Llovía en Buenos Aires, pero como cada jueves desde hace 42 años, las Madres llegaron a la Plaza de Mayo a las 15:30. A pocos días de haberse publicado el decreto que autoriza la actuación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, la CTA Autónoma, junto a otras organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y movimientos sociales abrazaron la lucha de las Madres y volvieron a decir ni olvido, ni perdón, no a las FF.AA en las calles.
Durante más de una hora, una multitud giró alrededor de la Pirámide de Mayo recordando a cada uno y cada una de los y las 30 mil. Nora Cortiñas, esguinzada y en silla de ruedas, encabezó la ronda y cerró el acto. Breve pero contundente, Norita gritó: “Vamos a resistir todo lo que sea necesario para que se derogue esta ley infame que viene a amenazar al pueblo argentino con la represión. Con represión no se modifican los horrores que hace este gobierno”.
En el acto también se leyó el documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde se repudia el “decreto vergonzoso, presentado en Campo de Mayo, que habilita a las Fuerzas Armadas a la represión y a reubicar a los militares para disponer de la Gendarmería para el control social”.
El documento también denunció: “Este decreto infame incorpora la intervención de las FF.AA contra la protesta social, como ya lo vimos en diciembre”, y reafirmó: “No es casual que Macri haya dictado este decreto luego de una reunión con Chistine Lagarde y el FMI. Armaron esta reforma en las oficina del FMI y el Pentágono”.
Claudia Baigorria, Secretaria Administrativa de la CTA Autónoma y candidata a secretaria general adjunta en las elecciones del 8 de agosto, dijo a ACTA: “Estamos viviendo en todo el país una jornada de gran sensibilidad porque esta situación nos retrotrae a la historia más oscura y triste de nuestro país. Que este Gobierno esté publicando un decreto para sacar a las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social nos atrasa 30 años o más”.
“Este es un Gobierno al que no le interesa el diálogo, que despide compañeros, que reprime, que no llama a paritarias, que vacía organismos estratégicos. Nosotros decimos basta: no queremos esta política, no queremos volver al pasado y mucho menos queremos ver tanques e infantería persiguiendo a nuestros compañeros. Son ellos o nosotros y en esto nuestra Central está siempre donde debe estar”, sentenció Baigorria.
Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE Nacional y candidato a secretario general adjunto, afirmó: “No va a pasar, así como no pasó el 2×1, o el intento de legitimar las desapariciones como la de Santiago Maldonado. Es una decisión gubernamental que retrasa 35 años, es volver a la Doctrina de Seguridad Nacional para intentar instalar el miedo como un mecanismo de dominación”.
“A las FFAA les cierran Fabricaciones Militares, nos paralizan las minas de Río Turbio, paralizan las obras de la central nuclear, y las quieren utilizar solamente para la represión”, cuestionó Godoy, que además analizó que “el acuerdo con el FMI es el programa de gobierno de Macri. Lo han intentado una y otra vez, y siempre nuestro pueblo ha sabido encontrar respuestas en la lucha, en la unidad y en la capacidad propositiva de políticas que están en las antípodas de este acuerdo con el Fondo”, añadió Godoy.
El caso mexicano es, tal vez, el más elocuente: pese a las protestas de la ciudadanía y a las recomendaciones de organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en México se legalizó el uso policial de las Fuerzas Armadas. Casi 12 años de “guerra contra las drogas” provocaron la muerte de más de 125 mil personas, 30 mil desaparecidos y más de 250 mil desplazados. 2017 fue el año más violento de su historia contemporánea: en promedio, fueron asesinadas 70 personas por día.
Desde 2006, las Fuerzas Armadas sustituyen a cuerpos policiales en cientos de municipios de todo México. Fue una de las primeras decisiones que tomó el ex presidente Felipe Calderón al iniciar su mandato. Desde entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió miles de denuncias por abusos de militares y marinos. Según la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos, en 197 ocasiones el ombudsman ha señalado torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.
La CTA Autónoma repudia este decreto y exige que no se reglamente. Detrás de la excusa de combatir el terrorismo y el narcotráfico, se esconde la decisión de este Gobierno de esgrimir el garrote contra la creciente conflictividad de nuestra sociedad producto de la profundización de la injusticia social y económica.
Los trabajadores y trabajadoras de la Argentina y de América Latina en general todavía no hemos superado las consecuencias de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional como para permitir que las Fuerzas Armadas vuelvan a actuar en problemáticas internas que se resuelven con mayor equidad y mejor distribución de la riqueza.
Como Central de trabajadores y trabajadoras seguimos exigiendo juicio y castigo a los militares y a sus cómplices civiles como las grandes corporaciones y multinacionales, inspiradoras del último golpe de 1976. Ni olvido, ni perdón, memoria, verdad y justicia.
Fotos: Walter Piedras y Nancy Orquera
Fuente: Agencia CTAA/ por , / www.agenciacta.org