La presentación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo plantea ahora la batalla para garantizar su aprobación en el Parlamento. Por otra parte se abren nuevos desafíos para lograr que los derechos laborales no solo sean respetados por las contrataciones en el ámbito privado sino también en el estatal.
* Por Mirta Israel, Actriz. Integrante de Arte en Movimiento (CTA Autónoma)
El envío por parte del Poder Ejecutivo Nacional del anteproyecto de Ley del Actor al Congreso es indiscutiblemente no solo un avance en nuestros derechos sino una reparación histórica.
De aprobarse, significaría en concreto el reconocimiento de la relación de dependencia para actores y actrices que son contratados en cualquiera de las ramas de la profesión. Relación de dependencia que implica no solo el pago de aportes jubilatorios, sino que podamos tener una ART, salario familiar, aguinaldo, vacaciones.
Es importante aclarar que a comienzos de los años 70, la lucha de nuestro sindicato permitió conquistar convenios colectivos de trabajo en teatro, cine, tv y publicidad, pero los patrones solo estaban obligados a aportar a nuestra obra social, negándose sistemáticamente a reconocer la relación de dependencia. Es decir, todos estos años, las empresas se han ahorrado de pagarnos todo lo que hace a la seguridad social.
Cabe recordar que durante esta última década ya se había presentado un proyecto de ley similar que perdió estado parlamentario por falta de quórum en las Comisiones de Trabajo y Cultura, donde una parte de los diputados se dejó presionar por un fuerte lobby empresarial. Nada nos garantiza que esto no vuelva a suceder.
Por otra parte, esta instancia que se genera nos abre nuevos desafíos. En este sentido, hay que decir que no se trata solo de los patrones privados. ¿Qué van a hacer los Estados nacional, provinciales y municipales a la hora de contratar actores y actrices?
Es importante aclarar que hoy no existen convenios colectivos de trabajo con el Estado, es decir, nos consideran monotributistas y nos obligan a facturar.
Es por ello que en este plano se abren nuevos desafíos y nuevas luchas. Hoy existe una polémica entre los trabajadores actores y actrices en la que se plantea que esta ley beneficiaría a unos pocos, porque siempre son unos pocos los que tienen acceso a trabajo remunerado.
En mi opinión esto no invalida la ley, sino que nos lleva a debatir cómo dar la batalla para ampliar el campo laboral. Y en ese plano, el rol del Estado es fundamental.
¿Cuántos teatros existen en ciudades, pueblos a lo largo y ancho del país que solo son utilizados por empresarios privados que los alquilan para llevar teatro comercial?
¿Por qué no se promueven comedias nacionales, provinciales y municipales con cargos concursados y rotativos que generarían nuevas fuentes de trabajo?
Hay que recordar también que en la discusión por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no se logró que en la misma figurara un porcentaje de ficción nacional que obligara a las emisoras a producir con actores.
Todas estas son batallas que no se pueden librar solo desde la idea de «gestionar» como tiene la actual conducción de la Asociación Argentina de Actores.
Es difícil pensar que la conquista de nuevos derechos pueda ser posible sin la participación, el protagonismo y la lucha de los trabajadores organizados.
Este nuevo momento puede ser una buena motivación para ser parte de esta pelea. La lucha y la militancia no se delegan.