Entre los días 2 y 6 de abril pasados, Carolina Ocar, Secretaria de Comunicación de la CTA, y Silvia León, Secretaria de Organización de ATE, viajaron hacia los campamentos de refugiados saharauis – situados en el territorio argelino de Tindouf.
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La Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica-CTA) ratificó el paro que se lleva a cabo desde hoy y se extenderá toda la semana, a pesar que el Ministerio de Educación de la Nación anunció para el miércoles 15 la apertura de paritarias para el sector.
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Las primeras negociaciones salariales correspondientes al año 2015 ya están en marcha, y de su resultado dependerá que los trabajadores podamos recuperar la caída del salario real que experimentamos durante el año pasado.
Lo había anunciado en el Fogón por la Memoria, actividad cultural y reflexiva realizada en el Centro Cultural Olga Vazquez de La Plata, en los días previos a un nuevo aniversario del golpe genocida de 1976. Nora Cortiñas, referente de la organización Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, presentó un habeas corpus en la Cámara Federal de Casación Penal para que el jefe del Ejército, César Milani, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, declaren como testigos en la causa por el secuestro y desaparición de su hijo Gustavo, y sumó más líneas de investigación que apuntan al actual jefe máximo del ejército, como partícipe activo del estado represor del gobierno de facto.
Nora Cortiñas, referente de la organización de defensa de los derechos humanos Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, presentó un habeas corpus en la Cámara Federal de Casación Penal para que el jefe del Ejército, César Milani, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, declaren como testigos en la causa por el secuestro y desaparición de su hijo Gustavo.
El pedido realizado por Cortiñas quedó a cargo de la Sala IV de Casación, luego de que el habeas corpus fuera rechazado por el juez de instrucción Ricardo Warley. Este cuerpo legal, está integrado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani.
Según indicaron los abogados de Cortiñas, Verónica Heredia y Eduardo Soares, la presentación tiene por objetivo, lograr que el actual Estado Nacional, brinden respuestas en relación al paradero de su hijo, desaparecido del que hasta el momento se desconoce tanto el paradero de sus restos, como la unidad militar o el centro clandestino donde estuvo detenido.
Es en el marco de esta investigación que Cortiñas solicitó que el jefe del ejército, César Milani, el Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sean convocados para que aporten la información que tengan sobre el paradero de su hijo.
Los sinuosos caminos de la in-justicia
En su momento el juez federal Daniel Rafecas, estableció en la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército, que el responsable del secuestro de Gustavo fue el general de brigada Carlos Alberto Martínez, integrante del Segundo Cuerpo de Inteligencia del Ejército, quien fue procesado en 2012 y un año después falleció.
Cortiñas y sus abogados descreen de la responsabilidad de Martínez por falta de pruebas directas sobre su participación en el hecho y porque tampoco se estableció el paradero de Gustavo, que es el objetivo de un habeas corpus.
El flamante jefe del ejército del kirchnerismo, Milani, fue convocado a declarar por su pasada participación y desempeño en la Inteligencia de la armada, compartiendo área con el sentenciado Martínez.
Por su parte, el ministro de defensa, Rossi, fue convocado a declarar para que brinde información en relación a los archivos de la fuerza aérea, encontrados en 2013 en el adificio Cóndor, para que se descarte la posibilidad de que allí exista documentación que certifique el secuestro y paradero de Gustavo.
Todos los caminos conducen a Milani
El jefe del ejército, Milani está acusado por la desaparición del conscripto Agapito Ledo, en junio de 1976, cuando era su asistente, a pesar de que el hecho quiso ser presentado como una deserción.
Además, a Milani, que en la última dictadura cívico-eclesiástica-militar se desempeñaba también como teniente en el batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja, se lo investiga por el secuestro y torturas sobre Ramón Olivera y su padre, quien quedó hemipléjico a raíz de los tormentos recibidos en una cárcel.
Fuente: Anred.org
«Reunidos en Panamá en el Foro Sindical de las Américas y bajo el lema “Las Américas que queremos”, representantes sindicales de trabajadores y trabajadoras de todo el hemisferio, aprobamos esta Declaración que convoca a continuar la lucha en defensa de los derechos sociales y laborales, por la plena vigencia de los derechos humanos y democracia participativa, por la autodeterminación y la soberanía de los pueblos, y por proyectos económicos ambientalmente sustentables».
«Venimos los últimos 15 años como movimiento sindical, junto con otros movimientos sociales, dando la pelea para que la región supere la larga ola neoliberal. En noviembre del 2005 en la ciudad Argentina de Mar del Plata, bajo la presión de movilizaciones populares que recorrieron todo el continente desde 1997, un grupo de gobiernos progresistas de América del Sur bloqueó la iniciativa para imponer el proyecto Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El ALCA hubiera sido la coronación de la ofensiva neoliberal que profundizó las desigualdades de género y juventud, y arrasó con los derechos sociales y laborales desde la década de 1980 en nuestra región. Su derrota mostró que se había abierto una nueva coyuntura en la región.
«Los gobiernos progresistas avanzaron en diversos países latinoamericanos en ese contexto post neoliberal. En diversos casos se mejoraron los niveles salariales, disminuyó la pobreza, hubo avances en la distribución más equitativa de los ingresos, disminuyó el desempleo y el empleo informal, entre otros indicadores socio-laborales positivos, en gran medida debido a la lucha de los movimientos sociales y sindicales a lo largo de este proceso.
«Esos avances están hoy en cuestión por presión de los mercados financieros internacionales que especulan contra las economías de nuestros países, exigiendo recortes de beneficios y salarios de los trabajadores/as, reducción de los gastos sociales y nuevas rondas de privatizaciones. Los sindicatos de la región nos oponemos decididamente a las políticas de austeridad fiscal, la privatización de los bienes y servicios públicos y los bienes comunes de la naturaleza, con las que se pretende hacer retroceder los derechos laborales y sociales duramente conquistados en el actual ciclo progresista en América Latina.
«En el momento presente, ninguna de esas conquistas parciales y localizadas está garantizada. Los tratados de nueva generación, como el TISA, TPP, TTIP, CETA y otros, profundizan y perfeccionan todo lo que repudiamos en el ALCA, o sea, desregulan la economía y liberalizan los servicios, profundizando un modelo de desarrollo que solo favorece a las empresas transnacionales, empeorando las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones. Repudiamos sus contenidos, siempre negociados con secretismo. Exigimos que todos los acuerdos que se están haciendo en la región sean resultado de un debate amplio, transparente y participativo de toda la sociedad.
«La crisis irresoluble del capitalismo coloca una enorme presión de los mercados y finanzas internacionales contra los pueblos. Debemos continuar avanzando sin permitir que las conquistas sociales retrocedan. Nuestros países precisan superar las deficiencias estructurales de economías dependientes de la extracción y comercialización de materias primas y promover modelos económicos diversificados y sustentables, desde una perspectiva de integración y cooperación regional solidaria que mire siempre atentamente a la dimensión social del desarrollo sustentable.
«De igual manera es imprescindible estructurar una política fiscal progresiva que grave las riquezas, las ganancias, la renta, el patrimonio y el consumo de lujo, para que los gobiernos tengan capacidad para mantener los niveles de inversión social adecuados. A su vez es preciso avanzar en un proceso de auditorías de las deudas externas odiosas e ilegítimas, las cuales continúan generando lazos de dependencia con acreedores extranjeros. El último ciclo positivo de nuestras economías estuvo apoyado fundamentalmente en la actividad primario-exportadora y ahora vemos cómo la caída de los precios internacionales de las commodities hace estragos en la capacidad económica y financiera de los gobiernos, lo que los puede llevar a la aplicación de las viejas recetas de ajuste, flexibilización laboral y recortes sociales.
«Después de más de una década de avances sociales en diversos países de América Latina y el Caribe, bajo administraciones progresistas, comienzan a hacerse evidentes los efectos de la recesión económica mundial, la pérdida de empuje en el crecimiento de las economías, por lo que no han parado de caer los niveles de pobreza, y las frágiles conquistas socio-laborales del período están bajo ataque del capital internacional para hacer retroceder lo que apuntaba a un nuevo paradigma de democracias sociales.
«La democracia está en jaque cuestionada por los poderes fácticos que buscan imponer los intereses del mercado financiero internacional y de las empresas multinacionales. En el caso de América Latina y Caribe, gobiernos electos democráticamente son sometidos constantemente al asedio, a veces violento, por parte de las élites y minorías poderosas que controlan la economía y que han optado por provocar rupturas, utilizando incluso mecanismos legislativos y judiciales para deponer estos gobiernos. Lucharemos firmemente contra todos aquellos que opten por medidas o acciones para deponer gobiernos de cualquier país de las Américas. Los medios de comunicación, concentrados oligopólicamente a nivel nacional e internacional, actúan como los mayores instigadores de estas agendas antidemocráticas y reaccionarias contra los intereses de las mayorías. Una “sociedad civil” construida a imagen y semejanza de los intereses minoritarios, racistas y reaccionarios, ocupa las calles y los espacios públicos para predicar un discurso de odio en contra de las conquistas populares.
«En EE.UU. y Canadá la situación de los/as trabajadores/as sigue siendo precaria, a pesar de que en términos de crecimiento económico esos países den señales tenues de recuperación. A pesar de la inversión multimillonaria en la última década para salvar empresas y bancos en EE.UU., han sido pocos los efectos sobre los y las trabajadoras, que vienen acumulando pérdidas en el poder de compra de sus salarios, están empleados en trabajos precarios, sin posibilidad de sindicalizarse y con tasas de desempleo que – aun habiendo disminuido- todavía no alcanzan la cantidad y calidad de los empleos que arrasó la crisis de 2008. El ataque de la derecha económica y sus referentes políticos mantiene un lobby multimillonario permanente para influir en los diferentes poderes del Estado y limitar la capacidad de los sindicatos y el poder de la negociación colectiva para amparar derechos. La recuperación de las economías del Norte se busca a través de nuevos ataques a los derechos sociales y laborales.
«En este marco se inscribe la agresiva estrategia del neoliberalismo destinada a incidir en la correlación de fuerzas que define la agenda de la OIT, ante lo cual el movimiento sindical de las Américas se ha posicionado firmemente y ha presionado a los gobiernos del GRULAC para asumir una postura a favor del mandato normativo y de control de la OIT y a reconocer expresamente que el derecho a la huelga, (que emana de los convenios fundamentales 87 y 98 de la OIT, y de otros tratados internacionales) está vinculado a la libertad sindical y la negociación colectiva. En América Latina y el Caribe aún se mantienen situaciones de vulneración de las libertades sindicales y de desconocimiento del papel de los sindicatos en su acción de promoción y defensa de los derechos. En varios países, incluso algunos con gobiernos progresistas, la relación con los sindicatos sigue siendo de conflicto y contradicción, lo que en nada favorece la posibilidad de estructurar una agenda democrática y en favor de las mayorías.
«El cambio climático es un problema urgente, ineludible y global que afecta a los Derechos Humanos. Es por tanto primordial un cambio de paradigma que implique una transición justa hacia una economía sustentable. Para ello es indispensable llegar a un acuerdo ambicioso con fuerza vinculante con un sistema común de medición, notificación y verificación en la Conferencia de las Partes de París, que incluya compromisos de adaptación y/o mitigación para todos los países coherentes con la contención del aumento de la temperatura global hasta un máximo de 2 °C.
«La juventud trabajadora de Latinoamérica y el Caribe, también enfrenta grandes desafíos marcados por la crisis financiera, como altas tasas de desempleo, trabajo precario, crecimiento del trabajo informal, entre otras cosas que limitan las oportunidades de los y las jóvenes de la región a obtener un trabajo digno y decente. La región tiene como compromiso empoderar a la juventud trabajadora y crear oportunidades para su desarrollo profesional y el pleno ejercicio de sus derechos políticos, laborales y sociales. Las y los jóvenes reclaman una educación al servicio de su desarrollo y no que se los forme como mano de obra precaria y explotada; ellos/as también tienen derecho a obtener trabajos decentes que contribuyan junto con todas y todos los trabajadores al desarrollo de nuestros países.
«Siendo este el cuadro de la presente coyuntura, el movimiento sindical de las Américas viene a Panamá a reivindicar la defensa de las conquistas históricas de los/as trabajadores/as, a reclamar de los gobiernos la adopción de políticas que favorezcan al conjunto de la población y no a los intereses de las elites empresariales y de las oligarquías de nuestros países. Los gobiernos de las Américas no pueden ceder al chantaje de los mercados financieros, las grandes corporaciones y los especuladores ocultos en los paraísos fiscales y sus operadores nacionales, estimulados por una derecha reaccionaria que se ampara en el monopolio mediático para crear caos y debilitar a los gobiernos que intentan frenar las apetencias del capital financiero. Es fundamental avanzar hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana, el cual deberá ser debatido este año, tal como promueve la Resolución 68/304 de Naciones Unidas, impulsada por Argentina a partir del ataque de los “fondos buitre”, que fuera aprobada por amplia mayoría en la Asamblea General de septiembre de 2014.
«El movimiento sindical de las Américas no solo estará en las calles para defender los legítimos intereses de la clase trabajadora, sino también en los escenarios donde se deben debatir y decidir las políticas que permitan superar esta coyuntura de crisis y desaceleración económica.
«El movimiento sindical tiene en la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) el instrumental de propuestas en los diferentes ámbitos del desarrollo sustentable, que permita no sólo dar respuesta al momento que vive la región, sino, en un horizonte estratégico, avanzar en un modelo apoyado en las cuatro dimensiones del desarrollo sustentable (política, económica, social y ambiental) y su necesaria articulación, para responder de manera equilibrada a los desafíos de economías al servicio de nuestras sociedades, con garantía de plenos derechos sociales, con participación democrática y protagónica, igualdad y preservación del planeta para las generaciones presentes y futuras.
«En el marco de la realización de la Séptima Cumbre de las Américas, colocamos la PLADA de cara a los gobiernos y expresamos nuestra intención de avanzar en el camino que nos permita ser actores de los cambios necesarios para nuestra región. Como actores del desarrollo estamos preparados para el desafío de construir las Américas que queremos, con inclusión, justicia social, igualdad, trabajo decente y mayor democracia.
«Defendemos el desarrollo y la cooperación como políticas de Estado, basadas en el enfoque de derechos. Rechazamos la promoción del papel protagónico del sector privado como actor de desarrollo, en sustitución de la responsabilidad del Estado, en particular en los actuales debates internacionales sobre la Agenda post-2015 y la financiación para el desarrollo.
«En ese marco cualesquiera sean los bancos de Desarrollo, deben dialogar con el movimiento sindical y la sociedad como un todo. Es inaceptable que el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- siga sin establecer un foro de diálogo con el sindicalismo regional y sin adoptar cláusulas laborales como condicionantes a sus préstamos, como ya hicieron otras instituciones financieras internacionales.
«Consideramos importantes los procesos como la UNASUR, la CELAC y las demás iniciativas integradoras, que son reflejo de la madurez de nuestros pueblos y gobiernos para presentarse como un bloque que participa de la disputa geopolítica mundial, no desde la competencia y la dominación, sino desde la solidaridad, la complementariedad y el reconocimiento de nuestra diversidad social, política, étnica y cultural. «Es por ello que estas instituciones deben dotarse de instrumentos y políticas claras que logren consolidar efectivamente a estos organismos y a otros como el Mercosur, para que actúen como bloque económico, político y social en pos de trabajar para un nuevo modelo de desarrollo regional que permita terminar con la lógica de primarización y de dependencia financiera de nuestros países.
«La soberanía, la autodeterminación y la paz deben ser la condición fundamental en las relaciones entre los Estados y sus pueblos. Acompañamos positivamente el proceso de negociación de paz en La Habana desarrollado por las FARC-EP y el gobierno colombiano, esperando pueda ser extendido en una mesa de diálogo con el ELN.
«En este sentido, también saludamos el avance en el reconocimiento de la legitimidad del gobierno cubano y del derecho a la autodeterminación de su pueblo, por ser parte integrante de la comunidad de naciones de este hemisferio. Este avance tiene que coronarse no solamente con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba, sino también con el fin del bloqueo económico, financiero y comercial a la Isla.
«Por el contrario, rechazamos la reciente declaración del presidente de los EE.UU., Barack Obama sobre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, porque constituye un acto de injerencia interna en un país soberano y no contribuye a la resolución del conflicto interno. Consideramos que la situación política en ese país debe resolverse internamente, con diálogo entre las partes, de forma democrática y sin ningún tipo de amenazas o intervención externa. Acompañamos la solicitud de los gobiernos de la UNASUR y la CELAC para que se suspenda esta medida y ambos gobiernos retomen un diálogo constructivo y respetuoso, que contribuya a la superación de los problemas que hoy aquejan al pueblo venezolano, con apego a su Constitución y a la institucionalidad democrática.
«Las Américas deben ser un continente de paz, sin ninguna presencia de bases militares extranjeras en nuestros países, particularmente la presencia militar del Reino Unido en las Islas Malvinas. La consecución de esa paz radica también en una acción activa y duradera de defensa de los derechos de minorías, que proteja a los trabajadores migrantes, así como las libertades fundamentales de los pueblos originarios, y la vida de todos aquellos que deciden enfrentarse a las políticas de exclusión y de violencia; en este marco, exigimos el rápido esclarecimiento y castigo a los culpables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México.
«La cárcel de Guantánamo es una afrenta a los derechos humanos en el hemisferio. Hay personas que han estado detenidas por más de 10 años sin cargos. Por un lado, hacemos un llamado a los EEUU para cerrar la cárcel de Guantánamo; por otro, pedimos a países de la región que ofrezcan acogida a estas víctimas de abusos de los derechos humanos.
«A pesar de experiencias exitosas en la región y progresos en la lucha contra la desigualdad, viejas propuestas de desarrollo que ya han fracasado en las últimas décadas han vuelto a aparecer. La “Alianza para la Prosperidad” adoptada por los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala con el BID, se ofrece ahora como una solución a los problemas de violencia, gobernabilidad, falta de oportunidades y trabajo decente en estos países. Apoyamos el principio de dar mayor atención y asistencia a los países que atraviesan dificultades persistentes, pero nos preocupa la tendencia de reproducir los errores del pasado con recetas de flexibilización laboral, financiamiento de infraestructura sin contrapartes o condiciones, impactos negativos a los derechos humanos de muchas comunidades, énfasis en sectores de explotación para exportación y todas las variables recetas de la ortodoxia del mercado. Como mínimo, este apoyo debe contar con procesos de consulta y control social y requisitos de trabajo decente en las obras de infraestructura.
«Expresamos nuestra profunda condena por la grave situación de vulneración de derechos humanos en República Dominicana que afecta actualmente a millares de migrantes haitianos y de dominicanos de ascendencia haitiana y a sus familias, cuyos derechos a la nacionalidad han sido violados y por ello se encuentran, expuestos a una inminente, e injusta y masiva deportación así como a acciones violentas de discriminación. Exigimos de ambos gobiernos inmediatas acciones para corregir esa situación.
«Es necesario superar toda forma de violencia, especialmente la de género, que afecta a millones de mujeres en lo privado y en los lugares de trabajo. Pugnar por erradicar los impactos diferenciados que las vulneran en mayor medida, así como impulsar la igualdad sustantiva, es una tarea que permitirá revertir las condiciones de desigualdad que existen. Erradicar todo tipo de discriminación, entre otras cosas, permitirá liberar las fuerzas productivas y creadoras de millones de mujeres y hombres a quienes hoy les son negados sus derechos por su condición racial, origen étnico, edad, sexo, preferencia u orientación sexual.
«Defendemos que en este contexto la Organización de Estados Americanos (OEA) debe responder a la realidad de ser un órgano de una región asimétrica, diversa y heterogénea y su papel debe ser el de construir un equilibrio democrático frente a esa realidad. La autonomía y la autodeterminación de naciones, pueblos y gobiernos deben ser un principio central para avanzar en un verdadero proceso de integración regional. Un desafío para el futuro de este organismo hemisférico es asegurar que la presencia y participación de la sociedad civil organizada de la región se corresponda con su diversidad, legitimidad y representatividad, que refleje las realidades de nuestras sociedades. En esa misma dirección, saludamos la aprobación de los convenios A 68 y A69 contra toda forma de discriminación en la Región.
«Estas son las reivindicaciones y apuestas del movimiento sindical de las Américas. La cita de Panamá ratifica nuestra agenda y señala nuestro camino de movilización y lucha junto con otros movimientos sociales y fuerzas transformadoras a lo largo y ancho de este continente, para avanzar en nuestra aspiración común de justicia, igualdad, soberanía, paz y desarrollo sustentable».
Esta declaración fue adoptada por el Consejo Ejecutivo de la CSA y sus 56 organizaciones afiliadas, con la participación y adhesión de la ISP Américas, UNI Américas, ICM, la CSBT de Venezuela, PITCNT del Uruguay, la CTC de Cuba, la CTA-A de Argentina y el Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA).
Ciudad de Panamá, 9 de abril de 2015
Con un firme llamado a que se derogue el decreto presidencial que amenaza a Venezuela, militantes de una treintena de organizaciones acamparon este viernes 10 de abril frente a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Las carpas llenaron el terreno frente a la misión diplomática en la avenida Sarmiento que desemboca en la céntrica Plaza Italia.
La movilización se efectuó bajo cuatro consignas: «Fuera yankis de América Latina», «Fuera ingleses de Malvinas», «Obama anula el decreto ya» y «Venezuela se respeta».
El secretario de Relaciones Institucionales de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA Autónoma), Fernando R. Cardoso, manifestó que vinieron a apoyar el acampe en un nuevo acompañamiento del pueblo venezolano ante la acrecentada hostilidad norteamericana.
«Queremos demostrar que no somos el patio trasero de Estados Unidos y que la clase trabajadora argentina ha alcanzado una capacidad de consciencia para impulsar la unidad latinoamericana y antiimperialista», expresó el líder sindical de la CTA Capital.
Cardoso señaló que este 2015 es un año cargado de simbolismo para América Latina pues se cumple el décimo aniversario de la derrota en Mar del Plata (2005) de la propuesta de Washington de Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA).
«Y esto reafirma nuestra voluntad de mantener las banderas en alto para tener una patria grande soberana, independiente y unida», señaló.
La manifestación comenzó al mediodía y como punto culminante se organizó una tribuna antiimperialista a las 17:00 hora local para coincidir con el discurso del presidente Barack Obama que estaba programado aproximadamente para esa hora en la Cumbre de las Américas en Panamá.
Prensa Latina conoció que tribunas similares se organizaron en otros países del mundo.
Entre los oradores del acto estuvieron el venezolano Salvador Salas, de la agrupación Alexis Vive; Javier Calderón, titular del movimiento Marcha Patriótica, y el dramaturgo argentino Norman Brisky.
Los participantes repudiaron la amenaza de Obama de declarar a Venezuela una «inusual y extraordinaria amenaza» y decretar con ese pretexto una emergencia nacional.
Mientras niños, jóvenes, familias enteras y militantes de diversas edades acampaban en las carpas de sus respectivas agrupaciones bajo un inusual y caluroso día del otoño austral, proseguía la recolección de firmas para respaldar al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro.
Fuente: Prensa Latina
Resulta interesante analizar la agenda en debate en la región, puesta en discusión en ámbitos de la diplomacia y la política regional, pero también en las calles. Por un lado acontece en Panamá la Cumbre de Presidentes de América y el protagónico papel histórico de Cuba en el debate regional de la máxima institucionalidad americana.
Por Julio Gambina, Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA (IEF-CTA).
¿Quién ganó la batalla por décadas entre EEUU y Cuba? ¿Triunfó el bloqueo estadounidense que condenó al aislacionismo cubano, o se terminó imponiendo la voluntad y las aspiraciones por ejercer relaciones soberanas impulsadas desde un pequeño país y aislando nada menos que a EEUU?
Es cierto que la proyección de las inversiones económicas en Cuba, provenientes de EEUU, intentarán socavar la pretensión anticapitalista del proceso cubano. Las relaciones mercantiles capitalistas intentarán lo que el bloqueo mercantil no logró. La realidad es que la perseverancia política de Cuba actúa como demostración sobre la posibilidad de intervenir soberanamente en el ámbito mundial. No existe el límite de la correlación de fuerzas, sino la decisión de avanzar en un proyecto propio, ampliando los límites para la transformación social y la emancipación.
El comentario es válido, aun desde la aparente desigualdad en la correlación de fuerzas, una cuestión que se enarbola cotidianamente para impedir modificar los condicionantes estructurales del legado neoliberal en nuestros países. Me refiero a las reformas estructurales de los años 80 y los 90 que condicionan la cotidianeidad, sea en el ámbito de la producción o de los servicios y las finanzas, endeudamiento mediante; como en los tratados internacionales suscriptos en su momento y que condenan a los países a la subordinación a tribunales externos y a la lógica de la liberalización de la economía.
La parábola de confrontación del débil contra el supuesto fuerte sirve para pensar los desafíos de la contemporaneidad, en pleno desarrollo de la crisis del capitalismo y la emergencia de capitalismos que pretenden enarbolar el sello de un nuevo tiempo, recreando la categoría del “capitalismo nacional”, el “capitalismo humano”, o renovadas versiones de un “desarrollo capitalista” para el subdesarrollo y la “emergencia” sustentada en fuerza de trabajo barata y abundancia de bienes comunes en disposición de explotación, sustento del “capitalismo verde”. No existe debilidad a priori, sino proyectos que intentan construir una organización social en disputa contra el régimen y el orden del capital.
Vale también considerar que la soberanía popular se esgrime en estas horas en la defensa de la autodeterminación de Venezuela ante la agresión de EEUU. No solo se sustenta en su territorio la defensa del gobierno legítimo en la patria de Bolívar, sino que la suscripción de solidaridad se extiende más allá de las fronteras con 10 millones de voluntades que exigen a EEUU derogar la declaración de “amenaza a la seguridad” por parte de Venezuela.
La dominación pretendida por el imperialismo encuentra límites en el accionar colectivo. Son límites a la impunidad que hasta hace muy poco ejerció sin obstáculos el poder hegemónico y que la nueva realidad mundial condiciona.
Es un tema asociado a la disputa de la hegemonía mundial, pero también a la nueva institucionalidad de la integración, que entre sus novedades más destacadas es la plena participación cubana en las relaciones continentales. La verdad es que ante la debilidad explicitada con Cuba, el imperio estadounidense pretendió evidenciar su poder atacando y condicionando a Venezuela, y la respuesta ha sido masiva en la defensa de la autodeterminación y sustentada desde la solidaridad gestada por la nueva institucionalidad de la integración regional.
Queremos poner en evidencia, a propósito de la Cumbre de Presidentes en Panamá, el ejercicio del poder de la dominación y al mismo tiempo, la potencialidad de proyectos alternativos que pregonan propuestas de orden social contra-hegemónicas.
Aludimos a Cuba y a Venezuela, que formulan y sostienen la lucha antiimperialista, pero que en estas horas también puede extenderse a la movilización callejera en Colombia. Es que la movilización popular se hizo escuchar en su demanda por la Paz este pasado 9 de abril, a 67 años del Bogotazo.
Se trata de negociaciones por la Paz que está atravesada por los diálogos en La Habana, entre el gobierno colombiano y la insurgencia. EEUU no fue ajeno a los acontecimientos de aquellos tiempos y Colombia se constituyó, especialmente en estos años de promoción neoliberal, en cabeza de playa de la militarización regional y hoy se define la “paz colombiana” en las discusiones habaneras y en las calles de Colombia y del continente, rodeada de la solidaridad internacional.
La reflexión que traemos es que como nunca antes, en la coyuntura se cruzan reivindicaciones democráticas de los pueblos de Nuestramérica para afirmar un cambio político favorable a las necesidades económicas, sociales y culturales de los pueblos. Es una afirmación que vale para pensar las posibilidades de rumbos alternativos al orden capitalista. Es una afirmación que podemos abonar con ejemplos.
Para el caso de la Argentina, ante un nuevo fallo contra el país en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), ámbito del Banco Mundial en defensa de los intereses de las inversiones transnacionales y por 405 millones de dólares demandados por la francesa SUEZ en juicio desde el 2006; o para terminar con la herencia de la legislación financiera de la dictadura ante la agresión de la especulación financiera sustentada desde las transnacionales de las finanzas, que hoy se manifiesta en la demanda judicial en Nueva York por cifras incalculables, entre 1600 y 15.000 millones de dólares.
Pero también para pensar en desandar la sorpresiva y secreta inclusión uruguaya en el TISA, el “acuerdo en comercio de servicios” (en inglés: Trade in Services Agreement). Del mismo modo y que no tan secreto se negocian tratados de libre comercio entre el Mercosur y Europa, o entre nuestros países y una gama variada de aspirantes a relaciones mercantiles favorecidas en la región, sean viejos o nuevos socios comerciales y potenciales inversores en áreas de la producción y los servicios.
En rigor, hace una década se demostró que podía eliminarse de la agenda de debate el ALCA, que hoy retorna en variadas negociaciones por la liberalización. La lectura política sustentada en la lucha por la soberanía de los pueblos y puesta de manifiesto en Panamá o en Colombia, nos señala que no existe la fatalidad para que los países se subordinen al CIADI o a cualquier forma de promoción de la liberalización de las relaciones comerciales y el movimiento internacional de capitales.
Los diversos tratados de libre comercio, o los tratados bilaterales de inversión que sostienen la defensa de la seguridad jurídica de las inversiones constituyen la base de una institucionalidad que promueve la dominación del orden capitalista contemporáneo, o sea, las corporaciones transnacionales, los principales Estados del capitalismo mundial y los organismos internacionales.
Estos actúan como sujetos hegemónicos de la mundialización capitalista desde la legalidad y legitimidad que le otorgan la ausencia de confrontación por proyectos alternativos, y más aún, la limitación de una nueva institucionalidad regional y mundial que se insinúa en los intentos por reformular el Mercosur, en la emergencia de la Unasur y más aún en la CELAC. Esa nueva organicidad global venía sugerida también por la demorada nueva arquitectura financiera que esgrimía al Banco del Sur como su propuesta inmediata.
Nuestro comentario apunta a sustentar la posibilidad de profundizar la conformación de una subjetividad e institucionalidad alternativa que sostenga un modelo productivo y de desarrollo a contramano al del orden hegemónico y que supere los condicionantes de la dependencia capitalista.
Si Cuba sostuvo su dignidad pese al bloqueo y su agresor no tuvo más remedio que habilitar negociaciones para la normalización de relaciones y compartir debates en la Cumbre de Presidentes; y si la Venezuela agredida es sostenida por su lucha nacional y la solidaridad regional e internacional; y si el mundo se moviliza por la paz contra la militarización regional y global desde Colombia; entonces, los límites para la independencia pueden ser superados.
Más aún si se consideran los avances de la organización y lucha popular que devino en nuevas articulaciones de las relaciones políticas en Nuestramérica.
«Reunidos en Panamá en el Foro Sindical de las Américas y bajo el lema “Las Américas que queremos”, representantes sindicales de trabajadores y trabajadoras de todo el hemisferio, aprobamos esta Declaración que convoca a continuar la lucha en defensa de los derechos sociales y laborales, por la plena vigencia de los derechos humanos y democracia participativa, por la autodeterminación y la soberanía de los pueblos, y por proyectos económicos ambientalmente sustentables».
Venimos los últimos 15 años como movimiento sindical, junto con otros movimientos sociales, dando la pelea para que la región supere la larga ola neoliberal. En noviembre del 2005 en la ciudad Argentina de Mar del Plata, bajo la presión de movilizaciones populares que recorrieron todo el continente desde 1997, un grupo de gobiernos progresistas de América del Sur bloqueó la iniciativa para imponer el proyecto Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El ALCA hubiera sido la coronación de la ofensiva neoliberal que profundizó las desigualdades de género y juventud, y arrasó con los derechos sociales y laborales desde la década de 1980 en nuestra región. Su derrota mostró que se había abierto una nueva coyuntura en la región.
«Los gobiernos progresistas avanzaron en diversos países latinoamericanos en ese contexto post neoliberal. En diversos casos se mejoraron los niveles salariales, disminuyó la pobreza, hubo avances en la distribución más equitativa de los ingresos, disminuyó el desempleo y el empleo informal, entre otros indicadores socio-laborales positivos, en gran medida debido a la lucha de los movimientos sociales y sindicales a lo largo de este proceso.
«Esos avances están hoy en cuestión por presión de los mercados financieros internacionales que especulan contra las economías de nuestros países, exigiendo recortes de beneficios y salarios de los trabajadores/as, reducción de los gastos sociales y nuevas rondas de privatizaciones. Los sindicatos de la región nos oponemos decididamente a las políticas de austeridad fiscal, la privatización de los bienes y servicios públicos y los bienes comunes de la naturaleza, con las que se pretende hacer retroceder los derechos laborales y sociales duramente conquistados en el actual ciclo progresista en América Latina.
«En el momento presente, ninguna de esas conquistas parciales y localizadas está garantizada. Los tratados de nueva generación, como el TISA, TPP, TTIP, CETA y otros, profundizan y perfeccionan todo lo que repudiamos en el ALCA, o sea, desregulan la economía y liberalizan los servicios, profundizando un modelo de desarrollo que solo favorece a las empresas transnacionales, empeorando las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones. Repudiamos sus contenidos, siempre negociados con secretismo. Exigimos que todos los acuerdos que se están haciendo en la región sean resultado de un debate amplio, transparente y participativo de toda la sociedad.
«La crisis irresoluble del capitalismo coloca una enorme presión de los mercados y finanzas internacionales contra los pueblos. Debemos continuar avanzando sin permitir que las conquistas sociales retrocedan. Nuestros países precisan superar las deficiencias estructurales de economías dependientes de la extracción y comercialización de materias primas y promover modelos económicos diversificados y sustentables, desde una perspectiva de integración y cooperación regional solidaria que mire siempre atentamente a la dimensión social del desarrollo sustentable.
«De igual manera es imprescindible estructurar una política fiscal progresiva que grave las riquezas, las ganancias, la renta, el patrimonio y el consumo de lujo, para que los gobiernos tengan capacidad para mantener los niveles de inversión social adecuados. A su vez es preciso avanzar en un proceso de auditorías de las deudas externas odiosas e ilegítimas, las cuales continúan generando lazos de dependencia con acreedores extranjeros. El último ciclo positivo de nuestras economías estuvo apoyado fundamentalmente en la actividad primario-exportadora y ahora vemos cómo la caída de los precios internacionales de las commodities hace estragos en la capacidad económica y financiera de los gobiernos, lo que los puede llevar a la aplicación de las viejas recetas de ajuste, flexibilización laboral y recortes sociales.
«Después de más de una década de avances sociales en diversos países de América Latina y el Caribe, bajo administraciones progresistas, comienzan a hacerse evidentes los efectos de la recesión económica mundial, la pérdida de empuje en el crecimiento de las economías, por lo que no han parado de caer los niveles de pobreza, y las frágiles conquistas socio-laborales del período están bajo ataque del capital internacional para hacer retroceder lo que apuntaba a un nuevo paradigma de democracias sociales.
«La democracia está en jaque cuestionada por los poderes fácticos que buscan imponer los intereses del mercado financiero internacional y de las empresas multinacionales. En el caso de América Latina y Caribe, gobiernos electos democráticamente son sometidos constantemente al asedio, a veces violento, por parte de las élites y minorías poderosas que controlan la economía y que han optado por provocar rupturas, utilizando incluso mecanismos legislativos y judiciales para deponer estos gobiernos. Lucharemos firmemente contra todos aquellos que opten por medidas o acciones para deponer gobiernos de cualquier país de las Américas. Los medios de comunicación, concentrados oligopólicamente a nivel nacional e internacional, actúan como los mayores instigadores de estas agendas antidemocráticas y reaccionarias contra los intereses de las mayorías. Una “sociedad civil” construida a imagen y semejanza de los intereses minoritarios, racistas y reaccionarios, ocupa las calles y los espacios públicos para predicar un discurso de odio en contra de las conquistas populares.
«En EE.UU. y Canadá la situación de los/as trabajadores/as sigue siendo precaria, a pesar de que en términos de crecimiento económico esos países den señales tenues de recuperación. A pesar de la inversión multimillonaria en la última década para salvar empresas y bancos en EE.UU., han sido pocos los efectos sobre los y las trabajadoras, que vienen acumulando pérdidas en el poder de compra de sus salarios, están empleados en trabajos precarios, sin posibilidad de sindicalizarse y con tasas de desempleo que – aun habiendo disminuido- todavía no alcanzan la cantidad y calidad de los empleos que arrasó la crisis de 2008. El ataque de la derecha económica y sus referentes políticos mantiene un lobby multimillonario permanente para influir en los diferentes poderes del Estado y limitar la capacidad de los sindicatos y el poder de la negociación colectiva para amparar derechos. La recuperación de las economías del Norte se busca a través de nuevos ataques a los derechos sociales y laborales.
«En este marco se inscribe la agresiva estrategia del neoliberalismo destinada a incidir en la correlación de fuerzas que define la agenda de la OIT, ante lo cual el movimiento sindical de las Américas se ha posicionado firmemente y ha presionado a los gobiernos del GRULAC para asumir una postura a favor del mandato normativo y de control de la OIT y a reconocer expresamente que el derecho a la huelga, (que emana de los convenios fundamentales 87 y 98 de la OIT, y de otros tratados internacionales) está vinculado a la libertad sindical y la negociación colectiva. En América Latina y el Caribe aún se mantienen situaciones de vulneración de las libertades sindicales y de desconocimiento del papel de los sindicatos en su acción de promoción y defensa de los derechos. En varios países, incluso algunos con gobiernos progresistas, la relación con los sindicatos sigue siendo de conflicto y contradicción, lo que en nada favorece la posibilidad de estructurar una agenda democrática y en favor de las mayorías.
«El cambio climático es un problema urgente, ineludible y global que afecta a los Derechos Humanos. Es por tanto primordial un cambio de paradigma que implique una transición justa hacia una economía sustentable. Para ello es indispensable llegar a un acuerdo ambicioso con fuerza vinculante con un sistema común de medición, notificación y verificación en la Conferencia de las Partes de París, que incluya compromisos de adaptación y/o mitigación para todos los países coherentes con la contención del aumento de la temperatura global hasta un máximo de 2 °C.
«La juventud trabajadora de Latinoamérica y el Caribe, también enfrenta grandes desafíos marcados por la crisis financiera, como altas tasas de desempleo, trabajo precario, crecimiento del trabajo informal, entre otras cosas que limitan las oportunidades de los y las jóvenes de la región a obtener un trabajo digno y decente. La región tiene como compromiso empoderar a la juventud trabajadora y crear oportunidades para su desarrollo profesional y el pleno ejercicio de sus derechos políticos, laborales y sociales. Las y los jóvenes reclaman una educación al servicio de su desarrollo y no que se los forme como mano de obra precaria y explotada; ellos/as también tienen derecho a obtener trabajos decentes que contribuyan junto con todas y todos los trabajadores al desarrollo de nuestros países.
«Siendo este el cuadro de la presente coyuntura, el movimiento sindical de las Américas viene a Panamá a reivindicar la defensa de las conquistas históricas de los/as trabajadores/as, a reclamar de los gobiernos la adopción de políticas que favorezcan al conjunto de la población y no a los intereses de las elites empresariales y de las oligarquías de nuestros países. Los gobiernos de las Américas no pueden ceder al chantaje de los mercados financieros, las grandes corporaciones y los especuladores ocultos en los paraísos fiscales y sus operadores nacionales, estimulados por una derecha reaccionaria que se ampara en el monopolio mediático para crear caos y debilitar a los gobiernos que intentan frenar las apetencias del capital financiero. Es fundamental avanzar hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana, el cual deberá ser debatido este año, tal como promueve la Resolución 68/304 de Naciones Unidas, impulsada por Argentina a partir del ataque de los “fondos buitre”, que fuera aprobada por amplia mayoría en la Asamblea General de septiembre de 2014.
«El movimiento sindical de las Américas no solo estará en las calles para defender los legítimos intereses de la clase trabajadora, sino también en los escenarios donde se deben debatir y decidir las políticas que permitan superar esta coyuntura de crisis y desaceleración económica.
«El movimiento sindical tiene en la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) el instrumental de propuestas en los diferentes ámbitos del desarrollo sustentable, que permita no sólo dar respuesta al momento que vive la región, sino, en un horizonte estratégico, avanzar en un modelo apoyado en las cuatro dimensiones del desarrollo sustentable (política, económica, social y ambiental) y su necesaria articulación, para responder de manera equilibrada a los desafíos de economías al servicio de nuestras sociedades, con garantía de plenos derechos sociales, con participación democrática y protagónica, igualdad y preservación del planeta para las generaciones presentes y futuras.
«En el marco de la realización de la Séptima Cumbre de las Américas, colocamos la PLADA de cara a los gobiernos y expresamos nuestra intención de avanzar en el camino que nos permita ser actores de los cambios necesarios para nuestra región. Como actores del desarrollo estamos preparados para el desafío de construir las Américas que queremos, con inclusión, justicia social, igualdad, trabajo decente y mayor democracia.
«Defendemos el desarrollo y la cooperación como políticas de Estado, basadas en el enfoque de derechos. Rechazamos la promoción del papel protagónico del sector privado como actor de desarrollo, en sustitución de la responsabilidad del Estado, en particular en los actuales debates internacionales sobre la Agenda post-2015 y la financiación para el desarrollo.
«En ese marco cualesquiera sean los bancos de Desarrollo, deben dialogar con el movimiento sindical y la sociedad como un todo. Es inaceptable que el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- siga sin establecer un foro de diálogo con el sindicalismo regional y sin adoptar cláusulas laborales como condicionantes a sus préstamos, como ya hicieron otras instituciones financieras internacionales.
«Consideramos importantes los procesos como la UNASUR, la CELAC y las demás iniciativas integradoras, que son reflejo de la madurez de nuestros pueblos y gobiernos para presentarse como un bloque que participa de la disputa geopolítica mundial, no desde la competencia y la dominación, sino desde la solidaridad, la complementariedad y el reconocimiento de nuestra diversidad social, política, étnica y cultural. «Es por ello que estas instituciones deben dotarse de instrumentos y políticas claras que logren consolidar efectivamente a estos organismos y a otros como el Mercosur, para que actúen como bloque económico, político y social en pos de trabajar para un nuevo modelo de desarrollo regional que permita terminar con la lógica de primarización y de dependencia financiera de nuestros países.
«La soberanía, la autodeterminación y la paz deben ser la condición fundamental en las relaciones entre los Estados y sus pueblos. Acompañamos positivamente el proceso de negociación de paz en La Habana desarrollado por las FARC-EP y el gobierno colombiano, esperando pueda ser extendido en una mesa de diálogo con el ELN.
«En este sentido, también saludamos el avance en el reconocimiento de la legitimidad del gobierno cubano y del derecho a la autodeterminación de su pueblo, por ser parte integrante de la comunidad de naciones de este hemisferio. Este avance tiene que coronarse no solamente con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba, sino también con el fin del bloqueo económico, financiero y comercial a la Isla.
«Por el contrario, rechazamos la reciente declaración del presidente de los EE.UU., Barack Obama sobre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, porque constituye un acto de injerencia interna en un país soberano y no contribuye a la resolución del conflicto interno. Consideramos que la situación política en ese país debe resolverse internamente, con diálogo entre las partes, de forma democrática y sin ningún tipo de amenazas o intervención externa. Acompañamos la solicitud de los gobiernos de la UNASUR y la CELAC para que se suspenda esta medida y ambos gobiernos retomen un diálogo constructivo y respetuoso, que contribuya a la superación de los problemas que hoy aquejan al pueblo venezolano, con apego a su Constitución y a la institucionalidad democrática.
«Las Américas deben ser un continente de paz, sin ninguna presencia de bases militares extranjeras en nuestros países, particularmente la presencia militar del Reino Unido en las Islas Malvinas. La consecución de esa paz radica también en una acción activa y duradera de defensa de los derechos de minorías, que proteja a los trabajadores migrantes, así como las libertades fundamentales de los pueblos originarios, y la vida de todos aquellos que deciden enfrentarse a las políticas de exclusión y de violencia; en este marco, exigimos el rápido esclarecimiento y castigo a los culpables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México.
«La cárcel de Guantánamo es una afrenta a los derechos humanos en el hemisferio. Hay personas que han estado detenidas por más de 10 años sin cargos. Por un lado, hacemos un llamado a los EEUU para cerrar la cárcel de Guantánamo; por otro, pedimos a países de la región que ofrezcan acogida a estas víctimas de abusos de los derechos humanos.
«A pesar de experiencias exitosas en la región y progresos en la lucha contra la desigualdad, viejas propuestas de desarrollo que ya han fracasado en las últimas décadas han vuelto a aparecer. La “Alianza para la Prosperidad” adoptada por los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala con el BID, se ofrece ahora como una solución a los problemas de violencia, gobernabilidad, falta de oportunidades y trabajo decente en estos países. Apoyamos el principio de dar mayor atención y asistencia a los países que atraviesan dificultades persistentes, pero nos preocupa la tendencia de reproducir los errores del pasado con recetas de flexibilización laboral, financiamiento de infraestructura sin contrapartes o condiciones, impactos negativos a los derechos humanos de muchas comunidades, énfasis en sectores de explotación para exportación y todas las variables recetas de la ortodoxia del mercado. Como mínimo, este apoyo debe contar con procesos de consulta y control social y requisitos de trabajo decente en las obras de infraestructura.
«Expresamos nuestra profunda condena por la grave situación de vulneración de derechos humanos en República Dominicana que afecta actualmente a millares de migrantes haitianos y de dominicanos de ascendencia haitiana y a sus familias, cuyos derechos a la nacionalidad han sido violados y por ello se encuentran, expuestos a una inminente, e injusta y masiva deportación así como a acciones violentas de discriminación. Exigimos de ambos gobiernos inmediatas acciones para corregir esa situación.
«Es necesario superar toda forma de violencia, especialmente la de género, que afecta a millones de mujeres en lo privado y en los lugares de trabajo. Pugnar por erradicar los impactos diferenciados que las vulneran en mayor medida, así como impulsar la igualdad sustantiva, es una tarea que permitirá revertir las condiciones de desigualdad que existen. Erradicar todo tipo de discriminación, entre otras cosas, permitirá liberar las fuerzas productivas y creadoras de millones de mujeres y hombres a quienes hoy les son negados sus derechos por su condición racial, origen étnico, edad, sexo, preferencia u orientación sexual.
«Defendemos que en este contexto la Organización de Estados Americanos (OEA) debe responder a la realidad de ser un órgano de una región asimétrica, diversa y heterogénea y su papel debe ser el de construir un equilibrio democrático frente a esa realidad. La autonomía y la autodeterminación de naciones, pueblos y gobiernos deben ser un principio central para avanzar en un verdadero proceso de integración regional. Un desafío para el futuro de este organismo hemisférico es asegurar que la presencia y participación de la sociedad civil organizada de la región se corresponda con su diversidad, legitimidad y representatividad, que refleje las realidades de nuestras sociedades. En esa misma dirección, saludamos la aprobación de los convenios A 68 y A69 contra toda forma de discriminación en la Región.
«Estas son las reivindicaciones y apuestas del movimiento sindical de las Américas. La cita de Panamá ratifica nuestra agenda y señala nuestro camino de movilización y lucha junto con otros movimientos sociales y fuerzas transformadoras a lo largo y ancho de este continente, para avanzar en nuestra aspiración común de justicia, igualdad, soberanía, paz y desarrollo sustentable».
Esta declaración fue adoptada por el Consejo Ejecutivo de la CSA y sus 56 organizaciones afiliadas, con la participación y adhesión de la ISP Américas, UNI Américas, ICM, la CSBT de Venezuela, PITCNT del Uruguay, la CTC de Cuba, la CTA-A de Argentina y el Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA).
Ciudad de Panamá, 9 de abril de 2015
Mientras el gobierno impulsa una nueva gestión de los Ferrocarriles Argentinos, las empresas tercerizadas despiden trabajadores. El Sindicato de Trabajadores de la Vigilancia (STV) adherido a la CTA Capital, denunció el despido, por telegrama, de 180 trabajadores pertenecientes a la empresa Revol SA.
La misma es tercerizadora del servicio de vigilancia en el FFCC Mitre ramales J.L. Suarez y Tigre.
El masivo despido ha sido denunciado ante el Ministerio de Trabajo y de Transporte y el. El STV aseguró que no se puede hablar de reestatización manteniendo los actuales contratos de tercerización.
En tanto los trabajadores evalúan los pasos a seguir.
Para entrevistas:
Carlos Lopez Sec. Gral. (15 2423 0425)
Angel Tapia Prensa (15 3814 0756)
En el marco de las 1200 marchas de los jubilados y jubiladas, desde el estudio móvil de Estación Central se entrevistó este miércoles 8 de abril a Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad.
