El pasado 11 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la decisión de suspender, durante el receso de verano, la entrega de la magra canasta nutritiva con que contaban durante la pandemia miles de familias que vieron afectada su economía. Casi en paralelo, la ciudadanía se enteraba que a partir del 2021, las familias que pretendan enviar a sus hijos al jardín de infantes público, deberán certificar su pobreza para acceder a la posibilidad de conseguir una de las poquísimas vacantes que existen en dicho nivel educativo.
Ambas medidas de recorte y de ajuste,
no solo atentan directamente contra los derechos de las niñas y
niños, sino que también contradicen la propia Constitución de la
ciudad que gobierna Juntos Por El Cambio (en sus distintas
denominaciones) desde hace más de una década y sientan un peligroso
antecedente para otros niveles educativos y otras materias de dominio
público, como podría ser la salud.
A raíz de este atropello -llevado adelante con la veña automática del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad- la CTA Autónoma Capital junto a la Unión de Trabajadores de la Educación Capital (UTE), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FIUBA (CLIC), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional CABA, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) y la Defensoría de Laburantes, acudió a la Justicia para proteger el derecho de alumnos y estudiantes de la Ciudad.
Consultada sobre esta problemática, Margarita Contarelli, Directora de Escuela Pública, Educadora Popular e integrante de la Mesa Ejecutiva de la CTA A Capital, aseguró: “En la Ciudad de Buenos Aires desde hace unos 13 años, primero con Mauricio Macri y ahora con Horacio Rodríguez Larreta, han llevado adelante una cruel política de desfinanciamiento en muchas áreas. Entre ellas, la Educación Pública: la falta de inversión en libros, material didáctico y la nefasta decisión de dejar de entregar netbooks -que tanta falta hicieron este año-, son parte de los problemas que se fueron agudizando y que además exponen su desdén hacia nuestras niñeces, al tiempo que otorgaron mayores subsidios a la Educación Privada. Tengamos presente el problema que acarrea la falta de vacantes, la informatización de la tramitación de las becas para los comedores y de todo el problema que conlleva el manejo de las tecnologías para nuestras familias. A lo que se suma la extrema burocratización, la proliferación de múltiples plataformas que han costado mucho dinero y que no fueron efectivas”.
“Este desfinanciamiento se ha
visto en todos los niveles: desde no querer reconocer integralmente a
nuestros bachilleratos populares hasta los últimos anuncios de
desentenderse de la atención de las y los más pequeñitos: un
derecho además explicitado en la Constitución de la Ciudad”,
agregó Contarelli.
La entrega de las Canastas Escolares
Nutritivas fue una política de emergencia por la que se continuó la
asistencia alimentaria que antes recibían los chicos y chicas en las
aulas. De esta manera, los mismos consignatarios continuaron
trabajando, entregando en más de 1.250 escuelas los tres servicios
-desayuno, almuerzo y refrigerio, según correspondiera, con una
frecuencia quincenal desde el 1° de abril hasta el pasado 11 de
diciembre-.
La causa con cuya firma acompaña
la CTAA Capital fue caratulada como “Unión de Trabajadores de la
Educación – Capital y otros contra GCBA sobre amparo – asistencia
alimentaria y otros subsidios”, Expediente. N° 183659/2020-0, y
quedó radicada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario N° 23, a cargo del Doctor Francisco
Ferrer.
María Eva Koutsovitis, Ingeniera
Civil, Integrante de la CLIC y del Frente de Organizaciones Salvador
Herrera de la CTAA Capital, puntualizó que “La necesidad
alimentaria del alumnado y del estudiantado no tiene vacaciones: el
45,9% de la niñez porteña habita en hogares cuyos ingresos no
superan la línea de la pobreza”.
Así mismo, la compañera explicó
que junto a otras organizaciones “Acudimos a la Justicia para
proteger el derecho a la alimentación de les alumnes y estudiantes
de la Ciudad. Y repudiamos el sistemático ataque a la Educación
Pública por parte del gobierno porteño y del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad, quienes intentan destruir los principios de
universalidad, gratuidad, inclusión, igualdad y prohibición de
discriminación y segregación de nuestra Educación Pública”.
La decisión de Horacio Rodríguez Larreta de reducir la oferta de la Educación Pública al universo de familias que cumplan los requisitos de pobreza, comenzó por los jardines de infantes. Pero, además de su inconstitucionalidad, esta medida puede sentar el precedente para avanzar de idéntica manera sobre la educación primaria y secundaria, librándose el gobierno porteño de la construcción siempre prometida de nuevas escuelas para la creciente demanda de vacantes; los sueldos del personal docente y no docente y mantenimiento de edificios; al tiempo que beneficia el negocio de la educación privada.
En referencia al tema, Ramiro Gerber, de la Asociación por los Derechos Humanos CABA, expresó: “Hace tiempo que venimos trabajando en construir la mayor unidad posible con el objeto de aportar a la defensa de los derechos humanos básicos que el Estado de la Ciudad vulnera sistemáticamente y en todos los sentidos posibles. Es por ello que habiéndosenos invitado a participar de esta presentación judicial contra la suspensión de la entrega de alimentos y la discriminación que comporta la reducción del acceso a la Educación Pública, no dudamos en hacerlo: les niñes deben nutrirse y comer, atentar contra ello es la vulneración de un derecho humano básico como el de la alimentación.”
A raíz de esta problemática, las
organizaciones mencionadas impulsan un pedido de juicio político a
los Jueces de la Mayoría Automática del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de Buenos Aires -Marcela De Langhe, Inés M.
Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano- por destruir los
principios de universalidad, gratuidad, inclusión, igualdad y
prohibición de discriminación y segregación de cualquier tipo, que
forman parte del paradigma de la Educación Pública al establecer
que el GCBA sólo tiene obligación de brindar una vacante antes de
la escolaridad obligatoria a las persona que demuestren que no pueden
pagar una escuela privada. Además de sus fallos a favor de la
destrucción del patrimonio y la enajenación de espacios públicos.
Este mediodía la CTAA Capital
participó junto a otras organizaciones y a Legisladores y
Legisladoras de la Ciudad de una conferencia de prensa, a través de
la cual exigieron juicio político a los jueces que avalaron la nueva
limitación para acceder vacantes en el jardín de infantes.
Allí, Claudio Lozano, Coordinador del
Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, expresó: «En
un año la Ciudad de Buenos Aires tiene 331 mil pobres más que un
año atrás. Actualmente son 926 mil las personas pobres, de las
cuales 439 mil no pueden cubrir el costo de una canasta básica sólo
de alimentos. Con el objetivo de garantizar el derecho a la
alimentación, a la salud y a la vida de los estudiantes y alumnos
hemos recurrido a la Justicia para que ordene al GCBA a continuar
durante el período de receso escolar con la prestación del servicio
alimentario realizado a través de la entrega de la Canasta Escolar
Nutritiva, respetando el derecho de los docentes y directivos a las
vacaciones tal como reconoce el Estatuto del Docente».
Por su parte, Jonatan Baldiviezo, del
Observatorio del Derecho a la Ciudad, agregó: “El Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires ha decidido interrumpir esta prestación
alimentaria, la Canasta Escolar Nutritiva, con el argumento de que ha
finalizado el ciclo lectivo aún cuando continúa la crisis económica
y sanitaria reconocida por el propio Gobierno. La economía de las
familias que recibían la Canasta Escolar Nutritiva no ha mejorado
desde el inicio de esta política. Las necesidades que el GCBA
advirtió al decidir transformar el servicio dado en los comedores
escolares en una prestación alimentaria por afuera de los
establecimientos educativos aún continúan».
Al mismo tiempo, las organizaciones se
encuentran juntando firmas de adhesión al Juicio Político a los
Jueces del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad por destruir la
Educación Pública. Para sumar la adhesión ingresar al siguiente
link: https://www.change.org/JuicioPolíticoxEducaciónPública