La comparación de los aumentos jubilatorios desde diciembre de 2015 a la fecha, con relación a la inflación, muestra que, en términos reales, se ha producido una rebaja de los haberes que, los han llevado a la mitad. El empalme entre la «movilidad Boudu» con la «movilidad Macri» en 2018 y su correlato en 2019, la suspensión de la movilidad en 2020 y, lo acontecido a partir del acuerdo con el FMI para el pago de la deuda ilegítima y fraudulenta, marcan situaciones de caída estrepitosa de los haberes, que nos llevan a la situación actual.

* Por Secretaría de Previsión Social de CTAA Capital | Centro de Jubilades Elías Moure

A partir de esta situación el gobierno responde con bonos para los haberes mínimos y «un poquito más» que hace que, estos paupérrimos haberes mínimos «empaten» con la inflación de este periodo de gobierno, sin recuperar lo perdido en la etapa macrista. Estos bonos son calificados de «haberes jubilatorios en negro» por el Defensor de la Tercera Edad, Humberto Semino, y ciertamente adolecen de las cuestiones de las remuneraciones en negro; no acumulan para recomposiciones posteriores, pueden ser «borrados de un plumazo» por gobiernos futuros, etcétera.

Por otra parte, esta política «achata» la pirámide de remuneraciones y hace que, conformando una situación injusta, les jubilades que tenían remuneraciones medianamente dignas; jubilades que, habían logrado esos haberes a partir de ser los mayores aportantes al sistema durante una gran cantidad de años, pasen a ser jubilades pobres.

Planteada esta cuestión ante les propios trabajadores, se escuchan cosas como: «les jubilades que ganan un poco más son un grupo minoritario» (en verdad un 20% un 30% de les jubilades), «la plata no alcanza para todes», «de que se quejan, si todavía pueden vivir». En realidad, esta política «asistencialista», más que algo posible y justo, es algo que va en contra de los intereses de la clase trabajadora y atenta contra la continuidad del sistema solidario de la previsión social.

– Por un lado, abre la puerta para la privatización del sistema previsional en la figura de la vuelta de las AFJP como sistema optativo y complementario. En efecto, al tener las jubilaciones un tope máximo que, aún con el ajuste de septiembre no llegará a los $600 mil, hace que les trabajadores con buenos sueldos próximos a jubilarse, vean con preocupación esta cifra y presionen para tener opciones de ahorro individual.

– Por otro lado, la pérdida de poder adquisitivo de les adultes mayores significa una caída sustancial en el consumo. En el otro sentido del razonamiento, si se pudiera llevar al conjunto de les jubilades a una condición de «clase media» (unas siete millones de personas en esas condiciones), se ha calculado que esto produciría un aumento de más de cuatro puntos del PIB. En efecto, les adultes mayores, la plata que cobramos, la consumimos para nosotres o para nuestros seres queridos. Esta «economía plateada» que se verifica en muchos países desarrollados, sostiene por ejemplo el turismo de entre temporada o hace cerrar las cuentas de muchos estados de Estados Unidos, gracias al fenómeno de los «baby boomers».

Por lo tanto, exigimos un aumento sustancial de todas las escalas y, luego de este reajuste, continuar con la movilidad. Las escalas jubilatorias deben «pegar un salto» de por lo menos un 50%, apuntando recuperar el 100% perdido en estos años. A partir de este reajuste, es que pueden corregirse complementariamente los haberes más bajos.

Hacer esto no sería una «dádiva» ni una medida para que les jubilades no nos muramos de hambre, sería un acto de justicia y constituiría una revisión de las políticas económicas apuntando a impulsar la «economía plateada» que, sin duda, debe y tiene el potencial para ser parte de la recuperación de la economía del país.

Secretaría de Previsión Social, CTAA Capital – 28/08/23

Centro de Jubilades Elías Moure

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