Organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos de Argentina y del exterior exigen la libertad y repatriación del fotoreportero Facundo Molares Schoenfeld, detenido hace un año en Bolivia durante la gesta del golpe.

Facundo Molares, reportero argentino, de 44 años, fue encarcelado hace 12 meses, durante el régimen de facto de Jeanine Añez. El viernes debió ser trasladado de urgencia desde el penal de alta seguridad de Choncochorro, hasta el hospital de Miraflores en la ciudad de La Paz. «Fue por una insuficiencia renal aguda, le encontraron líquido en los pulmones, lo revisaron y, al hacerle el test de Covid-19 para la internación, dio positivo. Quedó internado y no sabemos qué va a pasar; esperamos que resista. Esta lucha no puede terminar mal. Facundo tiene que salir libre, sano y regresar a la Argentina», señaló su Padre Hugo Molares.

Facundo Molares nació en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Su activa militancia lo llevó a recorrer varios países de Latinoamérica como fotoreportero. Hace un año se encontraba en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, registrando las elecciones de ese país y su posterior Golpe de Estado, para el medio Centenario.

La última comunicación con su padre fue a fines de noviembre del año pasado. Mediante un mensaje de texto le escribió diciendo que se encontraba en cama y con fiebre. En primera instancia Facundo fue atendido en una sala de primeros auxilios y más tarde internado en el Hospital Japonés de Santa Cruz por problemas de riñón. Su padre fue informado de la situación de su hijo mediante un llamado anónimo, donde le contaron que Facundo estaba internado y en muy mal estado. Al día siguiente su padre y su pareja viajaron a Santa Cruz de la Sierra. Al llegar al Hospital tuvo que identificar a su hijo quien se encontraba como NN entubado y con un coma inducido. El parte médico diagnotiscaba una severa insuficiencia renal. Al salir de Hospital para comprar los medicamentos, tres policías de civil los detuvieron y fueron trasladados a una comisaría a 60 km, donde fueron interrogados y retenidos hasta el otro día. Al ser liberados, el padre y su pareja fueron “invitados a dejar el país”, bajo la amenaza de ser masacrados.

Molares Schoenfeld fue imputado 16 días después de su detención. Antes de esa fecha nadie lo había mencionado ni denunciado. La Policía boliviana «googleó» y al ver que había tenido actividad política anterior (se le atribuye pertenencia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) ordenaron su detención.

El 29 de noviembre a Facundo le dictaron prisión preventiva y el 2 de diciembre fue llevado al presidio de Palmasola prácticamente desnudo y sin medicamentos. Dicho penal es uno uno de los más peligrosos de Bolivia. El 6 de diciembre fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchorro, a 4200 metros de altura.

La cancillería argentina realizó múltiples acciones diplomáticas y reclamos con el gobierno de facto sin exito.

El viernes 20 el canciller argentino decidió llamar directamente al nuevo Ministro de Justicia tras enterarse de que, además de las irregularidades jurídicas ya denunciadas por el Estado argentino, había empeorado la salud de Molares, contagiado además de Covid. Felipe Solá informó que Facundo se encuentra estable, algo que tranquilizó a su familia, preocupada por su frágil estado de salud. Confirmó que estuvo en contacto con el flamante titular de Justicia de Bolivia, Iván Lima, y destacó que «el Ministro reaccionó inmediatamente y se metió en el tema, leyó la acusación de la Fiscalía, hizo declaraciones y dijo que no hay ninguna razón para la cual no cese el trato denigrante e inhumano con Facundo Molares y que debe ser puesto en libertad». El día Martes 24 de noviembre  están convocadas dos movilizaciones en Argentina por la libertad de Facundo, una en Buenos Aires (frente a la embajada de Bolivia) y la otra en Córdoba (frente al consulado de Bolivia).

America Latina la región mas mortal para los periodistas

Amenazados, agredidos, golpeados, encarcelados y asesinados, cada año muchos periodistas pagan con la vida su compromiso con la libertad de información y la democracia.Hay impunidad cuando los Estados no buscan reparación por delitos contra los trabajadores de los medios, incluido el acoso físico y en línea, amenazas, ataques, arrestos arbitrarios y asesinatos. Hay impunidad, también, cuando quienes ordenaron los crímenes quedan libres y permanecen en el poder mientras que otros son usados como chivos expiatorios.

En el último decenio se ha matado a un periodista cada cuatro días en algún lugar del mundo, la impunidad de esos delitos sigue prevaleciendo. Hasta este año, los Estados miembros de las Naciones Unidas informaron de que el 13% de esos casos en todo el mundo se habían resuelto con un proceso judicial concluido, mientras que el resto permanecen impunes. La mayoría de estos crímenes se produjeron por cubrir casos de corrupción, violaciones de los Derechos Humanos, delitos ambientales, tráfico y delitos políticos.

Las mujeres periodistas son objeto de ataques de género, tanto en el ciberespacio como fuera de él, que van desde el acoso, al troleo, hasta las agresiones físicas y sexuales.

A finales de septiembre de 2020 se contabilizaron 39 asesinatos de periodistas en los primeros 9 meses del año -16 en la región de América Latina y el Caribe; 11 en la región de Asia y el Pacífico; 7 en la región de los Estados Árabes, y 5 en África-, entre ellos, tres mujeres. A nivel regional y durante el periodo 2018-2019, el mayor número de atentados mortales se produjo en la región de América Latina y el Caribe, con el 31% del total de asesinatos de periodistas registrados en todo el mundo, seguida de la región de Asia y el Pacífico, con el 30% de los asesinatos. Por países, México fue la nación con más asesinatos durante 2019, con 12 y ocupó el segundo lugar en 2018, solo superada por Afganistán, con 13.

Nicolas Honigesz

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