La comunicación interna del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la mayor institución “técnica” del agro argentino, es clara: prohíbe a sus trabajadores utilizar el término “agrotóxico” en escritos y publicaciones institucionales.
Insta a llamarlos, como proponen las empresas que los venden, “agroquímicos” o “plaguicidas”. Al mismo tiempo, el INTA forma parte e impulsa una campaña para lavar la imagen del agronegocio, la llaman “Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)”.
Comparte políticas e intereses comunes con Monsanto, Bayer, Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa) y todo el empresariado transgénico. El emisor del correo con la prohibición, Hernán Trebino, defendió su decisión: “Cualquier ingeniero agrónomo sabe que los agroquímicos bien utilizados no producen efectos negativos en la salud”. Y retrucó: “Todo puede ser perjudicial. Si te das una sobredosis de aspirinas, seguro te hace mal”.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fue fundado en 1956 y cuenta con presencia en todas las provincias y cientos de localidades de la Argentina profunda. Es un ente autárquico, aunque está en sintonía con las políticas agrarias marcadas por el gobierno nacional. Sus máximas autoridades son cargos políticos. Suele definirse como una entidad “científico-técnica” del campo y existe un gran sentido de pertenencia de ser “intiano”. Autoridades y los más fanáticos suelen hablar de “familia” del INTA y se ufanan de tener “la camiseta puesta”.
Su organización territorial está conformada por quince “centro regionales” en los que se divide el país. Son una suerte de provincias dentro del país INTA. Y tiene sus “gobernadores” (directores regionales). El miércoles 10 de mayo, a las 16.29, uno de esos directores regionales envió un correo a ocho direcciones, autoridades de la institución. El asunto-título señala “directivas sobre la comunicación institucional”. El correo electrónico aparece con la etiqueta de “Importancia: alta”.
“En las comunicaciones de los profesionales, así como en los materiales impresos, virtuales o en cualquier otro tipo de comunicación institucional correspondiente al INTA o a alguna de sus unidades, programas, proyectos, o instrumentos de intervención, cualquiera sea su categoría, deberá practicarse una abstención irrestricta (en negrita) del empleo de: 1- El nombre o logo de agrupaciones políticas o partidarias. 2- El término “agrotóxico”, ya que su empleo implica una posición valorativa negativa que presupone un uso inadecuado o inapropiado de una alternativa tecnológica que bien empleada no debería constituirse en riesgo para la salud humana o ambiental. Se debe emplear “productos fitosanitarios” o “agroquímicos” en vez de “agrotóxicos” o cualquier otra referencia que implique un posicionamiento sobre estos productos que no se corresponde con decisión institucional alguna”. Firmado por el director del Centro Regional Buenos Aires Norte, Hernán J. Trebino.
En la misma comunicación argumenta que la orden se debe a “situaciones que se originaron en las últimas semanas (…) que originaron los correspondientes llamamientos desde la Dirección Nacional” del INTA. Finaliza con “se solicita pronta difusión y cumplimiento de esta directiva. Saludos cordiales”.
Modelo
Desde la década del ’90, el INTA es uno de los soportes técnicos-científicos para el avance del modelo transgénico, con uso masivo de agrotóxicos. Claro que existen áreas específicas y trabajadores que proponen y trabajan por un modelo cercano a la agricultura familiar, campesina, indígena. Pero, en el mapa general, reconocen que es una institución parte del agronegocio, con amplio apoyo técnico y económico al sector empresario y transgénico. Nunca en las últimas dos décadas autoridades del INTA se hicieron eco de las denuncias de campesinos, indígenas y académicos sobre las consecuencias del modelo. Al contrario, suelen estar presente en todos los eventos las organizaciones “del campo”, como Sociedad Rural, Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) y la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid), entre otras.
El máximo nivel de decisión del INTA es el Consejo Directivo, regido por el Presidente del INTA (Amadeo Nicora) y el vicepresidente (Mariano Bosch), ambos designados por el Poder Ejecutivo. El Consejo Directivo cuenta con diez integrantes. Cinco de esas sillas están ocupadas por la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro, Federación Agraria y CREA. El agronegocio en pleno.
Aún durante la Resolución 125 (2008), el Gobierno mantuvo a la Mesa de Enlace con sus lugares privilegiados en el manejo del INTA. “De esta manera, se garantiza una activa participación del sector productivo en la fijación de las políticas y las estrategias globales de decisión institucional”, señala el sitio de internet del Instituto.
Socios
El INTA integra la “Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)”, donde confluyen todas las empresas de agrotóxicos y que funciona como espacio de lobby político y técnico para maquillar las consecuencias del modelo basado en uso de químicos. En la red sobresale la Cámara de Sanidad Animal y Fertilizantes (Casafe, integrada por Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow y todas las empresas de agrotóxicos), Asociación de Semilleros de Argentina (ASA, todas las compañías de semillas transgénicas), Argenbio (académicos con vinculaciones con empresas del agronegocio), Aapresid, CREA, Facultad de Agronomía de la UBA y el Ministerio de Agroindustria.
Desde la Red BPA impulsan flexibilizaciones para las fumigaciones. Incluso en base a ensayos con agua (no con químicos) llegaron a afirmar que se puede fumigar hasta a diez metros de las viviendas y que no habrá impacto en la salud de la población. Proponen ordenanzas municipales y leyes (provinciales y nacional) que permitan las fumigaciones a distancias mínimas.
Los integrantes de la RED BPA rechazan hablar de “agrotóxicos” (usan los términos de las empresas, “fitosanitarios” y “agroquímicos”). Repudian la palabra “fumigación” y utilizan “aspersión”. El 9 de mayo, en INTA Pergamino, se realizó un megaevento llamado “Jornada Nacional de Malezas”. Auspiciado por el INTA, Aapresid, CREA y la Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas (Asacim), espacio conformado en 2012 y que busca combatir las plantas no deseadas (“malezas”), que se originan en gran medida por uso masivo de agrotóxicos. La forma de “controlarlas” que proponen suele ser más y nuevos químicos. Un círculo vicioso.
Negocio para las empresas
En la propia página web de Asacim existe una apartado que se titula “socio benefactores”. Y figuran Bayer, BASF, DuPont, FMC, Dow, Roundup Ready Plus, Syngenta, Atanor, Casafe, CREA, Aapresid y las radios Mitre, La Red y Continental, entre otros. En la apertura de la jornada en Pergamino habló Hernán Trebino. Dio la bienvenida y se refirió a las malezas. La actividad fue considerada un “éxito” por los organizadores. Al día siguiente, el 10 de mayo, Trebino envió el correo que prohíbe mencionar la palabra agrotóxico.
Un correo con valoración negativa
“No deberías tener ese correo porque es algo interno de INTA y vos no sos de la institución”, cuestiona Hernán Jorge Trebino. Su currículum online señala que es ingeniero agrónomo por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (recibido en 1993) y doctor en “ciencias agropecuarias” (2007). Durante el kirchnerismo tuvo un cargo importante en INTA como gerente de Seguimiento y Evaluación. Asumió durante el macrismo al frente del Centro Regional Buenos Aires Norte, pero es considerado parte de la línea del director nacional del INTA, Héctor Espina (parte del kirchnerismo, pero que se sostuvo en el cargo con el nuevo gobierno).
Durante diez minutos de entrevista telefónica, Trebino pasó del diálogo cordial a cortar unilateralmente la comunicación. “Nosotros no prohibimos nada. Pedimos que se abstengan de utilizan ese término (agrotóxico) porque tiene una valoración subjetiva y negativa. Pero no prohibimos nada a nadie”, argumenta.
–¿Qué diferencia hay entre ordenar a alguien que se “abstenga” y prohibirle?
Prohibir es algo de la vida personal. Abstenerse es para la institución.
–¿El “abstenerse” sería una forma de llamar al prohibir dentro del INTA?
No. No prohibimos nada a nadie.
-¿Los trabajadores de INTA pueden escribir en sus informes y papers la palabra agrotóxico?
No.
El diálogo cambio el cariz. Todo en tono muy respetuoso, pero las respuestas son tajantes. “Fue una decisión que se tomó en el Consejo Regional. Se debatió y se llegó a esa conclusión. No entiendo por qué el problema”, sostiene Trebino.
-¿Quiénes estuvieron en esa reunión que se decidió?
Eso no te lo voy a decir.
-¿Por qué?
Porque no corresponde. Además el Consejo Regional es público su integración.
-Entonces me lo puede decir.
No.
-¿Hay entidades de la Mesa de Enlace?
No te lo voy a contestar.
-Su correo generó mucho rebote entre organizaciones sociales y afectados por las fumigaciones…
Lo entiendo. Y nosotros somos los primeros preocupados. Mi formación de base es ecólogo.
-Usted dice que “agrotóxico” tiene una carga valorativa. Pero llamarlo agroquímico también tiene su carga subjetiva. De hecho así lo llaman las empresas que los venden.
Utilizamos ese término porque así lo llama la ciencia.
-Hay numerosas publicaciones científicas que también lo llaman agrotóxicos. Y muchas ponencias de INTA, organización científica-técnica- también.
Desconozco que haya publicaciones científicas que utilicen ese término.
-¿Adhiere a las denominadas “buenas prácticas agrícolas” impulsadas por las empresas.
Cualquier ingeniero agrónomo de Argentina, y te diría del mundo, sabe que los agroquímicos bien utilizados no producen efectos negativos en la salud.
-Existen numerosas investigaciones sobre impactos en la salud, en el ambiente, derivas (alcances) que no se pueden controlar. Incluso algunas del INTA, recientes.
Todo puede ser perjudicial. Hasta las aspirinas pueden hacer mal. Si te das una sobredosis de aspirinas, seguro te hace mal.
-¿Usted compara los agroquímicos con las aspirinas?
Qué tengas buen día.
Fin de la comunicación. De Hernán Jorge Trebino dependen las sedes de INTA San Pedro, Pergamino, General Villegas y Delta. Cientos de trabajadores.
Una opinión y no una respuesta
Andrea Maggio es ingeniera agrónoma y desde 2013 es directora del Centro de Investigaciones y Desarrollo tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (Cipaf), una de las áreas de INTA con mayor diálogo y trabajo con el sector campesino e indígena. En una simple búsqueda por internet se observa que la palabra agrotóxico es de uso cotidiano en los IPAF (Instituto Para la Agricultura Familiar). “No necesariamente se debe utilizar como sinónimo de agroquímico, sino cuando se utilizan mal o de manera excesiva”, precisa Maggio, aunque advierte que no leyó en detalle la comunicación de Trebino, que le llegó vía WhatsApp. Sí tiene claro que no prohibirá a ningún investigador del INTA el uso de ninguna palabra. “No voy a limitar a nadie. Cada uno sabe cuándo debe utilizar cada término”, aclara.
Jorge Ulle es ingeniero agrónomo y el máximo responsable de la Red de Agroecología del INTA. Rechazó opinar sobre la prohibición del Centro Regional Buenos Aires Norte (del que él depende). Resaltó que él se ocupa de “convencer a los que no están en la agroecología”. “No entro en discusiones filosóficas”, se excusa.
-¿Usted utiliza la palabra agrotóxico?
No te lo voy a responder.
“Intento de acallar voces”
“Estas directivas no pueden ser consideradas meras resoluciones burocráticas propias del Instituto. Desde hace más de 30 años vemos cómo el INTA ha participado activamente en la implementación y consolidación del modelo del agronegocio que se ha expandido en Argentina sobre la base del uso del paquete biotecnológico , que tiene en su corazón las semillas genéticamente modificadas, el uso de agrotóxicos y otras técnicas de producción”, denuncia el comunicado firmado por la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas, Espacio de Lucha Territorial Río Bravo, Frente Universitario de Luján, Acción por la Biodiversidad, Multisectorial contra el Agronegocio “La 41”, BePe y el Colectivo de Comunicación Huerquen, entre otros.
Titulado “INTA y censura: de agrotóxicos no se habla”, el documento repasa las consecuencias del modelo actual: reducción del empleo rural, concentración de la tierra, desaparición de la pequeña agricultura y las economías regionales, migraciones forzadas y reducción de la calidad alimentaria, eliminación de montes nativos y el uso indiscriminado de productos químicos para la fumigación de campos y pueblos, con más de 300 millones de litros de agrotóxicos por año (glifosato, endosulfan, atrazina, 2-4D). Cita estudios científicos de las universidades nacionales de Río Cuarto, Córdoba, La Plata, Rosario, Mar del Plata, la Facultad de Medicina y Exactas de la Universidad de Buenos Aires, y de investigadores de Conicet.
Precisa que en los últimos años “algunos investigadores” del INTA han comenzado a relacionar las consecuencias que estos tóxicos tienen en las poblaciones animales, vegetales y otros factores ecosistémicos, como el suelo y el agua. “También han hecho públicas las serias consecuencias que el modelo del agronegocio ha generado con la expansión de la frontera agropecuaria”, señala el comunicado y denuncia: “La respuesta del INTA es generar estas directivas que son un intento político de acallar aquellas voces que, desde el interior del mismo, abogan por la necesidad de generar investigaciones independientes de los intereses de las grandes empresas que el propio INTA ha sostenido y avalado durante todos estos años”.
“El pedido de no hablar de ‘agrotóxicos’ es una necesidad de continuar negando que el uso de estos productos es una práctica sistemática que requiere este modelo para la propia subsistencia de las ganancias y no un mero problema de ‘malas prácticas’”, cuestionan las organizaciones sociales y precisan que el INTA “impulsa fuertes alianzas con redes del agronegocio, como la Red BPA, Casafe, Acsoja, Bolsa de Cereales, Cámara Argentina de Biocombustibles, Aapresid y CREA”.
“Estas prohibiciones esgrimidas por el Centro Regional del INTA atentan contra la libre producción de conocimiento que debe ser el espíritu de un organismo público. Cercenar marcos teóricos, plantear qué conceptos o fuentes pueden o no ser utilizadas en una investigación o predefinir perspectivas epistemológicas es censura”, denuncia el comunicado en repudio a la prohibición del INTA.
Las organizaciones sociales recordaron que lo propio hizo en 2009 el Conicet (el mayor ámbito de ciencia del país), cuando intentó silenciar al científico Andrés Carrasco y su investigación sobre las consecuencias del herbicida glifosato. Y reivindicaron una frase del científico: “No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de salud pública”.
Fuente: www.lanan.com.ar
