CTA Capital – Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma

La CTAA Capital, junto a FeNaT y otras organizaciones de la Ciudad, realizaron esta mañana una movilización simultánea a cinco ministerios porteños para exigir respuestas a los reclamos que vienen sosteniendo con distintas manifestaciones

A partir de las 10 hs de esta mañana y bajo el lema “Con Larreta la precarización y la pobreza no paran”, las organizaciones ocuparon las puertas y desarrollaron actos simultáneos en los ministerios de Educación, Desarrollo Social, Salud, Desarrollo Económico y Espacio Público, tal y como fue anunciado el último martes en conferencia de prensa.

En ese contexto y con el fin de continuar con los reclamos referidos a la paritaria social, economía popular y sistema integral de cuidados, desde cada cede ministerial se compartió la lectura de la Carta Abierta al Jefe de Gobierno, redactada por las organizaciones convocantes, para dar inicio luego a una serie de radios abiertas donde distintos compañeros, compañeras y referentes de cada espacio tuvieron la oportunidad de dirigir un mensaje a las autoridades correspondientes.

Pablo Spataro, Secretario General de la CTAA Capital, desde el Ministerio de Desarrollo Social, aseguró que “esta jornada histórica que en el día de hoy generó un fuerte impacto en los medios de comunicación, todavía no tiene respuestas  por parte de quienes gobiernan”.

“Debería darles vergüenza estar parados en la ciudad más rica del país y que nuestros compañeros y compañeras estén peleando por sobrevivir. Pero como nadie nos regaló nada, todo lo hemos conseguido luchando y ésta no va a ser la excepción, vamos hacia un plenario abierto de las organizaciones populares en el Parque Lezama. Allí, entre miles de compañeros y compañeras veremos cómo seguir, porque si no tenemos las respuestas que necesitamos, no tenemos miedo a tomar la acción política que debamos tomar: si hay que acampar acampamos y si hay que tomar los ministerios los tomamos”, finalizó Spataro entre aplausos.

Silvia Muñoz, del merendero comunitario Pan de Vida de Cildañez, dijo: “dejamos nuestros hijos, nuestras casas, para venir acá y a otros cinco ministerios a luchar y reclamar por los derechos  que nos deben, que quedaron en los escritorios, por los derechos que nos pisotearon. Estamos acá por las mentiras que nos dice día a día este gobierno, que no nos pide permiso para venir a usurpar nuestras tierras con las empresas que van a instalar”.

“Queremos que construyan casas  para nosotros en nuestros barrios, queremos vivir como ellos, cómodos, calentitos, con buenos sueldos. Tenemos derecho a vivir dignamente: teniendo agua, luz y demás servicios. ¿Por qué tenemos que comer polenta y arroz mientras ellos se dan banquetes y manjares? Ya luchamos contra una dictadura que nos quiso borrar del mapa y ahora vamos a seguir luchando. A no bajar los brazos compañeros”.

Rosmary Chuquimia Alcón, del Frente Social Migrante, expreso que “ellos dicen que trabajan pero nosotros aseguramos que no: en pandemia todos los ministerios, de Ciudad y Nación, nos han usado. Ellos estaban en sus camas y nosotros trabajando con Potenciar, Salarios Sociales Complementarios, cooperativas y todo eso es precario. Por eso necesitamos que esta vez respondan ellos, las y los funcionarios que nos vienen a ofrecer migajas, mientras nos preguntamos dónde están los recursos para nosotros que trabajamos donde ellos no quieren ensuciarse las manos”.

“Necesitamos más médicos, enfermeras, pediatras porque hemos pasado una pandemia muy grande, pero ellos despiden trabajadores de la salud. La educación ha bajado también porque para eso no hay recursos. Basta de esas excusas, basta de estar con trabajos precarios. Esto debe parar y debemos empezar a decirlo desde éste y los otros ministerios a donde hoy movilizamos: devuelvan los salarios a quienes trabajamos, impulsen la economía popular, basta de precarización e hipocresía”, dijo Chuquimia Alcón también desde Desarrollo Social de Ciudad.

Por otra parte, Santiago Mondonio, educador del Bachillerato Popular Salvador Herrera, desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, sostuvo que “los bachilleratos populares de la CTA-A Capital participamos en esta Jornada de Lucha frente a los Ministerios de CABA haciendo oír nuevamente los reclamos históricos que desde hace más de 10 años siguen incumplidos por el Ministerio de Educación: designación de cargos y salarios docentes, viandas y notebooks para las y los estudiantes, insumos básicos para dar clases, mobiliario escolar y conectividad a internet. Pero al mismo tiempo nos sentimos parte de los reclamos realizados por las organizaciones sociales convocantes como salario mínimo vital y móvil para les trabajadores de los espacios comunitarios, aumento de las raciones para los comedores, apertura de la mesa de la economía popular, aumento de puestos de trabajo en las cooperativas, porque somos parte de estos barrios, somos parte de estas comunidades y padecemos con ellos a diario el abandono por parte del Estado porteño”.

De la multitudinaria manifestación simultánea, participaron además: MP La Dignidad, Somos Barrios de Pie, Frente de Organizaciones en Lucha, CCC, Frente Popular Darío Santillán, FOB Autónoma, Paritaria Social y Popular, La Barriada, CC René Salamanca, Barrios Fuertes, Por una nueva Argentina, Liberación Popular, MTD Aníbal Verón y  Soberana.

Los próximos pasos en el marco de este plan de lucha, serán discutidos por la militancia de cada organización y puestos en común para darle continuidad a los reclamos, hasta tanto el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y su gabinete de Ministros y Ministras pongan en funcionamiento las políticas demandadas.

Por segunda vez consecutiva se realizó un encuentro de vecinos y vecinas, comerciantes e integrantes de asambleas del barrio de San Telmo en la Casa Cultural Pepa Noia de la CTAA Capital, donde se acordó una gran movilización en defensa del Casco Histórico a realizarse el jueves 23 de junio a las 17 horas en Independencia y Bolívar.

Con la participación de alrededor de 100 vecinos y vecinas de San Telmo en los distintos encuentros llevados adelante, se elaboró un documento fundamentando el rechazo a la intervención que propone el gobierno porteño en su “Plan de Renovación del Casco Histórico”, con propuestas alternativas y la opción de recurrir a la justicia para detener la destrucción en ciernes al no contar con ningún estudio de impacto ambiental acumulativo ni instancias de participación ciudadana en el proyecto.

En dicho texto, se puede leer que “En el marco de “La Transformación No Para”, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó en el Casco Histórico en un sector de la Ciudad de Buenos Aires que por definición no debería transformarse sino preservarse y protegerse. Sin embargo, a través de intervenciones en el espacio público y el transporte, se está acelerando el proceso de expulsión de residentes y de pequeños comercios del Casco Histórico para convertirlo en un gran polo gastronómico y de entretenimiento a cielo abierto, destinado principalmente al turismo y a residentes temporarios”.

El proyecto de Horacio Rodriguez Larreta consiste en intervenir el espacio público de 72 cuadras delimitadas por Avenida de Mayo, Avenida Juan de Garay, Paseo Colón y Tacuarí, con obras como el re-adoquinamiento de calles que el propio gobierno había des-adoquinado y asfaltado años atrás, nivelar la calle con la vereda e instalar bolardos: unos elementos metálicos similares a balas incrustados en las veredas, que han causado varios accidentes a peatones y ciclistas en otros sectores de la ciudad. Algo que desde las organizaciones perciben como una lógica de avanzar en la destrucción de la historia, la identidad y la morfología de los barrios porteños que hace cada vez más difícil el reconocimiento de los barrios, transformados por la irrupción de torres, grandes cadenas comerciales o por la uniformidad del espacio público como ya sucede en Palermo, Boedo o Microcentro. Sin importar que, en este caso en particular, está de por medio el valor histórico de la zona, el valor patrimonial de sus edificios antiguos, pero también las dinámicas sociales y económicas de su población que le dan vitalidad al barrio.

Para María Eva Koutsovitis, integrante del Frente de Organizaciones Salvador Herrera de la CTAA Capital, “La pandemia profundizó la disputa por el uso del espacio público entre la gastronomía y la posibilidad de habitar los hogares: En San Telmo el uso del espacio público por parte de la actividad gastronómica se lleva a cabo sin ningún tipo de control o regulación del gobierno porteño, al punto que hoy es imposible transitar las veredas, la contaminación sonora es permanente y todo esto ha generado que muchas familias se mudaran o vean muy deteriorada su calidad de vida”.

“En el mismo sentido, el Gobierno anunció un Plan de Reordenamiento de Colectivos que implica que las líneas que hoy recorren San Telmo (22, 24, 28 y 126) van a ser derivadas al Metrobus 9 Julio y del Bajo. Es decir, que para acceder al transporte público los y las vecinas de San Telmo vamos a tener que caminar en algunos casos más de 7 cuadras. El GCBA elabora la política de transporte pensando que todos los habitantes del Barrio Histórico son personas sin problemas de movilidad o que pueden usar bicicleta”, finalizó Koutsovitis .

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, justifica entre otras cosas los $2500 millones de pesos para la Etapa II del Metrobus del Bajo: una obra innecesaria para la cual ya se demolió el edificio de la Escuela Taller del Casco Histórico, todo un símbolo de la historia del barrio y la ciudad, y se mutilaron 70 árboles añosos de la Avenida Paseo Colón.

Mariel Arandia, vecina de San Telmo y co-fundadora de BARRIOS HISTÓRICOS VIVOS (San Telmo y Montserrat) aseguró que «hemos consensuado en la primera asamblea este nombre por dos razones principales: “Históricos” porque aquí se encuentra el Casco Histórico de la ciudad, somos los primeros Barrios de Buenos Aires y por tantos sucesos que aquí acontecieron, por ejemplo: sobre estas calles caminaron los vecinos en mayo de 1810 gestando el nacimiento de la patria. Y “Vivos”, en alusión a las palabras del Arquitecto Peña: “Un barrio, una plaza sin habitantes, es un barrio muerto”.

«Este proyecto de convertir en un polo gastronómico a cielo abierto las calles de San Telmo, atenta contra los vecinos y comercios tradicionales del barrio e impulsa la expulsión de los residentes permanentes: No tienen ningún derecho a hacer esto, es nuestro lugar en el mundo, que amamos y que vamos a defender», sintetizó Arandia.

Cabe destacar que de las reuniones mencionadas surgió la realización de una campaña en la vía pública en distintos barrios, con la colocación de mesas para la difusión de la problemática y la recolección de firmas contra este proyecto. Mismas que continuarán desarrollándose cada fin de semana.

Durante la mañana de hoy, desde el obelisco porteño, la CTAA Capital junto con otras organizaciones, anunciaron el plan de lucha para la jornada del jueves 23 de junio, que se dará de manera simultánea a las puertas de varios ministerios de gobierno.

Bajo el lema “Con Larreta la precarización y la pobreza no paran”, como oposición al slogan publicitario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la CTAA Capital junto a organizaciones hermanas, ofrecieron una conferencia de prensa esta mañana en el Obelisco, donde se leyó la Carta Abierta al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta: un documento que da cuenta sobre el crecimiento de la pobreza en la ciudad, el estado de emergencia en que viven más de 300 mil vecinos y vecinas, y cómo las políticas gubernamentales se apartan cada vez más de las necesidades reales de quienes viven y trabajan en el distrito más rico del país.

A la lectura compartida de dicho documento por parte de las y los referentes de cada organización, le siguió una breve ronda de preguntas por parte de la prensa. Ocasión que se aprovechó para dar a conocer los detalles de la movilización conjunta y simultánea que se desarrollará el jueves 23 a partir de la 10 hs, a los ministerios de Educación, Desarrollo Social, Salud, Desarrollo Económico y Espacio Público.

Pablo Spataro, Secretario General de la CTAA Capital, desde el propio Obelisco porteño, expresó que “Nuevamente las trabajadoras y trabajadores de la ciudad de las distintas organizaciones, estamos acá para plantearle al Gobierno porteño que hoy más de 2500 compañeros y compañeras ejercen sus tareas en el espacio público y perciben salarios entre 16.000 y 22.000 pesos, mientras que, según el instituto de estadísticas de la ciudad, una familia necesita ingresos de 56.000 pesos para cubrir una canasta básica alimentaria y de 98.000 para no ser pobres. Por eso estamos acá planteando que haya salarios dignos y que cada trabajador y trabajadora de los espacios sociocomunitarios pueda tener un salario como corresponde a sus tareas esenciales”.

“Al mismo tiempo venimos a plantear que el Gobierno de la Ciudad aliente políticas productivas, porque entendemos que la única salida es el trabajo y en ese sentido estamos pidiendo que se financie la Ley de Economía Social sancionada durante la pandemia en la Legislatura, y que se cree el Distrito para la Economía Popular, donde nuestros compañeros y compañeras que trabajan de manera cooperativa puedan desarrollarse más y mejor, con financiamiento y acompañamiento técnico y material del Estado”, completó Spataro.

El dirigente de la CTAA Capital finalizó sus declaraciones con un análisis sobre las necesidades más urgentes en los barrios populares, un balance sobre las la falta de respuesta del Gobierno de la Ciudad en esta materia y el recorrido que tendrá la multitudinaria marcha anunciada.

De la jornada de lucha del próximo jueves 23, participarán: MP La Dignidad – Somos Barrios de Pie – Frente de Organizaciones en Lucha – FeNaT CTA Autónoma – CCC – Frente Popular Darío Santillán – FOB Autónoma  –  Paritaria Social y Popular – La Barriada – CC René Salamanca – Barrios Fuertes – Por una nueva Argentina – Liberación Popular – MTD Aníbal Verón –  Soberana

Ante la inminente jornada de lucha planteada para la semana próxima en la Ciudad de Buenos Aires, las organizaciones abajo firmantes elaboraron el siguiente documento conjunto.

Con un incremento fuerte en la pobreza multidimensional en la ciudad de Bs As, que alcanza a más del 22% de la ciudadanía; con una ampliación permanente de la brecha social entre norte y sur, donde 4 de cada 10 porteños del sur es pobre, el gobierno porteño parece no ver conflicto alguno y embiste con rebajas al presupuesto para la emergencia social, grandes y onerosas campañas mediáticas, beneficios impositivos y cesiones de tierras a grandes empresas.

En las últimas semanas, el Jefe de Gobierno y distintxs funcionarixs de su gestión, no solo salieron a criticar a quienes mediante la asistencia del Estado, organizan con dignidad un trabajo autogestivo que les fue negado sistemáticamente y a quienes se movilizan en reclamo de justos derechos. Vimos plantear también que la salida es el trabajo, pero desde el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta no existe una sola política de generación de empleo, de acompañamiento a la producción de la economía popular. Vimos también en sus campañas mediaticas el mensaje sobre que en este distrito “la transformación no para” pero se niega en el sistema educativo la dinámica transformadora del lenguaje, penalizando a quienes amorosamente incluyen.

Cada una de estas medidas y decisiones, no fueron abordadas ni democrática ni participativamente y han sido obsolutamente inconsultas para con quienes nos vemos afectadxs diariamente por el avance silenciado de la crisis en la Ciudad de Bs As. Los Movimientos Populares abajo firmantes nos preguntamos una y otra vez: ¿De qué transformación se trata? ¿Qué hace la Ciudad por generar empleo?¿por qué se habla de dialogo y consensos cuando simplemente se niega el derecho a la participación y discusión?

A la postre de la situación crítica por la que atravesamos social, laboral y económicamente, lxs mas de 300 mil vecinxs que vivimos en barrios populares, nos desayunamos de una ley con un bello nombre pero que da la espalda de manera contundente a los emprendimientos de la Economía Popular beneficiando una vez mas, con excenciones impositivas y alquileres muy por debajo de lo que cualquier ciudadano o ciudadana accede a la locación de un inmueble a grandes y poderosas empresas que se radiquen en las villas de la ciudad; generando competencia desleal con los pequeños comercios de barrio y relaciones de privilegio que nunca se inclinan por quien menos tiene y más esfuerzo le cuesta levantar cabeza. Una vez mas a espaldas de lxs vecinxs, una vez mas inclinando la balanza hacia el poder económico local y el negocio inmobiliario, una vez mas sin consulta ni participación popular; todo esto mientras la Ley de Fomento a la Economia Popular y social duerme el sueño de los justos en algún cajón de la jefatura de gobierno.

Por medio de esta carta abierta queremos hacer visible nuestro reiterado pedido de audiencia con el Jefe de Gobierno y afirmamos que somos y hemos sido siempre parte de la solución y no un problema para esta ciudad; que desde un debate plural interministerial y multisectorial podremos aportar propuestas que den respuesta a la crisis que avanza y se profundiza en la Ciudad.

Los Movimientos populares que construimos este documento proponemos públicamente la siguiente agenda de debate orientada en 3 ejes fundamentales:

• Paritaria Social: con una inflación que se encamina a un piso del 60%, mientras se adelantan los aumentos del Salario Mínimo, las Cooperativas de Trabajo conveniadas con el GCBA recibimos un aumento del 45% en cómodas cuotas. Por esto, exigimos la reapertura de paritarias en una Mesa en común entre el Gobierno y todas las cooperativas del Programa Veredas Limpias y similares.

• Distrito de la Economía Popular: así como existen el Distrito del Deporte, Tecnológico, etc. exigimos la creación de un Distrito de la Economía Popular. Que cuente con los mismos fomentos para la producción y el trabajo, para la generación de Polos Productivos, Centros de Comercialización, Ferias Populares, etc. que pueda nuclear a las miles y miles de personas que viven de su trabajo en las más precarias condiciones.

• Sistema Integral de Cuidados: como ha planteado el propio Gobierno de la Ciudad, las organizaciones sociales tejemos una formidable red de atención y cuidados en nuestros barrios, llegando a lugares donde el Estado no está. Nuestras compañeras que trabajan cotidianamente a pulmón como Promotoras de Salud, Género, Ambientales, Contra las Adicciones, Educadoras Populares etc necesitan el reconocimiento salarial de sus tareas para profesionalizarnos. Exigimos además, la creación de Centros de Primera Infancia, Casas Refugio para las miles de vecinas que sufren de violencia de género, la integralidad en el cuidado de adultxs mayores, etc. Por todo esto, planteamos la creación de un Sistema Integral que involucre a todos los actores.

MP La Dignidad – Somos Barrios de Pie – Frente de Organizaciones en Lucha – FeNaT CTA Autónoma – CCC – FOB Autónoma – Paritaria Social y Popular – Liberación Popular – MTD Anibal Verón – Soberana-Frente Popular Dario Santillan

A través de la Circular 4/2022, firmada por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que a partir del viernes 10 de junio deje de usarse la “e” o la “x” como lenguaje inclusivo en todos los contenidos que dicten las y los docentes, tanto en el material que se le entrega a alumnos y alumnas, como en documentos oficiales de las escuelas. La Ministra advirtió además que se implementarán sanciones en caso de no cumplir con esta prohibición.

La excusa del Gobierno de la Ciudad para imponer esta norma son “los bajos rendimientos” de alumnos y alumnas de escuelas porteñas en la última evaluación sobre Lengua realizada en estudiantes de sexto grado del nivel primaria y de tercer año de secundaria dados a conocer días pasados, que reflejan un retroceso durante el período de pandemia.

Al conocerse la circular, rápidamente la medida fue cuestionada por un amplio abanico de docentes, diversidades y trabajadores de niñez.

Desde la CTAA Capital, Daniela Rodríguez, secretaria de Formación de la Central porteña, opinó: “No hay educación posible cuando se parte de la prohibición. Eso es adoctrinamiento, eso es la disciplina de que la letra con sangre entra. Lo que la Ministra parece desconocer es que este tipo de medidas son poco efectivas, no por negar se deja de ser o de existir. Y el lenguaje inclusivo representa toda una década de transformaciones culturales en clave de género, años de lucha y, por supuesto, mucha sangre derramada. Transformaciones de las que no volvemos aunque nos prohíban por decreto. Cómo dicen las travestis ´a la cárcel no volvemos´ y a la cárcel de la lengua tampoco vamos a volver. No volvemos de más de 10 años de Educación Sexual Integral (ESI) y no volvemos de la Ley de Identidad de Género, aunque la Ministra nos prohíba.”

“El uso del lenguaje inclusivo en respeto de todas las identidades de género nos permite también reflexionar acerca del rol de la Escuela y la Educación en este lío, cuando se trata de profundos cambios culturales. Se trata de generar las herramientas pedagógicas que permitan a les niñes y adolescentes realizar sus aprendizajes significativos y todo lo necesario para desarrollar plena y dignamente sus vidas. Es responsabilidad del Ministerio capacitar a la docencia y al conjunto del sistema educativo para el uso correcto del lenguaje inclusivo y para la aplicación de todos los cambios que implica la Ley ESI y la Ley de Identidad de Género. Les pibes no van a estar esperando a la Ministra para ser y elegir por si mismes y la Escuela, con la Ministra a la cabeza, tiene que acompañar está transición cultural protagonizada por nuestras niñeces y adolescencias, concluyó Daniela.

Joaquín Coronel, profesor del Bachillerato Popular Miguelito Pepe de Somos Fuego, por su parte, aportó: “Más allá de que las identidades no se pueden prohibir por decreto, este tipo de medidas permiten y habilitan a sectores reaccionarios a poder avanzar sobre los derechos adquiridos y es importante identificar que la institucionalidad del lenguaje inclusivo también permite cohibir de alguna manera al fascismo internalizado que ciertos sectores reprimen cuando la legislación prohíbe este tipo de iniciativas”.

“En este sentido, creo que la decisión de la Ministra de prohibir el lenguaje inclusivo no hace más que reforzar su carácter disruptivo, porque molesta, porque rompe con estructuras del status quo es que decidimos militarlo y sostenerlo y sino molestara a la derecha no cumpliría su función primordial que es de abrir a nuevas expresiones que escapan a la lógica estructural de las relaciones de poder”, agregó el compañero.

Por su parte, Clarisa Gambera, secretaria de Géneros de la CTAA Capital, trabajadora de Niñez y docente en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, expresó: “Ya se dijo desde diversas disciplinas y enfoques que el lenguaje es materia viva, que lo habitamos las personas y que por decreto o resolución no se puede impedir que se siga usando para dar cuenta de un proceso de ampliación de derechos en un contexto que ha comenzado a saldar una deuda histórica con la comunidad LGTTBQ +”.

“Es de una enorme violencia simbólica pedir que dejemos de nombrar o de habilitar en nuestras aulas esas marcas del lenguaje que son llamadas de atención que dan cuenta de un orden social discriminatorio. Quienes nos formamos en ESI y asumimos la responsabilidad del respeto de los DDHH en sentido amplio, no podemos asumir que esta orden arbitraria y contraria a derechos sea posible de exigirse. Esta resolución es una provocación con fines electorales que busca simpatía con una parte del electorado que ha asumido el discurso de odio como bandera y también sirve para tapar las razones múltiples que dan cuenta de las dificultades que tenemos en el aprendizaje de la lectura y escritura, todas más cerca de la precariedad de este tiempo que del uso de la “e””, concluyó la Gambera.

Las voces de las y los compañeros se hace oír desde que se conoció la medida. Incluso, ayer lunes 13 de junio se presentó una acción de amparo en la Justicia para dejar sin efecto la resolución que comenzó a regir el pasado 9 de junio y que impide aquellas expresiones que incluyen la “e”, la “x” o el “@” como “chiques”, “bienvenidxs” o “alumn@s”.

Luego de conocerse el informe sobre la ejecución del Presupuesto 2022 de la Ciudad de Buenos Aires, algunas secretarías de la Central porteña pusieron de manifiesto las implicancias reales de una política diseñada en favor de unos pocos.

En el caso de la ciudad que tiene el mayor presupuesto por persona de Argentina, y es una de las más ricas de la región, cuenta con un presupuesto anual aproximado de 940 mil millones de pesos. De los cuales, según se pudo conocer hace días, si bien se ejecutó la cuarta parte del mismo, que es lo esperado para los primeros tres meses del año, existieron algunos rubros privilegiados como el de publicidad y propaganda oficial.

Si se toma en cuenta lo que corresponde a dicho rubro y se suma el presupuesto de la Subsecretaría de Comunicación Social, para todo 2022 está presupuestado destinar 5 mil millones de pesos para tal fin. Y en lo que va del año, las y los porteños han gastado 12 millones de pesos por día en propaganda oficial.

María Eva Koutsovitis, integrante de la Cátedra Libre de Ingeniería Civil (CLIC) y del Frente de Organizaciones Salvador Herrera, aseguró que “Mientras esto sucede hay otras áreas que no son tan privilegiadas y el caso de la vivienda tal vez sea uno de los más elocuentes, ya que la ciudad se encuentra en emergencia habitacional, con uno de cada seis de sus habitantes sumido en esta situación, el 40 por ciento de los hogares que pagan alquiler y un Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), que cuenta con un programa llamado “Crédito Primera Vivienda” pero que hasta ahora no ha ejecutado ni un solo peso del presupuesto destinado a esos créditos”.

“En el caso del barrio de la Boca, que tiene un enorme déficit habitacional, existe otro programa llamado “Rehabilitación La Boca”, que durante el primer trimestre tuvo una ejecución igual a cero pesos. Así como sólo se ha ejecutado cerca del ocho por ciento del Programa de Integración y Transformación de Villas, lo que representa una clara sub ejecución presupuestaria y habla de cómo el macrismo logra disfrazar las políticas públicas detrás de nombres amables que ocultan realidades bochornosas”, finalizó Koutsovitis.

Así las cosas, el mapa de prioridades del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta muestra a las claras cuáles son las áreas o sectores que siempre se ven privilegiados más allá de lo que se plantee en términos discursivos. Pero como los datos abundan, es menester observar que hace unos días la sociedad se movilizó en el marco de otro aniversario del Ni Una Menos y es allí donde también el gobierno porteño ha sub ejecutado la partida presupuestaria que tiene que ver con la Dirección General de la Mujer. Por lo que mientras las y los porteños destinaron 12 millones de pesos diarios a la publicidad oficial, el área de detección, protección y asistencia a víctimas de trata solo gasta 800 pesos por día.

Pablo Spataro, secretario General de la CTAA Capital, aseguró que “los datos que arroja un primer análisis del presupuesto y su ejecución, muestran a las claras cuáles son las prioridades del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: la imagen de su gestión, su imagen como candidato presidencial y los negocios multimillonarios que se tejen en torno a la cosa pública que, desde hace 15 años, es botín de guerra para el poder real, las grandes empresas y corporaciones de todo tipo”.

“Desde hace un tiempo, con organizaciones hermanas venimos reclamando una serie de puntos que son centrales para miles de porteños y porteñas; políticas que podrían llevarse adelante con un par de puntos de ese presupuesto hecho a medida de los intereses empresariales, mal gastado en las áreas más sensibles para la sociedad y lejos de las necesidades reales. La publicación de estos datos muestra que el presupuesto de la Ciudad es el fiel reflejo de un gobierno a espaldas del pueblo”, concluyó Spataro.

La educación como motivo de anhelo y desvelo del gobierno de Cambiemos en la Ciudad tampoco escapa a la vista de la sociedad como una máscara discursiva cuyo piolín se corta al ver el pálido 8 por ciento de los subsidios ejecutados para afrontar gastos de infraestructura.

Daniela Rodríguez, secretaria de Formación de la CTAA capital, reflexionó lo siguiente: “Si pensamos en la educación de la ciudad, no es una sorpresa para nadie la tendencia al desfinanciamiento como estrategia para privatizar el acceso a la educación, forzando a las familias que pueden pagar a optar por la educación de gestión privada”.

“La crisis de infraestructura, la brecha tecnológica y los paupérrimos e indecentes salarios docentes son tres de las más graves problemáticas educativas acrecentadas en este tiempo. La pregunta es: ¿Qué parte del presupuesto se destina a subsanar estas brechas entre estudiar en una escuela confortable y calefaccionada y una que se cae a pedazos en la cabeza de estudiantes y docentes?”, concluyó Rodríguez.

En lo que concierne a la economía social, otro gran discurso para el Gobierno Porteño, el presupuesto ejecutado para mejorar o impulsar la comercialización de los productos de dicha economía, hasta ahora aparece en cero pesos. Habrá que esperar para corroborar cual será el financiamiento de la “Ley Farmacity” que libera de los gravámenes de Ingresos Brutos a las grandes empresas que colaboren en el proceso de expulsión de las y los vecinos de los barrios populares codiciados por el negocio inmobiliario.

El pasado lunes 30 de mayo, integrantes de la mesa de conducción y otras organizaciones de la CTAA Capital, CTAA Nacional y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), participaron de las audiencias – convocadas por la Agencia Nacional de Discapacidad – en que se debate un nuevo Proyecto de Ley sobre Discapacidad a nivel nacional. Hecho percibido desde las mencionadas organizaciones como un avance, aunque replica ciertos vicios paternalistas y asistencialistas del antiguo paradigma médico.

Mabel Mamani, secretaria de Discapacidad de la CTAA Capital, expresó el disenso en cuanto a la necesidad de una nueva ley, dado que existen normas y modificatorias que abordan ampliamente la problemática pero que no se aplican y se las vacía sistemáticamente de presupuesto.

En las audiencias estuvo presente Carlos Ferreres, secretario de Discapacidad de CTAA Nacional y Director de Discapacidad de ATE Nacional, junto a Mabel Mamani, integrante del Frente Territorial Salvador Herrera (FOSH-CTAA) y Carlos Scally, integrante de la Secretaría Discapacidad de CTAA Capital, quienes acordaron en ponderar la crítica situación en que se encuentran las personas con discapacidad en Argentina, ya sea por la indiferencia entre organismos del Estado y la propia sociedad civil; el incumplimiento de la legislación vigente, la ineficacia de muchas políticas públicas y la comisión de actos discriminatorios. Razón por la que también expresaron que la nueva ley debe tener un enfoque desde los Derechos Humanos, basado en el Modelo Social de Discapacidad establecido por la Convención.

Además, en su exposición ante la asamblea, Mabel Mamani señaló: “La implementación efectiva de políticas públicas requiere una asignación de recursos financieros suficientes para hacer efectivos los derechos que pretende asistir. Porque discapacidad y pobreza caminan de la mano y se retroalimentan: la falta de recursos económicos no hace más que profundizar las dificultades para el desarrollo de las familias que diariamente se encuentran en la grave situación de tener que enfrentar las necesidades de un familiar con discapacidad. Nosotros lo vemos todos los días en los barrios más humildes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la gran mayoría no tiene acceso a servicios en materia de salud y protección social”.

“En nuestros barrios de cada 10 personas en situación de discapacidad, solo 3 tiene el Certificado Único de Discapacidad. Hay una insuficiencia de Servicios de Rehabilitación en la red de hospitales públicos y un escaso número de efectores y recursos humanos calificados en todos los niveles de atención. A la restricción de la accesibilidad por dicha escasez, hay que agregar que la capacidad de admisión hospitalaria está colapsada, faltan prestaciones complementarias como ayudas económicas para la atención de necesidades sociales, dispositivos de apoyo y aparatos ortopédicos”.

Así mismo también quedó explicitada la preocupación por la cantidad de madres que son único sostén de familia con hijos con discapacidad, con padres que abandonan el hogar y no brindan apoyos económicos, sin la protección social necesaria por parte del Estado, las cuales, en palabras de Mamani, “se sienten solas y al margen de la sociedad con sus hijos, a los que se les termina vulnerando sus derechos a la salud y a la protección social”.

Como caso testigo, se citó un relevamiento sobre la accesibilidad del espacio público en la Villa 20, que evidenció que en más de la mitad de las manzanas del barrio no hay ninguna rampa de acceso al espacio público. La mayoría de las viviendas que habitan las personas con discapacidad tienen graves barreras arquitectónicas producto de la derogación por parte de la Legislatura porteña de la Ley 962 de accesibilidad que apuntaba a la inclusión de las personas con discapacidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando marcha atrás con lo actuado, afectando derechos adquiridos, sancionando una ley abiertamente discriminatoria que prioriza la ganancia de los grandes desarrolladores inmobiliarios a costa de las necesidades de la personas con discapacidad.

Carlos Scally, añadió: “Queremos expresar nuestra alarma por la situación crítica en que se encuentran las personas con discapacidad en la Argentina: A modo de ejemplo, en el tema trabajo, el incumplimiento del cupo del 4%, de puestos de trabajo reservados para personas con discapacidad, acorde lo normado en articulo 8 de la Ley Nacional 22.431, del año 1981, es una deuda de estos casi 39 años de un estado en democracia, ya que según datos del año 2021 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, la cantidad de personas con discapacidad empleadas es de 0,61%. Todos sabemos que hay normas, pero no se cumplen y menos sin presupuesto”.

“Queremos discutir el proyecto de ley en nuevas audiencias públicas luego de que esté redactado y antes que ingrese al Poder Legislativo. No olvidemos el lema acuñado por el movimiento a favor de las personas con discapacidad en la previas a la convención por los militantes de discapacidad del mundo que dice “Nada sobre nosotros sin nosotros” y resume la idea de que no puede decidirse una política sin contar con la participación completa y directa de los miembros del grupo afectado por dicha política y ninguna decisión que influya sobre nuestros derechos no puede llevarse adelante sin nuestra participación”, concluyó Scally.

Carlos Ferreres, se manifestó sobre el programa “Incluir Salud”, cuyo sector son los beneficiarios de pensiones por discapacidad y funciona con muy serias y peligrosas deficiencias en todo el país; la falta de acceso a las prestaciones y la provisión de medicamentos en tiempo y forma, la habilitación de farmacias por distritos en base a la población beneficiaria, el rechazo de la resolución 453/2018 que plantea la provincialización de la temática y la necesidad del cumplimiento del cupo en las nuevas viviendas a construirse que deben ser accesibles para familias con algún integrante con discapacidad.

De las exposiciones también participaron Brenda Miño, Leonidas Chaparro, Rosalina Ferreira y Yamila Dubinsky, quienes abordaron, entre otros temas, los prejuicios en la educación general básica, que se manifiestan en formas de rechazo cultural que impiden una mayor inclusión de los niños y jóvenes con discapacidad en las escuelas comunes; y salud mental: análisis y formas que mejoren la calidad de vida, atendiendo la libertad de circulación y accesibilidad al transporte público para personas con discapacidad.