Con la firma de Pablo Micheli y Adolfo Aguirre, secretario General y de Relaciones Internacionales, la CTA envió ayer una carta a los presidentes de bloques de la Cámara de Diputados de la Nación fijando la posición de la Central ante el tratamiento de hoy de los acuerdos con China en la Cámara Baja.
La misiva de la CTA señala lo siguiente:
«Por medio de la presente, y en tanto que representante de los trabajadores, la CTA-Autónoma viene a expresar su preocupación respecto a los últimos acuerdos firmados entre el Gobierno argentino y el Gobierno chino, particularmente respecto al “Convenio marco de cooperación en materia económica y de inversión”, y a solicitar que no sea aprobado por vuestro Bloque de Diputados, en la sesión de mañana miércoles 25 de febrero.
La preocupación radica por un lado, en la falta de información respecto a cuál será la modalidad de implementación de este Convenio, de los acuerdos complementarios firmados en este marco, y de los acuerdos que ya han comenzado a ejecutarse incluso antes de haber sido ratificados por el Congreso.
En tanto el presente Convenio atañe al posicionamiento estratégico de nuestro país en relación a potencias extranjeras y por ende implícitamente al posicionamiento respecto a los bloques regionales de los cuales formamos parte; determina igualmente el modelo de intercambios comerciales, financieros y el esquema de desarrollo productivo que se busca implantar a futuro, la preocupación adquiere carácter trascendente para toda la Nación».
La pregunta que surge de estos acuerdos es, por un lado, la posición estratégica que nuestro país adoptará de cara a potencias extranjeras y de cara a los procesos de integración con los pares de América Latina.
A lo largo de su historia nuestro país ha establecido relaciones asimétricas con las potencias mundiales hegemónicas de cada época, que lo han dejado en una situación de virtual dependencia, gracias a la connivencia condescendiente de actores nacionales con grandes intereses económicos en el establecimiento de estas relaciones. Primero fue con Gran Bretaña, en el siglo XIX, y luego con Estados Unidos en el siglo XX.
La relación con Estados Unidos vivió sin embargo una suerte de paréntesis en la década que va del ’45 al ’55 cuando se logró poner por sobre los dictados de la potencia del norte, los intereses del desarrollo nacional.
Estados Unidos vio también doblegada su voluntad de imponer modelos económicos a nuestra región latinoamericana cuando en el 2005 el movimiento sindical y social unido en un acto de movilización genuino y de defensa de los intereses del pueblo logró detener el ALCA, y con ello un modelo neoliberal que hubiera puesto en jaque el desarrollo y la independencia de nuestros países.
¿China será la tercera potencia con la que estableceremos este tipo de relación? La preocupación no parece ser infundada. Al igual que Gran Bretaña y Estados Unidos en los siglos precedentes, China hoy es una verdadera potencia. De la relación entre Argentina y China en la presente coyuntura, se deduce el carácter profundamente asimétrico del vínculo, en tanto nuestro país provee a China de materias primas y bienes con bajo contenido de valor agregado e importa productos chinos manufacturados con niveles de bajo, medio y alto contenido tecnológico, lo que ha consolidado una balanza comercial deficitaria por alrededor de 5 mil millones de dólares sólo en el último año.
Asimismo, es en el período 2009-2014, cuando comienza a profundizarse un desequilibrio cada vez más importante en la balanza comercial bilateral, que le permitió a China hacerse de un superávit acumulado de más de u$s 21.000 millones.
Por otra parte, sería ingenuo pensar que un Estado con el carácter de potencia económica emergente que ha adquirido China establezca relaciones comerciales, financieras y productivas en pie de igualdad o mutuo beneficio con otras naciones cuando acapara el 15% del volumen del comercio mundial y crece a tasas anuales cercanas al 8%. Esta ecuación resultará, en la práctica, de muy difícil materialización, debido a la gran asimetría de nuestros países, lo cual podría restringir seriamente la competitividad de nuestros productos en relación a los elaborados en China.
Seguir posicionándonos como exportadores de materias primas e importando productos y maquinarias de alto valor agregado, acentúa el circuito de primarización de nuestra economía y nos condena a una situación de relegamiento en nuestro desarrollo.
Téngase en cuenta, que las exportaciones argentinas se encuentran concentradas en muy pocos productos de reducido valor agregado. Entre 2003 y 2013 casi un 85% de las mismas se concentró en tres productos: porotos de soja (55,46%), aceite de soja (19,27%) y petróleo crudo (10,04%). En la actualidad un 96% de la canasta exportadora argentina a China se compone de Productos Primarios o Manufacturas Basadas en Recursos Naturales, mientras que, por el contrario, como se comentó anteriormente, las importaciones provenientes de aquel país se encuentran diversificadas en varias manufacturas de bajo, medio y alto contenido tecnológico, en muchos casos desplazando la generación de empleo local. El caso más nítido es la compra a China de locomotoras, coches y material ferroviario que podrían producir los trabajadores de EMFER.
Por estos motivos podemos afirmar que el tipo de vínculo comercial de la Argentina con China reorienta los factores de producción hacia actividades de menor contenido de valor agregado y generación de empleos.
Por otro lado, el hecho de ser un país a la vez receptor de una gran cantidad de moneda extranjera (swap acordado por 11 mil millones de dólares), y de inversiones de una gran potencia, nos retrotrae indefectiblemente a una situación que ya hemos vivido antes. Quizás sin la imposición de medidas de austeridad por parte del FMI, pero indefectiblemente atando nuestro futuro a los intereses de una potencia extranjera.
Merece también ser agregado el antecedente de las experiencias de otros países que han establecido acuerdos de similares características con China. En el continente africano y particularmente en los casos de Angola y Sudáfrica, el impacto que estos acuerdos podrían generar resulta ser de dudoso beneficio para el país receptor de las inversiones. Esto sobre todo a nivel de las condiciones laborales de los trabajadores, del desarrollo de la industria local, de la calidad de la infraestructura y de la preservación de soberanía.
Por otro lado, la escasa información con la que se cuenta en relación a cuáles serán las modalidades de implementación de los acuerdos generan grandes inquietudes en varios aspectos. En el Convenio marco se establece un proceso de adjudicación directa: las compras que el sector público realice que estén enmarcadas en el Plan integral pactado entre los dos países, podrían darse por adjudicación directa, siempre que estén financiadas por China y que se efectivicen “en condiciones ventajosas de calidad y precio”. Esto quiere decir que se dará prioridad a China en los procesos de adjudicación de obras públicas importantes, lo que irá en detrimento de darle privilegio a empresas nacionales o de la región que a su vez podrían aportar insumos y maquinarias locales.
Asimismo, se le otorgará a China “el Proceso de adjudicación más ventajoso que se utilice en programas de cooperación similares con otros países en relación con proyectos del sector público establecidos en el Plan Integrado”; esto, en la práctica, implica otorgarle a este país las mismas oportunidades que se le reconocen a otros países como por ejemplo a los socios regionales. A su vez, en el artículo sexto del Convenio Marco, se abre la posibilidad de que fuerza laboral de origen chino, pueda entrar al país en condiciones paritarias con la fuerza laboral nacional. Si bien en el Senado se intentó ensayar una propuesta de enmienda a esta cláusula, es importante recordar que, en lo que respecta a Tratados Internacionales, el Congreso tiene sólo potestad para ratificar o rechazar el acuerdo y no para modificarlo.
Todas estas cuestiones, sumadas al hecho que en la práctica vemos acrecentadas las importaciones chinas en sectores donde existe una importante industria nacional, como es el caso ferroviario y el del Belgrano Cargas particularmente, nos llevan a interrogarnos sobre el rol que, en la práctica, jugará Argentina en su relación estratégica con China.
Por su parte, en lo que se refiere a la solución de controversias que pudieran surgir en alguno de los ejes de vinculación que se abren con perspectivas de inversión, lo cual está pautado en el artículo 8 del Convenio. En el texto, se afirma que “las Partes procurarán resolver mediante negociaciones directas cualquier controversia que pudiera surgir entre ellas en relación con la interpretación y aplicación del presente Convenio Marco y de cualquiera de los instrumentos concertados en el marco de dicho Convenio”.
En este sentido, no hay menciones concretas a la habilitación de cualquier otra jurisdicción para dirimir disputas abiertas si es que no se llegara a un acuerdo a través de negociaciones directas, lo cual no significa que haya que poner el foco en los acuerdos sectoriales que se firmarán, a los efectos de corroborar si se establecerá esta fórmula de manera definitiva cuestión que sería realmente auspiciosa- o si se habilitarán otros mecanismos, lo cual no deja de ser una duda preocupante, dados los antecedentes ya consumados, como el acuerdo con Chevron y la cesión permanente de jurisdicción soberana. Ahora, sí son preocupantes las condiciones en que podría denunciarse el acuerdo.
En efecto, esto puede hacerse, pero, la renuncia al tratado mediante la denuncia internacional, no afectará en modo alguno la aplicación de cualquier convenio específico concluido en el marco de este Convenio general. Ello significa que todo lo pactado y que ya se encuentra en vías de instrumentación, es un acuerdo en firme y su vulneración y/o desconocimiento, implicaría que China pueda recurrir la decisión argentina.
En este marco, es importante poner la lupa sobre dos de los acuerdos que ya se están instrumentando en la perspectiva de esta cláusula. Por un lado, el acuerdo espacial, por el cual se le otorga a China un predio de 200 hectáreas en la provincia de Neuquén, con el objetivo de instalar una estación de observación del espacio profundo. Ese convenio, debe aún ser aprobado por el Congreso y, sin embargo, su construcción ya comenzó, lo cual señala la gravedad institucional del asunto. Aquí se reproducen condiciones de acuerdo que tienen que ver con beneficios impositivos por 50 años e inmunidades para personal chino que deba instalarse en el país para operar la futura central de observación espacial. De fondo, otra duda inquietante: si el personal chino que vendrá al país, será sólo civil o habrá personal militar, lo cual no puede ser descartado con total certeza, lo mismo que la duda más inquietante aún, de si existen o no cláusulas secretas.
El otro acuerdo cuya construcción ha comenzado, refiere al ámbito energético y son las dos represas sobre el río Santa Cruz, que habían sido adjudicadas a un consorcio integrado por Electroingeniería y Gezhouba, entre los principales integrantes. Ambas represas, serán financiadas por un pool de bancos chinos e implicarán la provisión de turbinas y otros equipos fundamentales por parte de China. Del monto total acordado, unos u$s 4.700 millones, se ha liberado un primer tramo por un total de u$s 287 millones en los primeros días de febrero de 2015. En este acuerdo, se observa el tipo de relación que se propiciará como muestra: China financia, provee los equipos con mayor valor agregado y la Argentina se quedará con una obra fastuosa que ha generado enormes dudas y resquemores de la población local en lo que respecta al real impacto ambiental que dos obras de esta magnitud podría tener sobre el lago Argentino y el Glaciar Perito Moreno. Por cierto, estas represas significarán unos 1740 MWh de potencia instalada,- lo cual representa alrededor del 5% del total en materia de generación en todo el sistema eléctrico-, pero, más allá del número, lo realmente significativo es si, de cara a pensar una matriz energética más diversificada y sostenible, la Argentina puede seguir avanzando en obras de semejante envergadura, en áreas glaciarias y en condiciones ambientales de alta exposición en lo que respecta a la posibilidad de daños irreparables al entorno natural.
Sin embargo, si se piensa la obra en el marco del avance y consolidación de un proyecto extractivista a gran escala, estas obras son relevantes en función de que buena parte de esa energía generada, será utilizada a los efectos de consolidar un proceso productivo altamente dependiente de la explotación de nuestros bienes naturales.
Ahora, en el desarrollo de estos megaemprendimientos hidroeléctricos, habrá una alta probabilidad de contar con personal técnico altamente calificado de origen chino, aspecto que ha sido recurrentemente aludido con preocupación por diversos sectores empresariales locales en el marco de algunas de sus organizaciones, como la Unión Industrial Argentina.
En este punto, sin embargo, es importante tener en cuenta un aspecto nada desdeñable, cuando de lo que se trata es de encarar una “relación estratégica integral” con un actor del peso específico de China; nos referimos, en concreto, a que si los convenios a aprobarse supondrían la posibilidad de aplicar, de manera paritaria, el principio de reciprocidad en lo que respecta al intercambio mutuamente beneficiosos de fuerza laboral altamente calificada, con el objetivo de proveer a la conformación de emprendimientos binacionales en sectores de alta tecnología y valor agregado, estaríamos, seguramente, ante otro panorama.
Pero, por lo que hasta ahora se conoce y dadas las características desiguales del vínculo bilateral, un efecto virtuoso de esas características, debería ser parte de un rediseño integral de la relación entra ambos países, de la que surja, muy claramente, qué sectores industriales y de alta tecnología y con efectos multiplicadores relevantes para la economía se buscarán promover desde nuestra conducción política como Estado soberano.
En efecto, si este tipo de cosmovisión alumbrara claramente desde las más altas esferas de la política y la economía de nuestra clase dirigente- sea política, empresarial o sindical podríamos advertir que siempre hay espacio disponible para el replanteo estratégico de una relación de estas características, en función de proveer a un desarrollo diferente, que nos saque del derrotero por el que nuestro país transita en términos productivos, ya que, bajo estas condiciones, más que una complementariedad virtuosa con los hermanos chinos, lo que obtendremos es una profundización de los procesos de primarización de nuestra economía, bajo el paradigma siempre presente del extractivismo como modelo de crecimiento e inserción internacional.
Ante este factible desarrollo del esquema de relación bilateral, es importante poner la mirada en otro sector clave, como el nuclear, ámbito en el que la Argentina obtendrá también financiamiento preferencial de parte de los chinos para la construcción de la nueva cuarta central nuclear, Atucha III. En este sector, valen nuevamente las dudas antes formuladas, que pivoteaban en los mecanismos de transferencia de tecnología y en la posibilidad de fortalecer redes de proveedores locales nacionales, fuertemente relacionados con el desarrollo de los más amplios campos en los que la industria nuclear argentina- de reconocida excelencia en el mundo- puede actuar tanto como proveedor confiable como generador de valor agregado y alta tecnología.
En concreto, para que ese camino pueda ser encarado exitosamente por nuestro país, necesitamos dotar al área nuclear, en el marco de los acuerdos con China, de una potencialidad de complementariedad y convergencia, que sea mutuamente beneficiosa, más allá de lo que ya está asegurado con el financiamiento preferencial para la central. Es decir, si la relación estratégica bilateral nuclear termina con el proceso unilateral inversor, no habremos dado los pasos necesarios para avanzar en un tipo de relación cualitativamente diferente, que deje frutos reconocibles a ambos actores involucrados.
Allí también, la posibilidad de articular acuerdos específicos que permitan orientar procesos de intercambio laboral y de conocimiento intensivo en tecnología nuclear aplicada, dependerá fuertemente de la capacidad, voluntad y cosmovisión de los distintos actores de la República Argentina. Y es allí, nuevamente, donde observamos las graves falencias en términos del horizonte de la mirada estratégica.
Para concluir, nos preguntamos si con este tipo de convenios se aplaza virtualmente la posibilidad de generar lazos reales de cooperación con otros países de América Latina.
El hecho de cerrar convenios de inversiones que acuerden preferencia y adjudicación directa, otorgando beneficios especiales que equiparan a China a otros socios estratégicos de la región, nos aleja concretamente de pensar una estrategia superadora que permita despegarnos de la dependencia extranjera.
Para esto se deberían crear, no sólo en el papel si no en la práctica, áreas de desarrollo estratégico común, incluyendo innovación y tecnología, políticas externas y de financiamiento común en toda Latinoamérica. Si la vocación de los organismos regionales creados (Unasur, Celac, etc,) es generar una verdadera integración, deberían los países miembros materializar su integración en cuestiones prácticas y superadoras, en vez de sentarse a firmar acuerdos con otras potencias.
Es por ello que en tanto que representantes de los trabajadores de Argentina, solicitamos se rechace el Convenio y se abra un verdadero debate que incluya a todos los sectores interesados.
Consideramos que acuerdos estratégicos de una envergadura tal como el presente, que marcarán la vida de nuestro país en los años futuros, no pueden pasar por el tamiz de los mecanismos de aprobación legislativos sin una correcta información y sin un verdadero debate público de cara al pueblo que afrontará las consecuencias futuras».
El encuentro fue en la sede nacional de la Central el miércoles por la tarde. Pablo Micheli y otros dirigentes del secretariado de la CTA Autónoma analizaron con Omar Príncipe y otras autoridades federadas la necesidad de seguir trabajando conjuntamente en la Multisectorial.
Jornada Nacional de Lucha con paros y marchas para el próximo 17 de marzo bajo las siguientes consignas: inmediata apertura del Consejo del Salario; salario mínimo, vital y móvil de 12.000 pesos; derogación del Impuesto al Salario; 82 por ciento móvil para los jubilados; cese de despidos y suspensiones; fortalecer la lucha contra la precarización laboral y exigir la derogación de la Ley Antiterrorista.
