Un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri endurecerá los controles migratorios. Al respecto habló con ACTA Luis Campos, Director del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma: “El DNU reforma algunos de los aspectos del la Ley del 2003, lamentablemente vuelve a insistir sobre la asociación de inmigración y delito y llega a repetir cláusulas de la Ley Videla. Es un retroceso muy grande en materia de legislación migratoria”.
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“Este decreto reforma una Ley de Migraciones, que se había sancionado a fines del 2003, que básicamente cambiaba el paradigma de las leyes migratorias de nuestro país. Recordemos que la anterior era una ley de 1980, conocida como Ley Videla”.
Campos explicó que con la sancionada en 2003, se partía del paradigma de reconocer los derechos de las personas migrantes “establecía ciertos criterios para que la migración no fuera considerada como un delito, ni sea analizada desde la perspectiva penal, para permitir la regularización de personas trabajadoras migrantes que vivían en el país y no habían podido regularizar su situación por los obstáculos de la Ley Videla”.
De todos modos, “el DNU que se publicó hoy, reforma algunos de los aspectos del 2003, y lamentablemente vuelve a insistir sobre la asociación de inmigración y delito, sobre lo cual no hay datos que lo avalen. Y llega a repetir cláusulas de la famosa Ley Videla. Es un retroceso muy grande en materia de legislación migratoria”.
«Una Ley que había sido tomada como modelo en varios países de la región por los avances que había implicado: Uruguay, Bolivia. Es una Ley que había sido celebrada por numerosos organismos internacionales de Derechos Humanos, la OIT, el Comite de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, entre otros», recordó Campos.
Asimismo, añadió que “esta norma vuelve varios pasos atrás. Con lo cual si este camino se profundiza vamos a estar volviendo a épocas más complicadas y tristes de nuestro país en materia de derechos”.
-El gobierno liga esta discusión al problema del narcotráfico ¿Hay datos que vinculen a los inmigrantes de países vecinos con el crimen organizado?
No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si uno piensa en desbaratar las redes de narcotráfico, obviamente las redes funcionan de manera tal que deben mover sustancias prohibidas entre países -esto no es lineal, no funciona solo de Bolivia a Argentina, sino de un país a otro-, y en esos casos por supuesto que hay que tener políticas para resolverlo. Pero esto no tiene nada que ver con las migraciones. Una persona que cruza una frontera sin pasar por un control migratorio y transportando sustancias ilegales, no es un migrante. Es alguien que está viajando a otro país para cumplir parte del trabajo de una red delictiva y luego vuelve. Las personas migrantes son quienes se desplazan de un país a otro o de una región a otra de un mismo país, generalmente en busca de mejores oportunidades de vida, de trabajo, que se instalan en los países vecinos y pueden pasar décadas sin tener ninguna vinculación con ningún tipo de delito. Este decreto tiene más de control social y de buscar chivos expiatorios que de desarmar el crimen organizado. Es muy común en momentos de crisis y ajuste, donde hay mucho crecimiento del desempleo, que los países busquen estigmatizar al otro, y el migrante es el candidato casi natural.
-¿Hay inmigración ilegal en nuestro país?
No, definitivamente no hay migrantes ilegales en Argentina. Puede llegar a haber inmigrantes que no han terminado de regularizar su situación. En la mayoría de los casos tiene que ver con las propias deficiencia del Estado, y es una constante en todos los países del mundo. El 90% de la inmigración en la Argentina viene de países de la región sudamericana, y la legislación vigente indica que por el solo hecho de ser nacido en Colombia, Uruguay, Brasil, Perú, Chile, etc, ya puede solicitar una residencia transitoria por dos años. Es precisamente por problemas burocráticos que no pueden regularizar su situación migratoria y quedan a merced de las peores prácticas. Un trabajador extranjero que tiene la residencia está en condiciones de reclamar trabajo con derechos, afiliarse a un sindicato, estar encuadrado en un Convenio Colectivo de Trabajo. En cambio, un trabajador que no tiene ningún tipo de residencia, está condenado a acceder a los trabajos más informales, no puede reclamar derechos por temor a ser deportado, etcétera.
-¿En materia de estadísticas, qué hay de real del prejuicio de que le sacan el trabajo a los Argentinos?
Nada tiene de real. La Organización Internacional del Trabajo se cansó de hacer publicaciones derribando este mito de que los extranjeros le quitan el trabajo a los nacionales. Este es un discurso que no se da sólo en nuestro país. Donald Trump hizo campaña con este argumento. No hay ninguna comprobación que sea real este prejuicio, mientras que hay enormidad de trabajos sobre los aportes fundamentales de las personas migrantes en los países de destino.