Sumando voces que tienen que ver con la Verdad y la Justicia, este miércoles desde Estación Central (Radio Sur, FM 88.3) se comunicaron con José Schulman, Secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organización de Derechos Humanos querellante en la causa del desaparecido Soldado Ledo, en la cual es sospechado por violación de los derechos humanos el actual Jefe del Estado Mayor del Ejército, César Milani.
– Ustedes tienen mucho conocimiento de cómo es la causa y cuáles son las pruebas. Hoy el Jefe de Gabinete Nacional, Anibal Fernández, salió a decir que no hay ningún elemento para culpar a Milani y que no está procesado en ninguna causa. ¿Cuál es tu visión?
– Elementos para culpar a Milani hay muchos más que en la mayoría de los casos. Porque no solo están los testimonios orales de los sobrevivientes, sino que hay dos documentos en papel. Uno es la firma del General Milani, en un acta falsa del ejército, que dice que el Soldado Ledo había desertado. En la reconstrucción que los militares hicieron en su momento de cómo se procedía con aquellos compañeros que estaban haciendo el Servicio Militar Obligatorio y eran desaparecidos, ha quedado demostrado un modus operandi, una tecnología, de la desaparición de los conscriptos, que en todos los casos era la misma. Y esta tecnología incluía la confección de un acta falsa de deserción. Es decir, no se asumía que eran detenidos, sino que se mentía diciendo que habían desertado. Entonces, la firma de Milani en ese acta es de por sí lo suficientemente prueba, sin ninguna duda.
No hay muchos casos donde tengamos como prueba documentos escritos. Pero además, hace pocos meses, nuestras abogadas encontraron en Tucumán un documento que había entregado el Doctor Eduardo Luis Duhalde cuando era Secretario de Derechos Humanos de la nación, que es un documento que nada menos demuestra que el entonces teniente Milani estaba adscripto al Jefe del Operativo Independencia, General Bussi. Es decir, los dos documentos, son más que pruebas, puesto que prueban que Milani era un oficial de inteligencia lo suficientemente comprometido como para estar vinculado con el Jefe del Operativo, y la firma de Milani en el acta de deserción indica que al menos es partícipe necesario de la desaparición forzada del Soldado Ledo.
Me parece a mi que en este punto casi que no habría discusión. No leí las declaraciones de Fernández, no sé en qué elemento se basa.
– Desde tu punto de vista como militante de los Derechos Humanos, por qué el giro del Gobierno. En este caso, ¿Por qué la necesidad de poner a alguien que ha sido cómplice de la represión, del terrorismo de Estado, al frente del Estado Mayor General del Ejército?
– Eso habría que preguntárselo al Gobierno. Nosotros lo que podemos decir es que la prueba a la que hemos accedido, el testimonio de los compañeros riojanos, para nosotros es convincente y lo que podemos decir es que desde 1983 para acá la sociedad Argentina se divide en dos, los que le creen a los represores y los que le creemos a los compañeros.
Y en este caso cada cual elige a quién creerle. Nosotros creemos a la familia Ledo y a los sobrevivientes de La Rioja. Si alguien le cree a Milani es un problema de él, por qué lo hacen, yo no soy adivino.
A mi me gustaría dar un giro a este tema, donde tenga un matiz con algunas cosas que se dicen, que es el siguiente: en estos treinta años de terminada la Dictadura Militar lo que ha habido es una reformulación del aparato armado del Estado, que consiste en que por un lado fue perdiendo peso específico lo que antes se consideraban las fuerzas armadas -El Ejército, Aeronáutica y Marina- y fue ganando mucho peso lo que antes eran consideradas fuerzas secundarias -como la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y las Provinciales, la Policía Aeronáutica y el Servicio Penitenciario -.
Estas fuerzas que nombré en segundo término hoy tienen más de 400 mil hombres armados, ayer me decían que la Policía Bonaerense está llegando a 96 mil hombres armados, que es casi el total de efectivos que tenía el Ejército durante la Dictadura Militar. La característica de estos 400 mil hombres armados, que podrían ser más, es que están educados, capacitados y armados para el combate callejero, para el control territorial y de hecho, si dejamos de lado cualquier discusión ideológica y agarramos un mapa de la pobreza primero, después agarramos un mapa de las riquezas naturales de la Argentina y en tercer lugar hacemos un mapa de la locación, de las fuerzas de Prefectura, Gendarmería, Federal y Bonaerense en el territorio, cualquier, sin ningún prejuicio, podrá comprobar por si mismo que estos tres mapas se superponen. Es decir, que la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y la Bonaerense están dislocados exactamente en el mapa de la pobreza y en el mapa de los recursos naturales.
Para nosotros la aparición sin vida de Luciano Arruga en el año 2014 lo que confirma son las denuncias que en todos estos años hemos venido haciendo, de que hay un nuevo dispositivo de control social. Nosotros llamamos a no utilizar viejas categorías para pensar lo nuevo, porque ese es un problema que la Izquierda ha tenido muchas veces y nos costó mucho, porque con las viejas categorías no se entienden los nuevos fenómenos. Hay un nuevo dispositivo que está pensado para control social de un nuevo sujeto que básicamente son los jóvenes pobres de las barriadas populares. A ese sujeto se lo quiere atemorizar, controlar e incluso poner como parte de un dispositivo delictivo que hoy por hoy está creciendo de la mano de la alianza entre los que trafican droga, los que trafican niños y mujeres, los punteros políticos y los jefes de estas disposiciones militares.
Me parece a mi que este es el fenómeno nuevo que hay que atender, que hay que tener respuestas muy creativas porque nunca en la Argentina hubo en las barriadas populares kioscos legales donde se vendan armas, drogas y donde se contraten a los jóvenes para ser o soldaditos de los narcos o empleados de la Policía. Estos fenómenos no ocurrían de esta manera antes y me parece a mi que requieren de un gran esfuerzo de todos para poder pensar una respuesta que sea capaz de resolver la situación y que pueda dotar al movimiento popular de instrumentos para que no vuelva a ver nunca más un Luciano Arruga ni ninguna de las víctimas de la democracia.
– Investigar estos temas no es fácil. ¿Han recibido amenazas las abogadas?
– Las abogadas del Caso Ledo fueron amenazadas de muy diversas maneras y hubo un pedido del General Milani, que efectuó su defensor público, que pretendió que el Juez las sancione de manera administrativa. La respuesta del Juez fue bastante sugestiva, puesto que le dice que no está en sus facultades sancionar a una abogada que ejerce el rol de querellante, pero que si Milani se siente amenazado puede recurrir al Colegio de Abogados para que le anulen la matrícula. Yo no conozco muchos casos en que el Juez actúe como un asesor procesal de alguien que me parece que cuenta con un equipo jurídico bastante profesional como para que necesite que un Juez le diga lo que tiene que hacer. Por lo que nosotros leímos la declaración del Juez como un intento de amedrentamiento.
De hecho, nuestra relación con el equipo jurídico de las hermanas Reinoso y Mercado Luna, que son compañeras riojanas muy vinculadas a la Asociación de Maestros y profesores de La Rioja, que yo conozco de haber trabajado para ese gremio durante mucho tiempo como asesor y en los equipos de formación, tiene que ver con eso, nos pidieron que la liga se involucrara para tener un respaldo mayor, porque se sentían amenazadas. No estoy revelando ningún secreto, porque lo hemos difundido públicamente.
Así que esta situación es realmente complicada y lamento que se maneje con tanta liviandad por parte de algunos funcionarios que pareciera no darse cuenta de que si a partir de ahora se aceptara que las palabras de los sobrevivientes no son pruebas, no hay más juicios. Todos los juicios se hacen en base a una acordada de la Corte Suprema sobre el Juicio a la Junta de Comandantes, que estableció que en los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad el testimonio de un sobreviviente constituye prueba suficiente. Si eso se anulara ahora no caerían los Juicios, porque ya son cosas juzgadas, pero no habría posibilidad de abrir nuevos juicios. Por lo tanto, me parece a mi que cuando se discute el Caso Milani, no solo se está discutiendo la impunidad de alguien sobre el que hay muchísimas pruebas sobre su papel en el terrorismo de Estado, sino que, irresponsablemente se está poniendo en discusión la base jurídica sobre la cual se desarrollan los juicios por delitos de lesa humanidad, que faltan muchos y que en estos días hemos tenido una demostración del poder judicial que en cuatro días absolvió a Massot de la Nueva Provincia, a Blaquier de Ledesma y a los de Papel Prensa. Por lo tanto, lo único que nos falta es que se ponga en duda la palabra de los sobrevivientes.
– Recuerdo los dichos de Shocklender sobre que está armando una milicia alternativa y recuerdo los casos de armas desaparecidas. ¿Hay relación entre todo esto o es paranoia mediática?
– Yo te puedo decir que lo que me cuentan las compañeras y las militantes territoriales es que en las Villas del Gran Buenos Aires de hoy en esos kioscos se puede comprar lo que quieras, drogas, ametralladoras, 45, que yo conozca esas armas tienen un solo origen, que son los arsenales del ejército. No puedo imaginar que puedan salir de otro lado. O los circuitos de los narcotraficantes, yo no soy un experto en el tema, pero me parece a mi que es tan obvio, tan evidente y tan conocido que nadie podría alegar inocencia o desconocimiento. Lo que sí creo, es que es un tema tan grave y tan importante, que necesitamos hacer un debate muy serio, sin preconceptos, sin definiciones previas, por parte de todos. Yo no tengo problema de sentarme con cualquiera y con todos que estén dispuestos a trabajar, luchar, movilizarse para que nunca más haya un caso como el de Luciano Arruga.
Nosotros nos hemos incorporado al equipo jurídico de la causa Santillán. Hemos logrado que se desarchive la causa por la responsabilidad política de la masacre del Puente Pueyrredón y estamos trabajando para encontrar algún camino que nos permita llegar a quienes todos saben que fue responsable, que fue Duhalde. Pero bueno, una cosa es saberlo y otra es probarlo jurídicamente. Lo que estoy intentando decir es que hay algunos temas que deberían ser tratados como más seriedad, yo entiendo que estamos en un año electoral y cada cual dice lo que quiere, pero en algunos temas uno tiene que informarse y tratar de saber de qué habla. Me parece a mi que al Jefe de Gabinete debería darle un poco de vergüenza decir libremente que no hay pruebas contra Milani. Yo estoy seguro de que nunca leyó el expediente, porque si leyó el expediente no puede decir eso.