El paro reciente contó con una muy significativa adhesión y hacen mal las autoridades en desconsiderar los reclamos y demonizar a quienes ejercen sus derechos como trabajadores. Las organizaciones gremiales deben ser autónomas y bregar por la mejora de las condiciones de trabajo.
* Por Horacio Meguira, Director del Departamento Jurídico de la CTA
Una huelga general, como máxima expresión de un derecho fundamental, debería provocar cambios en las relaciones entre empleadores, gobierno y trabajadores. Más aún cuando la del jueves 28 se trató de la tercera medida en dos años en un marco de conflictividad creciente, tanto en la actividad privada como en la pública. Independientemente de los porcentuales que se declaran para sobrevalorar o reducir su efectividad, lo cierto es que millones de trabajadores resolvieron el “no trabajo” y lo hicieron en una coyuntura difícil, con una fuerte disputa en el escenario público.
El Gobierno hizo valer el peso del Estado y junto a los dirigentes oficialistas apostaron para provocar el fracaso de la medida de fuerza. Con posterioridad devaluó el significado resaltando los sectores que no adhirieron y adelantó que no hará lugar a los reclamos.
El hecho de que el transporte público no se haya plegado (por encima de que en muchas provincias la UCRA y sectores disidentes de la UTA paralizaron las líneas locales) les da un plus valorativo a los huelguistas. Muchos trabajadores pudieron ir a trabajar y optaron por lo contrario.
De acuerdo al Observatorio de Derecho Social de la CTA, la huelga general vuelve a poner en el centro de la escena las principales reivindicaciones: la persistencia de altos niveles de inflación que erosiona el poder adquisitivo del salario y la precarización laboral que incluye un amplio sector de trabajadores no registrados, tercerizaciones, falsos autónomos, contrataciones temporales y por agencia, etc.; la situación de una gran cantidad de trabajadores que poseen ingresos infersiores al SMVM ($3.600) y la de la mayoría de los jubilados, cuyo haber mínimo es de $2.757; la continuidad de un sistema impositivo basado en los impuestos al consumo (IVA) y donde el mal llamado impuesto a las ganancias afecta, proporcionalmente, mucho más a los trabajadores alcanzados que a las empresas. El pliego de reivindicaciones incluyó la defensa de las fuentes de trabajo. Desde comienzos de año y con la excusa de una situación de crisis, las empresas han implementado planes de reducción de personal a través de despidos y suspensiones colectivas.
La localización de medidas de acción en empresas en crisis genera una aceleración del desprestigio de los “sindicatos-empresa” que van cediendo protagonismo a nuevas organizaciones sindicales y comisiones internas, con mayor actividad de los sindicatos de base por sobre las federaciones.
Llevamos 30 años de democracia institucional y sin embargo persisten las restricciones a la libertad y democracia sindical, y continúa la criminalización de la protesta y la huelga.
Recientemente, en esta misma sección, Armando Caro Figueroa resaltó que los sindicatos se debaten en la contradicción peronismo vs. leninismo.
Las reacciones represivas de las conducciones de los sindicatos burocráticos no tiene que ver con la ideología, sino con el modelo sindical de representación que concentra en sus direcciones todas las decisiones, en detrimento de los mandatos surgidos desde los lugares de trabajo. Instalar un “enemigo” en tiempos recesivos es un viejo método para justificar la intensificación represiva y el ajuste.
Creemos que el estatalismo afecta a las relaciones de trabajo y la principal carencia sigue siendo que la mayoría de los trabajadores no participan de los beneficios económicos, políticos y sociales de la democracia. Antonio Baylos dice “que no hay democracia política sin la autonomía de formaciones sociales y lo que ello significa en cuanto a la acción de representación y tutela de los intereses de los trabajadores en su conjunto, en cuanto miembros de un grupo social determinado”.
De continuar los vínculos laborales y sindicales autoritarios, de no permitirse ámbitos para el debate y negociación de las políticas económicas y sociales, aun con los que pensamos diferente; si los beneficios de la democracia plena siga siendo un privilegio de pocos, puede haber una regresión y repetir una historia trágica que aún permanece en la memoria.
Lo trabajadores han contestado con acción, y ella continuará extendiéndose, protagonizando la disputa por su presente y su futuro, construyendo nuevas formas organizativas que reclaman reconocimiento y legalidad que son sin dudas la base del nuevo movimiento obrero que se gesta.
Sectores dominantes pueden volver requerir de las instituciones políticas el disciplinamiento de los trabajadores alegando el “avance de la izquierda”, cuando en realidad lo que pretenden impedir es el avance de la democracia.