En un comunicado conjunto, la Secretaría de Pueblos Originarios y de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, denuncian al Estado nacional, al Estado provincial y al poder económico avalado por los organismos estatales, por el avasallamiento de los DDHH de las comunidades originarias.
«El sistemático avasallamiento de los derechos de nuestros pueblos originarios y de los trabajadores por parte del propio Estado en sus distintos niveles y poderes, tienen un claro ejemplo en el incidente ocurrido en la Provincia de Neuquén, donde una trabajadora del Poder Judicial cumpliendo expresas órdenes del mismo, sufrió agresiones por actos de resistencia de miembros originarios ante reiteradas amenazas y persecuciones para que despejaran un camino de acceso al yacimiento “El Portezuelo”, en el marco de uno de los tantos conflicto por territorios que ancestralmente fueron habitados por comunidades originarias.
«Lo paradigmático del caso emerge de la circunstancia de exponer sin garantías mínimas a una trabajadora judicial en un conflicto del cual las autoridades poseían pleno y total conocimiento de su gravedad al momento de los hechos y sin embargo se intenta responsabilizar por sus consecuencias exclusivamente a miembros de una comunidad Mapuche.
«Mientras el Poder judicial actúa como gendarme de los intereses empresarios, el sindicato judicial SEJUN-FJA solicitó un sumario para que se sancionara a jueces y funcionarios que el último día de actividad -28 de diciembre de 2012- coaccionaron a la trabajadora judicial para realizar una diligencia fuera de horario y en deplorables condiciones. El Tribunal Superior de Justicia en una actitud corporativa y como mejor respuesta, archivó las actuaciones sin más trámite .
«En una clara contienda entre el Estado nacional, provincial y a la multinacional petrolera Apache asociada a YPF, frente a una comunidad originaria que reclama por sus derechos territoriales, se utiliza contra su voluntad a un empleado judicial para notificar una sentencia de desalojo que lejos está de respetar los mandatos constitucionales y tratados internacionales vigentes.
«Se trata de una situación que evidentemente, es utilizada por el poder económico y el Estado para criminalizar la protesta social e intentar hacer caer todo el peso del poder punitivo sólo sobre algunos miembros de la comunidad originaria que viene siendo vulnerada en sus Derechos Humanos, acusando a los mismos de intento de homicidio.
«Desde la CTA-A denunciamos a un Estado, que lejos de cumplir sus deberes y obligaciones, se subordina al poder económico, y por ello, no podemos dejar de señalar que un precedente condenatorio en sede judicial a los integrantes de la comunidad puede dar vía libre a un sin número de actos estatales de condena, desahucio y finalmente despojo territorial en situaciones conflictivas similares, siendo este actuar un mecanismo ejemplificador sobre el conjunto de la sociedad.
«Consideramos como responsables del avasallamiento de los DDHH al Estado Nacional, al Estado provincial y al poder económico avalado por los organismos estatales, y por ello condenamos a los mismos, tanto por la violación de los derechos indígenas como por exponer a una trabajadora a realizar contra su voluntad una tarea que devino en la afectación de su integridad psicofísica, claro reflejo del abuso de la autoridad y la violencia laboral que padecen los trabajadores del sector.
«Instamos a la intervención de organismos públicos nacionales y de derechos humanos para garantizar la transparencia de la investigación en el caso de Winkul Newen; exhortamos por la plena implementación del Convenio 169 OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; exigimos el cese de las persecuciones y amenazas a las autoridades, miembros y/o integrantes de las comunidades indígenas como así también a los dirigentes sociales y por último reiteramos nuestro continuo reclamo de derogación de la nefasta Ley Antiterrorista, hoy vigente en la Argentina al servicio de intereses ajenos a nuestro Pueblo».
