El Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma, Juan Carlos “Pipón” Giuliani, es periodista, fue secretario General del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA); secretario General de la Federación de Trabajadores de la Comunicación y la Cultura (FETRACCOM-CTA) y secretario de Comunicación de la Central. Participó también en la redacción de los 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática.
ACTA dialogó con “Pipón” Giuliani a propósito de los recientes anuncios del Gobierno que amenazan la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
-A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno Nacional disolvió la AFSCA y AFTIC, ¿qué implicancias tiene esta decisión para la clase trabajadora y el movimiento popular?
Es un retroceso de la democracia en el ámbito informativo. Macri encabeza un Gobierno de las corporaciones y, como fiel representante de ese poder, está dispuesto a desmontar todo el andamiaje legal que durante años se vino elaborando de abajo hacia arriba, hasta culminar con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en octubre de 2009. Un plexo normativo que claramente apunta a la desmonopolización de la comunicación y habilita un 33 por ciento de las frecuencias radioeléctricas para ser explotadas por organizaciones libres del pueblo. Es decir que avanza en la dirección correcta de profundizar la democratización del mensaje comunicacional, más allá de que se pueda achacarle al Gobierno anterior no haber aplicado en plenitud la nueva legislación y haberla utilizado principalmente en su enfrentamiento con el Grupo Clarín y para montar una formidable cadena de medios adictos.
-En su mensaje el Gobierno asocia este medida con el fin de “la guerra del Estado contra el periodismo”.
A Macri le es funcional colocar al Kirchnerismo como cabeza de la oposición e identificar a la Ley de Medios con el Gobierno anterior. La verdad es que se trató de una construcción legislativa con un fuerte protagonismo popular. La ley es del conjunto del pueblo, no de un Gobierno. Hay que recordar que esta norma, que molesta tanto a los medios hegemónicos, se sancionó a partir de las pautas programáticas contenidas en los 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática, que la CTA y varias de sus organizaciones gremiales de prensa y comunicación de base suscribieron –junto a unas 200 organizaciones populares- en el año 2004. No nació de un repollo. Hubo mucho debate, consenso, lucha, participación a lo largo y ancho del país. Si Macri quiere modificar la Ley Audiovisual que convoque al Congreso a sesiones extraordinarias en lugar de seguir con los decretazos a diestra y siniestra.
-¿Entonces?
Ahora se pretende desmantelar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual abriendo el sistema a las Telefónicas –que gracias a la resistencia del Movimiento Popular no tuvo cabida en el texto final en el 2009-, además se deroga el artículo 41 que impide la transferencia o venta de licencias, pese a que ese artículo fue uno de los cuatro que la Corte Suprema declaró plenamente constitucionales en 2013, desregulando el servicio de la TV por cable que saldrá de la órbita de la Ley de Medios -que equipara ese servicio con la televisión abierta y la radio- y que pasará a la Ley de Telecomunicaciones (llamada Argentina Digital, sancionada en 2014).
-¿Qué otras modificaciones plantea el Macrismo?
El DNU convoca a una Comisión Bicameral para la redacción de una nueva Ley de Comunicaciones que fusione las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones. Con el verso del impacto tecnológico en las comunicaciones lo que en realidad se quiere es terminar con una de las leyes de mayor consenso social aprobada por el Congreso de la Nación. Por eso también, y para no parecer tan groseros, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, a quien los cordobeses conocemos muy bien por su inveterado conservadurismo e intolerancia, ha prometido apoyos a los medios de comunicación más pequeños, los cooperativos y los de universidades nacionales. La vieja fórmula de palo y zanahoria.
-¿Cuáles son los riesgos en el marco de la democratización de la información?
Detrás del discurso con que quieren adornar el relato posmoderno, lo que en verdad se propone el gobierno de Macri y las corporaciones de prensa y comunicación es reinstalar los conceptos monopólicos, elitistas y excluyentes que presidían la Ley de Radiodifusión firmada por las manos manchadas de sangre de los genocidas Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz en 1980 y que la Ley de Medios vino a reparar en 2009.
-En síntesis…
Resumiendo: El Gobierno de Macri no sólo toma el control de los órganos reguladores de audiovisual y telecomunicaciones, también introduce cambios normativos. Fusiona las áreas de medios audiovisuales y telecomunicaciones (AFSCA y AFTIC) y cambia artículos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El nuevo ente tendrá mayoría de integrantes del Poder Ejecutivo. Los artículos de la Ley de Medios que cambian son los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó como constitucionales en 2013. Los grupos Clarín y Telefónica son los principales favorecidos, pero no son los únicos.
-¿Cuál será, en este sentido, el rol del campo popular y los trabajadores de la comunicación en la construcción de experiencias alternativas?
Desde la CTA Autónoma estamos convocando al conjunto de las organizaciones gremiales de prensa y comunicación enroladas en nuestra Central, la CTA de los Trabajadores, la CGT y las que aún no tienen encuadramiento en ninguna central sindical, como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), a avanzar -en el marco del reagrupamiento del Movimiento Popular para resistir el ajuste- en la articulación de acciones unitarias que nos permitan ponerle un freno a la restauración monopólica del Macrismo en esta materia, y seguir bregando por una comunicación popular, democrática y con pluralidad de voces al servicio de la participación, movilización y organización de nuestro pueblo.