Ley de Moratoria Previsional: la CTAA Capital abrazó al Congreso

Junto a organizaciones hermanas y a las y los Diputados que impulsan la iniciativa, la Central porteña abrazó ayer al Congreso de la Nación por una Ley de Moratoria Previsional.

Ante la negativa de las y los diputados de la oposición de garantizar el quórum para el tratamiento del proyecto de ley que ya tiene media sanción en Senadores, se realizó este miércoles por la tarde un abrazo simbólico para darle impulso a la iniciativa.

Bajo el lema, “El Congreso no puede detenerse, el derecho a jubilarse tampoco”, la Central participó de la actividad que se llevó adelante en la Plaza del Congreso y ratificó la exigencia al congreso para que trate y apruebe un plan de pago de deuda previsional que permita a 800 mil personas acceder a este derecho básico.

Pablo Spataro, secretario General de la CTAA Capital, durante el abrazo al Congreso, expresó: “Venimos a exigir que la oposición sea responsable y que vote de manera favorable la ley -que ya tiene media sanción en el Senado- y que permitiría que 800 mil jubiladas y jubilados puedan acceder a este derecho. Creemos que es fundamental que esta ley pueda contemplar la situación de las personas que no pudieron hacer los aportes necesarios por tener trabajos precarios.”

Por su parte, Silvia Scorza, secretaria General Adjunta de la Regional Centro de la CTAA Capital y miembro del Centro de Jubilades Elías Moure – CTAA Capital, comentó: “Vinimos acá para reclamar que todas y todos los trabajadores tengan el mismo derecho de jubilarse. Porque se olvidan de que hay un 40% de la población trabajadora -que trabajadores somos todos- que no puede acceder a la jubilación, porque son precarizados o son trabajadores de la economía popular. Estamos por todos ellos.”

Olivia Ruiz, secretaria de Previsión Social, sumó: “Estamos frente al Congreso para exigirles a los diputados que den quórum para tratar el proyecto de ley por la previsión social, estamos todas las organizaciones con la expectativa de que se trate y que permita a miles y miles poder jubilarse”.

En ese sentido, la dirigente indicó que “hoy el 50% de los trabajadores tienen una situación de precariedad laboral y resulta imposible que alcancen los 30 o 35 años de aportes requeridos. Nosotros los jubilados necesitamos dejar de ser invisibles”.

Desde las puertas del Congreso, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de la CTA Autónoma, dijo: “Desde la CTA Autónoma uniéndonos como siempre a la lucha de los trabajadores y trabajadoras jubiladas y jubilados, exigiendo al Congreso que funcione, que la Moratoria Previsional, les legisladores no atenten contra la democracia y la vida de los adultos mayores. Hoy hay 800 mil que no pueden acceder al derecho jubilatorio porque no se aprueba la ley de prórroga previsional. Si no se aprueba en lo inmediato van a ser muchos miles más.

Al finalizar la vuelta al Congreso Nacional, se realizó un acto donde se reiteró el reclamo colectivo: que la Moratoria Previsional sea ley: «Tenemos muchos años de lucha y experiencia, ¡vamos que sea ley!», dijo Olivia Ruiz junto a las diputadas Gisela Marziotta y Paula Penacca, que respaldan la iniciativa dentro del recinto, y ante las y los presentes.

Fuente: CTA Autónoma

Eduardo Silveyra: “Este trabajo me llevó a desentrañar la corrupción policial en la ciudad”

La CTAA Capital acompañó la presentación del libro de Eduardo Silveyra sobre la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Centro Cultural Pepa Noia.

Con la participación de una nutrida mesa compuesta por María del Carmen Verdú (CORREPI), María José Cano (Derechos de los Pueblos), Alejandro Tarruella (escritor), Juan Carlos Manoukian (Editorial Ciccus) y Pablo Spataro (Sec. Gral. de la CTA Autónoma Capital), se llevó a cabo la presentación del libro “La Gorra: Prontuario de la policía de la ciudad”, donde Eduardo Silbeyra desentraña la historia, la composición y los entramados de corrupción de la fuerza de seguridad porteña.

Durante el recorrido de sus páginas, “La Gorra” devela muchas de las razones por las cuales el accionar de la Policía de la Ciudad responde a la lógica de dispositivos de represión y hasta de policía política, en vez de ser una política de cercanía y de prevención, como supuestamente se la había concebido.

Pablo Spataro, Secretario General de la CTAA Capital, fue el primero en tomar la palabra a modo de apertura, expresando la importancia de ámbitos de discusión como este, en un contexto tan especial como víspera de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, con 800 centros clandestinos que operaron a lo largo de nuestro país con las fuerzas armadas y de seguridad como protagonistas.

“Esos rastros desgraciadamente tienen permanencia en la democracia y nos parece sumamente interesante la propuesta de Eduardo de ver que hay de todo en ese aparato genocida, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que es la fuerza de la represión en el Hospital Borda, en el Parque Indoamericano y la fuerza de represión del gatillo fácil que se nos llevó a tantos pibes y pibas”, apuntó.

“Nos parece necesario un debate honesto, desde un lugar propio de la clase trabajadora como este y con la presencia de todos estos panelistas para que sea un momento de reflexión, de análisis y que nos saque para adelante con acción, porque es un tema que muchas veces desde las organizaciones populares, sociales, sindicales y políticas, abordamos sin la profundidad necesaria y en toda la dimensión que tienen, producto de la multiplicidad de problemáticas que aquejan a nuestro pueblo”, finalizó Spataro.

Controvertida, conformada por cadetes apenas preparados y muchos agentes exonerados de otras fuerzas por distintas razones, la Policía de la Ciudad protagoniza semanalmente hechos que denotan su carácter de policía política del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Ya sea reprimiendo vendedores ambulantes, manifestaciones populares, llevando a cabo tareas de inteligencia ilegal contra vecinos y organizaciones o interviniendo ante reclamos sociales de indistinta magnitud con modos de “la vieja escuela”, más para la foto que por la debida observación de la ley.

El autor de “la Gorra” e integrante de la Regional Este de esta Central contó que el impulso para escribir este libro fue el caso de Lucas Gonzales, el jugador de Barracas asesinado por la policía porteña cuyo caso, contó Silveyra, “empecé a seguir porque, a medida que se iba mostrando información, se iban mostrando también diferentes componentes del dispositivo de corrupción policial. Primero inculpando a las víctimas de ser delincuentes, luego la aparición de una abogada de la propia policía plantando un arma, diciéndoles a los efectivos como declarar en el juzgado. Después las implicancias y complicidad del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires cuando llevaron a declarar a los pibes sindicados como sospechosos en lugar de atenderlos como víctimas”, aseguró.

Respecto de la construcción del libro, de su relato, Silveyra aseguró que “hay muchísima información: uno se puede nutrir de ella, pero el tema es construir una verdad a partir de eso y yo humildemente traté de hacerlo con este libro. Creo que pasa un poco por ahí, porque a medida que iba acumulando material iba descubriendo dispositivos represivos que tienen que ver con el espacio público. Algo de lo que también nos habla la presencia de cámaras de seguridad, cuyo número no es el mismo en la zona sur que en la zona norte, y refleja la permisividad o no ante un mismo hecho ocurrido en lugares diferentes: no es lo mismo ser captado fumando un porro en Belgrano que en Pompeya o Soldati. Mientras que en Belgrano no pasa nada, si te sorprenden en Soldati fumando un porro la policía te reprime, te caga a palos y no sé si te utiliza como número más en al estadística o te mete un tiro por las dudas o para ganarse cierto prestigio inter pares”.

“Hay una distribución desigual, despareja, entre lo que se puede y no se puede hacer dependiendo del lugar de la ciudad o de la clase social que lo habite y eso también es algo de los que quise rescatar en este libro”, concluyó el autor.

“La Gorra: Prontuario de la policía de la ciudad”, fue editado por Ciccus. Está disponible en todas las librerías y en la tienda en línea de la editorial: https://www.ciccus.org.ar/libro/la-gorra/

Capitán Verón: “estos tipos tienen mucho poder, pero no saben lo que puede hacer un pueblo organizado”

Una delegación de la CTAA Capital participó de la séptima Marcha por la Soberanía a Lago Escondido, provincia de Río Negro, que crece año tras año y ya tiene peso específico en la agenda de distintas organizaciones.

El Capitán Oscar Verón, Secretario General de la Junta Interna de ATE Vías Navegables y Secretario de Relaciones Institucionales de la Regional Este de la CTAA Capital, viajó a la provincia patagónica como integrante de la mesa coordinadora de la séptima edición de la Marcha por la soberanía a Lago Escondido, que se desarrolló durante los últimos días del mes de enero y los primeros de febrero y viene sumando voluntades, militancia y organizaciones con el correr de los años.

Para Verón, “es indudable que la convocatoria a rescatar la soberanía superó las expectativas gracias a las conferencias de prensa y a los distintos hechos a los que se sumaron compañeros y compañeras de ambas CTA (Autónoma y de los Trabajadores), movimientos sociales y populares, la CGT a través de Pablo Moyano y la Corriente Federal que nuclea a otros sindicatos”.

El periplo comenzó el 27 de enero con una conferencia de prensa en la que participaron agrupaciones que respaldan esta marcha iniciada por Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), presidida por Julio César Urien, quien forma parte de la Mesa Coordinadora por la soberanía del Paraná y el Canal Magdalena, junto con la CTAA Capital y otras organizaciones.

En esa conferencia de prensa se anunció que el día 30 comenzaría la marcha hacia el camino Tacuifí (con la entrada cerrada, ya no por tranqueras, sino portones e hileras de policía armada) para dejar copia de la resolución judicial que apelara la Gobernadora de la Provincia de Río Negro, Arabela Carreras, cuyo accionar apoya la ocupación ilegal del Lago Escondido y el resto de ese territorio por parte de Joe Lewis.

En paralelo, el 28 de enero, la columna Juana Azurduy había iniciado una travesía de cinco días por el camino de montaña para llegar al Lago Escondido, donde acampó durante dos noches frente a la mansión de Lewis y resultó asediada y agredida por su patota. Entre las 62 personas que integraron la columna, estaban Jorge Rachid, el Padre Paco Oliveira y Franco Padilla, delegado de ATE Vías Navegables y de la CTAA Capital.

El día 31, una convocatoria de la CTAA Capital junto a la Corriente Clasista y Combativa y otras organizaciones generó una nutrida columna de diez cuadras, que terminó su primera etapa en el Centro Cívico de San Carlos de Bariloche con la palabra de distintos referentes que condenaron esta acción e intimidaron a la Gobernadora, a representantes del poder legislativo y judicial y a funcionarios policiales para que abriesen el sendero que conduce al lago. Luego marcharon a la entrada del camino del Tacuifí donde llevaron adelante una serie de acciones mientras la policía provincial se preocupaba por cuidar el portón de un posible ingreso y no por cumplir su deber constitucional. Al mismo tiempo, otras organizaciones se encargaban de hacer las presentaciones judiciales pertinentes en la ciudad de Bariloche para lograr un recurso de amparo que obligara a abrir el paso a los manifestantes sin violencia y garantizase la integridad de la Columna Juana Azurduy.

Verón relató que al día siguiente se realizó la marcha de todos los grupos convocados pero ya el panorama era otro: “había una fuerte presencia policial protegiendo la reja y los empleados de Lewis se mostraban violentos, montados a caballo, blandiendo rebenques y otros elementos contundentes al ritmo de canciones folklóricas a todo volumen, como para amedrentar a los manifestantes. Acto seguido, cortaron todo tipo de comunicación: no había Wi-Fi ni telefonía de ninguna clase. En un momento empezamos a recibir piedrazos y gas pimienta desde la propiedad en cuestión, y algunos compañeros resultaron heridos. A su vez, otro grupo logró pasar 300 metros más allá del portón. Entonces los esbirros a caballo comenzaron a levantar polvareda para ocultar las reacciones violentas de sus compañeros, sin tener en cuenta el drone que llevábamos y el coraje de otra compañera de la agencia Télam que filmó todas las agresiones. Gracias a eso, los hechos son de público conocimiento”.

Verón no duda al afirmar que este tipo de acciones directas apuntan a algo más profundo, como llamar la atención sobre la entrega del territorio patagónico a personas y empresas extranjeras, en clara violación de nuestra constitución nacional y demás leyes que versan sobre el tema.

“Para nosotros es evidente que aquí hay una complicidad absoluta de parte del poder judicial, sustentada en los hechos también de público conocimiento, como el viaje todo incluido que jueces de la corte y otros funcionarios judiciales porteños hicieron a las propiedades de Joe Lewis, según consta en la causa por el escándalo de las filtraciones telefónicas del ministro de seguridad porteño Marcelo Dalessandro».

“Esta no es una pelea por un simple camino de acceso a un lago: representa una de las peleas más fuertes por la soberanía, contra una entrega que se ha perpetuado por 30 años gracias al ocultamiento hacia la opinión pública. Por eso también es tan importante la movilización contra la Corte Suprema en tanto instancia final en donde se dirimen estas cuestiones siempre a favor de los poderes de los que son parte. Debemos empezar a recuperar y ejercer la soberanía en todos los sentidos y en todos los territorios de nuestra patria porque, de lo contrario, podemos llegar a perder todo”, condensa Verón, para quien la continuidad de estos reclamos es fundamental y urgente dado que el desmonte y la construcción de barrios privados, el avance de la soja y otros cultivos, la afectación de los ríos, las geografías, los climas, las biodiversidades y la fertilidad de la tierra evidencian el extractivismo que se vive en todo un país donde las empresas se llevan millones de dólares por día mientras que en el seno de su pueblo crece la pobreza.

Para el Capitán Verón el gran desafío es seguir al frente en esta lucha: “por suerte contamos con una gran organización como es la CTA Autónoma que, tanto a nivel nacional como de las distintas provincias, se ha puesto a la cabeza esta disputa; la regional Capital que integro fue la primera en tomar la lucha por la soberanía del Río Paraná para acompañar, impulsar y protagonizar este reclamo que hoy han tomado muchas organizaciones, frentes, foros y demás”. Desde la provincia de Río Negro, y con los ecos del himno ante las puertas de Lewis, Verón reflexionó acerca del valor de esta marcha que, a su entender, “ha servido para imponer en la agenda el hecho de que hay un lago que está en manos de un enviado del gobierno británico, hay un camino argentino con acceso vedado, territorios que seguimos perdiendo y, sobre todo, un deber de recuperarlos como organización gremial, como trabajadores y como argentinas y argentinos”.

Todo “Anti” es invariablemente antidemocrático.

La CTAA Capital repudia enérgicamente el mensaje que apareció en distintas zonas de la ciudad, en forma de afiches, firmados por una supuesta organización llamada MAPA (Movimiento Anti Piquetero Argentino).

La amenaza explicitada en los carteles cuya imagen acompaña este posicionamiento se inscribe como parte de un fenómeno de emergencia de las derechas en nuestra América y el mundo, producto del descontento general que el propio sistema capitalista y su devenir genera en las sociedades.
La aparición de este tipo de mensajes en nuestro país, en este momento, en un año electoral particularmente tensionado por un neoliberalismo salvaje, que pretende regresar al poder, y un campo nacional y popular que aún no encuentra una conducción unificadora, debe llamar a la reflexión de cada ciudadano y ciudadana, ya que lesiona seriamente la vida democrática que nuestro pueblo viene construyendo desde hace 40 años.
Cabe recordar siempre que la historia misma del pueblo argentino es la historia de sus luchas, victorias y derrotas, y que las tan odiadas manifestaciones populares, además de ser un derecho constitucional consagrado y reconocido, son la última herramienta de la que dispone el pueblo para reclamar ante las autoridades y que además han forjado el surgimiento y andamiaje de los derechos que rigen hoy día.
No puede perderse el piso de la democracia. Si bien el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, el derecho a manifestarse y peticionar ante las autoridades no puede ser cuestionado en el marco de un gobierno elegido por el voto popular.
Mensajes como estos: violentos, amenazantes, revanchistas y reaccionarios no hacen más que negar la historia y ahondar en una postura superficial que favorece los intereses de un pequeño grupo de poder al tiempo que esconde el problema de fondo: la desigual distribución de la riqueza y el ajuste que siempre sufren quienes menos tienen.
A su vez, no es menor la clara referencia en la firma del afiche a la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), una fuerza represiva paraestatal que, en la década de 1970, se dedicaba a secuestrar, torturar y desaparecer o asesinar a dirigentes políticos, sociales, sindicales, religiosos y militantes populares. Signo del origen oscuro de este mensaje y de la intención de su significante: erigir un faro antipopular y capitalizar algo del descontento de una parte de nuestra sociedad, más indignada con la protesta que con sus causas. Incitada hasta el cansancio por los medios concentrados de comunicación, partes y cómplices del estado de cosas actual.
Desde esta central, consideramos que todo lo que se autopercibe como “anti”, es antidemocrático por sobre todas las cosas. Por ello, repudiamos la aparición de este tipo de mensajes y las intenciones que esconden. Porque defendemos la democracia que supimos conseguir poniendo el cuerpo, la mente, el tiempo y la vida de tantos y tantas compañeros y compañeras al servicio de una patria libre, justa, soberana y para todas y todos.

La importancia fundamental de la moratoria previsional

A raíz de la situación parlamentaria en que se encuentra el Proyecto de Ley de Moratoria Previsional, desde la Secretaría de Previsión Social de la CTA-A Capital y el Centro de Jubilades Elías Moure, se elaboró un documento que sienta posición al respecto y se reproduce a continuación

A pesar de que hace más de seis meses que tiene la media sanción del Senado, el proyecto de ley de Moratoria Previsional se encuentra frenado en la Cámara de Diputados. Por “falta de quórum”, no se trató en diciembre pasado, pero fue incluido en el temario de Sesiones Extraordinarias hasta el 28 de febrero. Sin embargo, Juntos por el Cambio viene negando su aprobación y ausentándose de las discusiones que se desarrollan en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara.

Presentado por la senadora Anabel Fernández Sagasti, el proyecto de ley establece que todas las personas en edad jubilatoria pero que no cuentan con los aportes necesarios, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008 -inclusive- con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que obtengan. A su vez, permite que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años) que saben que no llegarán con los años de aporte, puedan anticiparse y comenzar a pagar los períodos faltantes.

De aprobarse, según ANSES más de 800.000 trabajadores podrían beneficiarse y obtener la jubilación en este 2023. En caso contrario, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones nunca accederán a la jubilación en el mediano o largo plazo, debido a la creciente precarización laboral y el no reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados.

Los partidos de derecha proponen como alternativa la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), creada bajo el gobierno macrista y que comprende un pago del 80% de la jubilación mínima para mujeres y varones a partir de los 65 años, la cual no es heredable ni puede acumularse con otra jubilación o pensión. Esta falsa alternativa implica menos dinero que la jubilación mínima, no tiene ninguna relación con el salario percibido en la vida laboral activa y además eleva de hecho la edad jubilatoria para las mujeres.

Tras la PUAM hay una cuestión ideológica, propia de la derecha. El proceso mundial y local que venimos sufriendo los trabajadores de creciente apropiación de la renta por parte de los dueños del capital, necesita un mundo laboral donde la precarización laboral sea la norma. Esto se disfraza ideológicamente bajo los conceptos de la libertad, la autonomía, el individualismo, el emprendedurismo y la meritocracia. El trabajador jubilado no encaja en esta concepción ya que no produce -a pesar de haberlo hecho durante toda su vida-, convirtiéndose tan sólo en “un viejo” al que habrá que asistir a través de la PUAM y condenándolo a la indigencia.

Como jubilados, somos conscientes de lo insuficiente que es el sistema jubilatorio actual. Sabemos cuánto han perdido nuestros haberes en estos últimos años y justamente por eso seguimos luchando, para revertir esta situación y muchas otras que nos afectan cotidianamente. En este momento, convertir en Ley la nueva Moratoria Previsional es una batalla más, pero decisiva, no sólo para los actualmente jubilados, sino -y muy especialmente- para los trabajadores actualmente empleados, a los que convocamos a sumarse activamente a la misma.

En efecto, esta batalla puede llegar a ser decisiva para la vida futura de quienes algún día esperan jubilarse. No implementar la nueva Moratoria, podría llegar a ser el principio del fin del Sistema Previsional argentino tal como lo hemos conocido, en su concepción de sistema solidario. Con todos sus defectos, este sistema es infinitamente preferible al asistencialismo que promueve la PUAM. Tenemos que conseguir que la nueva Moratoria se apruebe y seguir luchando para que nuestro sistema jubilatorio sea justo, digno y masivo para todos los trabajadores.

Secretaría de Previsión Social de la CTA-A Capital

Centro de Jubilades Elías Moure

CABA, 7 de febrero de 2023

Solidaridad Internacional: comunicado de “PERUANOS AUTOCONVOCADOS”

La CTAA Capital se suma junto a las y los compañeros del Frente Social Migrante que integra esta central, al comunicado que se reproduce a continuación, redactado por distintas agrupaciones de ciudadanas y ciudadanos peruanos que se organizan para detener la masacre en nuestro país hermano.

Desde el 7 de diciembre el Perú, está siendo gobernado por Dina Boluarte y el Congreso, han instalado un gobierno dictatorial cívico militar, que ejerce una brutal represión, que ha causado centenares de heridos y la muerte de 48 hermanos y hermanas de las regiones de Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Junín, La Libertad y Arequipa.

Haciendo uso arbitrario del Estado de Emergencia, la Policía y Fuerzas Armadas han cometido una serie de violaciones a los derechos humanos: asesinatos, allanamientos a locales de asociaciones gremiales y políticas, persecuciones, detenciones arbitrarias y criminalización de referentes y manifestantes.

Entre los delitos cometidos por esta dictadura, tenemos las masacres en las regiones de Ayacucho y Puno, las cuales cobraron la vida de más de 60 personas, entre ellas menores de edad y personal de salud que solidariamente atendía a los heridos de las protestas. Así como el secuestro de casi treinta campesinos, la mayoría quechua hablantes, en el local de la Confederación Campesina del Perú (CCP) a quiénes se le negó el derecho a defensa y traducción durante horas, que además fueron utilizadas para sembrar evidencias y criminalizarlos, por lo que ahora enfrentan una investigación por el presunto delito de terrorismo.

A pesar de semejante y cruel dictadura cívico militar el pueblo peruano sigue en pie de lucha exigiendo:

ADELANTO DE ELECCIONES
REUNICIA DE DINA BOLUARTE
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
NUEVA CONSTITUCIÓN

Desde PERUANOS AUTOCONVOCADOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA hacemos un llamado a las organizaciones políticas, sociales y sindicales para:

Solidaridad internacional con la lucha del pueblo peruano: necesitamos que organizaciones e instituciones se pronuncien a través de un comunicado oficial pidiendo el cese de la represión y uso de armas que viene cobrando vidas.
Garantizar los derechos de cada ciudadano y ciudadana del Perú.
Investigar debidamente y en los fueros correspondientes las muertes ocasionadas hasta el momento.
Dar un alto a la criminalización de los manifestantes.

Centrales sindicales de Argentina reclaman el cese de la violencia en Perú

Esta tarde la CTA Autónoma junto a representantes de la CTA de los Trabajadores y de la CGT se movilizaron a la embajada de Perú en Buenos Aires para reclamar por la crítica situación que se vive en Perú tras el golpe de Estado al Presidente Castillo. Las centrales entregaron una nota conjunta al embajador Peter Camino Cannock.

La movilización se da en el marco del Paro Nacional Cívico Popular que realizan en Perú tras haberse cumplido más de 40 días del golpe de Estado al presidente Pedro Castillo y ante una avanzada represiva que lleva 50 muertes y cientos de heridos en violentas represiones.

De la actividad participaron de dirigentes de las tres centrales. Al respecto Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de la CTA Autónoma, expresó a los medios: “La constitución fujimorista limita fuertemente la capacidad de los gobernantes, y en ese país existe un congreso controlado por las fuerzas fujimaristas condicionando a Pedro Castillo en el ejercicio constitucional para el que fue elegido. Obviamente las fuerzas reaccionarias fujimoristas con el aval de EEUU ordenaron el golpe en Peru y la detención del presidente, y por eso estamos reclamando que se dé marcha atrás con ese golpe, se libere a Pedro Castillo y se restituyan todos los derechos constitucionales en el país”.

Tras presentar el documento al embajador, Godoy agregó: «Cuando atacan al pueblo peruano o a cualquier pueblo latinoamericano con golpe de estado y con muerte, nos atacan a todos y a todas. Por eso con solidaridad y unidos estamos hoy aquí, con las más diversas organizaciones sociales, políticas, sindicales y de la comunidad peruana en nuestro país para que este acto sea un acto masivo, que muestra la voluntad de unidad para derrotar cualquier intento de golpe de estado, como lo conseguimos en Bolivia. Del mismo modo estamos seguros lo conseguirá el pueblo peruano para restituir al presidente Pedro Castillo a sus responsabilidades democráticas de gobierno para alentar y promover una reforma constitucional en ese país, que refuerce la democracia y el poder del pueblo, y limite las intromisiones oligárquicas y de los Estados Unidos».

Por su parte Adolfo Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales, agregó: «El pueblo peruano sigue en las calles para exigir la renuncia de Dina Boluarte, el adelanto de elecciones para el 2023 y una nueva Constitución. Por eso hoy las tres centrales sindicales argentinas los abrazamos en esta lucha por la democracia. El movimiento sindical internacional no tolerará la criminalización de la protesta y el asesinato como método para acallar los derechos del pueblo. Ejerceremos la solidaridad y el internacionalismo de clase donde haga falta».

Carta al Embajador Peter Camino Cannock

En el marco de la marcha, los representantes del movimiento sindical en Argentina entregaron una carta firmada por Adolfo Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTAA; Roberto Baradel, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA T y Gerardo Martinez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. A continuación el texto del pronunciamiento.

Acompañadas por los peruanos y peruanas radicados en este país, trabajadores afiliados/as en nuestras organizaciones, que firman al pie de este documento, una vez más expresan su profunda preocupación por la crítica situación del ESTADO DE DERECHO en el hermano país de Perú, se solidarizan y acompañan al pueblo peruano, agredido por el ilegítimo gobierno de Dina Baluarte.

Se han cumplido más de 40 días desde que fuera quebrado el orden constitucional, tras su interrupción forzosa el 07 de diciembre de 2022 por una decisión ilegítima del Congreso Nacional al declarar la vacancia del presidente legítimo Pedro Castillo.

Frente a este hecho, el pueblo peruano ha salido a protestar legítimamente, manifestando su voz y exigiendo la restitución del Presidente Pedro Castillo, quien legítimamente representa la voluntad popular expresada de forma democrática en las urnas. Como repuesta, el nuevo gobierno ha instaurado el Estado de Emergencia, desplegando a las fuerzas armadas en las calles y extendiendo las atribuciones de las fuerzas policiales para actuar contra la población civil, hechos que nos retrotraen a los momentos más obscuros de la historia de nuestra Patria Grande.

La consecuencia trágica y repudiable de esta medida se encarna en las más de 50 víctimas fatales, entre las que se cuentan menores de edad, y centenares de personas heridas, resultado entre otros factores del uso de munición letal durante la represión a las protestas.

Así también, se ha iniciado una persecución contra dirigentes políticos, sindicales, periodistas y comunicadores de la prensa alternativa; se ha suprimido el derecho a la libertad de circulación y de reunión de la ciudadanía, y se han registrado agresiones por parte de las fuerzas de seguridad contra personal sanitario que se hallaba socorriendo a civiles heridos. Nos hacemos eco del posicionamiento emitido por la Defensoría del Pueblo de su país, que expresó que este tipo de prácticas están fuera del marco legal.

Dada esta situación de persecución y violencia contra los pueblos olvidados del interior, reafirmamos que el derecho a la protesta, la libertad de expresión y pensamiento no son ni pueden ser sinónimo de terrorismo y sedición, sino que conforman un derecho humano fundamental que como tal debe ser garantizado siempre por todo gobierno.

Esta violenta represión estatal tiene como resultado múltiples asesinatos, violación a los derechos humanos, detenciones arbitrarias de manifestantes, abusos sexuales y persecución a dirigentes sociales y sindicales, con la finalidad de darle ficticia estabilidad al gobierno que asumieron en alianza el 7 de diciembre.

Por lo expuesto, es indiscutible que no existe en estos momentos en el Perú garantías para la vida de los ciudadanos, como tampoco seguridad jurídica; ni garantías de debido proceso parlamentario, fiscal o judicial para quienes se oponen a estas medidas antidemocráticas que no respetan la voluntad popular. Nos preocupa especialmente que no se ofrezcan garantías a quienes en su justo derecho humano y ciudadano opten por participar del próximo paro nacional convocado para el 19 de enero. Motivo por el cual, solicitamos como hermanos de la Patria Grande y veedores de la democracia en nuestra región, haga llegar a través de la Cancillería nuestra preocupación y el pedido de detener la ola de violencia que ya ha producido numerosas muertes y daños que se vienen produciendo por acción de las fuerzas policiales al servicio del gobierno de facto que en 40 días ya ha dejado detrás 50 muertos y cientos de heridos. Además de las vidas interrumpidas, lo que está en juego es el propio tejido social e institucional del pueblo peruano en su conjunto.

Desde las Centrales Sindicales de la Argentina nos solidarizamos con los reclamos del pueblo de Perú, para que el gobierno interino convoque de forma urgente a una asamblea constituyente y a elecciones generales para restablecer la institucionalidad democrática.

Exigimos el respeto al ejercicio de los derechos de huelga y libertad sindical, como así también a la protesta social pacífica. Condenamos el uso de la represión y la violencia armada por parte de las fuerzas de seguridad. Igualmente, nos unimos a la preocupación de varios gobiernos de la región por la integridad física y la libertad del presidente Pedro Castillo.

Por último, apoyamos el llamado a un PARO NACIONAL CÍVICO POPULAR convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y La Asamblea Nacional de los Pueblos de Perú para este 19 de enero.

La fuerza del pueblo organizado y los trabajadores es crucial para conseguir la auténtica paz y un camino hacia la restauración de la democracia en Perú.

Fuente: CTA Autónoma

Centrales Sindicales argentinas repudian intento de golpe en Brasil

Las tres centrales sindicales de la Argentina (CTA-A, CTA-T y CGT) entregaron este lunes una carta en la embajada de Brasil, en la que expresaron su “profundo rechazo a los gravísimos hechos provocados por grupos golpistas que atentan contra la democracia en Brasil”.

La misiva, dirigida al embajador Reinaldo José de Almeida Salgado, sostiene además “la absoluta e incondicional solidaridad con el compañero Lula, recientemente electo por la voluntad del pueblo brasilero”.

Asimismo, las centrales sindicales de Argentina rechazaron “todo intento de golpe o desestabilización” y se pronunciaron “en defensa de las libertades, el Estado de Derecho y las instituciones democráticas en Brasil y nuestra región”.

La carta lleva la firma de Hugo Godoy y Adolfo Aguirre por la CTA-Autónoma; Hugo Yasky y Roberto Baradel por la CTA-T; y Pablo Moyano y Mario Manrique por la CGT.

Frente a los medios que se presentaron en la acción frente a la embajada, Ricardo Peidro, Secretario Adjunto de la Central, expresó: “Como en determinado momento fueron las dictaduras y el Plan Cóndor, ahora hay una ofensiva clara directa en contra de las democracias en toda la región, en muchos casos usando a los poderes judiciales y a los grandes grupos económicos. Lo que vemos en Brasil no es solamente un intento de golpe de estado ahí, sino un mensaje para todos los países de la región”.

Y afirmó: “No es posible que este intento de golpe prospere por la fuerza que ha demostrado Lula en estas primeras decisiones que ha tomado, y también porque puede ser muy peligroso, por lo cual tenemos que estar muy movilizados, alertas en toda la región, con una respuesta contundente en todo el mundo”.

A su turno, el secretario General de la CTAA Capital Federal, Pablo Spataro, agregó: “Estamos acá junto a organizaciones hermanas apoyando no solamente a Lula, sino a todo el pueblo brasileño para sostener la democracia y los procesos transformadores que necesitan nuestros pueblos, y enfrentando a los bloques de poder integrado por los poderes judiciales, las fuerzas de seguridad, los grupos económicos trasnacionalizados y los medios hegemónicos”

“Creemos que hay una gran cruzada en América Latina, que con el lawfare han proscripto a varios de los políticos que han llevado adelante procesos emancipatorios, y ahora están avanzando con cuestiones totalitarias que ponen en peligro la democracia”, remarcó Spataro.

Hordas bolsonaristas invadieron este domingo en Brasilia los edificios del Congreso, la Casa de Gobierno y el Supremo Tribunal de Justicia sin que la Policía Militar hiciera nada por impedirlo. El presidente Luiz Inacio Lula da Silva decretó entonces la intervención de las fuerzas de seguridad federales hasta el 31 de enero para terminar con este alzamiento antidemocrático y responsabilizó al expresidente Jair Bolsonaro.

Asimismo, el Supremo Tribunal Federal suspendió por 90 días al gobernador de Brasilia Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro, por su complicidad en el asalto.

La justicia ya detuvo a más de 1.500 terroristas que participaron de los hechos.

Fuente: CTA Autónoma

Mario “Churrasco” Sandoval fue condenado a 15 años de prisión por crímenes en la ESMA

El represor extraditado desde Francia escuchó hace instantes su sentencia por secuestro y torturas al joven Hernán Abriata. La pena supera ampliamente la aplicada en otros juicios por delitos de la dictadura en casos similares. “El Nunca Más es una lucha permanente”, destacó la ex esposa del desaparecido.

El ex policía federal Mario Alfredo Sandoval, alias “Churrasco”, único imputado en el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura, fue condenado este mediodía a 15 años de prisión efectiva por el secuestro y las torturas a Hernán Abriata, en octubre del 76.

La pena supera ampliamente la aplicada en otros casos similares por crímenes de la dictadura, tal como había explicado a este portal el Adrián Krmpotic, abogado de Justicia Ya! “En términos de monto de pena, hay una mensura que uno puede hacer: A Claudio “Gordo” Vallejos, que fue llevado a juicio en ESMA IV por su participación en el secuestro de Hidalgo Sola, el TOF N°5 lo condenó a 6 años de prisión. El TOF N°6, en la causa Coordinación Federal, con un imputado por un solo hecho, condenó a 7 años de prisión”, había dicho el querellante.

“Duplicó el monto de las penas, eso equilibra el panorama que provocaba algo de desazón, eso nos parece una cuestión auspiciosa, seguramente en los fundamentos el tribunal va a explicar qué agravantes tuvo en cuenta”, destacó el letrado hoy, al finalizar la audiencia.

El juicio se sustanció en el Tribunal Oral Federal (TOF) número 5, integrado por los jueces Fernando Canero, Adriana Palliotti y Daniel Obligado. Acusaron, además de la fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, una querella unificada entre el CELS y la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos –todas solicitaron entre 20 y 21 años de pena-, y otra de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y el Colectivo Justicia YA!, que reclamó prisión perpetua por el crimen de Genocidio, algo que fue rechazado por el tribunal.

“Hernán me mandó una carta que decía ‘no me olvides, te entrego mi corazón para que lo tengas, algún día me lo devolverás’, fue una carta de resistencia y despedida, y de esa manera tomamos la bandera de nuestros desaparecidos”, dijo Mónica Dittmar, ex esposa de Abriata.

“La pena echa por tierra todas las mentiras que dijo en el desarrollo del juicio y el día de hoy”, dijo Carlos Loza, compañero de cautiverio de Hernán en la ESMA, ex trabajador portuario y actual dirigente de la CTA Autónoma, que declaró como testigo en el juicio.

Durante sus últimas palabras, el represor volvió a negar ser la persona que participó del secuestro, diciendo: “Siempre dije la verdad jurídica, actué de buena fe. Repito que lamento y me solidarizo con el dolor de la familia Abriata, pero que no soy ni el comisario ni el inspector que fue a la casa y detuvo a esa persona”

La Retaguardia y La Colectiva realizaron una cobertura de todo el proceso y una transmisión en vivo de la lectura de sentencia que incluyó las impresiones de los familiares y compañeros de las víctimas.

Churrasco

Sandoval era subinspector del departamento de Asuntos Políticos de la Superintendencia de Seguridad Federal y su oficina estaba en Coordinación Federal, la sede central de la fuerza en la que también funcionó un centro clandestino. Además, aunque lo negó durante el alegato, participó en operativos conjuntos del temible Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA.

Ya en democracia, se fue del país y llegó a Francia en el 87, donde se reconvirtió en docente universitario y autoproclamado experto en temas de seguridad, obtuvo la ciudadanía gala y hasta llegó a integrar el círculo de asesores de expresidente Nicolás Sarkozy. En 2019 y luego de más de una década se logró la extradición por el caso Abriata, aunque había sido solicitada por más de 500 delitos. Llegó al juicio detenido en la unidad 34 de Campo de Mayo.

Hernán Abriata tenía 25 años cuando la patota llegó a la casa en la que vivía. Era militante de Juventud Universitaria Peronista (JUP), de Montoneros, en la facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires.

Fuente: Canal Abierto

Por la Ley de Tarifa Inclusiva

La CTAA Capital viene participando, junto a la CTAA y ATE Nacional, de reuniones con el Ente Nacional Regulador del Gas (ENaRGas) y distintas organizaciones para acordar el apoyo de ambas instituciones al Proyecto de Ley 4137-D- 2022, de Tarifa Inclusiva y participar en la campaña por su promulgación. * Por Mabel Mamani, secretaria de Discapacidad de la CTAA Capital.

En dichos encuentros la CTAA Capital impulsó que dicho proyecto considere la tarifa inclusiva en la provisión de garrafas, con el fin de regular su precio y abastecimiento en los sectores donde no hay gas de red.

“Tanto ATE como la CTA Autónoma apoyan el Proyecto de Ley que garantiza el acceso a estos servicios públicos para hogares donde habiten personas con discapacidad, ya que viene a subsanar las dificultades que enfrenta este colectivo de personas tan diverso y para quienes contar con electricidad o gas implica conservar la vida o estabilidad de su situación de salud”, manifestó Carlos Ferreres, dirigente de CTAA Y ATE Nacional.

Cabe destacar que en la redacción del proyecto se incluyó la expresa aclaración de que el beneficio de acceder al Régimen de Tarifa Inclusiva para Personas con Discapacidad (TIPCD) deberá ser concedido independientemente de que la personas que integren el domicilio sean o no titulares de los servicios.

Mabel Mamani, secretaria de Discapacidad de CTAA Capital, expresó: “la falta de los servicios públicos se agudiza en los barrios más humildes para las personas con discapacidad y más aún si están desocupados, en parte por el incumplimiento histórico del cupo del 4% reservado por parte del Estado Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y por la falta de políticas para la promoción del empleo en el sector privado”. Es por ello que desde la CTAA Capital solicitamos que la #TarifaInclusivaYa incluya a las garrafas.

En la redacción del presente proyecto se hace la expresa aclaración de que el beneficio de acceder al Régimen de Tarifa Inclusiva para Personas con Discapacidad (TIPCD), deberá ser concedido independientemente de que la persona/s que integren el domicilio sea/n o no titulares de los servicios. Es decir, en caso de integrar un hogar y que la facturación este a nombre de otra persona, el régimen tarifario se aplicará una vez demostrado el vínculo o que integran a la misma vivienda, sin necesidad de trámite alguno respecto de la facturación ante las empresas distribuidoras de los servicios.

Los beneficios son:

Poder acceder al cuadro tarifario más económico de los cuadros tarifarios vigentes .

Abstención de corte para los suministros de usuarios y usuarias hipervulnerables, en caso de mora o falta de pago de hasta SEIS (6) facturas consecutivas o alternas.

Planes de financiación accesible para usuarios y usuarias hipervulnerables, teniendo en cuenta la capacidad de pago de dichos usuarios.

Acceso a la compra de su garrafa GLP a través del Programa Hogar, recibiendo un monto mensual superior al actualmente establecido.