Ante la acción judicial presentada el 7 de abril por la CTAA Capital junto a otras organizaciones, la Justicia porteña resolvió que es el Gobierno de la Ciudad quien debe garantizar el acceso al agua a todos los habitantes de la CABA en igualdad de condiciones.
* Por Matías Levin
A pesar de que Larreta se declaró incompetente días atrás, el fallo de la Justicia reconoce que no está garantizado el derecho igualitario al agua potable y obliga al Gobierno de la Ciudad a entregar entre 150 y 300 litros de agua potable por día a cada vecino y vecina de los barrios populares de la Ciudad que no tengan acceso al agua de red o este se vea interrumpido .
En ese sentido, la Justicia le dio un plazo de cinco días hábiles al Jefe de Gobierno para elaborar un plan de contingencia consensuado con la comunidad de cada barrio y con cronograma de entrega de agua a granel. Al tiempo que debe desarrollar, en simultáneo, un protocolo de actuación para que las familias puedan manipular y utilizar el agua de manera segura para la salud.
Luego de conocerse este fallo a favor del histórico reclamo de la CTA Capital, Pablo Spataro, secretario General, declaró: «Tras este fallo el gobierno de Larreta tiene que garantizar de forma inmediata la provisión de agua para todas y todos los habitantes de los barrios de la Ciudad donde no haya acceso o donde haya de manera limitada».
Por su parte, María Eva Koutsovitis, Ingeniera Hidráulica, docente de la Facultad de Ingeniería de la UBA e integrante del Frente Territorial Salvador Herrera – CTAACapital, aseguró: «Esta sentencia histórica operativiza el principio de igualdad en el acceso al agua potable disponiendo como dotación diaria por habitante para los barrios populares lo mismo que corresponde a las y los vecinos del resto de la Ciudad».
Franco Armando, de Frente Territorial Salvador Herrera y vecino del barrio Padre Carlos Mugica, aseguró: “Esta cautelar es un balde de agua fría para Larreta y un alivio para los vecinos de los barrios populares de la Ciudad sobre un derecho que se nos venía negando desde hace muchos años”.
La acción judicial presentada también lleva la firma de Jonatan Baldiviezo, por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y Claudio Lozano, por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas