CTA Capital – Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma

Así lo aseguró el coordinador de la Mesa Nacional de Salud de ATE Rodolfo Arrechea.

Arrechea explicó que el colapso sanitario ya se está sintiendo en el Hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires que al tener la totalidad de camas ocupadas, están utilizando la Unidad Coronaria y el Shockroom como camas de terapia intensiva, además de sumar 15 camas en la Guardia.

La presencialidad en las escuelas generó un millón de personas circulando en la Ciudad de Buenos Aires y 12 millones en el resto del país, de los cuales el 50% son de la Provincia de Buenos Aires. “Por eso el AMBA hoy está al borde del colapso sanitario con una saturación importante de las camas de internación en todos los hospitales públicos y privados”, aseguró el coordinador nacional de Salud.

Luego de los últimos anuncios del presidente Alberto Fernández sobre la suspensión de las clases presenciales en todo el país, Arrechea valoró la medida y expresó su preocupación por la intención del Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de no acatar el decreto y obligar a toda la comunidad educativa de la Ciudad a asistir a clases presenciales en medio de la segunda ola de contagios: “Esta situación ya trajo la recarga del transporte público porque la escolaridad son el equipo docente, las familias y también los alumnos y las alumnas”, explicó Arrechea quien además contó que se está obligando al personal dispensado por problemas serios de salud a presentarse a trabajar si cuentan con la primera dosis de vacunación. Como es de público conocimiento, la real efectividad de la vacuna contra el COVID-19 precisa de ambas dosis. Es por eso que “desde ATE hemos rechazado está decisión porque siempre la salud está primero”, expresó el coordinador nacional de Salud del sindicato.

En algunos sanatorios de las clínicas privadas existe una saturación del más del 100% y en otros superan el 92%. Ante este colapso del servicio de salud público y privado, Arrechea destacó el caso del Sanatorio Guemes que cuenta con el 100% de ocupación de camas de Terapia Intensiva, de los cuales el 80% de esos pacientes están entubados y 22 con respiradores. “Por el Rivadavia pasa un promedio de 450 personas por día para hisoparse, 5600 en un período de no más de 30 días. Estamos en una situación alarmante y muy compleja porque además es gente muy joven, incluso adolescentes, que de cada 10 hisopados 6 dan positivo. Aumentó la positividad. Estaba en un 40% y ahora da un 60%. Esto se extiende al Hospital Fernández con su terapia colapsada, la del Ramos Mejía con más el 92% de las terapias ocupadas y en el Hospital Durand la situación de la terapia también es realmente preocupante”, agregó.

Desde ATE rechazamos de manera contundente la lógica y el proceder del Gobierno de la Ciudad frente a la pandemia. “El COVID-19 es nuestro enemigo invisible y el rostro del enemigo que se ve es el de los funcionarios neoliberales que priorizan la Economía por sobre la Salud”, aseguró Arrechea. “ATE siempre está en defensa de la salud. Es por ello que apoyamos la decisión del gobierno nacional de parar la presencialidad en las escuelas y continuar con la modalidad virtual de enseñanza porque ha habido un incremento muy importante a partir de la apertura de las escuelas por todo lo que se mueve alrededor”.

A continuación se difunde el comunicado elaborado por la CTAA Autónoma, seccional Capital, ante el abrupto aumento de casos de Covid-19 en el AMBA.

Porque apostamos al cuidado de la vida como acción política, desde la CTAA Capital consideramos pertinentes y necesarias las medidas tomadas por el Presidente de la Nación para evitar el inminente colapso sanitario que implicaba continuar con el nivel de apertura que tenía el AMBA.

La segunda ola de la pandemia está sucediendo (se reporta la mayor cantidad de contagios diarios desde el inicio de la pandemia y se incrementaron los contagios entre niñes de 9 a 19 años) y la única manera de evitar la saturación del sistema de salud, es frenando la circulación de personas.

Por eso, repudiamos la reacción de Horacio Rodríguez Larreta, que busca utilizar electoralmente este difícil contexto, aún a costa de la salud y la vida de les habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Así mismo, le recordamos al Jefe de Gobierno porteño que si realmente le preocupara la Salud y la Educación de la Ciudad, podría comenzar por escuchar a les trabajadores que hace rato venimos manifestándonos al respecto:

– Quienes trabajamos en Salud sabemos que el sistema sanitario está al borde del colapso, que les trabajadores estamos agotades y que nuestros salarios están por debajo de la canasta básica, a la vez que enfermería no es reconocida como profesional. Así mismo denunciamos la privatización del sistema de vacunación y el deficiente sistema aplicado en el ámbito público de la Ciudad de Buenos Aires.

– Les trabajadores de la Educación (docentes y auxiliares) decimos que las escuelas no cuentan con los elementos de limpieza necesarios para la correcta higiene que establece el protocolo; que existen colegios con burbujas e infraestructuras en las que se hace imposible el distanciamiento; y que la mayoría del personal no se encuentra vacunado. Además recordamos que este gobierno que se erige en defensor de la Educación, es el mismo que cerró jardines (como por ejemplo el del Hospital Ramos Mejía), no garantiza vacantes para todes les niñes y eliminó el Plan Sarmiento.

– Les trabajadores comunitaries continuamos reclamando red de agua potable para nuestros barrios y comedores y el reconocimiento salarial de nuestras tareas que fueron esenciales para sostener la vida durante el primer pico de la pandemia, y lo será también en el segundo.

Finalmente planteamos como preocupación hacia todos los gobiernos, la posible escalada represiva de las Fuerzas de Seguridad hacia los sectores populares; las mismas que hacen la vista gorda con los sectores de mayores ingresos económicos que deliberadamente incumplen e incumplieron los criterios de cuidado en el marco de la pandemia.

A raíz de la reciente publicación en el Boletín Oficial de la Resolución Conjunta 4/2021, que permite a las empresas convocar a sus empleados mayores de 60 años ya vacunados, la CTAA Capital renueva su compromiso con la salud de las y los trabajadores mediante el posicionamiento que se publica a continuación.

A contrapelo de lo actuado en cuanto a la movilidad social, la nocturnidad y demás actividades que implican traslados y aglomeramientos de personas, el Gobierno Nacional dispuso que aquellos trabajadores y trabajadoras en edad o condición de riesgo ya vacunados contra el Covid-19, puedan ser convocados por sus empleadores a cumplir tareas de manera presencial.

En ese sentido, la expresión de nuestra CTAA frente a semejante posibilidad, en un contexto signado por el aumento diario de casos sin haber iniciado el invierno, con medios de transporte donde no se cumplen aforos ni distancias, protocolos dudosos y condiciones de trabajo inseguras, nos enfrenta a un problema político que adquiere dimensiones inusitadas.

Desde nuestro lugar en defensa de la vida y la salud de los trabajadores, queremos ser perfectamente claros: La presencialidad en este momento representa un riesgo que se expresa en la puesta en marcha de los sistemas de negación presentes en cada persona. Quien así no lo entienda, forma parte (sin saberlo tal vez) de este sistema económico que sacrifica la vida de las y los trabajadores en el altar del mercado.

Por otro lado pero en el mismo sentido, queremos ser claros desde lo ético y lo moral, y desde allí siempre elegimos valorar la vida humana por sobre cualquier sistema económico que pretenda decidir que nuestros cuerpos son parte de un cálculo de rentabilidad que siempre beneficia al modelo de especulación global y financiera.

Dese la CTAA Capital decimos que en este estado de cosas, la presencialidad laboral debe restringirse a las actividades más esenciales, garantizando no solo ambientes seguros de trabajo sino también sistemas de transporte o las compensaciones que de ello devenga, ya que a su vez, detrás de cada trabajador y trabajadora hay una familia que no se merece el riesgo al que se la pretende exponer para que otros lucren con nuestros cuerpos. Capítulo aparte merecerían las negociaciones paritarias, los salarios, el costo de vida, el descontrol en los precios de todo y la desprotección absoluta de trabajadores sin empleo.
No obstante, a sabiendas de que las necesidades impulsan a la mayoría del pueblo trabajador a tomar casi cualquier riesgo para subsistir, consideramos que debería conformarse un comité de seguridad y salud en el trabajo con representación sindical, que garantice medidas básicas como las siguientes:

1) Dispositivos de contención emocional en todos los lugares de trabajo con participación de profesionales de la salud mental por parte del empleador y de los trabajadores.
2) Dispositivo de traslado desde el domicilio del trabajador hasta el lugar de trabajo a cargo del empleador.
3) Cumplimiento estricto de los protocolos acordados por los Comités Mixtos de seguridad y salud en el trabajo para permitir el ingreso seguro a los lugares de trabajo.
4) Cumplimiento del Principio de ventilación cruzada en los lugares de trabajo.
5) Instalación de medidores de Anhídrido Carbónico y Ozono si hubiera lugares cerrados.
6) Vacunación universal con control popular sobre los laboratorios que la producen.

En el marco de la campaña por la Soberanía, Identidad y defensa del Río Paraná a continuación se da difusión a la Convocatoria Nacional a artistas y profesionales plásticos y visuales agrupados en la Gremial Facio Hebequer, Sindicato Único de Artistas, profesionales y trabajadores de las artes plásticas y visuales.

Las Malvinas son argentinas, el río Paraná también.

Campaña nacional por la derogación del Decreto 949/20

Convocatoria Nacional a artistas y profesionales plásticos y visuales, por la Soberanía, Identidad y defensa del Río Paraná

Contexto: el dragado, señalamiento y balizamiento, circulación, control y peajes para la navegación en el Río Paraná, hoy está en manos del Consorcio Internacional Hidrovía S.A. Todo lo que ingresa y sale de nuestro País es controlado por esta empresa de capitales belgas asociada con capital nacional. Es una concesión de toda la Cuenca del Plata, una unidad territorial de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, por donde se exporta el 75% de la producción nacional y que involucra el comercio de otros cuatro países de la región. La Cuenca del Plata es una de las vías marítimas más grandes y caudalosas del mundo, ya que nace al norte de Paraguay y el sur de Bolivia y Brasil, continúa por todo el Paraná y desemboca en el Río de La Plata.

La administración de la entrada y salida fluvial de nuestro territorio fue entregada en los años noventa y por 25 años, por el Gobierno de Carlos Menem, liquidando también al mismo tiempo, nuestra empresa marítima y fluvial E.L.M.A. y transformando al Paraná en una vía casi oceánica, que permite el ingreso y egreso de buques de ultramar, con las consecuencias catastróficas que significan al medio ambiente. Solo debería permitirse el ingreso y egreso por barcazas, a fines de no dañar el suelo y subsuelo de nuestro río.

Este año vence esta concesión y es fundamental para el resguardo de nuestra soberanía, que vuelva a la administración nacional por medio de una empresa estatal, que controle que entra y sale de nuestro País. En las barrancas del Paraná se han establecido en estos 25 años, innumerables puertos controlados por las empresas del complejo agro-exportador, casi todas multinacionales, que rinden al Estado Argentino lo que embarcan solo por Declaración Jurada. Argentina se desangra por el Paraná, los recursos que presuntamente se evaden alcanzarían para asegurar nuestra independencia económica y otorgar bienestar a nuestro Pueblo.

El año pasado nuestro Presidente anunció, ante el vencimiento de la concesión, la creación de una Agencia Estatal que cumpla con esas funciones, con participación de todas las Provincias ribereñas. Inexplicablemente, meses después, a instancias del Ministro de Transporte de la Nación, Meoni, el Presidente publica el Decreto 949/20 que abre el proceso para una nueva licitación internacional.

Por esto es que el Sindicato inicia una Campaña por la derogación del Decreto, sumándose a nuestra Central y a un sinnúmero de organizaciones, intelectuales, políticos y militantes que lo reclaman y pugnan por la creación de una empresa estatal, el dragado del Canal Magdalena como acceso directo al océano y no tener que pasar por Montevideo, y una flota argentina que opere en nuestro río.

Objetivo: La Gremial Facio Hebequer, Sindicato único de artistas, profesionales y trabajadores de las Artes Plásticas y Visuales, Sindicato de base de la CTA- Autónoma, convoca a todos los artistas plásticos y visuales de nuestro País a participar de una muestra virtual en el marco de la Campaña Nacional “Las Malvinas son argentinas, el río Paraná también”.

Cada artista y profesional podrá hacerlo con una obra realizada en cualquier técnica, soporte, disposición y formato, Dibujo, Pintura, Grabado, Escultura, Técnicas Mixtas, Afiche, pero su contenido debe estar referido específicamente a: Nuestra Soberanía, Identidad y Defensa del Río Paraná. No se aceptarán obras que no estén específicamente encuadradas en el tema de la convocatoria. Para los que deseen enviar Arte Postal la imagen debe ser únicamente apaisada.

Cada obra será editada con un diseño común a todas, con las consignas de la convocatoria y los logos de nuestro Sindicato y de la CTA-Autónoma, mas los datos personales del participante. Esta deberá ser enviada en formato digital de buena calidad y resolución, JPG 200 dpi, completando además la siguiente ficha técnica:

-Nombre del o la artista/profesional.

-Lugar de residencia.

-Título de la obra.

-Medidas.

-Técnicas.

-Soporte.

La obra y los datos deben ser enviados al siguiente correo electrónico: gremialfaciohebequer@gmail.com

La muestra se realizará por entregas diarias, desde el mes de abril hasta el mes de agosto del 2021. La misma se podrá seguir a través de la página de Facebook del Sindicato, Gremial Facio Hebequer.

El Sindicato no utilizará las obras enviadas para otra finalidad que no sea la presente Campaña. El artista o profesional que envía la obra, acepta las condiciones de la Campaña.

La muerte de un docente de la Escuela Pública por Covid-19 puso en evidencia lo que muchos pretenden callar sobre las condiciones reales en que se encuentra el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires frente a la pandemia y el regreso compulsivo a la presencialidad como marca distintiva.

* Por Matías Levin, secretario de Comunicación de CTAA Capital

La noticia del fallecimiento de Jorge Langone durante el último domingo tras contraer Covid-19, fue la chispa que encendió una serie de medidas de protesta y visibilización por parte de distintas comunidades educativas, agrupaciones y sindicatos de trabajadores de la Educación que ven la vuelta a las aulas, tan militada por el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta, como un peligro tan contundente como la ausencia de este compañero.

Desde la CTAA Capital, Margarita Contarieli, Directora de Escuela Pública, Educadora Popular e integrante de la Mesa Ejecutiva de la Central Porteña, dio cuenta de los múltiples semaforazos, movilizaciones y hasta del paro docente que se vivió como una gran jornada de visibilización de las problemáticas en torno a la presencialidad que, así propuesta e instituida, pone en peligro la salud de todas y todos.

“Este tipo de presencialidad, mata –asegura Contarelli-. No queremos continuar en este camino trabajando sin las condiciones mínimas necesarias para hacerlo con seguridad, sobre todo en el nivel medio en que el tránsito de docentes, dentro y entre las escuelas, puede favorecer la transmisión puesto que a mayor circulación de gente, mayor circulación del virus”.

En su análisis de situación, el regreso a la virtualidad es una posibilidad bastante cercana, en cuyo caso y con razón, se pregunta cómo se las ingeniaría el Gobierno ya que, desde su experiencia cotidiana, “en todo este año de pandemia no se invirtió ni un solo centavo en conectividad o dispositivos tanto para pibes como docentes, no hubo capacitaciones ni elaboración de planes de contingencia ni nada que se le parezca. Educación, desde hace mucho tiempo, es un área donde la desinversión es la normalidad, pero la pandemia ha revelado en toda su dimensión estructural”.

“Toda esa situación de precariedad planificada en la Educación vino a taparse con una presencialidad que roza lo criminal, no solo por las faltas mencionadas sino por los pronósticos que hoy se están cumpliendo sobre la aparición de nuevas cepas, la multiplicación de los contagios y la falta de vacunación al personal esencial (entre ellos los docentes). Entonces hoy tenemos una presencialidad pensada con fines políticos, que nada tienen que ver con el cuidado de las personas y cuyo funcionamiento en “burbujas” se torna intermitente por la cantidad de casos. Entonces, ¿A qué estamos volviendo? A un tiempo muy reducido de clase, que no termina de ser efectivo para enseñar –aprender, pero que sobre todo no es seguro”.

“Paralelamente a esto –remata Contarelli- existe todo un sistema de logística para repartir los carteles sobre el lavado de manos. Lo que implica el operativo para que lleguen dos carteles a cada colegio, un camión repartiendo ese material, chofer, acompañante, combustible, cuando te faltan elementos para cumplir minimamente la consigna que promocionan. Es indignante. No se puede atravesar semejante pandemia con este nivel de improvisación.”

Si bien era sabido que algo como esto podía pasar, para Contarelli no se esperaba que fuera tan rápido. “Sin embargo –asegura- acá estamos a un mes del regreso a las aulas lamentando la muerte de un compañero”.

La Ministra de Educación, Soledad Acuña, ante algunos cuestionamientos sobre el caso, no tuvo más reacción que un vil intento por desmarcarse de todo reclamo, excusándose en que Jorge Langone habría concurrido un solo día a trabajar.

Al respecto, Contarelli afirmó que “ No importa si fue a trabajar un día, tres, veinticinco o lo que sea. La única verdad es que para volver a la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires no están dadas las condiciones porque no hubo una planificación política basada en el cuidado ni mucho menos: la escasez de insumos de limpieza y desinfección suficientes, la desprotección a que dicha situación nos arroja a directivos y docentes que tenemos que salir a comprar de nuestro bolsillo para cuidar a nuestra comunidad, dan la pauta del estado de cosas.”

El próximo miércoles 31 de marzo se vence el última plazo que el Gobierno Nacional extendió del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 320/2020 a través del cual -con fecha 29 de marzo de 2020- se ordenaba la suspensión de desalojos en todo el territorio Argentino, la prórroga de contratos y el congelamiento de precios. Ante esta situación, el Colectivo de Inquilinxs Porteñxs (CoDIP-CTAA) expresó su preocupación a través del comunicado que publicamos a continuación.

A pocos días de que se venza el Decreto 320/20 que estableció la suspensión de desalojos, la prórroga de los contratos de alquiler y el congelamiento de sus precios, desde el Colectivo de Inquilinxs Porteñxs (CoDIP-CTAA) expresamos nuestra profunda preocupación ante la inminente ola de desalojos que podría dejar a miles de familias en la calle y nos sumamos al creciente reclamo de respuestas por parte del Estado nacional como del Estado porteño. En este sentido, en los próximos días convocaremos a una asamblea abierta de inquilinxs para definir los pasos a seguir que nos permitan visibilizar la problemática e impulsar nuestras propuestas.

Además de la feroz crisis económica que está aniquilando los salarios y dejando a medio pueblo en la pobreza, nuestro país atraviesa una grave crisis habitacional estructural, palpable en las casi 9 millones de personas inquilinas o que ocupan una propiedad. En la ciudad de Buenos Aires -la más rica del país-, las personas que deben alquilar pasaron del 38% al 46% en los últimos 10 años, mientras que aquellas propietarias de inmuebles disminuyeron del 62% al 54%. Todo esto a pesar de que en el mismo período se construyeron más de 111.000 viviendas, lo que significaría que las propiedades se están concentrando cada vez más en menos manos.

Partiendo de que el pago de un alquiler es un constante saqueo a los bolsillos de lxs trabajadorxs, quienes destinan en promedio más del 50% de sus ingresos en pagar el techo bajo el que habitan pero del cual no son propietarixs, los aumentos irracionales que están exigiendo los dueños que pretenden vivir de las rentas -que van desde el 60 hasta el 100%- requieren de la urgente intervención del Estado para establecer topes y controles efectivos que garanticen a la vivienda como un derecho humano y no como un negocio o inversión. Resulta inaceptable que mientras miles de familias sufren al tener que elegir entre comer o pagar el alquiler, los sectores más pudientes presionen para mejorar la rentabilidad de sus inversiones inmobiliarias. Ante esta ofensiva del mercado inmobiliario sostenemos que es necesaria la extensión del Decreto 320/20 como mínimo hasta fin de año, aunque somos conscientes de que es una medida paliativa e insuficiente para resolver la crisis que atravesamos. En paralelo, deben impulsarse diversas políticas que regulen el mercado y permitan el acceso a la vivienda propia.

Yendo al suelo en que habitamos, cabe alertar que todos los años el Gobierno de la Ciudad -en manos del PRO y sus aliados- aprueba leyes desprendiéndose de terrenos e inmuebles públicos, que luego son adquiridos por las grandes constructoras inmobiliarias para especular con el valor del suelo porteño o construir viviendas de lujo inaccesibles para la amplia mayoría de la sociedad. Y nos preguntamos ¿por qué no destinar los inmuebles para construir allí soluciones habitacionales que luego el mismo Estado porteño venda con facilidades de pago a las familias inquilinas? Así, podrían obtenerse recursos para el erario público y brindar un techo propio a personas que tanto lo necesitan.

En nuestro país hay tierra suficiente para resolver la crisis habitacional que sufrimos, en vez de utilizarse para que se enriquezcan los mismos de siempre. Lo que hace falta es participación popular para torcerle el brazo a las corporaciones inmobiliarias y sus representantes políticos. Por eso, impulsamos las siguientes propuestas:

– Prórroga del Decreto 320/20 hasta el 31 de diciembre de 2021 como mínimo, para evitar que miles de familias terminen en la calle.

– Programa nacional de desendeudamiento para la población inquilina que haya entrado en mora debido a la pandemia de Covid-19 y bajo el Decreto 320/20. 

– Implementación de un plan estatal federal de construcción de 2 millones de viviendas, el cual no sólo aseguraría el techo a quienes lo necesitan sino que daría un gran impulso a la economía por medio de la generación de empleo y la producción industrial. 

– Establecimiento de precios máximos a los alquileres, en relación directa a la paritaria anual más baja.

– Lanzamiento de nuevas líneas de créditos hipotecarios, los cuales en nuestro país representan tan sólo el 1% de todos los créditos que otorgan los bancos, mientras que en Bolivia es del 10% y en Chile asciende al 23%. Necesitamos nuevas líneas de créditos hipotecarios accesibles para construcción o compra, atados a la variación salarial y no a la inflación, para evitar las nefastas consecuencias de los créditos atados a las UVA. 

– En la ciudad de Buenos Aires, aplicación de impuestos a las viviendas que se encuentren ociosas por más de 6 meses, para evitar la especulación del mercado. Expropiación de aquellos inmuebles que se encuentren ociosos por más de 5 años.

– Destinar todos los inmuebles que el Estado porteño recibe por herencia vacante a soluciones habitacionales.

– Anulación de todos los decretos del Poder Ejecutivo Nacional que venden -o transfieren para su venta- tierras públicas a través de la AABE. 

-Inclusión del costo habitacional -alquiler o cuota hipotecaria- en la discusión del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). 

– SMVM igual a la Canasta de Consumos Familiar.