«Los primeros anuncios del Ministro de Energía y Minería, en el marco de la declaración de la “Emergencia Eléctrica” hasta el 31 de diciembre de 2017, han apuntado a responder a las principales inquietudes de los consumidores y de las empresas del sector».
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«Qué se hará con los subsidios y las tarifas que, según los discursos oficiales, son los mayores ´responsables´ del descalabro económico -y como consecuencia, de la calidad del suministro- en los servicios de gas y electricidad. También, de paso, les culpan del déficit fiscal en la balanza de pagos del sector energético.
«Para el Ministro, el vértice del problema está situado en la Ley de Emergencia Pública, sancionada en el 2001 y vigente hasta el 2017. Coincide con la opinión de los ex Secretarios de Energía, voceros de las privatizadas quienes, unidos en su liberalismo, culpan al gobierno esencialmente de no haber actualizado las tarifas. Discrepan con la opinión nuestra sobre la responsabilidad del sistema iniciado con el modelo privatista y desregulador implantado en 1989 y sostenido hasta hoy con los ´parches´ del período reciente. Nadie puede negar que debe ser corregido, pero superarlo no es volver a los años 90.
«En la urgencia del momento se plantea que los subsidios al consumo residencial son inequitativos porque favorecen a quienes no lo necesitan, y pronto se mantendrán sólo para los sectores más pobres de la población. Durante el anterior gobierno se intentó castigar a quienes no redujeran su consumo de gas o luz retirándoles el subsidio en las tarifas, y seguir favoreciendo a los que consumieran menos. El método fracasó en reducir el consumo -los sectores pobres en su mayoría no tienen condiciones de vida para ahorrar luz o gas- y poco reportó en dinero, pues los sectores medios recurrieron a la justicia logrando en buena parte la suspensión de los recortes. En esto, los entes reguladores, sumisos a las empresas en los ’90 e intervenidos después, continuaron mostrando su impotencia e inutilidad.
«Ahora volvería el recorte con la promesa de no aplicarlo a los más pobres. Dudamos sobre cómo se fijará la línea entre ’pobres’ y ’ricos’ con los datos de ANSES y AFIP, y no se menciona si habrá gradaciones en las escalas -aunque mayor consumo no siempre indica mejor posición económica- y cómo será el reajuste para los sectores industrial, comercial y público. El discurso está dirigido fundamentalmente a los consumidores residenciales y el ministro manifestó que las tarifas, con sucesivos ajustes, llegarán a cubrir los ’verdaderos costos una vez que se alcance una inflación de un dígito’. Imaginamos que tendrá que esperar. Nada dice si al determinar los ’verdaderos’ costos se develará el incremento causado por la división de SEGBA y a quien ha beneficiado la inventada competencia comparativa entre Edenor y Edesur.
«Las declaraciones del ministro Aranguren eluden o minimizan otras cuestiones importantes. Los anuncios sobre tarifas y subsidios se refieren a empresas y consumidores que están bajo jurisdicción nacional, ya que el desequilibrio tarifario es mucho mayor en el AMBA (área metropolitana de Buenos Aires). El ministro convocó a las provincias para un trabajo conjunto, que incluiría mejorar los problemas de transporte y distribución del gas y la electricidad, y alentar el ahorro de energía. Pero la fijación de tarifas corresponde a las provincias, y en esas facturas de luz y gas se incluyen otros costos de distribución y en muchos casos otras cargas impositivas, provinciales y municipales.
«Sería necesario lograr un pacto federal genuino sobre estos servicios públicos, que equilibre las cargas impositivas, la estructura tarifaria y los subsidios en las distintas jurisdicciones, nacional y provinciales. Pero el ministro ratificó que las leyes regulatorias de los servicios de gas (24076) y luz (24065) están vigentes y que se irán aplicando en la medida de lo posible, refirmando la potestad de las provincias sobre las concesiones de los servicios y la fijación de las tarifas, que deberían someterse a revisiones periódicas. De ser así esperamos entonces que en ese futuro también se revise el cumplimiento de los contratos por parte de las empresas prestatarias, y se les quite la concesión por incumplir las leyes, que no establecían obligaciones de inversión predeterminadas, pero sí prestar un correcto servicio. Esto requería mantener y renovar las redes de distribución, lo que no se hizo, y en los ’90 las utilidades que debieron reinvertirse se fueron mayoritariamente al exterior. Desde la sanción de la Ley de Emergencia Pública, ninguna distribuidora aumentó su capital propio, antes de invertir pidieron incrementos de tarifas, y finalmente el Estado financia el mantenimiento, aún insuficiente.
«Otro de los ’olvidos’ del ministro es no señalar que tienen fuerte incidencia en los costos de la generación eléctrica los precios internos del gas (que cargan con premios a la producción) y del petróleo (muy superior al internacional) que proveen más del 60% de la energía primaria. La causa originaria del déficit no es el atraso tarifario.
«Todas estas cuestiones merecen una discusión más amplia, pero adelantemos nuestra opinión: si vamos a hablar de sinceramiento en la economía de los servicios, digamos que las políticas anunciadas sobre subsidios, tarifas y precios apuntan, aún con tibios retoques, a un retorno franco a las políticas de los años noventa, que no fueron erradicadas en la última década. El MORENO propugna retornar a un modelo estatal, nacional en su base, racional, centralmente planificado y ejecutado, que se apropie de las utilidades que se generen y que garantice a todos los habitantes -en pie de igualdad- el derecho a la energía».
Fuente: www.fetera.org.ar
