asamblea_banner_libre_slideshow-background«Es necesario invertir el orden de los factores. Éstos deben ser: Primero: Suspender los pagos e investigar las deudas contraídas desde 1976. Segundo: Pagar sustentablemente sólo las que resultaren legítimas y legales».

«Ante el “Proyecto de Ley de Pago Soberano (Local) de la Deuda Externa Nacional”, enviado por el Gobierno al Congreso y ahora a consideración de la Cámara de Diputados, la Asamblea por la Suspensión de los Pagos e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio y los Bienes Comunes, integrada por una amplia diversidad de organizaciones y referentes populares de nuestro país, manifiesta su profunda indignación y rechazo.

Lejos de contribuir a solucionar el grave problema de la deuda eterna, este apurado proyecto constituye un atropello más a los derechos del pueblo y de la naturaleza. Tenemos que recordar a los diputados/as que el pueblo es el único y verdadero soberano y ustedes sólo sus representantes y por lo tanto no pueden actuar contra los intereses del pueblo.

Denunciamos que es contra el interés del pueblo que el Congreso declare “de interés público”, el pago de una deuda sobre cuyos orígenes y sucesivas negociaciones el propio proyecto ordena investigar y sobre la cual la justicia argentina ha dejado probada su ilicitud e ilegitimidad en el fallo del juez Ballestero sobre la causa Olmos (2000) que oportunamente fuera enviado al Congreso de la Nación. Lejos de cumplir con el mandato constitucional de arreglar la deuda externa, el Congreso que ustedes integran ha mantenido cajoneado durante 14 años el fallo de Ballestero y de esta manera, hasta el día de hoy, la deuda encadena colonialmente a nuestro pueblo. El pago de la deuda viola los derechos humanos fundamentales y es herramienta para imponer un modelo de desarrollo extractivista y expulsivo.

Exigimos al Congreso declarar de interés público el pago de la única deuda legítima: la deuda con el pueblo soberano, con el patrimonio nacional y nuestros bienes comunes.

Rechazamos la aprobación parlamentaria de una nueva e inconstitucional cesión de nuestra soberanía y jurisdicción, al aprobar una emisión de bonos que se regirían no por la ley argentina sino por la ley francesa. En lugar de esto exigimos al Congreso anular las leyes, tratados y acuerdos (incluyendo la emisión de bonos), la participación en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en torno a las Inversiones (CIADI) y más de 50 tratados de protección a los buitres-inversionistas, que son los que mantienen en un verdadero jaque a la soberanía de nuestro país.

La deuda fue impuesta a sangre, fuego y desapariciones por la dictadura cívico-militar y luego renegociada y reestructurada una y otra vez contra los intereses del pueblo. Después de años y años de negar la posibilidad de una auditoria e investigación, llama la atención que el gobierno haya incluido en el proyecto de ley la creación de una “Comisión bicameral de Investigación” destinada a tal efecto.

Si bien esto podría ser considerado un avance de la voluntad popular no es más que una burda hipocresía que no resiste el menor análisis. El proyecto de ley emanado del Ejecutivo, aprobado ya por la Cámara de Senadores en la que el gobierno tiene mayoría, y que ustedes tienen ahora en sus manos, primero declara de “interés público” pagar – obedeciendo sumisamente a las maniobras que propone el Ejecutivo para seguir forzando al pueblo a pagar – y luego propone en forma hipócrita crear una “Comisión Permanente” para investigar la deuda desde sus orígenes hasta el día de hoy. El colmo de esta hipocresía se manifiesta en el hecho que la misma debería emitir un “Informe Final” en apenas 180 días. Aun partiendo de los 477 casos de irregularidades ya determinadas desde hace más de una década en el fallo del juez Ballestero, la investigación de todo el período restante sería de ejecución imposible en el plazo determinado. Como prueba de esto bastaría ver el tiempo que llevó a la república hermana del Ecuador la auditoría de la deuda impulsada por la histórica decisión de un gobierno que pensó en el bien del pueblo.

El pueblo argentino y sus organizaciones sociales y de derechos humanos, han sabido confrontar y derrotar a los buitres criminales de la dictadura, venciendo obediencias debidas, puntos finales e indultos. No duden señores/as diputados/as que sabrá también confrontar, derrotar, juzgar y castigar, donde se encuentren, a los buitres y caranchos que, treinta años después, nos siguen colonizando y saqueando y a todos los que por acción u omisión han actuado y actúan como sus cómplices».

-Buenos Aires, 9/9/14

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