El jueves pasado el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, presentó a jueces, fiscales y trabajadores del Poder Judicial, un plan de reforma llamado Justicia 2020. «Notas» entrevistó a Hugo Blasco, Secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA) y Secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, quien participó del encuentro.
-Tuvieron una reunión con el Ministro de Justicia y allí les presentaron el plan Justicia 2020, ¿esto fue así? ¿En qué consiste el plan?
– Garavano, convocó en esta oportunidad -como ya lo había hecho hace unos días con organizaciones civiles- a representantes del Poder Judicial. Básicamente era una reunión donde había una mayoría abrumadora de jueces, fiscales, defensores.
El proyecto es una larga lista de buenas intenciones que abarcan distintas áreas que tienen que ver con la Justicia Civil, Penal, de Familia, los registros, etc.. Una serie de cosas que nosotros como trabajadores judiciales, siempre tan críticos de la Justicia argentina, no podemos menos que prestarle atención. Porque alguna vez tenemos que pensar seriamente que la Justicia sea realmente justa: por el tiempo que tardan las sentencias, la velocidad de los procesos y la calidad de los procesos.
Lo que se presentó -y nosotros vamos a evaluar en la Federación Judicial Argentina- son por ahora todos títulos. Pero viniendo de donde vienen y habiendo escuchado ahí en la presentación las opiniones de algunos jueces que ya conocemos, no deja de preocuparnos.
Este es un proyecto aggiornado que en realidad es continuidad o la versión 2016 del proyecto de la agrupación Fores [NdE: Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia es una organización, de perfil conservador, que interviene al interior de la justicia argentina desde la época de la última dictadura]
Garavano es un cuadro político y técnico de envergadura, nosotros los respetamos mucho en ese sentido porque no es cualquier funcionario. Sabe de lo que habla y conoce al Poder Judicial desde sus entrañas. Está capacitado, para hacer el bien y para hacer el mal.
-¿En la elaboración de este proyecto participó algún actor del Poder Judicial? ¿Jueces? ¿Trabajadores?
– No, se presenta como un espacio abierto. En el que se va a poder participar a partir del mes que viene vía internet. Eso a nosotros nos merece muchas reservas, hasta en lo metodológico. Que uno participe individualmente no nos parece lo mejor.
-¿Cómo una participación individual vía internet? ¿Cómo está planteado el debate sobre algo tan importante como la reforma de la justicia argentina?
– Es a través de una página en la que uno tiene que inscribirse y lo puede hacer a título personal o como institución. Por lo tanto es, por lo menos, operativamente poco apta. Con ese criterio cualquier libre pensador puede opinar. ¿Pero qué peso tiene la palabra de quien opina por sí mismo y quienes -como es nuestro caso- representamos a miles de trabajadores? ¿Tendrían el mismo valor? ¿Cómo se discute?
Ahora, al margen de eso, en la reunión escuchamos cosas interesantes. Ahí uno va conociendo a la gente y el pez por la boca muere. En general todos los jueces celebraron la convocatoria y el proyecto de Justicia 2020 aunque no sé si lo conocen. Y sobre todo se vio una actitud francamente corporativa en algunas intervenciones.
Eso nos preocupa porque nosotros no hablamos de defender privilegios o intereses meramente sectoriales. La Justicia está en todo el país en un estado calamitoso, tal que merece un debate nacional pero que no parta de la base de la defensa de los pares. Por eso nos preocupa la calidad de la Justicia.
Ahí se habló de celeridad, transparencia. ¿Pero con qué contenido? Un juez puede dictar una sentencia muy rápido, pero puede ser una sentencia absolutamente reaccionaria.
-De hecho los organismos internacionales de crédito tienen un planteo sobre la necesidad de la celeridad de la Justicia donde quizás, su punto más débil, es justamente la calidad de los fallos.
– Exacto. Incluso esta reforma que se está proponiendo (que sería a cuatro o cinco años) parte originalmente del Banco Mundial.
-¿O sea que es una mezcla de la elaboración de Fores y las recomendaciones del Banco Mundial?
– Es que Fores es el representante del Banco Mundial en Argentina en materia de reforma judicial desde el año 1977 cuando fue creado para asesorar a la dictadura. Y además para darle sustento jurídico a la versión neoliberal en la Argentina.
-¿Qué mirada tienen ustedes como trabajadores, más allá de esta propuesta, de cómo debería llevarse adelante una reforma judicial en la Argentina?
– La Justicia para nosotros es un valor y de lo que estamos hablando es de reformar el Poder Judicial. En eso el gobierno parte de un dato cierto: hay que hacer una reforma porque así no podemos seguir. Ni a nivel nacional, ni provincial. En eso estamos todos de acuerdo. El tema es para donde dispara la reforma.
Si es basada en una Justicia donde la estadística está por encima de la calidad, donde términos como defensa de los Derechos Humanos o la reparación de derechos vulnerados (sean en el fuero que sea) no es prioritario, no es una reforma que nos interese. Ni a nosotros como trabajadores ni al pueblo argentino.
Por otro lado hace falta poner como prioridad -cosa de la que no se habla en este proyecto- la democratización el Poder Judicial. Hacia adentro del propio poder y desde ahí a la sociedad.
Hay que democratizar el sistema de elección de jueces. No puede ser que esté en manos de la política (de los partidos mayoritarios). Y este proyecto lo que pretende es aumentar la representación de jueces y abogados en el Consejo de la Magistratura. Son dos corporaciones, entonces la voz popular sigue sin existir. Me podrían decir “bueno, esa voz son los representantes de los partidos”. Pero en la práctica han demostrado no serlo.
En lo que respecta a la democratización hacia el funcionamiento interno, los trabajadores judiciales somos un sector que no tiene negociación colectiva, salvo en cuatro o cinco provincias. Estamos hablando de algo que es contrario a derecho porque no cumple con la Constitución Nacional.
-O sea que no solo no tienen una Paritaria Nacional, sino que tampoco tienen muchas paritaria provinciales.
– Si, tenemos cuatro o cinco y se acabó lo que se daba. Además cuando hay que negociar en esos distritos es un parto poder sentarse a discutir con los jueces y el Ejecutivo de cada provincia. Más que nada por renuencia, marcha atrás o falta de respuesta fundamentalmente de los tribunales superiores.
Así como la Corte Suprema nacional, con todos los miembros plenos de la década pasada, le contestó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que los trabajadores judiciales no teníamos que tener negociación colectiva. Entonces si el máximo órgano judicial del país piensa así de los trabajadores, estamos en problemas.
-Piensa así de los trabajadores y de la Constitución Nacional.
– Exacto. Por eso en la reunión con Garavano yo me sentía sapo de otro pozo. No tenía nada que ver con los que estaban ahí. Inclusive había una muy importante jueza que fue presidenta de Justicia Legítima y se pronunció a favor del proyecto 2020.
Por eso cuando decíamos que el proyecto de Justicia Legítima, que apoyaba el gobierno anterior, era una mentira, estábamos en lo cierto.
-¿Cómo es la situación de los empleados judiciales en términos de los despidos que está habiendo en el Estado?
– Eso lo veo difícil porque en el Poder Judicial falta personal. Este proyecto igual lo que quiere es eliminar gente, eso es cierto. Pero hoy por hoy no tenemos denuncias de ningún lado de despidos, sobre todo los contratados. No obstante hay provincias donde mucha gente está contratada, como en Santiago del Estero donde es prácticamente la mitad del personal.
Fuente: www.notas.org.ar