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por Horacio Meguira, Director del Departamento Jurídico de la CTA.

La paritaria nacional docente debe fijar el salario mínimo inicial, que se transformará en el piso para que se desarrollen negociaciones colectivas en cada una de las jurisdicciones provinciales.

En términos salariales los efectos de la paritaria nacional docente se han enfrentado a los mismos obstáculos que han afectado al conjunto de los trabajadores. El incremento de los niveles de inflación a partir del año 2007 ha impactado fuertemente sobre la evolución del salario real, y ha licuado, en muchos casos, los incrementos nominales negociados.

De acuerdo al Observatorio de Derecho Social de la CTA, entre 2008 y 2011 el aumento negociado en la paritaria nacional docente estuvo en línea con la evolución de la inflación, lo que permitió mantener relativamente estable el valor del salario real en los niveles que se habían establecido en el año 2007 (en el año 2011 el salario mínimo nacional docente era, en términos reales, un 2,2 % superior al de 2007).

Sin embargo, en 2012 y 2013, el incremento del salario impuesto por el Gobierno Nacional estuvo muy por debajo de la inflación, provocando una caída del salario real del 3,8 % en 2012 y del 6,6% en 2013.

El último año, el salario mínimo nacional docente estuvo 8,2% por debajo del percibido en 2007.

Para equiparar dicho valor, el piso salarial docente debería llevarse al día de hoy a la suma de $ 4.750, lo que equivale a un incremento aproximado de un 40% (dependiendo de la evolución de los precios de febrero y marzo). Para recuperar el poder adquisitivo que el salario docente tenía en marzo de 2007, el incremento inmediato debería ser del 40%. Para alcanzar a la inflación y tener algún margen de previsión, el 61% solicitado por los sindicatos paritarios de CGT llevaría el inicial a 5.500 pesos. Si tenemos en cuenta que la canasta básica se calcula en 9000 pesos, los docentes están lejos de cubrir sus necesidades.

CTERA, fundadora de la CTA, fue pionera en el sindicalismo de nuevo tipo. Su lucha no se reducía a la reivindicación económica sino que se insertaba en la comunidad educativa y permitía un fuerte vínculo con la sociedad civil. No luchaba por el salario sólo para mejorar la condición de sus representados, sino también por mejorar la calidad de la educación de una sociedad democrática.

Los congresos pedagógicos de la comunidad educativa fueron consecuencia del impulso de sus dirigentes, marcaron una época de planes e iniciativas que se plasmaron en uno de los conflictos más importantes de los últimos años: la carpa blanca.

Su incorporación al kirchnerismo fue desgastando la credibilidad y la confianza, delegó gran parte de la política en el gobierno del Estado. Mientras existía la posibilidad de recuperación paulatina del poder adquisitivo pudo mantener cierta coherencia. Podía justificar el cambio de rumbo. Luego del golpe inflacionario provocado por la devaluación, el retraso de la fijación del “básico testigo” ha generado simultaneidad de conflictos, donde las representaciones fueron delineando, desordenadamente, una agenda reivindicativa que ignora la conducción de CTERA.

Hoy ese liderazgo está en disputa; sus errores han permitido que se desarrollen otras representaciones, que han socavado su hegemonía.

La lucha de los docentes se ha descentralizado. Han surgido otros actores tales como la Federación Nacional Docente (FND-CTA), agrupaciones opositoras y sindicatos o seccionales rebeldes van conformando un nuevo bloque que disputa el liderazgo en el conflicto.

La huelga por tiempo indeterminado declarada por SUTEBA es un signo de impotencia.

Está más dirigida a contener a las oposiciones que a ganar el conflicto en la Provincia de Buenos Aires. Resulta al menos contradictoria la actitud de ser “combatientes” los primeros meses del año para luego convertirse en “aplaudidores” de sus antagonistas.

Muchos docentes se preguntan cuál es el saldo de la alianza con el Gobierno.

Además de la humillación a la que periódicamente la Presidenta los somete (tratándolos de vagos, de privilegiados, etc.), la incorporación en la contraoferta del Gobierno del presentismo como condición del acuerdo indica a las claras que al momento de definiciones el Gobierno es impiadoso con sus aliados.

En resumidas cuentas, en el supuesto de que este conflicto concluya con la baja del salario real, seguramente significará el fin de la hegemonía de la conducción actual de CTERA, consecuencia clara de la delegación de la iniciativa política y consecuentemente de la pérdida de autonomía.

 

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