Se acerca el invierno en nuestro país y miles de familias no sólo deberán preocuparse por la llegada de la segunda ola de Covid, sino también por la ola de desalojos que empezó a crecer desde que a comienzos de abril cayera el DNU 320/20 que los mantenía suspendidos. En este escenario, la crisis habitacional que golpea a la Argentina puede tener consecuencias nefastas en el corto plazo para un importante sector de la población y por eso hemos presentado pedidos de reunión ante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y ante el Instituto de Vivienda de la Ciudad, para acercar nuestras preocupaciones y propuestas a las autoridades de ambos gobiernos.
* Por CoDiP-CTAA (Colectivo de Inquilinos Porteños)
Como si fuera poco y bajo la excusa de que la nueva ley que regula los alquileres perjudica a los propietarios, el mercado inmobiliario ha dado un nuevo zarpazo al bolsillo de la clase trabajadora con aumentos ilógicos en los precios de los alquileres que rondan el 60% anual, mientras la inflación en igual período fue del 42,6% y los aumentos salariales ni siquiera llegaron a cubrir dicha inflación. Si antes debíamos destinar más del 50% de nuestros salarios a pagar alquiler y expensas, estos aumentos sólo lograrán que más familias inquilinas caigan en mora y se incrementen los desalojos.
Está claro que al capital inmobiliario nada le importa el contexto de pandemia mundial ni la creciente pobreza ya que lo único que busca es acumular más riquezas. Por eso, desde diversos medios periodísticos se intenta instalar la idea de que es necesario aumentar los alquileres ya que la rentabilidad actual de las inversiones inmobiliarias es muy baja. Traducido, quieren cobrar más caros los alquileres para reducir los años que tardarían en recuperar el dinero invertido al comprar un inmueble. Sin embargo, nada dicen sobre el hecho de que desde 2012 a la actualidad el valor del m2 en la ciudad de Buenos Aires creció un 23%, mientras que en otras ciudades como Rosario o Córdoba los valores se mantuvieron o hasta disminuyeron.
La especulación inmobiliaria fomentada por el remate vil de tierras públicas que el PRO viene llevando adelante en favor de empresas amigas está causando estragos en la ciudad de Buenos Aires. Esto se traduce en el incremento del valor del suelo (sin generar ningún beneficio a la sociedad), que impide a miles de familias alcanzar el techo propio y encarece el costo de vida de la población inquilina. Discutir aumentos de alquileres para mejorar la rentabilidad, pero no discutir el valor mismo de la tierra porteña implica encubrir la brutal transferencia de recursos que se está dando hacia el sector inmobiliario, el cual viene concentrando cada vez más propiedades y riquezas a costa de convertir a la Capital Federal en una ciudad imposible de habitar para amplios sectores de la sociedad.
Respuestas insuficientes y más promesas
La crítica situación de miles de familias inquilinas se ha convertido en una bomba de tiempo al cual el Gobierno de Alberto Fernández intenta desactivar con medidas insuficientes. En estos últimos días se oficializó el Protocolo de Alerta Temprana de Desalojos, el cual consiste en un registro de personas que hayan entrado en riesgo de desalojo durante la vigencia del DNU 320/20, que serían asistidas por el Estado con soluciones habitacionales otorgadas según un criterio de prioridad basado en su situación socioeconómica. Sin embargo, el Protocolo sería aplicable sólo para inquilinos con contrato de alquiler registrado ante AFIP, excluyendo de esta asistencia al 75% de los inquilinos ya que menos del 25% de los contratos son declarados, según la misma AFIP.
La otra medida adoptada fue el lanzamiento del Programa Casa Propia, consistente en 65 mil créditos personales para refacción y 22 mil créditos para construcción de viviendas de hasta 60 m2 en terreno propio. Dejando de lado la ínfima incidencia de 87 mil créditos para alrededor de 9 millones de inquilinos, la línea de construcción no sólo exige tener un terreno propio sino también un ingreso mínimo de $53.000 volviéndola inalcanzable para el 60% de los hogares argentinos que perciben un ingreso inferior a los $52.000, según INDEC.
El Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, prometió nuevas medidas para los inquilinos en la semana próxima aunque no profundizó en detalles. Sin embargo, mientras festejaba el acceso de 6.000 familias a soluciones habitacionales, minimizaba el hecho de que otras 2.000 se encuentran al borde del desalojo según datos del CELS. Desde el CoDIP-CTA sostenemos que lo urgente en este contexto de crisis sanitaria y socioeconómica es decretar nuevamente la suspensión de desalojos hasta fines de año -como mínimo- e implementar un programa nacional de desendeudamiento o asistencia económica para aquellas familias inquilinas que hayan entrado en mora durante la cuarentena. Luego, regular el mercado inmobiliario a través del establecimiento de precios máximos a los alquileres y el lanzamiento de líneas de créditos hipotecarios accesibles para la clase trabajadora que posee salarios promedio.
Mientras tanto, en la Tierra de la Especulación…
Lamentablemente, desde hace más de una década la ciudad de Buenos Aires se ha convertido en la tierra de la especulación inmobiliaria, perjudicando gravemente a sus habitantes. Sin embargo, pareciera que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, transita la crisis habitacional sin ningún costo político a pesar de que su gestión sólo la ha profundizado. Por eso, decimos que el Gobierno porteño debe implementar políticas complementarias a las aplicadas por el Gobierno nacional e impulsamos la aplicación de impuestos a las viviendas que se encuentren ociosas por más de 6 meses y la expropiación de aquellos inmuebles que se encuentren ociosos por más de 5 años, para evitar la especulación del mercado. A su vez, destinar todos los inmuebles que el Estado porteño recibe por herencia vacante a soluciones habitacionales a través del Banco de Tierras e Inmuebles que posee el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Por último, anular todos los decretos del Poder Ejecutivo Nacional que venden -o transfieren para su venta- tierras públicas en la ciudad a través de la AABE.
En este escenario, el mercado inmobiliario amenaza con nuevos aumentos en los alquileres y el retiro de inmuebles del mercado para dificultar el acceso de la población inquilina. Quienes integramos el CoDIP-CTA creemos que si nos organizamos, podremos presionar al Estado para que implemente políticas en nuestro favor. Te invitamos a sumarte para conocer nuestras propuestas y lograr concretarlas.
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