. Desde ese momento, además de ejercer su cargo docente, se abocó durante muchos años a realizar talleres de formación y reflexión con estudiantes y jóvenes docentes sobre contenidos vetados por las autoridades.

Gigliani es un docente que se opuso sistemáticamente al modelo de Facultad que promueven el Rector Barbieri y el Decano Giusti que es el de una casa de estudios con una clara injerencia de grandes firmas multinacionales, consultoras y bancos en los planes de estudios. Gigliani, no solo se opone a este modelo privatista de Universidad, sino que también lucha contra formas mecanicistas de estudio.

La persecución ideológica, algo cotidiano en la FCE-UBA

En la Facultad de Ciencias Económicas, decenas de docentes con pedidos de designaciones o promociones en sus cargos tienen los trámites frenados hace varios años por ser opositores a la gestión de Giusti y antes Barbieri. El año pasado además, las autoridades de dicha casa de estudios cerraron intempestivamente el curso de Crecimiento Económico de Andrés Asiaín, un connotado economista y reconocido opositor a la gestión radical. Otro caso resonante es el de la sistemática reducción de comisiones y número de estudiantes en la Cátedra a cargo de Pablo Fucci de Economía en el CBC en favor de cátedras afines a la gestión de Económicas.

Gigliani, justamente como Secretario General de la AGD-FCE, es uno de los docentes que encabeza las luchas contra estas arbitrariedades.

La persecución sindical y la discriminación ideológica

En el año 2011, la UBA despidió a todos los delegados de la Junta Interna de AGD del Centro Cultural Rojas, que peleaba justamente contra la situación de extrema precariedad laboral es dicho establecimiento. Durante el 2014 fue sumariada arbitrariamente Cecilia Rikap, Secretaria Gremial de AGD-Económicas y también fue cesanteado Octavio Colombo, ex-Secretario General de AGD-FFyL.

En las Facultades de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras, cuyas gestiones son afines al gobierno nacional, también se encuentran altas proporciones de docentes que trabajan sin sueldo, cobertura médica o ART. En los pocos casos en que se realizan concursos, se hacen en forma arbitraria, como el efectuado para quitarle a Juan Iñigo Carrera, un destacado académico marxista, la Cátedra que tenía a cargo y disolver su equipo de trabajo.

Por supuesto, estos casos salen a la luz cuando hay muestras de vitalidad democrática en las Facultades. En otras, la discrecionalidad no es menos común sino más bien menos visible, debido a la ausencia de esas redes de transparencia democrática.

Fuente: www.anred.org

Transcribimos el documento de convocatoria a la marcha que se llevara a cabo el 4 de febrero desde el Congreso de la Nación a Plaza de Mayo firmada por la CTA, APEMIA, Adolfo Pérez Esquivel, Nora cortiñas y otras personalidades y organizaciones del campo popular por entender que es de estricta actualidad.

«Los abajo firmantes estamos preocupados por la muerte del Fiscal Alberto Nisman y nos dirigimos a la opinión pública para manifestar nuestra alarma ante los acontecimientos que han derivado en la muerte del fiscal de la Causa AMIA y trasmitir nuestro pesar a familiares y colaboradores de la fiscalía en las actuales circunstancias.

Con esta muerte se revela la persistencia de un mecanismo de impunidad que ha mantenido la masacre de la Amia sin Juicio ni Castigo a los culpables. En ese mecanismo participan los Servicios de Inteligencia del Estado en todas sus versiones y jurisdicciones, siendo responsabilidad absoluta de los tres poderes del Estado.

Veinte años de impunidad en el atentado a la AMIA, 12 de los cuales corresponden al actual gobierno, retornan dramáticamente hoy en forma de una abierta disputa en los servicios de inteligencia, cuyas consecuencias está pagando el conjunto de la sociedad.

Este mecanismo de impunidad no es la excepción sino la regla en la historia de violaciones de derechos humanos en el periodo de vigencia constitucional, tal como ocurrió con la segunda desaparición de Julio López y ahora la muerte de Nisman.

Las especulaciones y rumores acerca de las condiciones en que falleció el fiscal Nisman, como así también del estado y ubicación de la documentación y demás elementos de prueba en poder del Fiscal, nos obligan a EXIGIR el inmediato esclarecimiento de su muerte y la seguridad personal de los integrantes y trabajadores de la Fiscalía; y a EXIGIR se preserve la seguridad de las instalaciones y elementos en poder de la Unidad Fiscal AMIA.

Dadas las circunstancias de la denuncia y la muerte de Nisman, se hace imperioso poner a disposición de toda la sociedad, el conjunto de documentos que se acumularon en estos años en la causa, incluidos los que Nisman debía presentar el día de su muerte. Sea una muerte por suicidio o asesinato, su muerte queda definitivamente vinculada a la investigación de la responsabilidad del Estado en el atentado impune de la AMIA, como así también en la investigación del encubrimiento del mismo por parte de los funcionarios de los tres poderes del Estado.

Tanto Nisman como Gentili, su suplente y ahora a cargo, trabajaban mancomunadamente con servicios de inteligencia, locales y extranjeros contra cualquier posibilidad de esclarecer el atentado AMIA y consecuentemente contra el derecho del conjunto del pueblo argentino de saber la verdad. Son responsables de la manipulación de la causa en función de las maniobras políticas de todos los gobiernos.

Estamos ante una profunda crisis política e institucional y la voz del pueblo debe hacerse escuchar.Ante el anuncio presidencial demandamos la disolución efectiva y completa de la SI, Ex SIDE, con apertura de todos los archivos secretos, publicación de la nómina de los agentes, y haciendo extensiva esta medida a todos los aparatos de inteligencia del Estado.

Advertimos que la reformulación de los servicios vía formación de una AGENCIA FEDERAL de INTELIGENCIA constituye una nueva manipulación política.

¡¡¡Por una Comisión Investigadora Independiente ya!!!

Para lograr verdad y Justicia ante la masacre de la AMIA es momento de crear una Comisión Investigadora Independiente, con mayoría de personalidades del movimiento popular, la cultura y los derechos humanos, también integrada en minoría por parlamentarios.

Es necesario abrir los archivos secretos del Estado a esa Comisión para una profunda investigación del Caso AMIA. La Comisión, para lograr derrotar la impunidad, debería contar con todas las atribuciones de investigación, inspección y acceso a todas las fuentes documentales y de archivo.

Somos conscientes que al reorganizar la inteligencia del Estado con un genocida como Milani al frente del Ejército, el Gobierno no sólo encara el espionaje de las organizaciones populares sino que desencadena una guerra en el submundo del espionaje y la represión.

Por ello es necesario investigar la muerte de Nisman, crear la Comisión Investigadora Independiente y abrir los archivos secretos sobre el Caso AMIA. Son los pasos que hay que dar de manera inmediata y sin dilaciones.

Exhortamos al conjunto del movimiento popular a resistir colectiva, movilizada y organizadamente la escalada que puede tomar este conflicto protagonizado por las oscuras fuerzas del aparato represivo heredado de la dictadura, con la injerencia notoria de servicios de inteligencia de potencias extranjeras, que interviene en la exacerbación de la crisis política e institucional y que nos convoca a discutir en profundidad sobre la democracia y el espionaje.

Se trata de terminar con el espionaje interior que afecta la seguridad del conjunto social, especialmente del movimiento popular, como demostraron las infiltraciones a organizaciones populares, los listados del batallón 601, y el Proyecto X. Del mismo modo, se trata de derogar la Ley Antiterrorista y todas las herramientas destinadas a perseguir a los movimientos políticos y sociales.

Exigimos la inmediata disolución de los servicios de inteligencia y la destitución de Milani y la democratización de las fuerzas armadas y de seguridad. El episodio Nisman y la Causa AMIA fortalecen una postura histórica del movimiento popular en el sentido de construir los caminos que conduzcan a romper el molde de esta democracia formal y cautiva de las corporaciones, para avanzar hacia una democracia popular, participativa y con un fuerte protagonismo de los trabajadores y el pueblo.

Por todo ello EXIGIMOS:

1) Que se abran todas las pruebas que manejaba el Fiscal Nisman al conocimiento público.

2) Rechazamos por sus antecedentes la designación de un nuevo fiscal o de un grupo de ellos para el reemplazo de Nisman. Cualquiera de estas variantes, sólo prolongará de modo burocrático y administrativo la investigación de la causa criminal más importante del país que involucra directamente la responsabilidad del Estado.

3) Rechazamos la propuesta de un sector de la oposición para que la Corte Suprema de Justicia se haga cargo en este momento de investigar las circunstancias de la muerte de Nisman o del atentado a la AMIA.

4) Resulta imperioso que se abran los archivos secretos en poder del Estado y que se forme una Comisión Investigadora Independiente en el Congreso Nacional para investigarlos y centralizar su custodia. Exigimos que en el temario de sesiones extraordinarias se incluya en el debate parlamentario el proyecto de Ley presentado por APEMIA en el mes de junio del 2014 para la creación de una comisión Investigadora Independiente.

5) Exigimos la disolución efectiva de la SI, Ex SIDE, todos los servicios de inteligencia y la destitución de Milani».

Buenos Aires, 27 de enero de 2015

Adhieren: CTA-Autónoma; APEMIA; Asociación Ex Detenidos-Desaparecidos; Dialogo 2000; Serpaj; Jubileo Sur; Fundación La Alameda; Laura Ginsberg; Adolfo Pérez Esquivel; Carlos Custer; Diputado Víctor De Gennaro; Diputado Claudio Lozano; Diputada Alcira Argumedo; Senador Pino Solanas; Diputado Alejandro Bodart; Graciela Iturraspe, Diputada Mandato Cumplido (MC); Jorge Cardelli, Diputado Mandato Cumplido (MC); Vilma Ripoll, Diputada Mandato Cumplido (MC); Rubén “Pollo” Sobrero; Frente Popular; Unidad Popular; Partido Comunista Revolucionario; MST; Nueva Izquierda; Corriente Emancipación Sur; Camino de los libres; Partido del Trabajo y el Pueblo; Buenos Aires desde Abajo; Confluencia MPLD-MTK en el Frente Nacional Unidad Popular; Comité de Reconstrucción del Comunismo Revolucionario; Corriente Clasista y Combativa; Barrios de Pie; Movimiento Teresa Vive; ATE; FeTERA; Luz y Fuerza; FESPROSA; CICOOP; Liber Pueblo; Tendencia Piquetera Revolucionaria Continúan las firmas…

La Federación Nacional Docente (FND-CTA), reunida el Jueves 12 de febrero en la sede Nacional de la CTA Autónoma, anunció que tras una jornada nacional de lucha que se realizará el próximo 2 de marzo, instalarán una Carpa Blanca frente al Obelisco. Además expresaron su total solidaridad con la lucha de los docentes santiagueños y CISADEMS.

Durante el encuentro, que nucleó a dirigentes docentes de los diferentes gremios que ingran la Federación Nacional Docente se compartieron las preocupaciones y reivindicaciones que hoy los movilizan y que impulsan un Plan de Lucha a partir de día 2 de marzo.

En ese sentido hacen llegar la invitación a compartir la organización de una de las acciones que planifican para la nacionalización del conflicto docente. Se trata de realizar una Caravana Educativa prevista para el 2 de marzo, la que coronará con la instalación de una Carpa Blanca -en un lugar emblemático de la Ciudad como el Obelisco (en su Plaza de la República)- que exprese, durante su instalación, la problemática docente y educativa de las provincias y distritos argentinos en el centro político y económico del país, sede de las autoridades nacionales.

Así como en aquel 21 de marzo del 2014, las organizaciones de la Federación Nacional Docente (FND-CTA) y CISADEMS «nos encontramos en la Marcha Blanca Docente desde el Congreso a la Plaza de Mayo y expresamos entonces nuestros reclamos por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, también queremos hacerlo en este 2015. Por ello la invitación».

Asimismo, ante las acciones de represión y/o persecución a docentes que se manifiestan en defensa de sus derechos en la provincia de Santiago del Estero, hacen público el más categórico repudio a todo tipo de violencia, persecución o represión: «responsabilizamos y exigimos al gobierno provincial por el cese inmediato de toda forma Criminalización de la protesta y nos solidarizamos activamente con ustedes».