Mujeres luchadoras por el agua de los barrios populares de la Ciudad, presentaron una acción de amparo para que el Gobierno porteño formalice el acceso inmediato al agua potable y a saneamiento, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus y dengue. La ingeniera María Eva Koutsovitis, que acompaña la causa, sostiene que la crisis del agua es una violencia invisibilizada que clausura la autonomía de las mujeres pobres.
Desde que comenzó esta cuarentena, a las mujeres de los barrios populares les cuesta distanciarse como manda el aislamiento social preventivo obligatorio. El metraje individual no va con ellas cuando el hacinamiento se convierte en único perímetro posible y el hambre retumba entre mayorías cansadas de disposiciones y endeudamiento. Tampoco les hace mella que las fuerzas de seguridad las chuceen o que algunxs referentes políticxs las haya “reprendido” por tomar la calle sin barbijo. A los atrevidos les recuerdan que en los territorios no hay prevención que alcance cuando faltan servicios públicos, cuando poner el cuerpo significa exponerse a todas las crisis juntas y, sobre todo y en este escenario, cuando no existe el acceso formal al agua potable para beber, lavarse las manos o darse al menos una lavada una vez por semana. Para ellas y sus familias, salud es sinónimo de caminar de la mañana a la noche. Las carretillas que cargan con sachets de agua y reparten en alguna esquina, las canillas de uso compartido y el contacto con otras aguas de servicios precarios, muchas veces se mezclan con aguas servidas que habilitan la permanencia del coronavirus, por nombrar la enfermedad del momento entre tantas otras que vienen asolando hace décadas. O del dengue que gobierna en un escenario de pobreza estructural, donde cada quien recurre al almacenamiento de agua en baldes, cacerolas y tachos. Es en esa desprotección que mujeres referentes de estos barrios presentaron a la Justicia una acción de amparo colectivo para que el Gobierno porteño formalice el acceso inmediato al agua potable y el saneamiento cloacal en villas y asentamientos, como medidas esenciales de prevención del contagio por coronavirus y dengue. Una vez notificado, el Ejecutivo tendrá 48 horas para dar una respuesta que vislumbre alguna mejora.
“Se estima que lxs habitantes de las villas de la Ciudad representan el 15 por ciento de la población total de la ciudad. Las obras de infraestructura que allí se realizan para la prestación de servicios públicos, no responden a planes integrales de urbanización ni respetan la normativa local, nacional e internacional vigente”, sostiene la ingeniera sanitaria María Eva Koutsovitis, titular de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería (FIUBA) y quien encabeza la carátula del expediente que firman organizaciones sociales y políticas, radicado en el Juzgado N° 8 Secretaría N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. “La Ley 3.295 de la Comuna reconoce como derecho humano el acceso al agua potable segura en cantidad y calidad suficientes para usos personales y domésticos, y garantiza el ejercicio de este derecho a todxs sus habitantes”, explica Koutsovitis. “Sin embargo, para quienes sobreviven en estos barrios su goce es una utopía.”
El 22 de marzo, Día Internacional del Agua y a 48 horas de decretado el aislamiento, desde todos los puntos del país se denunciaba a través de las redes una problemática que sufren más de cuatro millones de personas en zonas que carecen de acceso genuino a servicios públicos. En los 4.400 barrios populares argentinos, el 93,5 por ciento no tiene acceso formal a la red de agua potable, consigna Página/12 en una nota de Laura Vales. “Y el 85 por ciento de los hogares afectados son sostenidos por mujeres” -asegura la ingeniera-, mientras que en la Ciudad evidenciamos que 1 de cada 7 porteñxs no acceden formalmente a este servicio.”
Una serie de relevamientos técnicos de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria junto con promotoras sanitarias y de las juntas vecinales, pudo determinar la contaminación bacteriológica en el agua de esos territorios. “A mediados de enero de 2019 había un fuerte olor cloacal en viviendas de las manzanas 24, 25 y 29 de la Villa 21-24, Comuna 4 del sur de la Ciudad, a la vera del Riachuelo y con ochenta años de historia, que no cuenta con servicios públicos formales como agua potable segura, saneamiento cloacal, tendido eléctrico seguro y gas de red”, describe Koutsovitis. Entrevistaron a familias de unos 550 hogares y se tomaron 110 determinaciones de presión y muestras del agua de consumo, que fueron analizadas en un laboratorio especializado donde se confirmó la contaminación.
“Con las mujeres elaboramos un mapa de riesgo sanitario que nos permitió cuantificarlo, individualizar las manzanas más críticas y confirmar la profunda crisis sanitaria y ambiental que atraviesa el barrio”, recuerda. “Armamos un expediente que llegó a incorporarse a la causa Matanza-Riachuelo, conocida como la causa Beatriz Mendoza, y presentamos en la Legislatura un informe con recomendaciones, pero no fueron abordadas por el Gobierno de la Ciudad. De haberlo hecho, el escenario frente al Covid-19, por lo menos en la Villa 21-24, hubiera sido muy diferente.”
En febrero de 2019, la Cátedra intervino en el Barrio Scappino, en Villa Lugano, frente al Ministerio de Desarrollo y Hábitat porteño. Sus vecinxs no cuentan con agua potable y resuelven el acceso al saneamiento cloacal con pozos ciegos, sin cámara séptica, en el interior de las viviendas. “Las mujeres estaban alarmadas por los problemas en la piel que presentaban lxs niñxs. Organizaron asambleas y relevamos el diez por ciento de las viviendas, con mediciones de presión en la red informal. Como ocurre en la Villa 21-24, el valor promedio de la presión es cinco veces menor que lo establecido, y eso aumenta la probabilidad de que el agua se contamine. Y logramos visibilizar el riesgo estructural al que están expuestas muchas viviendas, porque al extraer el líquido de estos pozos ciegos internos se pone en riesgo el sustento, ya que arrastra parte del suelo sobre el que están apoyadas.” El Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31 y 31bis) es otro de los territorios que este verano soportó unas de las peores crisis del agua. “La falta de suministro comenzó en un sector y después se extendió hacia todo el territorio. Hubo una movilización masiva al local de la Comuna que funciona en el barrio, y allí lxs vecinxs se enteraron de que no existía ningún plan de contingencia para resolver la emergencia -remarca-. La particularidad es que en el último período de la gestión de Horacio Larreta se habían destinado unos mil millones de pesos para obras de urbanización infraestructura de agua, cloacas y sistemas pluviales. Con referentxs del Barrio Güemes, del sector de Bajo Autopista, hicimos un informe que las autoridades nunca quisieron recibir.”
Según Koutsovitis, la presión y la calidad del agua que se consumen en los barrios populares no son controladas por ningún organismo estatal. Lxs vecinxs, y en algunos casos las cooperativas de trabajo, se conectan mediante mangueras a las bocas que la empresa proveedora AySA dispone en las periferias, trazando débilmente las redes internas de agua. Cada vez que llueve, la ausencia de sistemas pluviales adecuados, el desborde de cámaras cloacales precarias y la contaminación de los suelos con metales pesados y sustancias peligrosas, provocan inundaciones que exponen a un catálogo de enfermedades asociadas. Este amparo colectivo es un grito desesperado frente al colapso sanitario y ambiental que implosiona en las casas y en los pasillos.
– ¿En qué consiste la demanda?
– En que AySA u otro organismo estatal presten el servicio de agua potable y saneamiento según los criterios normativos, y que sea regulado por los organismos de control que correspondan. Además, que se ordene al Gobierno de la Ciudad a implementar un Plan de agua potable y saneamiento cloacal para todos los barrios populares, que incorpore de manera integral y transversal la dimensión productiva, la participación comunitaria y la perspectiva de género y diversidad. Que contemple un programa de monitoreo ciudadano y un sistema tarifario social especial, que exima del pago de los servicios públicos a las familias a medida que regularicen los servicios, durante un período no inferior a quince años.
– ¿El plan dimensiona el trabajo con perspectiva de géneros para lxs habitantes de los barrios?
– Un eje central de la propuesta es la incorporación de un 25 por ciento de mano de obra local y que respete criterios de paridad de géneros, como establece la Ley Nacional 27.453, “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana”. Del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap) en el período 2016-2017, surge que el 65 por ciento de lxs responsables de hogar son mujeres y que el 85 por ciento de los hogares son monomarentales. La dimensión del trabajo es clave en la estrategia de integración e inclusión con perspectiva de género, diversidad e igualdad de oportunidades. En cada barrio deberá crearse un Registro de Mano de Obra Local donde se inscriban desde trabajadorxs de la construcción hasta promotorxs ambientales y de géneros, y que se implemente un programa de capacitación.
– ¿Cuáles son las medidas que las mujeres reclaman para la provisión de agua segura?
– En el amparo piden que se les garantice el acceso al agua potable para todos los usos, en el marco de esta emergencia sanitaria mundial y por dengue. Que en cada hogar haya un baño y dos canillas, con mantenimiento y destapación de cámaras cloacales y pozos ciegos. Para nosotras es fundamental poder contar con un cronograma del camión cisterna con recorrido, fechas y horario de entrega del agua. Las mujeres destinamos días enteros de incertidumbre a esperar la llegada del camión. También se solicitaron dos litros de agua envasada por persona todos los días, y que se garanticen de manera gratuita en cada hogar ocho litros de lavandina concentrada para higiene y la entrega de dos garrafas. Cuando el agua no es segura, una de las pautas es hervirla, pero para eso tenés que poder contar con garrafa.
Descacharrar para evitar el dengue pierde sentido cuando las vecinas de los barrios tienen que acopiar agua para vivir.
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Muchas veces las familias no tienen dónde juntarla, por eso la idea de descacharrizarse se cae a pedazos. El pedido judicial incluye que el Gobierno porteño instale tanques comunitarios abastecidos con agua potable y garantice tanques plásticos domiciliarios a todos los hogares que no cuenten con sistemas confiables de almacenamiento, para que cuando el camión cisterna entregue el agua, haya un lugar seguro de contención. Hoy vemos un sinfín de organismos que intervienen con competencias solapadas y responsabilidades difusas, y es muy difícil para las familias saber a quién recurrir. Tampoco hay un mecanismo de trazabilidad para los camiones cisterna en el punto de entrega de agua, que muchas veces presenta alta turbidez.
– ¿Qué significa la falta de agua en la economía de los barrios populares?
– Entre noviembre y diciembre de 2019, en un sector del Barrio Inta, supuestamente urbanizado por la Corporación Buenos Aires Sur, relevamos cuánto dinero se gasta para comprar agua, y concluimos que las familias destinan en promedio un 10 por ciento de los ingresos para abastecerse de agua potable envasada. Si agregamos el dinero que separan para la compra de garrafas, destinan entre el 15 y el 25 por ciento de sus ingresos para abastecerse de agua y de gas. Lo cual sitúa a esas familias en la categoría de pobres energéticos, una medición que utilizan en Europa para aquellos hogares que destinan más del 10 por ciento de los ingresos a pagar servicios. Otra preocupación es la ausencia de protocolos de manejo de agua. Algunas mujeres la hierven, otras le echan gotas de lavandina y otras, tratando de comprar filtros comerciales, quedan atrapadas en un circuito de endeudamiento.
– Una referente de Villa Inflamable dice que allí lxs niñxs nacen con un nebulizador y las pieles dañadas por las enfermedades hídricas.
– Las afecciones vinculadas a la falta de acceso al agua potable formal y segura son principalmente diarreas, parasitosis, enfermedades en la piel y enfermedades derivadas, como el dengue. El mapa de casos de dengue se superpone con el mapa de falta de acceso formal al agua y ahora con el coronavirus, que requiere de aislamiento e higiene personal. Pero en los barrios populares de la Ciudad hay un promedio de dos familias por vivienda, y la falta de agua obstaculiza cualquier medida lógica de higiene. Para las mujeres, en este escenario el acceso a un poco de agua no sólo significa que son ellas quienes invierten horas de sus vidas para obtenerla, sino que las obliga a quedarse en casa cuidando o recorriendo centros de salud porque sus hijxs sufren intoxicaciones severas, enfermedades respiratorias o dermatitis graves.
– No acceder al agua potable se convierte entonces en una violencia invisibilizada que clausura la autonomía de las mujeres pobres.
– Porque la posibilidad de poder desarrollarse en otros ámbitos de la vida está absolutamente limitada y sólo reproducen tareas de cuidados que tampoco son reconocidas como trabajo. La crisis del agua es una problemática invisible, porque somos las mujeres las que todos los días y de manera silenciosa le ponemos el cuerpo con infinidad de estrategias. Y es una violencia naturalizada, por lo tanto desarmarla no es fácil. Si lo pensamos desde el punto de vista estricto de la técnica, resolver el acceso al agua potable es una tarea de baja complejidad. Creo entonces que hay una definición política de no terminar con este tipo de violencia, que fundamentalmente impactan en el cuerpo de las mujeres. No encuentro otra explicación cuando una obra se ejecuta una, dos y tres veces mal. Implica también condenar a la precariedad a miles de hogares en el distrito más rico del país. Lamentablemente, la falta de agua potable es una de las violencias que aún no nos interpela como sociedad.
Fuente: Roxana Sandá para Página 12